El Sistema de Información Nacional de Agua de Consumo (SINAC) fue constituido en 2003 por el entonces Ministerio de Sanidad y Consumo en cumplimiento con lo establecido en el Real Decreto 140/2003 de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano.

El SINAC se configuró como un instrumento de información sanitaria sobre las características de los abastecimientos y la calidad del agua de consumo humano, con el objetivo de informar sobre estos temas, a la vez que detectar y prevenir riesgos para la población derivados de su posible contaminación. Para ello, se estableció la obligación de aportar los datos necesarios para cumplir con los objetivos fijados por parte de los municipios -en tanto que titulares de los servicios de abastecimiento y, por tanto, responsables en última instancia de su calidad y potabilidad-, y de los diferentes organismos que intervienen en el suministro y la calidad del agua, como son los Gestores del abastecimiento o partes del mismo, las Autoridades sanitarias autonómicas y el mismo Ministerio de Sanidad y Consumo.

También se concretaron los procedimientos de acceso a la información recopilada y la obligatoriedad de reportar anualmente sobre el estado de la calidad del agua de consumo humano, los incumplimientos, las características de las zonas de abastecimiento e infraestructuras, y las inspecciones sanitarias. Además, se definieron los usuarios del SINAC -que incluyen a los municipios, empresas abastecedoras, laboratorios y administraciones autonómicas y central, pero no a los usuarios de los sistemas de abastecimiento, es decir, a la ciudadanía-, y la forma de gobernarlo que, siendo coordinado por el Ministerio, sería gestionado por un Comité Técnico formado por representantes de los usuarios del Sistema.

De esta forma, el SINAC se incorporó al marco de regulación del ciclo integral urbano del agua como un instrumento respetuoso con el ordenamiento legal establecido en la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local, toda vez que se reconocía el papel regulador de los ayuntamientos de los servicios del ciclo.  La principal función de este organismo desde su creación ha sido asegurar la transparencia en el ciclo integral en lo referente a la calidad del agua de consumo.

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Comoquiera que la constitución del SINAC se produjo casi simultáneamente con la génesis y la publicación en 2003 de la Observación General 15 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, que define el alcance y contenido del derecho humano al agua, no se tuvieron en cuenta de forma explícita sus criterios normativos ni sus principios definitorios. Fundamentalmente los que se refieren a la participación, transparencia y rendición de cuentas. En este sentido, resulta paradójico que un instrumento destinado a favorecer la transparencia en el ciclo integral urbano del agua, no se ajuste a estos principios cuando se trata de su gobierno y funcionamiento interno. Efectivamente, en la gestión del SINAC, a través de su Comité Técnico, no se contempla la participación de la ciudadanía ni se cuenta con un reglamento público que establezca los criterios de elección de sus integrantes, los plazos de funcionamiento, su planificación ni los procedimientos de transparencia y rendición de cuentas de este órgano de gobierno. Por lo que se refiere al acceso a la información, la destinada a la ciudadanía está ciertamente restringida y su acceso a través de la aplicación informática disponible es muy limitada y no se ajusta a las buenas prácticas internacionales en relación con los datos abiertos, lo que disuade de su utilización. Consecuentemente, no se cuenta con un instrumento esencial y adecuado para la rendición de cuentas del SINAC.

Por otra parte, el Tribunal de Cuentas, en su Informe 1.344 de Fiscalización sobre el control sanitario del agua ejercido por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, correspondiente al ejercicio 2017, detecta una serie de deficiencias en el propio SINAC relativas a la necesidad de generalizar la recopilación de datos a todos los municipios del Estado -como lo establece el RD 140/2003-; la de asegurar la actualidad y representatividad de los datos recopilados y su necesaria revisión y homogeneización. También apunta a la falta de justificación de las coberturas del abastecimiento y las dotaciones mínimas garantizadas -que son datos aportados a instituciones internacionales como la Unión Europea y la Organización Mundial de la Salud-; la carencia de procedimientos de seguimiento de los incumplimientos detectados y de la realización de las medidas correctoras y la necesidad de que todos los laboratorios que realizan los controles del agua estén debidamente acreditados -en 2017 no consta que el 53,14% lo estuvieran-. A su vez, el Tribunal resalta que en los informes anuales que preceptivamente tiene que publicar el SINAC deben reflejarse las deficiencias en la calidad de los datos que se hayan detectado, cosa que no se hace en la actualidad.

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En definitiva, el Tribunal de Cuentas pone en evidencia una serie de carencias de funcionamiento del SINAC que afectan desde la recopilación de datos hasta la publicación de la información sobre el estado de la calidad del agua de consumo humano. Configuran, de este modo, un escenario que es necesario reconsiderar y corregir inmediatamente. Sin embargo, a pesar de lo contundente del informe, no se tienen noticias de que se hayan abordado las medidas para solventar las deficiencias detectadas.

En este contexto, la Red Agua Pública (RAP) reivindica una urgente y profunda revisión del SINAC que, en el contexto actual, resulta especialmente necesario por el papel relevante que puede jugar tanto en la revisión de la Directiva europea relativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano, como en su transposición a la legislación española. Tal revisión debería contemplar, al menos, los aspectos siguientes:

  • Incardinar al SINAC en el marco conceptual y definitorio del derecho humano al agua y al saneamiento, toda vez que ya cuenta con un reconocimiento internacional generalizado, cuyo hito de referencia es la declaración de la Asamblea General de Naciones Unidas del 28 de julio de 2010, que lo reconoce explícitamente.
  • Elaborar un reglamento de funcionamiento y gestión del SINAC en el que se reconozca, entre otros aspectos relativos a su operativa y funcionamiento, la participación ciudadana -con el consiguiente reconocimiento de la ciudadanía como usuaria del SINAC-, y que garantice la pluralidad, equidad y representatividad de la composición del Comité Técnico. En este sentido, se considera inaceptable que la representación de los usuarios gestores en este Comité esté delegada en una de las asociaciones profesionales de las empresas de agua (AEAS) caracterizada por la defensa numantina de la gestión privada de los servicios del ciclo integral urbano del agua y que está hegemonizada por las principales multinacionales del sector, como son Suez y Aqualia, que copan en torno al 80% de los servicios privatizados en España.
  • Asegurar que el funcionamiento y la gestión del Comité Técnico sea transparente y que su rendición de cuentas esté articulada a través de procedimientos públicos y regulados. Consecuentemente, las decisiones del Comité que afecten a su funcionamiento y gestión deben ser públicas.
  • Revisar y actualizar las funcionalidades y arquitectura de la aplicación informática del SINAC, en la línea con las políticas de datos abiertos promovidas por la Comisión Europea. Actualmente el acceso a la información solo es posible individualmente municipio a municipio y únicamente para el último año -por lo que no es factible realizar análisis de evolución temporal-, no dispone de enlaces directos a información cartográfica ni a bases de datos que permitan su tratamiento y reutilización.
  • Reconsiderar el acceso a la información del SINAC de forma que la ciudadanía pueda conocer fácilmente la situación de la calidad del agua en sus respectivas zonas de abastecimiento y su evolución temporal, a fin de que sea posible la exigencia de responsabilidades -rendición de cuentas-, ante eventuales fallos en la potabilidad.
  • Los informes de los resultados y la difusión de los análisis de la información recopilada por el SINAC deben articularse y presentarse al nivel más desagregado, y no como se hace actualmente que solo se aportan datos globales; en este sentido es relevante llamar la atención de que los datos globales enmascaran las deficiencias e inequidades particulares que impiden, de hecho, el seguimiento particularizado de la gestión de los servicios a nivel municipal o de zona de abastecimiento.
  • Dar respuesta pública, detallada y justificada a las deficiencias detectadas en el Informe 1.344 del Tribunal de Cuentas relativo a la Fiscalización sobre el control sanitario del agua ejercido por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, correspondiente al ejercicio 2017. En este sentido, se deberán programar y arbitrar las medidas correctoras, incluyendo las modificaciones en la estructura del propio SINAC que sean pertinentes.

Julio 2020

Más información:

Red Agua Pública (RAP), es un espacio que aglutina a decenas de plataformas, organizaciones sociales, ambientales y sindicales del Estado español que promueven una visión del agua como bien común y servicio público, y luchan por la defensa de la gestión pública, sin ánimo de lucro, transparente y participativa de los servicios de abastecimiento y saneamiento.

https://redaguapublica.wordpress.com

El ayuntamiento de La Adrada, en su pleno del 15 de junio de 2020, aprobó definitivamente la subida de las tarifas de agua sin atender las reclamaciones de los vecinos contra esta decisión, que consideran arbitraria, injusta y sin que se haya presentado la pertinente justificación económica y financiera. El ayuntamiento relativizó en su decisión, de forma torticera, el alcance de las alegaciones vecinales alegando que solo solicitaban información, cuando lo cierto es que también pedían expresamente la anulación de la subida de las tarifas y la inmediata invalidación del acuerdo plenario del 31 de enero de 2020, en el que se anunció provisionalmente la subida.

La oposición vecinal se sustenta en que no se considera aceptable que más de la mitad de la subida -concretamente el 2,902% del 5% total- se debe a que se imputan a la tarifa de agua los gastos de la piscina municipal, en clara contradicción con los planteamientos de la Red Agua Pública de que las tarifas solo deben reflejar los costes del servicio del agua, y contraviniendo recomendaciones expresas que al respecto hizo el Procurador del Común en 2015 en el contexto del derecho humano al agua y al saneamiento.

Ante esta situación, los vecinos y vecinas de La Adrada han interpuesto sendas peticiones de amparo ante el Procurador del Común de Castilla y León, y el Espacio Vecinal de La Adrada ha iniciado una campaña de denuncia en la plataforma wemove.eu (https://you.wemove.eu/campaigns/luchemos-por-el-derecho-humano-al-agua-en-espana-y-en-europa-eldinerodelaguasoloalagua) con el objetivo de sumar apoyos para abordar la vía de lo contencioso administrativo.

¡Apoyemos esta campaña!

Esta semana la Comisión Europea ha dado la razón a la sociedad civil y ha comunicado oficialmente su decisión de no modificar la Directiva Marco del Agua y de dedicar sus esfuerzos a que los Estados pongan en marcha las medidas necesarias para proteger y mejorar la salud de los ríos, humedales y acuíferos.

La Comisión Europea ha comunicado su decisión de no modificar la Directiva Marco del Agua (Directiva 2000/60/CE) y ha mandado un mensaje claro a los Estados miembros de la Unión Europea: la Directiva Marco del Agua (DMA) es una norma fundamental de la legislación comunitaria para proteger el medio ambiente y debe mantenerse fuerte y ambiciosa como hasta ahora. Un mensaje potente y crucial para los ríos, humedales y acuíferos de toda Europa.

Este mensaje fue transmitido en la reunión de Directores del agua de los Estados miembros de la pasada semana y corroborado formalmente en declaraciones a POLITICO del Comisario de Medioambiente, Océanos y Pesca, Virginijus Sinkevičius, que considera que la DMA es una pieza fundamental de la legislación ambiental de la Unión Europea y está aquí para mantenerse en su forma actual. El anuncio se ha producido seis meses después de que la propia Comisión Europea concluyera la evaluación tras más de dos años de consultas acerca de esta Directiva y afirmara que la versión actual era adecuada para cumplir con sus objetivos.

Esta conclusión es la misma a la que llegaron más de 375.000 ciudadanos europeos que alzaron su voz en defensa de esta norma única en el mundo para la protección de los ríos, humedales y acuíferos, y que demandaban a sus gobernantes mayor ambición y compromiso para cumplir con sus obligaciones de proteger las aguas europeas, uno de los recursos más importantes para la conservación de la naturaleza y el desarrollo económico.

En España, una coalición de 138 organizaciones de la sociedad civil, que mostraron su apoyo a esta norma en el Manifiesto en defensa de la DMA en 2019, como parte de la campaña europea de #ProtegeTuAgua, han recibido con gran satisfacción esta decisión por parte de la Comisión Europea.

Consideran que la DMA es una pieza clave de la legislación ambiental europea que tiene por objetivo el conseguir el buen estado de todos los ríos, humedales y acuíferos europeos para el año 2027. A pesar de que aún queda un largo camino hasta lograr estos objetivos, exigen a los Estados miembros que dejen atrás las excusas y se pongan a trabajar para cumplir con estas obligaciones.

Como parte de esta coalición de entidades de la sociedad civil, Julia Martínez, directora de la Fundación Nueva Cultura del Agua, considera que “la decisión de la Comisión Europea es un hito importantísimo en apoyo a esta norma europea única en el mundo, ante las presiones de algunos Estados miembros y grupos de presión que querían
rebajar su ambición para poder seguir deteriorando nuestros ríos, humedales y acuíferos”.

Por su parte Roberto González, responsable del programa de aguas de SEO/BirdLife, considera que ahora “no se pueden acumular más retrasos, ha llegado el momento de trabajar con generosidad y dar un giro a la política de aguas para poner en valor la acreditada capacidad técnica de nuestro país, proteger y mejorar nuestros ecosistemas acuáticos y detener de forma definitiva la perdida alarmante de biodiversidad que depende de ellos”.

Rafael Seiz responsable de la campaña #ProtegeTuAgua de WWF España concluye que “esta decisión de la Comisión de no modificar la Directiva Marco del Agua después de escuchar la voz de cientos de miles de ciudadanos es esencial para garantizar la seguridad hídrica que nos aportan unas fuentes de agua en buen estado de la que depende nuestra economía, en un escenario incierto después de la crisis sanitaria del Covid-19 y en el que los impactos del cambio climático agravarán los retos a los que ya nos enfrentamos”.

Estas 138 organizaciones que forman parte de la coalición Living Rivers Europe quieren lanzar un claro mensaje de que “ésta es una victoria importantísima para la sociedad civil, que ha mostrado su compromiso por la defensa del bien común, y que hoy más que nunca necesitamos una Directiva fuerte que garantice el agua que necesitan las personas y la naturaleza”. Las entidades de la campaña solicitan al Ministerio para la Transición ecológica y el Reto Demográfico que este potente mensaje de la Comisión Europea debe reflejarse reorientando la revisión del tercer ciclo de planificación ya iniciado.

La creación de la nueva empresa supone un incumplimiento de los acuerdos de Gobierno del Botànic2

La Red Valenciana por el Agua Publica se opone a la creación de una macro Entidad en la que la gestión del Ciclo Integral del Agua pierda su independencia y se mezcle con la gestión de múltiples servicios de carácter ambiental, agrícola y desarrollo rural

El borrador de decreto ley elaborado por la Consejería para la creación de una nueva entidad pública de agua y servicios ambientales (EVASA) es un paso atrás en la gestión pública del ciclo integral del agua, que genera incertidumbre y dificulta el ejercicio efectivo del derecho humano al agua. Con la aparente justificación de gestionar agua y medio ambiente, parece que su pretensión es resolver los problemas jurídicos, laborales y económicos que arrastra desde hace años la sociedad VAERSA, poniendo en riesgo el necesario cambio de paradigma hacia la sostenibilidad ambiental y el predominio de lo público en la gestión del agua.

La propuesta de crear una entidad donde se prioriza la ejecución de políticas agrarias y ambientales de la Consejería difumina la única entidad pública que podría ser el germen de una Agencia Valenciana del Agua, democrática, participativa, sostenible y transparente, y cuestiona la voluntad política de poner en marcha el acuerdo de gobierno de crear el Centro Valenciano del Ciclo Urbano.

La inclusión en esta entidad del abastecimiento y saneamiento se realiza sin atender a los principios de transparencia, participación efectiva y rendición de cuentas propias de la buena gobernanza, especialmente irrenunciables cuando la materia objeto de regulación afecta a derechos humanos fundamentales. El preámbulo del decreto ley reconoce haber prescindido de los trámites de consulta pública, audiencia e información pública, alegando una excepcionalidad y urgencia genéricas, que no justifica. Es más, la propuesta organizativa de la nueva entidad no prevé órgano ni ningún procedimiento para integrar en su gobernanza la participación efectiva de los ciudadanos. La estructura de los órganos de gobierno, reproduce la de la actual organización de la Consejería, lo cual es una muestra de la inercia y cortedad de miras con que se aborda la reforma. Además de no tener en cuenta la posibilidad, en un futuro, de la separación en distintas Consejerías medio ambiente y agricultura.

La asequibilidad del recibo del agua, especialmente para los colectivos más vulnerables, no queda garantizada a la vista de la redacción que se da a los artículos que desarrollan la financiación del funcionamiento del nuevo ente. Se crea una caja única para la gestión de los recursos económicos y presupuestarios que da pie a la subvención cruzada entre agua, agricultura y medio ambiente en perjuicio de las familias que pueden acabar subvencionando vía recibido las actividades que desarrolle la Consejería.

La creación de este nuevo ente cuestiona el Pacto del Botànic2, que se comprometía a la creación de un Centro independiente para la gestión del ciclo urbano del agua. Igualmente no respeta los pactos y acuerdos de gobierno firmados por el PSOE y la coalición UNIDAS-PODEMOS a nivel estatal en defensa de una nueva cultura del agua más democrática, participativa, sostenible y pública.

Desde la Red Valenciana por el Agua Pública pedimos a la Consejería, y a los partidos que componen el Consejo de la Generalitat, que, sin perjuicio de buscar una solución a los problemas jurídicos y laborales de VAERSA, en coherencia con el Pacto del Botànic2, reconsideren su apoyo al proyecto de EVASA y apuesten por la “creación del Centro Valenciano del Ciclo urbano del Agua reforzando los estructuras y entidades públicas actuales con el objetivo de mejorar la eficiencia de las redes de abastecimiento y saneamiento, reforzando la capacidad de depuración y reutilización, así como facilitar mecanismos de transparencia y de asesoramiento de los municipios sobre la gestión” como se recoge literalmente en el acuerdo de gobierno.

El presidente de esta Ela, de la mano de Aqualia, y con el amparo de la alcaldesa Mamen Sánchez, pretende cargarle a los bolsillos de los torrecereños, gastos que no le corresponden, para de esta manera poner los gastos por encima de los ingresos y de esa forma hacer parecer inviable el servicio.

Torrecera está padeciendo, con esta aptitud gubernativa, el mismo ataque al sistema público de los servicios esenciales, que está sufriendo el resto de la población andaluza y nacional; empobreciendo el patrimonio y los derechos, y poniendo en riesgo sus servicios más esenciales y vitales, al facilitar la entrada de empresas privadas en la gestión de estos servicios, convirtiendo en mercancía los derechos más fundamentales de los ciudadanos.

La Coordinadora hace pública su sorpresa y decepción por la falta de palabra del alcalde de Torrecera, quien en una reunión celebrada el pasado verano se comprometió con este colectivo, a informarles de todos los acontecimientos y cambios que se pudieran dar en lo referente a la gestión del agua potable de los torrecereños.

Ahora, a través de una circular a la que ha tenido acceso esta Coordinadora, pretende engañar a sus vecinos de la misma forma que a este grupo ciudadano, encargado de velar por el Derecho Humano al Agua y en lucha por la gestión de este recurso vital, de forma exclusivamente pública.

¿Dónde está el engaño?:

Cuando enseña el montaje de gastos les dice a los vecinos que solo hay dos soluciones, darle el servicio al ayuntamiento de Jerez o bien subir el precio del agua.

Datos a tener en cuenta:

1º  El presidente quiere que se le reconozca a Aqualia el derecho de agua en alta. Entendemos que esto es una clara ilegalidad ya que:

  1.  Torrecera se suministra única y exclusivamente del manantial de Tempul. El pliego de condiciones de la venta del agua regula el uso de Tempul, deja claro que la empresa concesionaria (Aqualia), suministrará a San José del Valle y a tres de las Entidades locales que no encomiendan su servicio en dicho pliego. Y dice en su texto, que no podrá esta empresa establecer precio por ello.
  •  El ayuntamiento de Jerez pretendió después de la venta, poner precio al agua de Tempul para las entidades NO ENCOMENDADAS. Esta ordenanza fue recurrida por Torrecera y Estella y se ganó en los tribunales. Al día, de hoy se conoce base legal vigente para cobrar agua en alta a la ELA Torrecera.

Por lo tanto estaríamos ante un gasto irregular posiblemente ilegal, un regalo para Aqualia que han aprobado entre Jerez y Aqualia al margen del pliego de condiciones. Y del que el Presidente de la Junta Vecinal de Torrecera es partícipe.

2º La depuración es competencia de Jerez. Por lo que cualquier cargo a la ELA Torrecera es una ilegalidad.

3º  Nos consta que no hay gasto de técnico contratado en el año 2018, por lo tanto es otra mentira del presidente.

“Es una falta de respeto querer engañar a su propio pueblo. Acaso los ciudadanos de Torrecera no se van a preguntar ¿si el servicio de agua es tan deficitario, como está dispuesto a llevarlo Aqualia?.  Sin esos gastos que quieren meterles con calzador, EL SERVICIO DE AGUA EN TORRECERA ES MUY RENTABLE PARA TORRECERA, PARA SUS VECINOS Y PARA SU AYUNTAMIENTO?

“Es por lo que consideramos  que la información que ha dado el alcalde actual de Torrecera, es un vergonzoso engaño a su propio pueblo y una flagrante traición a los intereses de los torrecereños. No acabamos de entender como o porque un representante público, engaña de esta manera a su pueblo”.

Es una nota de prensa enviada a este medio por la Coordinadora del Agua de Jerez

Para más información, contactar por medio de: teléfonos 662 697 415//629 737 623 email: jereznovendeagua@gmail.com

La Marea Azul de Cádiz, junto a EQUO Verdes, exige que en Rota, se cumpla la Directiva Marco del Agua Europea y la de Depuración de Aguas Residuales Urbanas. 

El coste es desproporcionado para los supuestos beneficios, un parche de 5,2 millones de euros pagados entre todos, no por Aqualia.

No recibimos con tanta alegría como el equipo de gobierno roteño, el anuncio del inicio del expediente de adjudicación de la primera fase de las obras de construcción del emisario submarino de calle Écija.

Desde hace 9 años hemos hecho público que la construcción de un tubo de 245 metros para que salgan al mar los vertidos desde calle Écija, no es la solución a la contaminación del océano, destruirá la biodiversidad de la zona del fondo marino donde se encuentre la arqueta de salida, y buena parte de lo vertido al mar regresará a la playa con el oleaje y mareas, dado que la arqueta de desbaste propuesta en calle Écija actuará de filtro para residuos sólidos mayores de 10 cm, por lo que plásticos, latas, o cualquier objeto de menor tamaño, y los residuos químicos de los productos de limpieza y saneamiento en viviendas o evacuados a través del alcantarillado y de las tuberías de fecales no disgregadas de las pluviales, seguirán vertiéndose directamente en el mar.

Otra razón de peso para no estar de acuerdo con este parche es la financiación del mismo, dado que los 2 millones previstos inicialmente en el proyecto para esta primera fase, que según el anuncio realizado por el gobierno municipal se han visto incrementados en 100.000 euros más, provienen en parte de la prórroga en la concesión a Aqualia, por la gestión privada de un bien esencial para la vida como es el agua.

Aqualia, según acuerdo del gobierno anterior de PSOE-IU, adelantaría en 2016 los 1,8 millones de euros que recaudaría posteriormente de las facturas al cobro que pagamos todas las personas, para que el Ayuntamiento tuviera liquidez necesaria en tesorería para iniciar la ejecución de las obras ese mismo año. A cambio se le prorrogaba la concesión de la gestión del servicio de abastecimiento de agua hasta marzo 2020.

Es palmario pues, que el anuncio a finales de mayo de 2020 del inicio de un expediente de adjudicación de unas obras que tienen previsto 8 meses de duración, nunca puede ser motivo de alegría, dado que en el mejor de los casos, hasta el segundo trimestre de 2021 no estaría finalizada esta primera fase del proyecto.

Queda demostrado primero, que Aqualia no ha puesto un euro de los 1,8 millones de euros, segundo, que sigue con la gestión privada del agua en Rota obteniendo beneficios económicos, tercero, que el dinero lo hemos pagado de nuestros bolsillos en la factura de agua, y cuarto, que la primera fase de la obra prevista para 2016, acabará en 2021.

De las siguientes tres fases del proyecto, que en un principio deberían suponer según se indicaba en 2016, otros 3,2 millones de euros si no aumenta de nuevo el coste como en esta primera fase, aún no se sabe nada, ni de su financiación ni licitación, ni ejecución, y mucho nos tememos que con el actual ejemplo, pase una década antes de que finalice el proyecto completo en sus cuatro fases, y por tanto, que Aqualia siga gestionando el abastecimiento de agua a través de nuevos contratos que se defenderán como la única salida viable para Rota, cuando ya sabemos por muchos municipios cercanos y lejanos, que la gestión del ciclo integral del agua en manos públicas, es mucho más económico para las familias, más justo social y ambientalmente, y más barato para el Ayuntamiento que lo gestiona.

Además, no salimos del asombro al escuchar las palabras que sobre este asunto realiza el Partido Popular, en primer lugar porque en sus años de gobierno junto a Roteños Unidos, ninguna de ambas formaciones movió un dedo para solucionar el problema.

En segundo, porque se atribuyen el mérito del inicio del expediente de contratación de esta primera fase a sus propios escritos de reclamación en registro, de ser así, hace años lo deberían haber resuelto. Más bien pensamos, en la misma línea de la respuesta del alcalde, que los trámites burocráticos en la administración a veces son desesperantes, e imaginamos por tanto que el Partido Popular, que ha gobernado lustros la ciudad, es amplio conocedor de estas dilaciones administrativas.

Y en tercero, porque ponen de manifiesto su alegría por evitar con esta obra los malos olores y la mala imagen de los vertidos de fecales a la playa. Sin ningún rubor admiten lo poco que les importa que se viertan residuos 200 m. mar adentro, y se siga contaminando nuestro litoral.

Después de ver el enorme cambio legislativo que desde la Junta de Andalucía están realizando junto a Ciudadanos y con apoyo de Vox, desregulando cualquier protección medio ambiental, en una especie de “todo vale” mientras produzca beneficios económicos, se demuestra que no hemos aprendido nada de la pandemia, ni de su origen ni de sus consecuencias, y que estos tres partidos repetirán los mismos errores que nos han traído hasta aquí los anteriores gobiernos socialistas en la Junta.

Para finalizar, volvemos a solicitar que se cumplan la Directiva Marco del Agua y la de Depuración de Aguas Residuales Urbanas, leyes europea que entraron en vigor en el año 2000 y 1991 respectivamente, que fueron transpuestas al ordenamiento jurídico español hace lustros, y que establecían la fecha de 2015 para que todas las aguas residuales fuesen depuradas al 100% antes de ser vertidas al mar, ríos, arroyos o efluentes, para lo que fueron dotadas con más de 11000 millones de euros provenientes del estado y de los fondos Europeos de las Comunidades Autónomas, además de los cánones de depuración de aguas que se han venido aportando por la ciudadanía en sus recibos, tanto el canon municipal como el autonómico, dineros que por la realidad vista en estas décadas transcurridas, no ha servido para cumplir las normativas de la gestión del ciclo integral del agua.

Es una nota de prensa enviada a este medio, por la Marea Azul de Cádiz, el 3 de junio de 2020

Para más información, contactar por medio de: teléfono 665 785 178mareaazulcadiz@gmail.com

ANTE LA VENTA DE AGBAR, AIGUA ES VIDA EXIGE AL ÁREA METROPOLITANA DE BARCELONA QUE REMUNICIPALICE EL SERVICIO DE AGUA

  • Es necesario que el Área Metropolitana de Barcelona (AMB) reduzca los 34 M€ de beneficios anuales de AGBAR y emplee todos los recursos para remunicipalizar el servicio de agua.
  • El Estado español tiene que implementar las 6 peticiones de la Red Agua Pública
  • Es necesario que el Estado trabaje para abolir los efectos perversos de los Tratados Internacionales de Comercio e Inversión y que pierdan toda vigencia en una situación de urgencia internacional c como es la pandemia COVID-19.
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Ante el cambio radical que comportaría la venta de AGBAR anunciada por SUEZ, Aigua es Vida considera que es imprescindible que el Área Metropolitana de Barcelona (AMB) haga todo lo posible para reducir al máximo los beneficios de la empresa mixta Aguas de Barcelona y emplee todos los recursos para remunicipalizar el servicio público de agua en el AMB. También instamos al Estado español a que ponga en marcha las 6 peticiones de la Red Agua Pública que se solicitaron a la ministra de Transición Ecológica. Así como estudiar las posibilidades  deabolir los mecanismos de arbitraje internacional  que se incluyen en los Tratados Internacionales de Comercio e Inversión para que no se apliquen ante la urgencia internacional sin precedentes que provoca la COVID-19.

Instamos al AMB a realizar una bajada substancial de la tarifa del agua en 2021. Esta bajada debería sostenerse disminuyendo los grandes beneficios de la empresa mixta, que son de 34 Millones de € anuales de media y que sirven a SUEZ, para incrementar el valor de AGBAR de cara a su venta. Como consecuencia aumenta el riesgo de pobreza y endeudamiento de los vecinos y vecinas del AMB, ahora mismo afectadas económicamente por la COVID-19. Además, el AMB debería recurrir la injusta sentencia del Tribunal Supremo de Noviembre de 2019 que legitima la creación de la mixta, dado que es una sentencia injusta y que va en contra de la voluntad del 80% de la ciudadanía de la propia AMB. Instamos al AMB a analizar los costes de liquidar la empresa, ante los posibles riesgos que comporta un proceso del todo irregular y que puede llegar a los Tribunales Europeos.

Por otro lado, el Estado español ha de poner en marcha las seis peticiones comunicadas por la Red Agua Pública a la Ministra de Transición Ecológica Teresa Ribera, con el propósito de salvar las desventajas que provoca la legislación en la gestión pública ante una gestión mercantilista del agua muy blindada: (1) Suprimir las vigentes limitaciones y condicionalidades previstas en la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local; (2) Dotar de financiación suficiente los servicios públicos de gestión directa; (3) Prohibir por Ley los cánones concesionales; (4)Facilitar procesos de remunicipalización que aseguren la estabilidad de los lugares de trabajo y asuman una gestión no lucrativa, pública, transparente y con rendición de cuentas; (5)Fortalecer la función reguladora de los municipios con la creación de observatorios o laboratorios del agua; (6)Reconocer y regular formalmente el Derecho Humano al agua y al Saneamiento. Es importante recordar que ante la actual pandemia las empresas públicas de agua han estado proactivas y han aplicado medidas sociales que las empresas privadas rehusaban en primera instancia.

Por último, importantes despachos de abogados que trabajan para estas compañías estudian como demandar a los Estados por las medidas sociales empleadas para hacer frente a la COVID-19 y que pueden comportar perdidas económicas para estas empresas. La prohibición de los cortes de agua, luz y gas en el Estado español puede ser un ejemplo. Los Tratados Internacionales de Comercio e Inversión contemplan acuerdos de protección recíproca de inversiones entre países mediante tribunales de arbitraje internacional (los ISDS), una herramienta que otorga a los inversores privilegios como es el derecho a demandar a los estados cuando las empresas consideren que las decisiones del Estado pueden afectar a sus intereses privados, tanto actuales como futuros.

Frente a la campaña del lobby empresarial del agua que pretende iniciar los cortes de agua en plena alarma sanitaria, la Red Agua Pública (RAP), respondió con la denuncia social a estas exigencias.

En este contexto, la Red de Agua Publica (RAP) envía una carta a Teresa Ribera, ministra de Transición Ecológica, para mostrar la necesidad de avanzar en la remunicipalización del abastecimiento y saneamiento del agua como la mejor manera de cumplir el derecho humano al agua.

Sra. Dª. Teresa Ribera Rodríguez
Ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico
Plaza San Juan de la Cruz, s/n – 28071 Madrid

La Red Agua Pública (RAP) -organización que reúne a decenas de plataformas y organizaciones ecologistas, sindicales y sociales del estado español en la defensa de la gestión pública y democrática de los servicios del ciclo urbano del agua-, manifiesta su preocupación y estupor por la posición que, durante la actual situación de alarma sanitaria, han mantenido las empresas privadas que gestionan los servicios de agua, a través de sus portavoces Asociación Española de Empresas Gestoras de los Servicios de Agua Urbana (AGA) y Asociación Española de Abastecimiento de Agua y Saneamiento (AEAS).

La promulgación por parte del gobierno de los decretos ley 8 y 11 de marzo de 2020 garantizan, desde nuestro punto de vista, el disfrute del derecho humano al agua tanto de los sectores sociales vulnerables, vulnerables severos o en riesgo de exclusión social (RD ley 8/2020), como los que, debido a la crisis del COVID-19 y al actual estado de alarma, lo son potencialmente (RD ley 11/2020).

Apoyamos estas medidas de protección social, que suponen la garantía del suministro continuo de agua a las familias y la prohibición de los cortes, y exigen la solidaridad de los operadores de agua hacia la ciudadanía que resultará golpeada por la actual crisis sanitaria y social. En plena crisis, se ha puesto de manifiesto la importancia del agua, en tanto que su disponibilidad es fundamental para la vida, la higiene personal y doméstica y, en consecuencia, para la salud.

A pesar del consenso social que suscitan las medidas contempladas en ambos decretos ley, en la carta dirigida a usted el 3 de abril pasado, AGA mantiene que, en aras a mantener la sostenibilidad del servicio, es necesario poder realizar cortes en el suministro ya que, de lo contrario, (sic) se aumentará la morosidad a muy corto plazo ocasionando un déficit financiero estructural. También plantea la necesidad de modificar la duración de los contratos concesionales para poder asumir las pérdidas ocasionadas por la disminución del consumo que se producirá por la crisis sanitaria. Es decir, aprovechan la crisis sanitaria para pedir modificaciones legislativas, que afectan a la Ley de Contratos del Sector Público, evadiendo la transferencia de riesgos que está implícita en los contratos de concesión. Queda patente que AGA no ha dudado en aplicar la doctrina del shock, aprovechando la situación actual de crisis sanitaria, para intentar sacar provecho para sus intereses empresariales.

En este contexto, pedimos a su gobierno que aborde las iniciativas siguientes para conseguir que la provisión de los servicios del ciclo integral urbano del agua sirvan para satisfacer las necesidades sociales de la ciudadanía y sean coherentes con el derecho humano al agua y al saneamiento:

  • Suprimir las vigentes limitaciones y condicionalidades a la gestión y financiación pública de los servicios de agua previstos en la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, como paso previo a su derogación. Establecer nuevos enfoques y líneas de financiación que favorezcan la gestión pública de estos servicios esenciales vinculados a derechos humanos.
  • Dotar de financiación suficiente a los servicios públicos de gestión directa, en particular la sanidad y los servicios de agua, intrínsecamente relacionados entre sí al tener ambos la consideración de derechos humanos y, como se ha puesto en evidencia durante la pandemia, ser garantes del mantenimiento de la salud humana.
  • Prohibir por ley los denominados cánones concesionales, que son instrumentos que favorecen la privatización de los servicios del ciclo urbano del agua, introducen prácticas opacas y fomentan la corrupción que crece al transformar el agua y los servicios de abastecimiento y saneamiento en grandes negocios privados.
  • Facilitar procesos de remunicipalización que aseguren la estabilidad en el empleo y que asuman la gestión no lucrativa, pública, transparente y con rendición de cuentas acorde con el paradigma del modelo definido por el marco conceptual del derecho humano al agua.
  • Fortalecer la función reguladora de los municipios en tanto que titulares de los servicios del ciclo integral urbano del agua; en este sentido, rechazamos la creación de un regulador único y, en cambio, proponemos adoptar medidas como la creación de un organismo específico -Observatorio o Laboratorio-, del ciclo integral urbano del agua que propicie la comunicación, cooperación y el apoyo mutuo entre los entes locales, a la vez que garantice la transparencia en el ciclo y el acceso a la información por parte de la ciudadanía como garante de su participación activa y efectiva.

Por último, tras diez años del reconocimiento del derecho humano al agua por parte de la Asamblea General de Naciones Unidas, es necesario reconocerlo y regularlo formalmente, con objeto de que no se manipule su alcance y contenido en relación con sus criterios y principios definitorios, y específicamente los relativos a la no discriminación, universalidad, asequibilidad y disponibilidad, con la expresa prohibición de cortes de suministro.

Red Agua Pública: AEOPAS, Aigua és Vida, Asamblea Agua Pública 100 % Región Murciana, Attac, Comisiones Obreras, Ecologistas en Acción, Enginyeria Sense Fronteres, Fundación Nueva Cultura del Agua, Marea Azul del Sur, Plataforma ciudadana por la defensa del agua pública en Asturies ,Plataforma de Bizkaia Ur Publikoa, Red Agua Pública de Aragón, Plataforma contra la privatización del Canal de Isabel II y Xarxa Valenciana per l´aigua pública.

La privatización de los servicios del ciclo integral del agua urbana en La Adrada, Ávila, se privatizó en 2016 a favor de la multinacional Aqualia.

Según explica Víctor Sánchez, portavoz del Espacio Vecinal de La Adrada (EVLA), “desde la privatización del servicio en 2015 a manos de Aqualia, a pesar las distintas mejoras en canalización y potabilización no se ha conseguido que los vecinos de este pueblo del Valle del Tiétar usen el agua doméstica para beber y cocinar en cualquier época del año”. Parece ser que la inclusión del Alcantarillado y la Depuración en el recibo del agua, lo triplicó sin grandes ventajas en el servicio, aseguran en un comunicado. Los usuarios han venido soportando la situación, bien comprando agua embotellada, lo que aumenta la contaminación por envases de plástico, o bien yendo a otros pueblos cercanos a las fuentes naturales.

La gota que colma el vaso –refieren en EVLA– es la aprobación de una actualización de las Tasas del Agua en el Pleno del 31/01/2020 donde se acuerda una subida anual del 5,064% desglosada por un lado, en un 2,164% por una fórmula de actualización del contrato de concesión vigente con Aqualia, y en un 2,902% más, por el suministro de agua a la Piscina Municipal. ¿Se imagina en Madrid pasar al cobro en el recibo las 20 piscinas municipales?” , concluyen.

Los vecinos disconformes con esta gestión han recogido iniciativas en un Espacio Vecinal como la petición de Anulación de la subida en la tarifa del agua en La Adrada por deudas ajenas al consumidor (http://chng.it/dCFY2NDdkv) en la plataforma de firmas de Change.org, que sigue sumando apoyos y la elaboración de una Queja Múltiple dirigida al Procurador del Común de Castilla y León solicitando su amparo, ya que manifiestan que “ el agua es un derecho con el que no se puede especular ni en el que se pueden repercutir impuestos confiscatorios como el llenado de la piscina ni otros que no sirvan para mejorar la calidad del agua potable”.

El portavoz de EVLA subraya que “encarecer el uso del agua para fomentar el ahorro tiene sentido, pero penalizarlo con impuestos ajenos al ciclo urbano del agua no supone ningún aliciente para los consumidores responsables que terminan desincentivados”. Víctor Sánchez termina recordando que “son tiempos de solidaridad y empatía por la crisis que dejará el coronavirus tras el confinamiento”. Por todas esas razones desde EVLA RECHAZAN EL IMPUESTO AL AGUA y solicitan al Ayuntamiento la anulación de la subida.

Para contactar con el Espacio Vecinal:

Correo electrónico: espaciovecinaladrada@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/espaciovecinaladrada/

blog: https://espaciovecinaldelaadrada.blogspot.com

Posteado por: redaguapublica | 30 abril 2020

ENLACES A DOCUMENTOS RELACIONADOS CON LA CAMPAÑA DE LA RAP

(Diario Público) La patronal del agua del grifo pide al Gobierno que le permita cortar el suministro a familias https://www.publico.es/politica/coronavirus-patronal-agua-grifo-pide-gobierno-le-permita-cortar-suministro-familias.html

(Diario Público) Agua Bien Público https://blogs.publico.es/dominiopublico/32196/agua-bien-publico

(KaosenlaRed) Campaña por suministros básicos garantizados y gratuitos para personas vulnerables (cast/cat) https://kaosenlared.net/campana-por-suministros-basicos-garantizados-y-gratuitos-para-personas-vulnerables-cast-cat/

La urgencia hídrica necesita recursos https://elpais.com/elpais/2020/04/14/actualidad/1586856528_395976.html

Manuel Marchena, la patronal del agua (AGA) y la polémica por el corte del suministro a las familias. http://www.manueljesusflorencio.com/2020/04/manuel-marchena-la-patronal-del-agua-aga-y-la-polemica-por-el-corte-del-suministro-a-las-familias/

Quan el virus limita l’accés a l’aigua i la salut – Edurne Baguéhttps://nexe.coop/opinio/quan-el-virus-limita-l%E2%80%99acc%C3%A9s-l%E2%80%99aigua-i-la-salut

Los carroñeros del agua – María Giménez. 21 de abril 2020 https://sociologiaencuarentena.tumblr.com/post/615999373962313728/los-carro%C3%B1eros-del-agua

La Red Agua Pública contesta a la patronal del grifo: “Su carta es egoísta, insolidaria y mezquina” El Salto. 22 abril 2020 https://www.elsaltodiario.com/agua/la-red-agua-publica-contesta-a-la-patronal-del-grifo-su-carta-es-egoista-insolidaria-y-mezquina

El derecho humano al agua es incompatible con su gestión privada. Público 22 abril 2020 https://blogs.publico.es/otrasmiradas/32125/el-derecho-humano-al-agua-es-incompatible-con-su-gestion-privada/

Denuncian las presiones del lobby privado de los servicios de agua “por manipular” la actual crisis sanitaria “en favor de sus intereses empresariales”. AraInfo. 22 abril 2020 https://arainfo.org/denuncian-las-presiones-del-lobby-privado-de-los-servicios-de-agua-por-manipular-la-actual-crisis-sanitaria-en-favor-de-sus-intereses-empresariales/

¿Agua-negocio o Agua-servicio público? https://blogs.publico.es/dominiopublico/32313/agua-negocio-o-agua-servicio-publico/

El shock del agua urbana https://elcorreoweb.es/andalucia/el-shock-del-agua-urbana-CD6588620

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