Miles de familias temen sufrir cortes de agua, luz y gas con el fin de la moratoria de suministros a partir del 9 de agosto

28 de julio de 2021

Se avecina la tormenta perfecta en pleno agosto: coincidiendo con unas semanas en las cuales los precios de la energía eléctrica han batido récords históricos, el día 9 del próximo mes finaliza el plazo de la moratoria de cortes de suministro a hogares vulnerabilizados. A fecha de hoy, el Gobierno no ha informado si extenderá la prohibición de interrupciones más allá de ese día. A menos de dos semanas de esa posibilidad, las entidades sociales y los colectivos que luchamos por garantizar los servicios esenciales a toda la población exigimos al Presidente Sánchez y a la Ministra Ribera que prorroguen la protección contra los cortes de suministros básicos.

En este sentido, el Gobierno ya nos tiene acostumbrados a dilatar hasta la última semana la aprobación de las diferentes prórrogas del llamado “escudo social”. Este hecho causa gran angustia a todas las familias vulnerabilizadas que no saben si seguirán protegidas ante los cortes o no. La moratoria vigente se incluyó en el Real Decreto-ley 8/2021, publicado en el BOE sólo cuatro días antes del fin de la anterior. La medida, que comprende los suministros de agua, luz y gas, operará hasta el 9 agosto inclusive, si el Gobierno no lo enmienda.

A partir de entonces, si no se aprueba una ampliación de la misma, las familias volverían a quedar a expensas de las compañías suministradoras y, bajo la literalidad del texto (que suspende los plazos para los cortes, pero no pone el contador a cero), los cortes se podrían producir desde el mismo día 10 de agosto.

Cabe recordar que la moratoria ante los cortes de suministros se aprobó con motivo de la situación de especial vulnerabilidad que causó la emergencia de la COVID-19. A día de hoy, la pandemia, lejos de estar atajada, vive una quinta ola que tiene en vilo no solo a miles de familias, sino también a la capacidad de la sanidad pública para hacerle frente. En solo un mes, se han sumado a las estadísticas globales medio millón más de infectados, los hospitalizados han pasado de 2.300 a prácticamente 8.000, el porcentaje de camas que ocupan en los centros sanitarios de menos del 2 % a casi el 7 % y los ingresados en las UCI se doblaron. Esta crisis sanitaria ha tenido como consecuencia una crisis social de forma que durante el primer año de la pandemia el porcentaje de población en situación de carencia material severa pasó del 4,7 a un 7% mientras que las personas que admitieron no poder mantener su hogar a una temperatura adecuada se incrementó del 7,6 al 10,9%. Esta tendencia se ha agudizado durante 2021 de forma que en la actualidad las familias que no pueden afrontar el coste de los suministros del hogar representan una parte muy relevante de la población española a pesar de que  el número de beneficiarios del bono social sigue en cifras que no corresponden con las necesidades reales de la población más vulnerabilizada: 1.110.211 de beneficiarios del bono social en marzo de 2021.

Además, por si no fuera suficiente, nos encontramos en el caso de la electricidad en una burbuja de precios del mercado mayorista, que el pasado 21 de julio situó el MWh en 106,57€, récord histórico. Esta situación ha obligado a la Ministra Teresa Ribera a tomar medidas temporales, como la rebaja del IVA en la factura o la suspensión del impuesto a la generación.

Se puede caer en la trampa de pensar que la pobreza energética se sufre sólo en invierno y que en esta época del año esta problemática disminuye. Nada más lejos de la realidad. Mantener una temperatura adecuada en casa es imprescindible también en verano y las necesidades básicas como ducharse o cocinar no dependen de la estación del año. De hecho, el consumo energético aumenta en verano en determinadas zonas climáticas, especialmente en periodos de olas de calor, cada vez más frecuentes. Según el informe Estimaciones de la mortalidad atribuible a excesos de temperatura en España, en el verano de 2020 hubo 1.875 defunciones atribuibles al exceso de temperatura a nivel estatal. Un 56 % se produjo en agosto y un 90 % del exceso de mortalidad se concentró en las personas mayores de 74 años.

En este contexto, como venimos haciendo desde el pasado mes de diciembre, las diferentes entidades sociales y colectivos, exigimos una prórroga de la moratoria de cortes hasta que no se produzcan cambios estructurales en la actual normativa de protección de las familias vulnerabilizadas en materia de suministros básicos. Entre estos cambios, reclamamos:

  • Principio de precaución que obligue a las empresas suministradoras a consultar a los Servicios Sociales sobre la situación de la familia antes de cualquier corte y a garantizar el suministro si se produce una situación de vulnerabilidad.
  • Redefinición de la figura del consumidor vulnerable, que entre otras cuestiones comprenda los tres suministros e incremente los límites de renta, para responder a la realidad social de la ciudadanía. El Gobierno debe empezar a estudiar en este sentido la posible implementación de una tarifa social o mínimo vital para los suministros básicos esenciales.
  • Periodo de carencia sin cortes en todo el ámbito doméstico mientras las anteriores medidas no se implementen.
  • Costes de la pobreza energética asumidos por las empresas. Las facturas impagadas que se deriven de la aplicación del principio de precaución se sufragarán, de conformidad con un posterior desarrollo reglamentario, a través de un sistema de financiación participado al 100 % por las propias compañías de todos los segmentos implicados.
  • En el caso de empresas suministradoras de energía, cierre de convenios con las compañías suministradoras para sufragar las facturas impagadas por familias vulnerabilizadas desde el inicio de la pandemia y hasta que no se implementen las medidas definitivas.
  • Que se incorpore a la legislación al más alto nivel el Derecho Humano al Agua y al Saneamiento. Concretar en la normativa y reconocer por ley un mínimo vital de agua, para que todo el mundo tenga el mínimo de agua disponible para beber, cocinar y para la higiene básica.

Una vez más, el Gobierno tiene en su mano evitar un tsunami de cortes en pleno agosto. Las entidades y colectivos lo tenemos claro: ampliemos la moratoria hasta que se produzca una reforma estructural del actual sistema y protejamos a los hogares vulnerabilizados en plena quinta ola y escenario de escalada de precios de la electricidad.

Posteado por: redagua | 15 junio 2021

Una oportunidad para el derecho humano al agua

Artículo de LEANDRO DEL MORAL ITUARTE para el diario Público

En estos momentos se está debatiendo la incorporación al marco jurídico español de la nueva Directiva europea de agua de consumo humano (DAP), aprobada por el Parlamento y el Consejo de la Unión Europea, en diciembre de 2020, en sustitución de otra de 1998, ya desfasada. La elaboración de la nueva Directiva fue impulsada por la Iniciativa Ciudadana Right2Water «El derecho al agua y el saneamiento como derecho humano” que fue apoyada por cerca de 2 millones de ciudadanos europeos y muchas organizaciones sociales, entre ellas las que forman parte de la Red Agua Pública.

La reforma se basó en la idea de que el abastecimiento de agua no puede regirse por las normas del mercado interior, debe quedar fuera del proceso de liberalización, a la vez que tiene que cumplir condiciones estrictas de información, participación pública y rendición de cuentas. En la base de la nueva Directiva se situó también la evidencia de que el tradicional enfoque de control de la calidad en el punto de consumo (a final de tubería) está superado por los planteamientos ecosistémicos imprescindibles en el actual modelo de gestión de las masas de agua en el marco de las cuencas hidrográficas. Todo ello creó la expectativa de que la nueva Directiva supondría importantes avances, que, debido a las resistencias y capacidad de presión del lobby de las corporaciones privadas, no se han materializado en su totalidad. Sin embargo, gracias al principio de subsidiariedad establecido en el artículo 5 del Tratado de la UE, la transposición de la Directiva a la normativa española, que el Gobierno ya ha puesto en marcha por medio de un proyecto de Real Decreto, permite mejoras en contenidos que no han cubierto las expectativas mencionadas.

Uno de los temas más relevantes para la Red Agua Pública se refiere a la necesidad de que el Real Decreto haga una referencia explícita al derecho humano al agua en los términos recogidos en la Iniciativa Europea Right2Water, y que formalice la obligación de las administraciones públicas de protegerlo, promoverlo y defenderlo. El Real Decreto debería incluir la prohibición de los cortes de agua y la regulación de un suministro mínimo vital que permita hacer efectivo el derecho humano al agua para todos los ciudadanos, especialmente para los que se encuentren en situación de pobreza o exclusión social. Al referirse al acceso al agua, la DAP se refiere de manera especial a colectivos vulnerables desde una perspectiva étnica, cultural y de situaciones socioeconómicas específicas. Esto abre un espacio a la profundización contextualizada en este tema que afecta de manera lacerante a trabajadores agrícolas temporeros de las zonas de agricultura más intensiva y productiva del país, en las que a lo largo de la pandemia no se ha logrado siquiera establecer sistemas de suministro de agua de emergencia. A estos casos se unen otros como son los asentamientos sin acceso al agua en las periferias de las ciudades, así como los de los colectivos en situaciones de precariedad habitacional que padecen problemas similares.

La DAP introduce un enfoque de gestión del riesgo en todas las fases del sistema, incluidas las llamadas zonas de captación de los puntos de extracción. Los Estados miembros tienen la obligación de detectar los peligros y eventos peligrosos en estas zonas de captación que podrían causar el deterioro de la calidad del agua. Esta obligación de los Estados se debe materializar en los procesos de planificación de demarcaciones hidrográficas que ha entrado ya en su tercer ciclo de planificación. En este aspecto, en España es esencial mejorar la coordinación entre las autoridades competentes en materia de sanidad, planificación territorial, agraria y urbanística y las autoridades competentes en gestión del agua, de manera que se identifiquen adecuadamente todos los puntos de captación y se incorporen en el registro de las zonas protegidas de los planes hidrológicos de demarcación.  El proyecto de R.D. no avanza en la declaración de los perímetros de protección y obvias responsabilidades que corresponden a los organismos de cuenca.

En ese sentido, consideramos importante que en la versión final del R.D. se establezca la obligatoriedad de fijar perímetros de protección en todas las captaciones, con las correspondientes medidas de protección. Esto no debe conducir a ignorar que el principal problema actual no es solo la falta de declaración de perímetros de protección – hay unos 8000 declarados – sino la ausencia de planes de protección y de identificación de actuaciones que deben desarrollarse en los mismos.

En lo que se refiere al ámbito de la gobernanza, en el Anexo IV de la DAP se incluye la obligación de proporcionar información al ciudadano en distintos ámbitos importantes de la gestión del ciclo urbano del agua. Se echan en falta, sin embargo, algunos temas que se deberían incorporar en el marco jurídico español. Por ejemplo, no se garantiza nada sobre la información acerca de las condiciones contractuales que vinculan al operador del servicio con la administración pública responsable del agua; tampoco hay requisitos para la información sobre los flujos financieros (como la distribución de beneficios, pago de dividendos, honorarios de gestión).Es especialmente importante, en esta materia, la revisión en profundidad del Sistema de Información Nacional de Agua de Consumo (SINAC), que necesita una reforma urgente y profunda, orientada a convertirlo en un sistema de información pública que permita la participación de la ciudadanía en los distintos aspectos relacionados con la gobernanza del ciclo integral urbano del agua.

Por otra parte, respecto de la participación pública propiamente dicha en los procesos de decisión y específicamente en la elaboración de los instrumentos de planificación, el proyecto de R.D. no dice nada.  En estos temas también, la transposición al marco jurídico español tiene un importante margen de mejora, en sintonía con el abundante trabajo realizado en esta materia por las organizaciones integradas en la Red Agua Pública, que vienen haciendo detalladas propuestas de modelos e instrumentos concretos de participación pública en la gestión del ciclo urbano del agua. Es de mencionar también en este punto el informe de Joan Gaya en el proceso de elaboración del Libro Verde de la Gobernanza del Agua en España que el Ministerio de Transición Ecológica impulso antes de la pandemia.

Finalmente, el proyecto de R.D. ignora el debate sobre la prevalencia del modelo de gestión pública directa, de la resistencia a procesos de privatización y de impulso de experiencias de remunicipalización que constituyen el eje del movimiento social por el agua pública en España y en el conjunto de Europa. Aquí también, hay un recorrido posible para una transposición que quiera avanzar en la línea de lo que la racionalidad, el interés público y la experiencia más reciente en tiempos de pandemia muestran: la preferencia o prevalencia de un sistema público de gestión de un bien común, imprescindible, insustituible, institucionalizado como Derecho Humano y gestionado, necesariamente, en régimen de monopolio natural.

Posteado por: redagua | 15 junio 2021

imageEl 16 de diciembre de 2020 el Parlamento y el Consejo de la Unión Europea aprobaron la Directiva 2020/2184 relativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano. Esta normativa sustituyó a la entonces vigente que databa de 1998 y que estaba, a todas luces, desfasada. La revisión de la directiva estuvo motivada, en gran parte, por la presión que se consiguió a través de la Iniciativa Ciudadana Right2Water «El derecho al agua y el saneamiento como derecho humano”, que fue apoyada por cerca de 2 millones de ciudadanos europeos y por muchas organizaciones sociales que propugnaban que el abastecimiento de agua no puede regirse por las normas del mercado interior, debe quedar fuera del proceso de liberalización, a la vez que tiene que cumplir condiciones estrictas de información, participación pública y rendición de cuentas, todo ello en el contexto general del reconocimiento del derecho humano al agua.

A pesar de que el Parlamento europeo asumió las reivindicaciones de la iniciativa right2water, en el proceso de revisión de la directiva de 1998 se relegaron una parte importante de los planteamientos de la ciudadanía, de forma que la Directiva aprobada en diciembre de 2020, si bien supone un importante avance con respecto a la anterior, no cubre lo fundamental de las exigencias ciudadanas expresadas en la iniciativa right2water.

Atendiendo al principio de subsidiariedad contemplado en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea, el gobierno ha puesto en marcha el proceso de trasposición de la nueva directiva al ordenamiento español. Este proceso, que está siendo liderado por el Ministerio de Sanidad, se está llevado a cabo de una forma opaca sin que se propicie la participación de la ciudadanía en un tema en el que debe tener especial presencia, si se consideran los principios definitorios del derecho humano al agua.

En este contexto, la Red Agua Pública se ha dirigido por carta a la Ministra de Sanidad -que se adjunta-, denunciando esta circunstancia y ofreciendo su colaboración para que en la trasposición de la directiva europea se recojan las reivindicaciones ciudadanas que quedaron soslayadas en la directiva aprobada en diciembre de 2020. La carta se ha puesto en conocimiento a las titulares de los ministerios de Consumo y Transición Ecológica toda vez que también están directamente interesados en el proceso.

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9 de junio de 2021

La Red Agua Pública (RAP), es un espacio que aglutina a decenas de plataformas, organizaciones sociales, ambientales, sindicales y políticas del Estado español que promueven una visión del agua como bien común y servicio público, y luchan por la defensa de la gestión pública, sin ánimo de lucro, transparente y participativa de los servicios de abastecimiento y saneamiento.

Posteado por: redagua | 26 mayo 2021

Red Andaluza Nueva Cultura del Agua.

Este año organizamos la XIII Fiesta del Agua de Andalucía

El fin de semana del 28 al 30 de mayo celebramos la XIII Fiesta del Agua de Andalucía, en la que vamos a conmemorar el 20 aniversario de la creación de la Red Andaluza de la Nueva Cultura del Agua. En esta edición, debido a la pandemia, la fiesta será online, con un programa corto pero dinámica y entretenido. Mirad bien, que incluyen la presentación de varias e interesantes experiencias el viernes por la tarde, un programa de radio  y una mesa redonda con la participación de Julia Martínez, Directora Técnica de la Fundación Nueva Cultura del Agua, y miembros de la mesa social del agua de Andalucía. Este debate va a ser de gran relevancia ya que abordaremos uno de los temas más importantes que tenemos entre manos, las transición hídrica.

Para celebrar que la Red cumple 20 años se va a llevar a cabo un programa de radio en Radio Olavide en el que participará Pedro Arrojo, Relator Especial sobre los derechos humanos al agua potable y al saneamiento de las NNUU y se entrevistará a algunos de los representantes de los colectivos que forman la Red. Las entrevistas se intercalarán con música y otros recursos radiofónicos.

Este año, debido a la crisis sanitaria, la fiesta no se puede organizar en formato presencial. Para celebrar los 20 años de la Red Andaluza de la Nueva Cultura del Agua animamos a las organizaciones sociales a que el domingo por la mañana lleven a cabo visitas e itinerarios por los distintos paisajes del agua de Andalucía, siempre respetando las normas establecidas por las autoridades sanitarias. La idea es que de forma simultánea y en varios puntos de la comunidad se realicen excursiones y se difundan en tiempo real por las redes sociales, compartiendo el lema de la Fiesta del Agua.

PROGRAMA XIII FIESTA DEL AGUA EN ANDALUCIA_fin_logos

29 de abril de 2021

Queda poco más de una semana para que deje de estar en vigor el actual estado de alarma y algunas de las medidas asociadas al mismo. Una de ellas es la moratoria de cortes de suministro de electricidad, gas y agua para familias vulnerabilizadas, aprobada mediante un decreto-ley estatal a finales de diciembre, que se mantendrá vigente hasta las 00:00 horas del día 9 de mayo de 2021. A partir de entonces, cualquier empresa suministradora podrá promover el corte de suministro a una familia que haya realizado un solo impago, abriendo la puerta a una oleada de cortes desde esa fecha.

El pasado 14 de abril el presidente del Gobierno Pedro Sánchez anunció en el Congreso su voluntad de no prorrogar el estado de alarma, pero sí de ampliar durante tres meses todas las medidas de protección social en materia de desahucios y contratación de alquiler de viviendas. En su comparecencia, el presidente no hizo referencia expresa a la moratoria de cortes. Desde entonces, ningún representante del Gobierno ha aclarado si la prórroga de parte del llamado “escudo social” incluirá la garantía de suministro de agua y energía a usuarias vulnerables y hasta el momento, y a falta de diez días para la fecha, no se ha aprobado ninguna disposición a este respecto.

Por ello, las mismas entidades que venimos reclamando medidas valientes al Gobierno desde hace meses empezamos el pasado 9 de abril la campaña #TicTacCortes, en la cual advertimos de los enormes riesgos que supondría no mantener la actual moratoria hasta que se materialicen medidas estructurales que superen las actuales y deficientes herramientas de protección.

Diferentes ministerios llevan meses trabajando en una reforma del actual bono social eléctrico, una medida que tiene enormes carencias —tras una complicada burocracia, solo ofrece descuentos del 25 % o del 40 % sobre la factura— y no llega al conjunto de la población afectada por pobreza energética. En septiembre de 2020, el número de hogares acogidos se hundió tras acabar la prórroga automática decretada por el Gobierno a raíz de la crisis sanitaria. De 1.315.019 familias beneficiarias, se pasó a 1.168.542, un 11,1 % menos.

Así pues, diferentes entidades de todo el Estado hemos realizado encuentros con la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, y el ministro de Consumo, Alberto Garzón y sus respectivos equipos, para plantear propuestas concretas con el fin de proteger a los miles de familias que no pueden hacer frente a sus facturas de suministros básicos. Cabe destacar en este sentido que las diferentes moratorias aprobadas por el Gobierno a lo largo del último año no han planteado ninguna solución en relación a las deudas acumuladas por las familias durante este tiempo.

En virtud de lo cual, dichas entidades reclamamos las siguientes medidas con carácter urgente:

  • Principio de precaución que obligue a las empresas suministradoras a consultar a los Servicios Sociales sobre la situación de la familia antes de cualquier corte y a garantizar el suministro si se produce una situación de vulnerabilidad.
  • Redefinición de la figura del consumidor vulnerable, que entre otras cuestiones abarque los tres suministros e incremente los límites de renta, para responder a la realidad social de la ciudadanía.
  • Periodo de carencia sin cortes en todo el ámbito doméstico mientras las anteriores medidas no se implementen.
  • Costes de la pobreza energética asumidos por las empresas. Las facturas impagadas que deriven de la aplicación del principio de precaución se sufragarán, de conformidad con un posterior desarrollo reglamentario, a través de un sistema de financiación participado al 100 % por las propias compañías de todos los segmentos implicados.
  • En el caso de empresas suministradoras de energía, cierre de convenios con las compañías suministradoras para sufragar las facturas impagadas por familias vulnerabilizadas durante el último año y hasta que no se implementen las medidas definitivas.

Por lo que respecta al último punto, el convenio cerrado en Catalunya con Endesa hace un mes, a través del cual la compañía asume más del 73 % de los impagos de familias en situación de vulnerabilidad entre 2015 y 2020, abre el camino para que se formalicen acuerdos similares en el conjunto del Estado con las empresas implicadas. En un momento de máxima fragilidad como el actual, las empresas que hacen negocio con servicios esenciales y bienes básicos para la vida, como la energía y el agua, deben responsabilizarse de los efectos de la pobreza energética.

Ahora la pelota está en el tejado del presidente Sánchez, la ministra Ribera y el resto del Gobierno de coalición formado por el PSOE y Unidas Podemos. Después de todo lo vivido, ¿vamos a dejar en la estacada a miles de familias? No podemos permitir, a las puertas de una crisis social y económica sin precedentes, que se pueda producir una oleada de cortes de suministro.

Alianza contra la Pobreza Energética

Plataforma Aigua és Vida

Ecologistas en Acción

Enginyeria Sense Fronteres

Plataforma por un Nuevo Modelo Energético

Red Agua Pública

Tenemos la gran noticia que compartir de que se ha alcanzado el objetivo que teníamos con la recaudación para cubrir las costas procesales impuestas por el TSJM al desestimar el recurso interpuesto por la FRAVM, consecuente con la estrategia que se decidió en la PCPCYII para intentar paralizar el proyecto de privatización del Canal de Isabel II impulsado por el gobierno de Esperanza Aguirre.

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Os pedimos que, con urgencia, remitáis esta información a quienes hayáis enviado la solicitud de ayuda solidaria para evitar que se supere la cantidad necesaria. En el excel utilizado para el seguimiento de los ingresos podréis seguir la evolución de la recaudación durante los próximos días, que esperamos refleje aportaciones residuales que no sumen más de los 6841€ necesarios.

Nos queda agradeceros sinceramente vuestro apoyo solidario a quienes hayáis colaborado económicamente, difundido o apoyado anímicamente. Estas son ocasiones para demostrarnos entre todas y todos, que el apoyo entre quienes luchamos por los servicios públicos, la justicia social y la defensa de los derechos humanos, nos permite continuar con más fuerza para alcanzar una vida digna para toda la ciudadanía.
Abrazos fraternales

Ante la convocatoria anticipada de elecciones autonómicas el 4 de mayo, una veintena de organizaciones sociales hemos concretado una serie de propuestas destinadas a conseguir en nuestra Comunidad una gestión pública, sin ánimo de lucro, democrática, transparente y participativa del ciclo integral urbano del agua, y al reconocimiento e implementación de los derechos humanos al agua y al saneamiento.

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Estas propuestas las hemos presentado a las candidaturas que acuden a las elecciones con el objetivo de que las asuman y las recojan en sus respectivos programas electorales.
En el acto se pretende que los representantes de las candidaturas asistentes manifiesten su opinión sobre dichas propuestas y concreten el alcance y contenido de sus programas electorales respecto al ciclo urbano del agua.

                                      PROGRAMA
     * Presenta y modera el acto: Nuria Hernández-Mora (FNCA)
     * Presenta las propuestas de las organizaciones sociales: Enrique Ortega (RAPM)
     * Intervenciones de representantes de las candidaturas que se  presentan a las elecciones.
     * Intervenciones de las personas participantes en al acto
Convoca: Red de Agua Pública de la Comunidad de Madrid

Miércoles 14 de abril
Hora: 19:00 h
Acceso al actohttps://youtu.be/67SA86SZa44

La Adrada (Ávila) 15 de marzo. Los vecinos de La Adrada, agrupados en el colectivo de defensa de usuarios y consumidores Espacio Vecinal de La Adrada, expresamos nuestra preocupación por las condiciones de las aguas de abastecimiento y las infraestructuras de saneamiento y depuración, tras la publicación, en la web municipal de las analíticas encargadas por el Ayuntamiento de esta localidad.

Estas analíticas muestran una serie de episodios cronificados y variaciones en lo referente al número de bacterias cultivables a 22°C durante los veranos, sobrepasando en algunos casos los valores límite establecidos en la legislación para este parámetro. 

Durante el periodo estival, se destaca el valor organoléptico del color que acompaña en determinadas ocasiones a valores altos de materia orgánica.

Por ello y ante la celebración el próximo 22 de marzo, del Día Mundial del Agua, los vecinos requerimos al Ayuntamiento la adopción de medidas que permitan solventar estas incidencias en las condiciones del agua y las infraestructuras.

En los análisis correspondientes a los meses más calurosos se puede observar que, a pesar de que los niveles de cloro son adecuados, no se someten a reducción los valores de bacterias.

Estos ensayos analíticos son extensivos tanto a la estación de tratamiento de aguas potables como a depósitos y fuentes municipales. Lo que parecen indicar estos estudios a priori, con los datos que actualmente se tienen, es que el origen de estos valores alterados podría deberse a:

1.- Una eficacia disminuida de la estación de tratamiento o una regulación poco precisa que provocaría en determinados momentos una reducción limitada de los parámetros estudiados.

2.- Reservorios de agua natural, probablemente contaminados para los cuales las actuales infraestructuras no serían adecuadas o bien,  tal vez,  las aguas no fueran en su momento aceptables a nivel de potabilización.

Reclamamos, por ello,  una mejora importante de las infraestructuras de potabilización reinvirtiendo en el servicio de abastecimiento y saneamiento la recaudación del recibo del agua y el canon concesional”, ha señalado el portavoz del espacio vecinal, José Manuel Rodríguez.

Los datos publicados corresponden a los ensayos analíticos realizados por encargo del Ayuntamiento tanto en la Estación Depuradora de Aguas Residuales(EDAR) de 2020 como a las analíticas de aguas potables y depósitos de la Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) correspondientes a los años 2018, 2019 y 2020.

Por todo ello, según la plataforma vecinal, resultaría altamente recomendable, establecer una hoja de ruta  que anticipase estos valores situados fuera de los umbrales límite durante los veranos con actuaciones en:

1.- Control de las aguas naturales mediante análisis regulares de aguas para establecer la idoneidad de las mismas.

2.- Seguimiento de valores de la planta potabilizadora en continuo en lo referente a los valores de cloro en la operación y en la recloración.

El espacio vecinal recomienda encarecidamente al Ayuntamiento la realización de un nuevo protocolo de autocontrol del abastecimiento en el que se tengan en cuenta las directrices a llevar a cabo en los casos que se identifiquen parámetros por encima de lo establecido a través de controles paralelos de laboratorio, mediante seguimiento del funcionamiento y la mejora de las infraestructuras de potabilización (captación, aducción y potabilización).

“El agua es un recurso natural indispensable para la vida. Un agua saludable, accesible, disponible, aceptable y de calidad, pero también asequible al bolsillo, cuya gestión ha de ser sostenible, participativa y transparente”, recuerda el portavoz vecinal.

La Plataforma vecinal defiende desde su origen que lo recaudado a través del recibo del agua ha de servir,  no para costear los gastos de una piscina municipal como se pretendiósino para renovar, insisten, infraestructuras propias utilizando para ello también el canon concesional que recibe el Ayuntamiento de la empresa concesionaria para ese menester.

Viernes 19 de marzo de 2021

Hora 18:00 h

Acceso al acto: https://youtu.be/kWG6QGtAHA0

PRESENTACIÓN

El 22 de marzo de cada año, por iniciativa de Naciones Unidas, se conmemora el día mundial del agua con el objetivo de llamar la atención sobre la problemática general del agua a través de temas relevantes; en 2021 se ha elegido incidir en los valores del agua, circunstancia que es un buen punto de partida para que la Red Agua Pública organice un acto en el que se vuelva a reivindicar al agua como un bien común, que detenta la consideración de derecho humano que debe ser gestionada sin ánimo de lucro y desde la esfera pública.

En el acto se pretende poner en evidencia los retos más relevantes que debe encarar en el corto plazo el movimiento por el agua pública que, en un contexto de  crisis sanitaria y climática, se refieren al reconocimiento legal y la implementación de los derechos humanos al agua y al saneamiento, oposición a la privatización, mercantilización y financiarización del agua, favorecer la consecución de modelos de gestión públicos, democráticos y transparentes de los servicios del ciclo urbano del agua, impulsar la participación ciudadana y fortalecer el marco regulador de estos servicios respetando las competencias de los municipios, en tanto que titulares de los mismos.

El acto los retos de la gestión pública y democrática del agua urbanase inscribe en los debates previos a la conmemoración del día mundial del agua #water2me

PROGRAMA

Presentación y moderación: María Giménez, Red Agua Pública

Intervención inicial: Pedro Arrojo, Relator Especial sobre los derechos humanos al agua potable y al saneamiento

Principales problemas y retos en la situación actual: Erika González Briz, Ecologistas en Acción

Los derechos humanos al agua potable y al saneamiento: Ángela Lara, Fundación Nueva Cultura del Agua

La participación ciudadana en la gestión del ciclo urbano del agua: Miriam Planas, Aigua és Vida

El marco regulador del ciclo urbano del agua: Gonzalo Marín, Red Agua Pública de Madrid

Debate

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