Carta apoyo Directiva Agua Potable2018

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Algunos ayuntamientos y operadores públicos, entre los que están Medina Sidonia, Córdoba, Cádiz y Sevilla, ya garantizan el mínimo vital; es hora de generalizar estos derechos pasando de las bonificaciones al reconocimiento y la exigibilidad del derecho humano al agua.

El derecho humano al agua y al saneamiento ha sido reiteradamente reconocido por Naciones Unidas, tanto en resoluciones de la Asamblea General (2010, 2013, 2015) y del Consejo de Derechos Humanos (2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2016), como en otros foros y en numerosos documentos que definen su cuerpo normativo. Concretamente en la Observación General 15 (2002) del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales se establece el alcance y contenido del derecho humano al agua a través de un serie de criterios definitorios que incluyen tanto los fundamentales (universalidad, equidad, no discriminación e igualdad sustantiva), como los normativos (accesibilidad, asequibilidad, disponibilidad, aceptabilidad y calidad) y los transversales que son comunes con todo los derechos humanos (participación y acceso a la información, transparencia y rendición de cuentas y sostenibilidad), que los Estados están obligados a respetar, proteger y cumplir. Resultado de imagen de red agua publica

Además, en la Observación General 15 se identifican algunas obligaciones básicas de las administraciones públicas que pueden tener un efecto inmediato, entre las que están la de garantizar el acceso a la cantidad esencial mínima de agua que sea suficiente y apta para el uso personal y doméstico, y la de asegurar el derecho de acceso al agua y a las instalaciones y servicios de abastecimiento sobre una base no discriminatoria, en especial a los grupos vulnerables o marginados.

Como efecto de la crisis económica, se generalizaron hasta alcanzar a varios cientos de miles de personas, las situaciones de pobreza hídrica en las que se encuentran familias que carecen de los recursos económicos necesarios para hacer frente a los gastos de los servicios de abastecimiento de agua; como consecuencia de esta situación, los cortes de suministro por impago se tornaron en frecuentes, con la consecuente conculcación del derecho humano al agua. Estas situaciones de pobreza hídrica han tenido una respuesta responsable y consecuente por parte de la ciudadanía tendente a solucionar el problema, generalmente apoyada en la inclusión en las ordenanzas reguladoras de los servicios de agua de bonificaciones, ayudas, reducciones y exenciones, dirigidas a los colectivos más vulnerables social y económicamente. Sin embargo, siguen existiendo casos de familias afectadas por cortes en el suministro de agua por no poder hacer frente al pago de las facturas.

Ante esta situación injusta que persiste, el gobierno ha anunciado su intención de crear un bono social para el agua, dirigido a los colectivos de menores recursos económicos con el fin de asegurar el acceso al agua a los sectores sociales vulnerables. La Red Agua Pública considera que la solución definitiva no se puede basar en nuevas ayudas y bonificaciones, sino en el reconocimiento expreso del derecho humano al agua, en cuyo desarrollo reglamentario debe quedar garantizado el derecho a recibir de forma gratuita un suministro mínimo vital a las personas vulnerables económica y socialmente que cubra las necesidades básicas de agua que les permita vivir dignamente, a la vez que se prohíba expresamente los cortes del suministro por impagos en situaciones de pobreza hídrica. Estas medidas, por otra parte, ya están siendo aplicadas en numerosos ayuntamientos como Medina Sidonia, Córdoba, Cádiz y Sevilla, entre otros, en consecuencia con lo que se pone en evidencia al respecto en la Observación General 15 en relación con las medidas que se pueden poner en marcha a corto plazo.

La Red Agua Pública pide al actual gobierno que reconozca formalmente el derecho humano al agua y reglamente la garantía de acceder a un mínimo vital gratuito de agua para los sectores sociales más vulnerables, así como la prohibición de realizar cortes de suministro en casos de vulnerabilidad económica y social.

Continuando con el ciclo de entrevistas “La Nueva Política del Agua” (#NuevaPolíticaAgua) donde buscamos dar voz a todos los actores implicados en el ciclo integral del agua para que evalúen las actuaciones en materia hídrica del anterior Gobierno y establezcan, a su juicio, las prioridades del nuevo, hablamos con ​Mariano Sanz Lubeiro, Secretario Confederal de Medio Ambiente y Movilidad (CCOO).

Entrevista en la revista iagua: LEER MÁS. 

Con el fin de dar voz a todos los actores implicados en el ciclo integral del agua para que evalúen las actuaciones en materia hídrica del anterior Gobierno y establezcan, a su juicio, las prioridades del nuevo, desde iAgua hemos iniciado un ciclo de entrevistas llamado “La Nueva Política del Agua” (#NuevaPolíticaAgua). Hoy hablamos con Luis Babiano, Gerente de AEOPAS.

Entrevista en la revista iagua: LEER MAS.

Con el fin de dar voz a todos los actores implicados en el ciclo integral del agua para que evalúen las actuaciones en materia hídrica del anterior Gobierno y establezcan, a su juicio, las prioridades del nuevo, desde iAgua hemos iniciado un ciclo de entrevistas llamado “La Nueva Política del Agua” (#NuevaPolíticaAgua). Hoy hablamos con Eva Hernández Herrero, Responsable del Programa de Aguas y Alimento de WWFEspaña.

Entrevista en la revista iagua: LEER MÁS 

Posteado por: redagua | 26 julio 2018

AVANCES DEL MOVIMIENTO POR EL AGUA PÚBLICA EN ESPAÑA

En los últimos años, el movimiento por el agua pública, aglutinado en una parte importante en torno a la Red Agua Pública (RAP), ha avanzado, tanto en la consolidación de la gestión pública de los servicios de agua, como en su propia organización y en su capacidad de interlocución ante las instituciones. Un aspecto importante es el fortalecimiento de la Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento (AEOPAS), integrada en la RAP, que se perfila ya como una alternativa sólida a los lobbies del sector privado (AEAS, AGA, AGBAR-Suez o Aqualia-FCC).

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Red Agua Pública (RAP)

La situación actual del sector de los servicios de agua es todavía favorable a la gestión privada (47% gestión pública y 53% gestión privada, incluyendo en este tipo de gestión los servicios concesionados y las empresas mixtas). Sin embargo, ha crecido notablemente la oposición ciudadana a las privatizaciones y se observa un avance en la remunicipalización de servicios privatizados, destacando los casos de Valladolid y Terrassa, que a pesar de las presiones de las empresas privadas y del propio Gobierno de España, y de los múltiples recursos presentados contra la remunicipalización, han consolidado su retorno a la gestión pública. Especial mención cabe hacer del caso de la empresa Aguas Ter Llobregat (ATLL), que abastece en alta a 4’5 millones de personas en el área metropolitana de Barcelona, y que fue privatizada en 2012 por 1.000 millones de euros; desde el inicio, la privatización se judicializó al cuestionarse el proceso de licitación, de forma que, después de casi seis años de litigios, en febrero de 2018 el Tribunal Supremo español anuló el concurso y el gobierno de la Generalitat de Catalunya ha anunciado que va a crear la empresa pública de agua ATLL en enero de 2019.

Se exponen, a continuación, los aspectos significativos que caracterizan la situación actual del movimiento por el agua pública:

  1. Impulso del frente municipal por la defensa del agua pública.  Se ha avanzado en la confluencia de los movimientos sociales con el movimiento municipal, que se concretó en el “Encuentro de ciudades por el agua pública”, celebrado en Madrid, en noviembre de 2016.  La “Declaración por la gestión pública del agua”, suscrita por las alcaldesas y alcaldes asistentes al encuentro (A Coruña, Arganda, Barcelona, Córdoba, Madrid, Santiago, Terrassa, Valencia, Valladolid, Zaragoza), ha supuesto un impacto muy positivo en la consolidación de la gestión pública del agua.
  2. Se ha ido concretando un modelo de gestión pública del agua alternativo, no mercantil, democrático, transparente, participativo, con rendición de cuentas, sostenible y respetuoso con el derecho humano a agua, a partir del “Pacto Social por el Agua” (#iniciativagua2015#) suscrito en 2015 por más de un centenar de organizaciones sociales de carácter estatal, autonómico y local. Se han celebrado encuentros sobre este tema en Zaragoza. Barcelona, Terrassa y Sevilla.
  3. Avance en la implementación del derecho humano al agua en muchos ayuntamientos donde existen operadores públicos, a través de la reforma de los reglamentos de los servicios de aguas. (Córdoba, Sevilla, Cádiz, Medina Sidonia, A Coruña, Xàtiva, Zaragoza, etc.), Se ha realizado un encuentro para compartir y debatir experiencias en Cádiz (noviembre de 2017). Desde el punto de vista de la reivindicación del derecho humano, y más concretamente en lo que se refiere a la participación ciudadana, es relevante la campaña impulsada por Aigua es Vida en Barcelona que reivindica la necesidad de consultar a la ciudadanía sobre el modelo de gestión del agua; esta campaña contó con la oposición frontal de la empresa Agbar, del grupo Suez, que intentó frenarla interponiendo sucesivos contenciosos judiciales, además de sufrir injerencias directas por parte de personas ligadas a intereses del lobby privado. Frente a esta ofensiva, se está preparando una gran manifestación por el agua pública el 22 de marzo de 2019 en Barcelona, coincidiendo con el día mundial del agua
  4. Algunas organizaciones de la RAP hn participado activamente en el afloramiento de diversas tramas de corrupción que afectan a una empresa pública, Canal de Isabel II (operaciones Lezo, Púnica y Tosca), y a diversas filiales del grupo empresarial privado AGBAR-Suez a lo largo de todo el territorio nacional (operación POKEMON). En el caso del Canal de Isabel II, las acciones judiciales han supuesto el encarcelamiento o la imputación de altos cargos de la entidad y de la Comunidad de Madrid, entre ellos el presidente de la misma, Ignacio González.
  5. Se han realizado diversas campañas a favor del agua pública, destacando la campaña ProGrifo, impulsada por AEOPAS, que trata de poner en valor el agua púbica de calidad frente al agua embotellada. Con diseños audaces de botellas y jarras y campañas en los medios de comunicación y en las escuelas, se está ganando la complicidad de la ciudadanía y del sector de bares, cafeterías y restaurantes. Esta campaña se ha puesto ya en marcha, con éxito. en diversas ciudades que disponen de operadores públicos (Córdoba, Cádiz, Zaragoza, Oviedo, etc.). Así mismo se va a poner en marcha la campaña de Comunidades Azules, tras la reunión mantenida en Madrid con Maude Barlow y Meera Karunananthan en mayo de 2018.
  6. Por su importancia estratégica, hay que destacar la alianza conseguida entre el movimiento por el agua pública y el movimiento ecologista y ambientalista, con la formalización del “Acuerdo social por el agua en defensa de nuestros ríos y por el agua pública” (marzo de 2018), que supone la puesta en marcha de una alternativa a los planes insostenible del anterior  gobierno del PP, encaminados a la ampliación de los transvases y la superficie de regadíos y a la privatización de la gestión del agua. Este acuerdo ha sido suscrito, hasta la fecha, por más de 75 entidades, organizaciones sociales y sindicatos.

 

La Marea Azul del Sur, denuncia el proyecto de “reventa” del agua de Tarifa, que pretende llevar a cabo los socialistas y andalucistas, como gobierno local, en contra de la voluntad de sus socios Ganar Tarifa. marea

Han pedido a los concejales populares, que se decanten en contra de esa decisión, ya que la sola abstención de estos, supondría numéricamente, una prórroga del contrato que mantienen con Aqualia. 

La Marea Azul del Sur, denuncia el proyecto de “reventa” del agua de Tarifa, que pretende llevar a cabo los socialistas y andalucistas, como gobierno local, en contra de la voluntad de sus socios Ganar Tarifa. 

Han pedido a los concejales populares, que se decanten en contra de esa decisión, ya que la sola abstención de estos, supondría numéricamente, una prórroga del contrato que mantienen con Aqualia. 

Esta organización de la sociedad civil andaluza, ha estudiado esta operación de reprivatización y entiende que es totalmente ilegal, ya que viola flagrantemente varios conceptos jurídicos, a lo que debe acogerse, toda cesión de un servicio como es el agua, por ley vigente. Por lo que, de llevarse a cabo, emprenderán una denuncia, que elevará a los tarifatribunales competentes. 

“Pedimos a la Corporación Municipal, que no se precipite y que cree una Comisión Técnica y Política, con participación de representantes sociales de Tarifa, para que estudie la viabilidad de la gestión de su agua, más conveniente para los ciudadanos. Hay varias salidas totalmente viables y por supuesto, ventajosas para el interés general de los tarifeños; hace falta valentía y voluntad política, en contra de ceder a la presión de la multinacional, que facilita la gestión, en detrimento de los maltrechos bolsillos de los ciudadanos y de la calidad humana del servicio”. 

“Avisamos, para que puedan rectificar a tiempo sobre la ilegalidad que pueden cometer y advertimos que, al igual que en otros casos similares, las consecuencias personales, derivadas de una sentencia judicial, son asumidas obligatoriamente y de forma personal, sobre todos los que con su voto, comete este tipo de irregularidad y las consecuencias en ocasiones incluso son compartidas por los técnicos municipales, que obvian dicha ilegalidad”.

Es una nota de prensa enviada a este medio, por la Marea Azul del Sur (Andalucía)

Para más información, contactar por medio de: teléfono 689 13 82 82– mareaazuldelsur@gmail.com

 

Estimada ministra,

La Comisión Europea ha presentado recientemente su propuesta de revisión de la Directiva sobre agua potable que incorpora, aunque de forma limitada, algunas de las reivindicaciones que se plantearon en la primera Iniciativa Ciudadana Europea right2water, que fue tramitada con éxito después de recabar el apoyo de casi dos millones de personas, y recibir en 2013 una valoración positiva por parte de la Comisión.

Concretamente, en un nuevo artículo 13, la propuesta de revisión de la Directiva asume la obligación para los Estados miembros de mejorar el acceso al agua potable y promover su uso, incrementando las coberturas de los servicios de abastecimiento y fomentando el uso del agua del grifo en el ámbito público, entre otras medidas. También exige a los Estados miembros que garanticen el acceso al agua potable a los grupos sociales vulnerables y marginados, y aboga por políticas tarifarias asequibles.

Si bien la revisión de la Directiva no asume plenamente el derecho humano al agua, en los términos planteados en la Iniciativa Ciudadana Europea right2water, sí que contempla algunos de los criterios definitorios establecidos por Naciones Unidas, como son los de la no discriminación, universalidad, accesibilidad y asequibilidad. En este sentido, entendemos que el nuevo artículo 13 de la propuesta, es un primer paso que puede servir para avanzar hacia el pleno reconocimiento del derecho humano al agua durante las próximas fases de debate que se producirán en el inmediato futuro. A título informativo, se adjunta el posicionamiento de la Red Agua Pública sobre el derecho humano al agua.

Como quiera que la revisión de la Directiva sobre agua potable está en la agenda del próximo Consejo de Medio Ambiente que tendrá lugar el 25 de junio, le urgimos a que apoye la propuesta de revisión de la Directiva sobre agua potable, y específicamente su artículo 13. Además, le animamos a que la delegación española se posicione activamente a favor del derecho humano al agua y anime a los miembros del Consejo a avanzar en el reconocimiento legal de este derecho en todo el ámbito territorial de la Unión Europea. Este posicionamiento es, por otra parte, totalmente coherente con el liderazgo que España ha mantenido en el ámbito internacional apoyando el reconocimiento del derecho al agua e, incluso, financiando primero la actividad de la experta independiente y actualmente del Relator especial de Naciones Unidas sobre el derecho humano al agua y al saneamiento.

Cordialmente,

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Locales

EL DERECHO HUMANO AL AGUA Y AL SANEAMIENTO

CONTEXTO GENERAL

Históricamente, en el sistema de Naciones Unidas el derecho humano al agua se asumió implícitamente en numerosos Pactos y Convenios en los que se reconoce el derecho a un nivel de vida adecuado, que implica la disponibilidad de agua; esto se da en la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial (1965), el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales -PIDESC- (1966), la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (1979) y la Convención sobre los Derechos del Niño (1989).

Pero no fue hasta la primera década de este siglo cuando se produjo un notable desarrollo de la legislación internacional en materia de derechos humanos en el ámbito del agua y el saneamiento. Concretamente, en 2002 el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CDESC) aprobó la Observación General 15 (Naciones Unidas E/C.12/2002/11), que reconoce que el derecho al agua es un componente implícito, pero esencial, del derecho a disfrutar de un nivel de vida adecuado y del derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, consagrados en los artículos 11 y 12 del PIDESC. La Observación General define y delimita el alcance y contenido del derecho humano al agua, resaltando su importancia, toda vez que es indispensable para vivir dignamente y es condición previa para la realización de otros derechos humanos. Por su parte, el alcance del derecho al saneamiento fue caracterizado adecuadamente en un informe específico de 2009 de la entonces Experta Independiente Catarina de Alburquerque (A/HRC/12/24).

En julio de 2010, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó una resolución en la que se reconoce que el derecho al agua potable y el saneamiento es un derecho humano esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos humanos (A/RES/64/292). Dos meses después, en septiembre de 2010, el Consejo de Derechos Humanos, confirmó este derecho aclarando sus fundamentos, concretando que forma parte del derecho internacional y confirmando que es legalmente vinculante para los Estados firmantes del PIDESC (A/HRC/RES/15/9).

Posteriormente, en noviembre de 2010, el CDESC publicó una declaración en la que se hacía hincapié en el saneamiento como componente indispensable del derecho a un nivel de vida adecuado, pero que también está íntegramente relacionado con los derechos a la salud y la vivienda, contribuyendo así a un mayor reconocimiento del saneamiento como un derecho diferenciado (4 E/C.12/2010/1).

Recientemente, la Asamblea General de Naciones Unidas ha aprobado sucesivas resoluciones en las que reafirma su reconocimiento del derecho humano al agua y al saneamiento en diciembre de 2013 (A/RES/68/157) y diciembre de 2015 (A/RES/70/169) y el Consejo de Derechos Humanos hizo lo propio en octubre de 2016 (A/HRC/RES/33/10).

De esta forma, se han confirmado y reconocido los derechos al agua y al saneamiento como obligaciones jurídicamente vinculantes para todos los Estados partes en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y en otros tratados de derechos humanos. Además, se cuenta con documentos que los conceptualizan y caracterizan, especialmente los producidos por la anterior relatora y el actual relator especial sobre los derechos humanos al agua y al saneamiento[1].

EL DERECHO HUMANO AL AGUA Y AL SANEAMIENTO

Los derechos humanos al agua y al saneamiento están definidos en la Observación General 15 y en el Informe A/HRC/12/24 de acuerdo con los criterios siguientes:

  • Criterios fundamentales
  • Realización progresiva y acceso universal
  • No discriminación e igualdad sustantiva
  • Criterios normativos del derecho humano al agua y al saneamiento
  • Disponibilidad de una dotación y de un número de instalaciones de saneamiento suficientes. El acceso a las instalaciones debe ser posible hacerlo sin comprometer la seguridad física de las personas
  • Calidad adecuada del agua para el consumo; las instalaciones de saneamiento deben ser técnica e higiénicamente seguras
  • Aceptabilidad, especialmente desde el punto de vista cultural y en lo que respecta a las instalaciones de saneamiento
  • Accesibilidad; las instalaciones de abastecimiento y saneamiento deben ser accesibles de forma continua para todos los miembros del hogar
  • Asequibilidad; las instalaciones deben ser asequibles económicamente sin comprometer las condiciones de vida de los usuarios ni el disfrute de otras necesidades esenciales garantizadas por los derechos humanos, como la alimentación, la vivienda, y la salud
  • Criterios comunes con otros derechos humanos
  • Participación
  • Acceso a la información
  • Transparencia
  • Rendición de cuentas
  • Sostenibilidad

Es inmediato comprobar que los criterios normativos y los que son comunes con otros derechos humanos, que en realidad se pueden identificar con indicadores, configuran al abastecimiento y al saneamiento como servicios. De hecho, los criterios normativos se asimilan a indicadores que hay que tener en cuenta al definir los niveles de servicio, mientras que los comunes están relacionados con la gestión de los mismos.

Por lo que se refiere a los criterios fundamentales, el de la realización progresiva no solo exige un aumento continuo del número de personas atendidas con miras a lograr el acceso universal, sino también, y esto es muy relevante, la mejora continua de los niveles de los servicios con el objetivo de conseguir los de mayores prestaciones -acceso a los servicios en los hogares-, acordes con las aspiraciones de llegar a disfrutar un nivel de vida adecuado. Por último, el criterio de no discriminación entronca con el reto de conseguir el acceso universal, independientemente de circunstancias sociales, de género, políticas, económicas o culturales y está íntimamente relacionado con el principio de equidad.

En consecuencia, el derecho humano al agua y al saneamiento se configura como un derecho de prestación y obliga a los poderes públicos a proveer los servicios asociados de acuerdo con los criterios antedichos; de hecho, tal como se establece en la Observación General 15, los Estados están obligados a respetar el derecho al agua y al saneamiento -no se pueden eliminar servicios existentes ni obstaculizar el acceso a los mismos-, a protegerlo -evitar que agentes no estatales contaminen los recursos o que obstaculicen el acceso a los mismos-, y cumplirlo, siguiendo el principio de igualdad y no discriminación, adoptando las medidas oportunas para atender de manera prioritaria las necesidades de los grupos de población especialmente vulnerables.

Con la aproximación anterior, lo cierto es que los esfuerzos que se han llevado a cabo hasta ahora en la implementación del derecho humano al agua y al saneamiento en el contexto internacional se han centrado especialmente en el acceso (criterios normativos) en aras a paliar los descarnados déficit en las coberturas de abastecimiento y saneamiento que existen sobre todo en el sur global, mientras que en los países europeos, y concretamente en los más meridionales donde las políticas neoliberales han tenido mayores impactos sociales, se han focalizado especialmente en la lucha contra la pobreza hídrica (prohibición de cortes, mínimo vital; etc).

 

[1] Esta documentación está accesible en http://www.ohchr.org/EN/Issues/WaterAndSanitation/SRWater/Pages/SRWaterIndex.aspx.

CCOO y la PPCI organizan la proyección del documental ¿Trileros del agua?

El secretario de Medio Ambiente y Movilidad de CCOO, Mariano Sanz, interviene en la presentación del libro “Más claro agua, el plan de saqueo del Canal de Isabel II” y la proyección del

Proyección 13 de junio 2018.

documental “Trileros del agua”, que trata sobre la corrupción que rodea los procesos de privatización y sobre los argumentos y experiencias del movimiento de defensa de la gestión pública del agua y la remunicipalización, organizada por CCOO y la Plataforma contra la Privatización del Canal de Isabel II. Miércoles 13 de junio de 2018, 17:30h. en la Sala 13 Rosas de la sede de CCOO de Madrid (C/ Lope de Vega, 38 – 2ª planta).

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