La concesionaria del agua no se ha hecho responsable de las actuaciones sobre la vía pública. La salida del agua de una casa brotó a principios de julio del propio asfalto, provocando malos olores y un problema general de salubridad pública. “La delegada de Medio Rural se remitía a Aqualia”, dice el alcalde torrecereño, Manuel Bertolet

Manuel Bertolet señala la salida del agua sucia que ha provocado el problema.

En la Entidad Local Autónoma (ELA) de Torrecera hace más de un mes que está brotando del asfalto un pequeño riachuelo deaguas fecales del que la empresa concesionaria no se hace responsable. Los vecinos de la zona han estado aguantando el mal olor todo julio. Exactamente donde hace pocos meses la compañía realizó labores de mejoras.

Ninguna de las casas de alrededor ha sufridoningún tipo de interrupción del servicio ni atascos en su hogar. Pero por el lugar del que brotaba el agua, los técnicos de la compañía pidieron al vecino cuya fachada está más cerca que picase el suelo de su propio domicilio para buscar un atasco. En el tercer agujero —todos de más de un metro— encontró el problema, pero asegura que si bien las aguas fecales salían de su hogar, “el problema estaba por fuera”.

Tras pasar las dos últimas semanas insistiendo tanto el vecino como el alcalde de la pedanía, Manuel Bertolet, el regidor decidió ayer jueves proceder a levantar la calle y dar una solución al problema. “Aqualia ni siquiera nos decía dónde estaba la salida del agua”, cuenta el regidor de esta antigua pedanía. Pero esta no ha sido la única traba que ha puesto la compañía. “Nos dijo también que cualquier actuación, en su casa o en la calle, corría a cuenta del vecino, que ellos no se hacían responsables”, explica.

Uno de los agujeros que el vecino realizó en su domicilio.

Bertolet, además, se dirigió en varias ocasiones a la delegada de Medio Rural, la popular Susana Sánchez Toro, quien se remitía simplemente a lo que dijera Aqualia. “El Ayuntamiento de Jerez se desentiende totalmente de un problema de salubridad pública, no pueden hacer esto”, explica indignado Bertolet.

Una vez que las máquinas pagadas por el consistorio torrecereño comenzaron a levantar la vía pública, los trabajadores, el alcalde y el vecino llegaron a una conclusión. “La instalación de hace unos meses fue una chapuza del diez, se ha estado filtrando agua todo este tiempo desde la tubería hasta donde ha brotado”. En su opinión, el enganche de salida se hizo mal y se tapó con el asfalto. Tiempo en el que el agua, en teoría, ha ido buscando su sitio, todo ello junto a un muro de más de dos metros y con los evidentes desperfectos que ha provocado la intervención actual en la calle.

Ayer por la tarde el vecino contaba que no podía tirar agua por el desagüe. Además, su situación queda a expensas de la obra que realice una institución que no es la responsable en este caso, el Ayuntamiento de Torrecera. Hoy viernes están previstas que continúen las obras para dar una solución. Otra cosa es lo que luego decida Aqualia —con la que ha intentado contactar este medio sin éxito—: si asumir los costes de esta reparación o continuar indicando que no es responsable de un desperfecto que afecta a la vía pública.

Fuente: La voz del sur

La preocupación creciente y extendida por defender el agua pública es el impulso principal de este encuentro. En el Foro Social en Defensa del Agua Pública van a participar representantes llegados de muchos puntos de España y activistas de campos muy variados, desde la lucha contra la privatización de la gestión del agua, a la participación democrática de la ciudadanía.

El eje vertebrador de estas jornadas es el agua. El interés demostrado por las multinacionales en hacerse con el control del agua, convirtiéndola en un producto mercantil y convirtiendo a toda la ciudadanía en cautivos de su negocio, no ha pasado desapercibido a nadie. Hoy, la lucha contra esta forma de usurpación es percibida como una necesidad.

El Foro se concibe como un espacio de debate y de intercambio de información. Todas las personas que están preocupadas por el acoso de las multinacionales sobre el agua pública encontrarán en Alcázar de San Juan una ocasión de compartir inquietudes.

Al final de las sesiones se proclamará el Manifiesto por el Agua Pública, consensuado por las y los asistentes.

La democracia se construye entre todos y todas, participando y alzando la voz contra los intentos de enajenación de los derechos y de las libertades mediante la privatización de lo público. El acceso al agua debe ser un derecho humano protegido y nunca una mercancía comercial para el beneficio de algunos.

Información detallada del foro en este blog: forosocialagua.wordpress.com

Programa:

Viernes 6

Conservatorio de Música, C/ Jesús Romero, 1

18:00 RECEPCIÓN DE PARTICIPANTES

19:00 APERTURA DEL FORO SOCIAL

Juan Garrido, Plataforma contra la privatización de Aguas de Alcázar.
Pedro Arrojo, Fundación Nueva Cultura del agua: El engaño de la austeridad.
Jaime Morell, Asociación de operadores públicos de aguas: El modelo público del agua.
Ecologistas en acción: Agua, mercantilización y movilización social.
Pablo Sánchez Centella, European Public Services Union: La ICE del agua, una iniciativa urgente.

Sábado 7

Centro Cívico, Plaza de España s/n

09:00 MESA:PROCESOS DE PRIVATIZACIÓN

Modera: Eloi Badia, Aigua es vida.
Asamblea del agua de Ermua.
Plataforma contra la privatización del agua en Puerto de Sta. María y en Jerez.
Plataforma por el agua pública de Laguna de Duero.
Juan Ángel Sánchez, Plataforma contra la privatización deAguas de Alcázar.

10:30 MESA: REMUNICIPALIZACIÓN, EL RETORNO DEL AGUA A MANOS PÚBLICAS

Modera: Luis Babiano, AEOPAS.
Emanuele Lobina, Public Services lntemational Research Unit: Compañías de aguas y tendencias en Europa.
Emilio Pachón, El Huesna, un sistema supralocal remunicipalizado.
Jordi Colomé, Remunicipalización paso a paso, el ejemplo de Arenys de Munt.
Santiago Gutiérrez, La remunicipalización en Medina Sidonia.

12:00 DESCANSO

12:30 Mesa: PRIVATIZACIÓN DE RÍOS Y ACUÍFEROS

Moderan: Manel Tomás, Plataforma en defensa del Ebro, y Nuria Hernández-Mora, Red del Tajo.
Grupos participantes: Xúquer viu, Grupo en defensa del Ter, Coordinadora de afectados por grandes embalses y trasvases, Agencia vasca del agua (URA), Red andaluza por la nueva cultura del agua, COAG-Vía Campesina, Acuífero 23.

14:30 COMIDA POPULAR (3 euros).

17:00 MESA: EL AGUA Y LOS CIUDADANOS

Modera: Juan Garrido, Plataforma contra la privatización de Aguas deAlcázar.
María Giménez Casalduero, Universidad de Murcia: La gestión del agua, una visión desde el derecho humano.
Mariano Mérida, Red Agua Pública Aragón: El modelo público participado, el pacto de Zaragoza.
Enrique Ortega, Plataforma contra la privatización del CYII: Gestión participativa.
Pilar Esquinas, Movimiento ATTAC.
José María Trillo-Figueroa, abogado medioambientalista.

18:30 ELABORACIÓN DEL MANIFIESTO DEL FORO EN DEFENSA DELAGUA PUBLICA

20:00 MANIFESTACIÓN-CONCENTRACIÓN

Lectura pública del Manifiesto por el agua pública.

Domingo 8

09:30 VISITA AL COMPLEJO LAGUNAR DE ALCÁZAR DE SAN JUAN.

Despedida del Foro.

alcazar

Lugar: Ayuntamiento (Salón de Plenos); Plaza de la Villa, 1; Rascafría
Fecha: 31 de mayo de 2014


Programa:

17,00 a 17,30 h: La importancia de la gestión municipal del servicio del agua.
Pedro Arrojo. Profesor Emérito de Análisis Económico de la Universidad de
Zaragoza y miembro de la Fundación Nueva Cultura del Agua.

17,30 a 18,30 h: Mesa de experiencias. Municipios en lucha por la gestión Municipal:
Jacinto Cáceres. Alcázar de San Juan (Ciudad Real)
Justo Rodríguez. Laguna de Duero (Valladolid)
Carlos Sanz. Rascafría (Madrid)
Moderador: Ladislao Martínez. Plataforma contra la Privatización del CYII

18,30 a 19,00 h: debate-coloquio

19,30 a 20,30 h: Mesa Redonda: Claves de los procesos de remunicipalización:
Pedro Arrojo. Fundación Nueva Cultura del Agua (FNCA)
José Francisco Cid. Ermua (Vizcaya)
Raúl Maíllo: Abogado de la FRAVM
Enrique Ortega. Plataforma contra la Privatización del CYII
Moderadora: Beatriz Aguirre. Plataforma vecinal de Rascafría

20,30 a 21,00 h: debate-coloquio

Organizan:
- Red Agua Pública (RAP)
- Plataforma vecinal de Rascafría para la rescisión del Convenio con CYII.

Para cualquier duda póngase en contacto en el teléfono: 606 362 561


Presentación:

Rascafría, municipio de menos de 2.000 habitantes de la Sierra de Madrid, lleva más de 50 años gestionando su agua y ha construido con sus propios medios una presa de captación y su red de suministro y alcantarillado. Sus vecinos y
vecinas, por tanto, no entienden que para hacer las mejoras necesarias en la red, el Ayuntamiento (PSOE) firme un convenio con Canal de Isabel II Gestión que, además de incrementar abusivamente el precio del agua, cede a la empresa
el patrimonio municipal y pierde el control de la gestión.

A muchas personas les cuesta entender de donde surge la inmensa fuerza de los/as vecinos/as para luchar contra esa injusta decisión de su ayuntamiento que les ha llevado a:

1)constituir una plataforma respaldada por 1.200 firmas de vecinas/os y residentes exigiendo la revocación de dicho convenio;

2)presentar una Iniciativa Popular avalada por más del 60% del censo;

3) elaborar un informe económico que prueba la viabilidad económica de la gestión municipal del agua;

4) lograr que el Ayuntamiento convoque una consulta popular el pasado 26 de abril, donde el 72% dijo que no quiere que sea la Sociedad Anónima Canal Gestión quien gestione el servicio del agua; y

5) conseguir el 19 de mayo que el Pleno del Ayuntamiento apruebe la rescisión de los Convenios.

La clave la encontramos en las palabras de Pedro Arrojo al hablar de la Nueva Cultura del Agua cuando nos invita a mirar los ríos como algo más que torrentes de H2O: “El agua, los ríos, como parte de nuestro ecosistema, son paisaje, identidad territorial, identidad de los colectivos y comunidades sociales, valores lúdicos y culturales, valores de vida… “

Esta mirada del agua y de los ríos como elemento de identidad puede que sea el factor común y motor de empuje de todas las luchas de los pueblos por defender algo muy profundo que creen se les usurpa cuando se privatiza la gestión del agua.

Por eso, el ofrecimiento de la Red Estatal Agua Pública (RAP) para organizar esta Jornada que hoy presentamos en Rascafría es un orgullo y un privilegio para las/os vecinas/os y visitantes de contar con un espacio de reflexión y análisis pero también de debate e intercambio que nos va a permitir conocer los elementos comunes de todas aquellas personas que compartimos esta nueva cultura
del agua y abrir nuevas ideas y estrategias de trabajo.

Contamos en esta Jornada con las mejores personas profesionales y no sólo en el campo científico-profesional sino, y sobre todo, en su compromiso social y su lucha contra la privatización de los servicios del agua y por la remunicipalización de los ya privatizados.

 

 

 

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Las organizaciones sindicales y sociales que forman la Red Agua Pública de Aragón firmaron el pasado día 8 de Mayo un compromiso por una gestión pública y participativa del agua. Aquí está el vídeo de la jornada:

Originalmente publicado en Aigua és Vida:

La FNCA concede el premio Dragona Iberia 2014 en la modalidad de colectivo al Movimiento en defensa de la gestión pública y participativa del agua

La Fundación Nueva Cultura del Agua ha concedido el premio Dragona Iberia 2014 en su modalidad de colectivo, a los movimientos que trabajan en defensa de la gestión pública y  participativa  del  agua.  A  diferencia  de  los  anteriores  es  un  premio  a  todo  un movimiento a nivel estatal que defendéis el agua como bien público y, por consiguiente, su gestión participativa, transparente y sin ánimo de lucro.

La  Fundación  Nueva  Cultura  del  Agua  ha  querido  reconocer  el  papel  de  todos  los colectivos que llevan luchando desde hace años por recuperar y/o preservar la gestión pública del agua en las municipalidades, ante una privatización del servicio motivada por el  interés  político  y  económico.  Con  sus  argumentos  han  invitado  al  debate  y  al entendimiento entre vecinos y…

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Posteado por: redagua | 8 mayo 2014

Firma del compromiso por el agua pública en Zaragoza

Tal como estaba prevista, a las 6 de la tarde del 7 de mayo se ha firmado por parte de 18 entidades el COMPROMISO SOCIAL Y POLÍTICO POR LA GESTIÓN PÚBLICA Y PARTICIPATIVA DEL AGUA en la ciudad de Zaragoza y su entorno:

1)  Consideramos que el agua es un bien público; que los ríos, acuíferos, lagos y humedales son patrimonios de la biosfera bajo dominio público; y que los servicios de abastecimiento y saneamiento están estrechamente vinculados a derechos humanos y de ciudadanía que, por su naturaleza, deben de ser de acceso universal. Por todo ello entendemos que NO deben ser gestionados desde la lógica del mercado, sino desde nuevas formas de Gestión Pública Participativa, sin ánimo de lucro, como servicios de interés general.

2)     Consideramos justo y necesario que los ayuntamientos tengan la competencia sobre los servicios de agua y saneamiento, al igual que sobre otros servicios básicos a la ciudadanía que hoy se ven mermados, cuando no arrebatados a los ayuntamientos por la nueva ley de régimen local promovida por el Gobierno. Nos oponemos a este recorte de competencias municipales, al tiempo que reclamamos medios para poder desarrollarlas de forma efectiva y eficiente a través de esos nuevos modelos de Gestión Pública Participativa

3)     Respaldamos la resolución adoptada por la Asamblea General de NNUU en 2010, por la cual se reconoce el acceso al agua potable y al saneamiento como un derecho humano esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos humanos; al tiempo que nos comprometemos a hacer efectiva esa resolución garantizando el acceso universal a estos servicios de todos los vecinos/as de nuestros municipios.

4)     Entendemos que los servicios de agua y saneamiento se basan en un ciclo que debe gestionarse de forma integrada y bien coordinada, en este caso, en el entorno urbano de Zaragoza, a fin de optimizar el servicio, mejorar la eficiencia en el uso de nuestros recursos y garantizar el buen estado ecológico de nuestros ríos.

5)     Al tiempo que reivindicamos una gestión 100% pública, nos comprometemos a desarrollar un nuevo modelo de gestión pública, transparente y participativa, que garantice información y rendición de cuentas mediante indicadores significativos y comprensibles, así como un Consejo Social con competencias efectivas de control y representación directa en el Consejo de Administración del ente público gestor.

6)     El sistema tarifario, al tiempo que justo y equitativo, debe garantizar el acceso universal a servicios de alta calidad, aún a los más pobres; asegurar la sostenibilidad financiera del servicio; y promover incentivos al buen uso, tanto por la ciudadanía, como por usuarios industriales y de servicios. Para ello, siguiendo los esfuerzos del actual servicio municipal, se trata de promover un sistema tarifario por tramos de consumo con adecuadas exenciones, incentivos y penalizaciones.

7)     No podrá haber lucro privado en la gestión del servicio y se garantizará transparencia y control ciudadano sobre su gestión financiera. Los fondos recaudados por las tarifas o cualesquiera otros vinculados al servicio de agua y saneamiento deberán dedicarse a garantizar la gestión eficiente del mismo, realizar las inversiones precisas y asegurar el acceso universal al servicio. Si habiendo cubierto estas prioridades, hubiera remanentes, se alimentará un fondo municipal de acción social bajo la supervisión del Consejo Social.

8)     Constatamos que el Plan Aragonés de Saneamiento y Depuración (PASD):

  •    es económica y financieramente inviable, por aplicación de tecnologías inadecuadas y sobredimensionamientos injustificables.
  • ha supuesto un secuestro de competencias municipales y la marginación de los ayuntamientos para acabar privatizando los servicios de saneamiento;
  •    está dando lugar a pagos abusivos y generando agravios comparativos que incluyen el pago por servicios que no se prestan.

Por todo ello nos oponemos activamente a su implantación en nuestros municipios, y particularmente en el de Zaragoza, donde los vecinos hemos pagado ya nuestras depuradoras, en tanto no se haga una revisión en profundidad y una auditoría económico-financiera del Plan, a fin de que Zaragoza y su entorno urbano no acabemos pagando los sobrecostes de un negocio privado y oscuro.

El Salón de Recepciones de ayuntamiento de Zaragoza acogió a una numerosa concurrencia que quiso participar de este momento en el que movimientos sociales y representantes públicos se comprometen por una gestión pública del agua. Es una gran noticia que deberá prolongarse en una acción decidida en el oscuro panorama que reina en el modelo aragonés de saneamiento.

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Las diversas entidades participantes: las asociaciones Red de Agua Pública de Aragón, Federación de Asociaciones de Barrios (FABZ), Federación Aragonesa de Solidaridad, Unión de Consumidores de Aragón, COAGRET (Coordinadora de afectados por grandes embalses y trasvases), Ecologistas en Acción, ANSAR, ISF (Ingeniería Sin Fronteras) y ATTAC; las fundaciones Fundación Ecología y Desarrollo y Fundación Nueva Cultura del Agua; los sindicatos Comisiones Obreras de Aragón, UGT-Aragón y CGT-Aragón y los partidos políticos PSA-PSOE, CHA, Izquierda Unida y EQUO.

 

Tras la paralización judicial de la privatización del agua en Alcázar de San Juan, la batalla por la gestión pública continúa en Rascafría

El Ayuntamiento, que gestionaba el ciclo del agua de la localidad, firmó un convenio con el Canal de Isabel II por el que cede a esta empresa la distribución y el alcantarillado

La Plataforma Ciudadana por la Gestión Pública y Directa del Agua de Rascafría, que ha logrado que el Ayuntamiento de la localidad convoque una consulta popular, confía en lograr la remunicipalización de la gestión del agua

En junio de 2012 el Ayuntamiento de Rascafría, gobernado por el PSOE, firmó un convenio con el Canal de Isabel II Gestión por el que el municipio se adhiere al nuevo modelo de gestión y traspasa a la empresa la distribución del agua y el alcantarillado de la localidad por un periodo de 50 años.

Rascafría lleva 50 años gestionando su agua y ha construido con sus propios medios una presa de captación y su red de suministro y alcantarillado. Sus vecinos y vecinas, por tanto, no entienden que para mejorar la red municipal y contribuir al gasto de la depuración el Ayuntamiento firme un convenio con Canal de Isabel II Gestión ya que, además de incrementar abusivamente el precio del agua, cede a la empresa el patrimonio municipal y pierde el control de la gestión. En adelante, ya no será el Pleno municipal el que fije las tarifas, sino que lo hará Canal Gestión S.A, empresa que asegurará sus beneficios e intereses con subidas abusivas de los precios del servicio del agua.

En agosto de 2013, un grupo de vecinas y vecinos constituyeron una plataforma para exigir la revocación del convenio y que el Ayuntamiento volviera a asumir la gestión del agua. En apenas unos días recogieron la firma de 1.200 vecinos del municipio.

El 25 de noviembre dieron un paso más y presentaron una Iniciativa Popular avalada por 680 vecinos censados (más del 60% del total) y 305 residentes. A pesar de que la iniciativa fue presentada en tiempo y forma, el pleno del Ayuntamiento, reunido en pleno el 30 de enero de 2014, decidió no admitirla alegando que no iba acompañada de “una propuesta alternativa y fundamentada técnica y económicamente”.

En un ejercicio de responsabilidad”, y puesto que el Ayuntamiento tampoco había realizado un análisis económico previo que justificara el cambio de modelo de gestión del agua, la plataforma elaboró y presentó a los vecinos un análisis que prueba la viabilidad económica de la gestión municipal del agua y su rentabilidad a medio y largo plazo. Un trabajo, recuerdan, que “correspondía hacer al Ayuntamiento”.

La presión ciudadana logró que el Consistorio accediera a llevar a cabo una consulta ciudadana que se celebrará el próximo 26 de abril de 11h a 19:30h. Todas las vecinas y vecinos inscritos en el último censo electoral podrán votar en una de las dos mesas que se instalarán en el Ayuntamiento de la localidad. Cada una de ellas estará integrada por un empleado municipal, un miembro del equipo de Gobierno, un representante de los partidos de la oposición y un observador/a, que podrá ser un vecino cualquiera.

La pregunta a la que deberán responder los vecinos y vecinas es: “¿Gestión del agua según el modelo actual?”, siendo éste gestionado por Canal gestión S.A. Los participantes deberán elegir entre las opciones Si o No.

Aunque el Consistorio “no ha permitido la presencia de miembros de la plataforma en las reuniones celebradas para tratar las cuestiones relativas a la consulta ni en las mesas de votación”, ésta se congratula de haber concienciado a la población de “la importancia de garantizar el acceso al agua como un derecho humano y como bien de dominio público que debe ser gestionado por la municipalidad”.

Precisamente ese es el objetivo de la primera Iniciativa Ciudadana Europea debatida por la Eurocámara, una iniciativa promovida por la Federación Sindical Europea de Servicios Públicos (EPSU, por sus siglas en inglés) para instar a que la Comisión Europea apruebe un marco legislativo que garantice el acceso universal al agua potable e impida su privatización. La petición recabó el apoyo de 1,9 millones de personas de la Unión Europea en apenas ocho meses.

En países como Francia y Alemania decenas de ayuntamientos, entre ellos el de París, han decidido remunicipalizar la gestión del agua. En España, la batalla por la gestión pública del servicio se libra, entre otras, en la Comunidad de Madrid, en las islas canarias de Lanzarote y La Graciosa y en Alcázar de San Juan (Ciudad Real), cuya población logró paralizar en los juzgados la privatización del servicio.

Teléfono de contacto de portavoces de la plataforma:

Lis Aguirre: 659*960*885

Miguel Angel Gonzalez: 620*412*068

Victor Velasco: 670*663*366

 

El Grupo de Multimedia de Comunicación La Cerca conversa, vía telefónica, con Luis Babiano dentro de una nueva cita con los denominados “Encuentros Digitales”. El gerente de la Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento conversa con nosotros sobre la situación que, desde hace algunos meses, viene “enfrentando” al alcalde y a parte de los vecinos del municipio ciudadrealeño de Alcázar de San Juan en torno al cambio en el modelo de gestión del agua (de una fórmula pública a otra público-privada). Babiano nos ofrece su opinión experta sobre esta tendencia que se da en varios puntos del país, a través de esta entrevista que les invitamos a escuchar cuando deseen a través del archivo de audio que acompaña a este texto.

Más Información en: 

http://www.lacerca.com/noticias/ciudad_real/luis_babiano_privatiza_agua_buscar_eficiencia_sino_seguro-202948-1.html

El pasado 20 de marzo, el alcalde de Alcázar de San Juan, Diego Ortega, y el director regional de Aqualia, San­­tia­go Lafuente, se daban la mano. Ese día nacía Aqualcazar, la nueva empresa público-privada que se encargará de la gestión de las aguas del municipio, sustituyendo a la empresa pública Aguas de Alcázar. [El 26 de marzo, sin embargo, el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales ha resuelto la paralización cautelar del acuerdo que daba nacimiento a Aqualcazar, admitiendo a trámite uno de los recursos presentados por la oposición, el PSOE, que cuestionaba la capacidad de Aqualcazar al ser una empresa creada de la nada, sin recursos propios ni experiencia previa.] Se­gún la memoria del proyecto, la empresa aportará 1.141.922 euros de capital y otros 6,5 millones en forma de préstamo. “Éste es un día de celebración para Alcázar”, declaraba el alcalde mientras intentaba dejar claro que el servicio seguiría siendo público, pese a dejar en manos privadas el 52% de las acciones.

El mismo 20 de marzo, los ciudadanos, agrupados en la Plataforma contra la Privatización del Agua de Alcázar, ultimaban los detalles para iniciar una consulta ciudadana sobre la gestión del recurso hídrico que se extendería hasta el lunes 24 de marzo. Juan Garrido, portavoz de esta plataforma, que sacó 11 mesas a la calle, explica que la privatización se ha hecho “rápido, querían hacerlo antes del referéndum, pero creo que aún lo podemos parar”, explica. Final­men­te, las urnas recogieron 7.698 papeletas y el 99% de ellas daban un sí a la pregunta “¿Quiere usted que Aguas de Alcázar siga teniendo una gestión 100% pública?”.

Para Isidoro Salcedo, vecino del pueblo y miembro de la plataforma, más allá del sí o el no, lo importante es que “el pueblo de Alcázar ha podido expresar su opinión y les hemos demostrado que la gente quería opinar. Los partidos en el Gobierno obtuvieron 8.200 votos y nosotros hemos recogido casi 7.700”, explica. “Lo público es de todos y todos podemos intervenir en su gestión. Y más cuando la privatización no iba en el programa electoral”.

Este pueblo de Ciudad Real se ha convertido en símbolo de la lucha contra la privatización del agua. Si bien no es el primer municipio español en organizar una consulta de este tipo, ha conseguido una unidad sin comparación. “Somos 32.000 habitantes y reunimos 11.000 firmas a favor de realizar la consulta”, cuenta Garrido. “Es la primera vez que nos unimos contra una decisión del Ayuntamiento”, reconoce, mientras hace un recorrido por las mul­ti­tu­dinarias manifestaciones, con­cen­traciones y actos de protesta que ha vivido este rincón manchego en estos últimos meses. Fruto de la presión “ya han dimitido cuatro concejales del PP y uno de Ciudadanos por Alcázar”, asegura.

Salcedo habla de las emociones que se han expresado: “En Al­cázar el agua es muy entrañable. Cuan­do los pueblos de alrededor no tenían agua, aquí la gen­te se organizó para tenerla. Estos días hemos visto a personas mayores llorando porque recuerdan que sus padres picaron para obtenerla. Y lo consiguieron”.

“Desde siempre, el agua del pueblo fue la joya de la corona –relata Garrido–. Todos los ayuntamientos habían hablado de privatizar el recurso, incluso el último alcalde franquista lo propuso, pero los propios miembros del Ayunta­miento lo para­ron”. Final­men­te, y bajo el paraguas de la crisis y una situación de quiebra económica en las cuentas públi­cas, el Gobier­no actual, formado por una coalición entre el Partido Popu­lar y Ciudada­nos por Alcázar, consumó el anhelado plan, que se inició en un pleno municipal de julio de 2013.

Entre medias, los vecinos no se han quedado de brazos cruzados. “Empezamos demandando una consulta ciudadana. Entregamos las 11.000 firmas, pero el alcalde lo iba dejando. Al final nos encerramos en el Ayuntamiento para que nos hicieran caso. Finalmente conseguimos que se atendiera nuestra demanda en un pleno”. En esta sesión, celebrada el 21 de febrero, tras una votación empatada, el alcalde desequilibró la balanza con un voto en contra. “Una hora después habían organizado otro pleno para aprobar la adjudicación provisional a la empresa”, explica.

El montaje de la privatización

Pero, ¿cuáles son los motivos de la privatización? Según el Ayuntamien­to, la empresa pública Aguas de Alcá­zar tiene una deuda de unos ocho millones de euros con el erario público. “En realidad ese dinero es de obras que ha licitado el propio Ayunta­mien­­to. No tiene sentido afirmar que eso sea una deuda. ¿Te están haciendo una obra y encima les pides dinero?”, se pregunta Luis Babiano, ge­rente de la Asocia­ción Española de Operadores Públicos de Abasteci­miento y Saneamien­to, quien ve en el caso de Alcázar un ejemplo claro de política cortoplacista. “La empresa te da un dinero, pero tú luego se lo tienes que devolver. En el caso de Alcázar, en el propio pliego pone la palabra préstamo. Y un préstamo tiene intereses”, advierte.
“La privatización ha sido un montaje. Han quebrado la empresa pública ellos para justificar la venta. Aquí no hay un problema de aguas, tenemos una bolsa de agua extraordinaria. Porque el agua es un derecho, es algo de todo el pueblo y tenemos una empresa pública que ha llegado a dar unos beneficios de 800.000 euros anuales”, explica Garrido, el portavoz de la plataforma, que calcula que el cambio en la gestión supondrá una pérdida de 50 millones de euros en 25 años. Pero los vecinos todavía no han dicho la última palabra. “Vamos a seguir con la presión ciudadana. Hay varios contenciosos abiertos. Vamos a luchar por la remunicipalización”, sentencia Garrido.

Una marea de privatizaciones

Casos como los de Alcázar copan ya media España. Según los datos de la Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento, tan sólo un 50% de los municipios conservan una gestión 100% pública del recurso. El gerente de la asociación ve claro que la crisis está respaldando los modelos de gestión privada. “Se está usando el agua para sanear la deuda de los municipios”, explica.

Pedro Arrojo, miembro de la Fundación Nueva Cultura del Agua y profesor emérito del Departamento de Análisis Económico de la Universidad de Zaragoza, resume así el modelo de gestión mixta que se está imponiendo: “Las empresas privadas compran los derechos de gestión y las inversiones son públicas. Los Ayuntamientos se dotan de fondos de liquidez a corto plazo. Están vendiendo los muebles”, explica. “En el mundo electoral se mira a corto plazo y en condiciones de anorexia financiera ésa es la estrategia. Esta visión, a la larga, sale cara”, explica Arrojo mientras indica que los primeros afectados son los bolsillos de los ciudadanos.

“En Huelva se privatizó el servicio en 2010. En 2013 la tarifa del agua había subido un 63%”, explica Babiano, quien no duda en remarcar que “se privatiza el servicio, pero no es para hacerlo más eficiente. Lo público funciona muy bien y da dinero, por eso lo privatizan. De esta manera, introducen un derecho humano, como es el agua, en la lógica mercantil. Pasamos de ciudadanos a clientes”, sentencia.

La lucha contra la privatización en cifras

99% de los 7.698 votos emitidos durante el referéndum sobre la privatización de Aguas de Alcázar defienden que la empresa siga siendo 100% pública.

11.000 personas firmaron para que se pudiera realizar la consulta popular sobre la privatización del agua, más de un tercio de los 32.000 habitantes de Alcázar de San Juan.

5 concejales han dimitido fruto de la presión popular en contra de la privatización de la empresa pública de agua. Cuatro de ellos son del PP y uno de Ciudadanos por Alcázar, los dos partidos en el gobierno municipal.

 

 

Fuente noticia: eldiario.es

“Nosotros, antitrasvasistas convencidos, solicitamos al Ministerio un trasvase, ya que es el único lenguaje que entiende”. Si no puedes con tu enemigo, únete a él.

Es la nueva estrategia de la Asamblea para la Defensa del río Tajo de Aranjuez. “La política del Ministerio hace que llevemos la situación al absurdo. La petición de un trasvase desde la cabecera del río Tajo hacia el curso del propio río es un grito desesperado que lanzamos al ministro para que sepa que sus políticas trasvasistas están matando al Tajo y están condenando el futuro de las ciudades de la cuenca. Lo pedimos los colectivos en defensa del Tajo porque el propio río lo suplica”, explica Fernando Cuerva, miembro de la plataforma de Aranjuez.

A 292 kilómetros de distancia, las aguas del Tajo, enfermas y casi muertas en Madrid y Toledo, riegan huertas del Levante. En 1978 se construyó el trasvase Tajo-Segura, una infraestructura compuesta por canales, acueductos y túneles que aún hoy sigue despertando críticas.

Los diferentes colectivos sociales por la defensa del río más largo de la península denuncian que en realidad el Tajo no pasa por su cauce, “sino en mayor cantidad y mejor calidad por el trasvase Tajo-Segura”, y desemboca no en Lisboa sino, “en gran medida, en la huerta murciana”. La petición pública de autotransfusión, que este lunes se registra en el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, muestra el cambio de estrategia de una guerra que nació hace años pero cuyas batallas se recrudecen por momentos.

La última gota del vaso es un memorándum firmado, “en secreto y con total opacidad”, según la Fundación Nueva Cultura del Agua, entre el Ministerio y varios Gobiernos regionales, todos del Partido Popular. Un documento que afecta a la Ley de Evaluación Ambiental y que se tramitó mientras se estaba sometiendo a información pública el Plan Hidrológico del río Tajo, al que se presentaron más de 12.000 alegaciones. Todas han sido rechazadas. “Nos tuvieron entretenidos mientras el lobby trasvasista dictaba las reglas de gestión del río Tajo”, añade Cuerva.

La nueva normativa establece la obligación de trasvasar agua a partir de un determinado caudal, es decir, “ya no es una posibilidad sino una obligación. Al Tajo se le mantiene en su estado agónico y, por ejemplo, si Madrid necesita más agua en un momento dado, no puede tirar de los embalses de cabecera porque esa agua está ya asignada al trasvase”, explica la investigadora en política y gestión de aguas Nuria Hernández-Mora.

En el Consejo Nacional del Agua, Santiago Martín Barajas, responsable de agua en Ecologistas en Acción, habló de “barbaridad” porque sostiene que, si se fija por ley una cantidad trasvasable, habría que indemnizar a los regantes en caso de que no se cumpla. Desde la otra orilla, el Ministerio califica el acuerdo como “histórico”.

Recurso de inconstitucionalidad

El cambio de táctica de las diferentes organizaciones que defienden el Tajo no ha sido la única reacción ante la nueva legislación gubernamental que está fomentando la mercantilización del agua. En Aragón, comunidad en la que nace el Tajo y que es regada por el Ebro, la respuesta ha tomado otro curso. Las Cortes autonómicas van a presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Evaluación Ambiental por considerar que da validez legal a un posible trasvase del Ebro.

Un informe del servicio jurídico de las Cortes apunta que la tramitación de la ley prescinde “de los mecanismos establecidos para garantizar la participación autonómica en la planificación hidrológica”, incurriendo “en un vicio de inconstitucionalidad”. Considera, además, que posibilita el trasvase entre cuencas al margen del Plan Hidrológico Nacional y “viene a menoscabar el régimen de participación en la gestión del agua que impone el principio constitucional de cooperación”.

La iniciativa del recurso manó del Partido Aragonés, que, según explican fuentes de la formación, considera que la Ley de Evaluación Ambiental permite aprobar trasvases mediante una mera autorización de una Dirección General del Ministerio, y no a través de una ley como sucedía hasta ahora.

El envite al río más caudaloso del Estado también llega desde las trincheras del Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Ebro. Y aquí las reacciones más bravas son las de Cataluña: la Generalitat va a presentar una denuncia ante la Comisión Europea contra el plan “porque es lesivo para la preservación del delta”. Desde la Consejería de Territorio y Sostenibilidad están estudiando si el caudal mínimo de 3.220 hectómetros cúbicos anuales aprobado para el tramo final del río contraviene la Directiva Marco del Agua de la Unión Europea.

Esta normativa comunitaria exigía tener realizados todos los planes de cuenca para 2009. La demora en el caso español ha provocado ya sanciones por parte de la Comisión Europea. La cuantía de la multa no ha trascendido, pero se habla de entre 30 y 60 millones de euros.

Y hay quien espera futuras sanciones porque, en palabras del economista Pedro Arrojo, “se está incumpliendo todo lo que se refiere al cálculo de nuevos caudales ambientales que garantizan el buen estado ecológico de los ríos”. En este punto es precisamente donde radica la respuesta de Cataluña: el caudal mínimo exigido por la Generalitat es de 7.000 hectómetros cúbicos anuales, casi el doble de lo finalmente aprobado.

El “macrolobby” de los regantes

“No deja de ser paradójico que se nos acuse de dejar en un segundo plano la protección de las aguas y de los ecosistemas cuando, por el contrario, en los programas de medidas de los planes hidrológicos que hemos tramitado el grueso de las inversiones va destinado, por lo general, a la protección ambiental. Los nuevos planes de cuenca son mucho más conservacionistas que sus precedentes e incluso que los del resto de Europa, ya que hemos incorporado a nuestra planificación requisitos que no estaban contemplados en la Directiva Marco del Agua”, justifican fuentes ministeriales a eldiario.es.

El golpe en la mesa de Cataluña ya ha provocado las primeras reacciones: sin contacto alguno durante los ocho meses de tramitación del plan, el ministro Miguel Arias Cañete se ha reunido en los últimos días con el consejero catalán Santiago Vila. La creación de un grupo de trabajo ha sido el resultado de la rápida reunión.

De momento, la Plataforma en Defensa del Ebro ha anunciado una manifestación para el domingo 30 de marzo. Sus críticas van más allá de los caudales y reprueban también la creación de 445.000 nuevas hectáreas de regadíos, cuando actualmente hay 965.000. “Esta propuesta resulta totalmente absurda, no hay recursos económicos para llevarla a cabo, ni tampoco recursos hídricos suficientes en la cuenca para abastecer a esos nuevos regadíos”, subraya Santiago Martín Barajas, quien apunta hacia los regantes: “No son el lobby, son el macrolobby”.

“Se está dando una imagen completamente injusta e incoherente del regadío, cuando los regantes somos los primeros ecologistas. Se ha pasado de ignorar las consecuencias ambientales de cualquier actividad a un fundamentalismo ambientalista, que no sólo exagera los impactos negativos que pudieran derivarse de la actividad del regadío, sino que llega incluso a ignorar los efectos positivos de esta actividad”, responde el presidente de la Federación Nacional de Comunidades de Regantes, Andrés del Campo.

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