Tenemos la gran noticia que compartir de que se ha alcanzado el objetivo que teníamos con la recaudación para cubrir las costas procesales impuestas por el TSJM al desestimar el recurso interpuesto por la FRAVM, consecuente con la estrategia que se decidió en la PCPCYII para intentar paralizar el proyecto de privatización del Canal de Isabel II impulsado por el gobierno de Esperanza Aguirre.

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Os pedimos que, con urgencia, remitáis esta información a quienes hayáis enviado la solicitud de ayuda solidaria para evitar que se supere la cantidad necesaria. En el excel utilizado para el seguimiento de los ingresos podréis seguir la evolución de la recaudación durante los próximos días, que esperamos refleje aportaciones residuales que no sumen más de los 6841€ necesarios.

Nos queda agradeceros sinceramente vuestro apoyo solidario a quienes hayáis colaborado económicamente, difundido o apoyado anímicamente. Estas son ocasiones para demostrarnos entre todas y todos, que el apoyo entre quienes luchamos por los servicios públicos, la justicia social y la defensa de los derechos humanos, nos permite continuar con más fuerza para alcanzar una vida digna para toda la ciudadanía.
Abrazos fraternales

Ante la convocatoria anticipada de elecciones autonómicas el 4 de mayo, una veintena de organizaciones sociales hemos concretado una serie de propuestas destinadas a conseguir en nuestra Comunidad una gestión pública, sin ánimo de lucro, democrática, transparente y participativa del ciclo integral urbano del agua, y al reconocimiento e implementación de los derechos humanos al agua y al saneamiento.

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Estas propuestas las hemos presentado a las candidaturas que acuden a las elecciones con el objetivo de que las asuman y las recojan en sus respectivos programas electorales.
En el acto se pretende que los representantes de las candidaturas asistentes manifiesten su opinión sobre dichas propuestas y concreten el alcance y contenido de sus programas electorales respecto al ciclo urbano del agua.

                                      PROGRAMA
     * Presenta y modera el acto: Nuria Hernández-Mora (FNCA)
     * Presenta las propuestas de las organizaciones sociales: Enrique Ortega (RAPM)
     * Intervenciones de representantes de las candidaturas que se  presentan a las elecciones.
     * Intervenciones de las personas participantes en al acto
Convoca: Red de Agua Pública de la Comunidad de Madrid

Miércoles 14 de abril
Hora: 19:00 h
Acceso al actohttps://youtu.be/67SA86SZa44

La Adrada (Ávila) 15 de marzo. Los vecinos de La Adrada, agrupados en el colectivo de defensa de usuarios y consumidores Espacio Vecinal de La Adrada, expresamos nuestra preocupación por las condiciones de las aguas de abastecimiento y las infraestructuras de saneamiento y depuración, tras la publicación, en la web municipal de las analíticas encargadas por el Ayuntamiento de esta localidad.

Estas analíticas muestran una serie de episodios cronificados y variaciones en lo referente al número de bacterias cultivables a 22°C durante los veranos, sobrepasando en algunos casos los valores límite establecidos en la legislación para este parámetro. 

Durante el periodo estival, se destaca el valor organoléptico del color que acompaña en determinadas ocasiones a valores altos de materia orgánica.

Por ello y ante la celebración el próximo 22 de marzo, del Día Mundial del Agua, los vecinos requerimos al Ayuntamiento la adopción de medidas que permitan solventar estas incidencias en las condiciones del agua y las infraestructuras.

En los análisis correspondientes a los meses más calurosos se puede observar que, a pesar de que los niveles de cloro son adecuados, no se someten a reducción los valores de bacterias.

Estos ensayos analíticos son extensivos tanto a la estación de tratamiento de aguas potables como a depósitos y fuentes municipales. Lo que parecen indicar estos estudios a priori, con los datos que actualmente se tienen, es que el origen de estos valores alterados podría deberse a:

1.- Una eficacia disminuida de la estación de tratamiento o una regulación poco precisa que provocaría en determinados momentos una reducción limitada de los parámetros estudiados.

2.- Reservorios de agua natural, probablemente contaminados para los cuales las actuales infraestructuras no serían adecuadas o bien,  tal vez,  las aguas no fueran en su momento aceptables a nivel de potabilización.

Reclamamos, por ello,  una mejora importante de las infraestructuras de potabilización reinvirtiendo en el servicio de abastecimiento y saneamiento la recaudación del recibo del agua y el canon concesional”, ha señalado el portavoz del espacio vecinal, José Manuel Rodríguez.

Los datos publicados corresponden a los ensayos analíticos realizados por encargo del Ayuntamiento tanto en la Estación Depuradora de Aguas Residuales(EDAR) de 2020 como a las analíticas de aguas potables y depósitos de la Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) correspondientes a los años 2018, 2019 y 2020.

Por todo ello, según la plataforma vecinal, resultaría altamente recomendable, establecer una hoja de ruta  que anticipase estos valores situados fuera de los umbrales límite durante los veranos con actuaciones en:

1.- Control de las aguas naturales mediante análisis regulares de aguas para establecer la idoneidad de las mismas.

2.- Seguimiento de valores de la planta potabilizadora en continuo en lo referente a los valores de cloro en la operación y en la recloración.

El espacio vecinal recomienda encarecidamente al Ayuntamiento la realización de un nuevo protocolo de autocontrol del abastecimiento en el que se tengan en cuenta las directrices a llevar a cabo en los casos que se identifiquen parámetros por encima de lo establecido a través de controles paralelos de laboratorio, mediante seguimiento del funcionamiento y la mejora de las infraestructuras de potabilización (captación, aducción y potabilización).

“El agua es un recurso natural indispensable para la vida. Un agua saludable, accesible, disponible, aceptable y de calidad, pero también asequible al bolsillo, cuya gestión ha de ser sostenible, participativa y transparente”, recuerda el portavoz vecinal.

La Plataforma vecinal defiende desde su origen que lo recaudado a través del recibo del agua ha de servir,  no para costear los gastos de una piscina municipal como se pretendiósino para renovar, insisten, infraestructuras propias utilizando para ello también el canon concesional que recibe el Ayuntamiento de la empresa concesionaria para ese menester.

Viernes 19 de marzo de 2021

Hora 18:00 h

Acceso al acto: https://youtu.be/kWG6QGtAHA0

PRESENTACIÓN

El 22 de marzo de cada año, por iniciativa de Naciones Unidas, se conmemora el día mundial del agua con el objetivo de llamar la atención sobre la problemática general del agua a través de temas relevantes; en 2021 se ha elegido incidir en los valores del agua, circunstancia que es un buen punto de partida para que la Red Agua Pública organice un acto en el que se vuelva a reivindicar al agua como un bien común, que detenta la consideración de derecho humano que debe ser gestionada sin ánimo de lucro y desde la esfera pública.

En el acto se pretende poner en evidencia los retos más relevantes que debe encarar en el corto plazo el movimiento por el agua pública que, en un contexto de  crisis sanitaria y climática, se refieren al reconocimiento legal y la implementación de los derechos humanos al agua y al saneamiento, oposición a la privatización, mercantilización y financiarización del agua, favorecer la consecución de modelos de gestión públicos, democráticos y transparentes de los servicios del ciclo urbano del agua, impulsar la participación ciudadana y fortalecer el marco regulador de estos servicios respetando las competencias de los municipios, en tanto que titulares de los mismos.

El acto los retos de la gestión pública y democrática del agua urbanase inscribe en los debates previos a la conmemoración del día mundial del agua #water2me

PROGRAMA

Presentación y moderación: María Giménez, Red Agua Pública

Intervención inicial: Pedro Arrojo, Relator Especial sobre los derechos humanos al agua potable y al saneamiento

Principales problemas y retos en la situación actual: Erika González Briz, Ecologistas en Acción

Los derechos humanos al agua potable y al saneamiento: Ángela Lara, Fundación Nueva Cultura del Agua

La participación ciudadana en la gestión del ciclo urbano del agua: Miriam Planas, Aigua és Vida

El marco regulador del ciclo urbano del agua: Gonzalo Marín, Red Agua Pública de Madrid

Debate

  • En el encuentro, le trasladamos un documento con propuestas concretas en materia de suministros que hacemos público hoy
  • Tras conseguir la ampliación de la moratoria de cortes hasta mayo, las entidades seguimos trabajando para implementar el principio de precaución y mejorar la figura del consumidor vulnerable

12 de febrero de 2021

El pasado miércoles, 10 de febrero, representantes de diferentes entidades y movimientos sociales que abogamos por la defensa de la energía y el agua como derechos y que trabajamos en el día a día con personas afectadas nos reunimos con el Ministro de Consumo, Alberto Garzón, para trasladarle una serie de propuestas en materia de pobreza energética y suministros básicos, que hoy hacemos públicas y que consideramos imprescindibles para hacer frente a la actual situación.

El encuentro se produce tras la aprobación en enero por parte del propio Ministerio de un real decreto-ley que introduce la figura del consumidor vulnerable y que ofrece el marco general para que las distintas normativas sectoriales desarrollen los derechos asociados a él. Por ello, le facilitamos un documento con las principales medidas consensuadas que deberían aprobarse cuanto antes en materia de energía y de desarrollo del derecho humano al agua, entre las cuales se encuentran:

  • Ampliación de los actuales baremos de renta del consumidor vulnerable de energía eléctrica y aplicación a los suministros de agua y gas.
    1. Ejemplo: en el caso de unidades familiares sin menores, ampliación del límite actual para la consideración de vulnerable (11.862,90€/año) a uno más garantista y acorde a la realidad socioeconómica de la ciudadanía (19.771,50€/año).
  • Mejora de la información: mayor transparencia y claridad
    1. Implementación de formatos homogéneos de comunicación en los casos de cambios de compañía con modelos creados por parte de los ministerios competentes.
    2. Deber de remitir una comunicación anual a todos los consumidores eléctricos y de gas en mercado libre y regulado sobre las características del mercado regulado y el bono social y sus requisitos de acceso.
    3. Reserva de presupuesto estatal para la creación por parte de los ayuntamientos y los consejos comarcales de oficinas de atención al consumidor energético, en las cuales poder tramitar optimizaciones de facturas, consultas contractuales y resolución de conflictos con las compañías suministradoras.
    4. Impulso de sistemas de información públicos que garanticen a la ciudadanía el acceso de los datos relevantes de los servicios básicos
  • Prohibición de ciertas prácticas de reclamación de deuda a consumidores vulnerables:
    1. Prohibición de ceder la reclamación de deuda de consumidores vulnerables a terceros actores.
    2. Obligación por parte de las compañías de disponer de un servicio específico de atención a los consumidores vulnerables.
    3. Limitación del número de comunicaciones y/o llamadas a consumidores vulnerables y limitaciones del contenido de las mismas, excluyendo la posibilidad de incluir escritos judiciales no presentados.
    4. Facilitación del acceso a representación letrada gratuita para cualquier procedimiento judicial de reclamación de cantidades (sin importar la cuantía).
  • Protección especial de los suministros considerados esenciales (dependientes energéticos).
    1. Ampliación de la figura del suministro esencial, para que pueda contemplar el suministro eléctrico ininterrumpido para otros tratamientos médicos que se realizan en los hogares y cuyas medicaciones requieren refrigeración continua, como pueden ser los tratamientos con insulina, por ejemplo.
    2. Flujo ininterrumpido de energía en las comunidades de vecinos donde viven personas con movilidad reducida, para poder facilitar su acceso a todo tipo de tratamientos médicos o para la recarga de elementos como las sillas de ruedas eléctricas.
    3. En los casos de especial vulnerabilidad, garantizar la cantidad suficiente de agua que permita el disfrute de una vida digna

Podéis acceder al documento completo aquí

La reunión con el Ministro y su equipo se desarrolló en un tono cordial y tanto el Ministerio como las organizaciones se emplazaron a seguir trabajando de forma conjunta por la implementación de las medidas propuestas, teniendo en cuenta que algunas de estas demandas apelan a competencias de diferentes ministerios.

La reunión del miércoles da continuidad a la que las mismas entidades mantuvimos con la Ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, el pasado diciembre, en la cual reclamamos la implementación del principio de precaución para evitar la interrupción del suministro a familias vulnerabilizadas y un periodo sin cortes hasta entonces, así como la redefinición de la figura de consumidor vulnerable en materia de suministros.

Tras conseguir la ampliación de la moratoria de cortes hasta el 9 de mayo, las diferentes entidades seguimos luchando de forma conjunta para que se aprueben diferentes medidas que mejoren la vida de las millones de personas en el Estado español que padecen pobreza energética y viven a merced de las grandes compañías. Esperamos que la reunión con el Ministro Garzón sea el primer paso para un marco de colaboración que dé sus frutos y consiga este fin.

Además, acusa al equipo de gobierno jerezano de contraponer lo acordado por el Pleno Municipal, que al observar la anomalía legal, votó en su mayoría de concejales, en contra.

El Equipo de gobierno, con su alcaldesa a la cabeza, está sobrepasando todas las líneas morales y legales, con tal de beneficiar descaradamente a la multinacional que se hizo con el servicio de aguas de Jerez, en 2.013; actúan con nocturnidad y alevosía, despreciando las vías democráticas legales, que rigen las actuaciones dentro del marco de las administraciones públicas y grava impunemente los intereses de los ciudadanos.

La Trama del Agua de Jerez, a la cabeza de los casos sucios de privatización de servicios públicos, en España.

El “diario de sesiones” de la venta del agua de nuestro municipio, supera todo lo vivido, -vergonzosamente- en otros casos similares de nuestra geografía española, como podemos citar Alcázar de San Juan, Candeleda, Cartagena, Barbate o el mismo Puerto de Santa María.

La trama del agua montada en Jerez, ha sabido hacer su trabajo sucio, para que la privatización en un principio, se llevara a cabo y luego mantener férreamente blindados los beneficios de la concesionaria.

A punto de cumplir diez años de la gestación de la venta de este servicio, y ocho de su alumbramiento, hemos sido testigo de las malas prácticas de esta trama. A sabiendas de que para que estas personas, políticos y técnicos, actúen de esta manera tan descaradamente en favor de una empresa privada, aun sabiendo del perjuicio de sus vecinos; tiene que haber un móvil o motivación perniciosa y delictiva. Dicho de otra palabra, que estas empresas -especialistas en este tipo de praxis- están presuntamente incentivando a estos elementos, para que intervengan de esta manera tan vil, cuales mercenarios de la multinacional.

Desgraciadamente, ayudados y escudados tras el muro que supone poseer todos los recursos del mundo para inhabilitarnos e imposibilitar nuestro trabajo de fiscalización; no podemos demostrar con pruebas fehacientes para un juzgado dicha actuación contra los intereses de la ciudad; pero somos sabedores de que detrás de todo este montante, hay más que dudas o sospechas razonables de actuaciones presuntamente delictivas.

Casi diez años a la espalda de esta coordinadora, que se mantiene firme en sus objetivos; la remunicipalización del agua de Jerez, la dignificación y el interés de nuestra sociedad civil y la garantía del Derecho Humano de todas nuestras familias.

Entre los más sospechosos de esta actuación ruin que denunciamos, cabe citar a todos los concejales que levantaron las manos para que FCC se colara en nuestros grifos; al equipo de gobierno actual, que tras sus dos legislatura, habiéndose comprometido en luchar por la recuperación del servicio, ha cedido y se comporta justamente de modo contrario, defendiendo los intereses de la multinacional; a la alcaldesa de Guadalcacín, que juró y perjuró su compromiso por el agua pública y ahora se inclina a los engaños de la trama y pretende todo lo contrario; al alcalde de Estella, que trabaja su doble moral, vendiendo su voluntad por lo mejor para su pueblo, cuando lo que hace es desheredar a su gente y meterles al lobo en su corral.

Pero de destacar el descaro, la desfachatez y la bajeza demostrada por el delegado de Medio Ambiente, José Antonio Díaz en su permanente defensa de los intereses de Aqualia. Actitud solo igualada si cabe, por el actual alcalde de Torrecera Francisco Arcilla; nos resulta patético y de mucha indignación y de pena, que este pueblo rural, con alto badaje de honestidad popular, tenga que soportar las indigencias y actitud pistolera, de un alcalde, que vino a dar al traste con todo un recorrido de honor protagonizado por Manuel Bertolet, que en ningún momento cedió a los caramelos de la trama y se mantuvo firme, aguantando balazos continuos venidos por todos los lados.

Aqualia manosea y hurga, afectando sustancialmente la gestión del ayuntamiento y por lo tanto la vida de todos los jerezanos.

Para la multinacional, que actúa manipulando voluntades, hasta el extremo de ser la mano que mece la cuna en buena parte de la gestión de este ayuntamiento, que afecta muy directamente a nuestra ciudadanía; el acceso de este alcalde a Torrecera (supuestamente apoyado por la empresa), supuso dar la estocada a todo abismo de dignidad ciudadana y de lucha estoica de Bertolet. Pero a su vez, tenía que contar con el beneplácito de la mayoría plenaria de la ciudad, y ahí es donde, se le tuerce un poco su pretensión.

El Pleno dice que no, y ¿cuál será la motivación o incentivación personal, económica o política partidista, para que este equipo de gobierno rompa todas las normas, se salte a la torera la regulación vigente para las contrataciones del sector público y “a dedo” ponga en los brazos del lobo Aqualia, al cordero que representa el pueblo de Torrecera?.

De destacar la actuación del grupo municipal IU Jerez, que una vez más, desde el primer día de la constitución de esta coordinadora, ha demostrado cual es el grado de compromiso con nuestra causa social. Ha puesto en riesgo incluso mucho del trabajo que estaban desarrollando dentro del Consistorio y han dicho “basta ya y por aquí no pasamos”. Sin menoscabo del apoyo, lealtad y esfuerzo del resto de los grupos que componen esta coordinadora, tales como Ganemos Jerez, Anticapitalistas Jerez, Podemos, así como la UGT, las CCOO, la CGT, Ecologgistas en Acción, Facua y otros grupos sociales.

Esta coordinadora pondrá en manos de la justicia estos acontecimientos y no descansará hasta que esta trama presuntamente delictiva caiga y deje de hacer daño a nuestra sociedad.

Es una nota de prensa enviada a este medio por la Coordinadora del Agua de Jerez. Para más información, contactar por medio de: teléfonos 662 697 415//629 737 623. email: jereznovendeagua@gmail.com 

El proveïment d’aigua i el sanejament d’aigües residuals són serveis públics bàsics que, entre altres coses contribueixen a l’exercici de drets humans fonamentals reconeguts per l’Organització de Nacions Unides (ONU). Aquest caràcter fonamental s’ha vist reforçat durant l’estat d’alarma decretat pel govern d’Espanya per frenar l’expansió del coronavirus al establir que “els serveis d’aigua i sanejament d’aigües residuals passen a ser serveis essencials per garantir els nivells de salubritat i higiene”.

Els drets humans queden plenament garantits quan la gestió és pública i no està condicionada pels interessos mercantilistes que imposa el mercat. Així ha estat reconegut en un recent informe de Nacions Unides dirigit per Léo Heller, relator especial de el dret humà a l’aigua en el qual s’afirma que “existeixen riscos específics per a gaudir dels drets humans a l’aigua i al sanejament en els casos de privatització “.

La gestió pública de l’abastament i sanejament és la forma majoritària que utilitzen els països de la Unió Europea per a la prestació d’aquests serveis. L’estat espanyol és un dels pocs en què la gestió privada encara és la forma majoritària de prestació d’aquests serveis en contra de les tendències marcades pels seus socis europeus.

La realitat de la gestió de l’aigua a la Comunitat Valenciana, és que el servei d’abastament i sanejament està en mans privades en més d’un 95% (concessions directes i empreses mixtes), conseqüència de la febre privatitzadora del Partit Popular i la seua clara aposta per la gestió privada, a la que els governs del Botànic encara no han posat fre.

La gestió pública dels serveis bàsics és una exigència que s’ha manifestat, si cap, amb més força durant la crisi sanitària que ara patim. Els Estats Europeus i en particular l’Espanyol han estat conscients el paper vital que exerceixen els serveis de proveïment i sanejament per a la salut de les persones i el funcionament de la societat, d’aquí la necessitat de protegir-los dels interessos mercantilistes.

La societat valenciana, el pobles i ciutats del nostre País, necessitem urgentment recuperar la gestió pública de l’aigua, mitjançant una remunicipalització d’aquest servei essencial.

Tornar a fer d’EGEVASA una empresa 100% pública, recuperant el seu esperit fundacional, és una oportunitat per a disposar d’un instrument públic de suport tècnic i de gestió als municipis que volen millorar els serveis d’abastament i de sanejament recuperant la gestió directa, tot contribuint a la correcció dels desequilibris generats per la situació de oligopoli de fet en el mapa de concessions de la província de València. D’aquesta manera es donaria compliment als acords assolits pels partits que van signar el Pacte de Botànic de: “continuar treballant en la recuperació dels serveis públics privatitzats , reforçar les estructures i entitats públiques en el Cicle Urbà de l’Aigua i assessorar els municipis per millorar la seva gestió.”

Des de la Xarxa Valenciana per l’Aigua Pública entenem que una EGEVASA pública 100% seria l’instrument per fer possible aquesta política de garantir el dret humà a l’aigua i la gestió pública de l’abastament i el sanejament.

*La Xarxa Valenciana per l’Aigua Púbica, està formada per Acció Ecologista-Agró, Confederació d’Associacions de Veïns CAVE-COVA, CCOO, Ecologistes en Acció, Enginyeria Sense Fronteres, Fundació Nova Cultura de l’Aigua, H2O Paterna, Heterodòxia Castelló, No als Tractats Desiguals, Intersindical Valenciana, La Ribera en Bici, Unió de Llauradors i Ramaders i Xúquer Viu.

Antecedents d’EGEVASA

El 1988 es crea per la Diputació de València, l’Empresa General Valenciana de l’Aigua (EGEVASA) amb capital 100% públic amb l’objectiu de “portar a terme els serveis i activitats relatives a la gestió del cicle integral de l’aigua, així com l’execució d’obres i instal·lacions relacionades amb ell”. Durant els primers anys de la seua existència EGEVASA va ser un referent de la gestió del cicle de l’aigua (abastiment d’aigua potable i depuració de residuals) pel seu recolzament als municipis, especialment als menuts.

El menyspreu pel valor del que és públic juntament amb l’interès desencadenat a la fi dels anys noranta pel control empresarial de la gestió de l’aigua en els municipis valencians va precipitar la privatització d’EGEVASA a favor de l’actual GLOBAL OMNIUM. En l’any 1995 el PP accedeix a la Presidència de la Diputació de València i la seua gestió desastrosa d’EGEVASA la porta a una situació de descontrol absolut. Les despeses generals de l’empresa es disparen per la contractació massiva de personal adepte al partit. A juliol de 1998, la sort de l’empresa estava decidida. Es redacta el plec per al concurs de privatització del 49% de les accions i es privatitza EGEVASA. Una vegada privatitzada EGEVASA, després d’uns anys en mans de LUBASA-FACSA -Banc de València, acaba en mans de Aguas de Valencia S.A. (ara rebatejada com a Global Omnium).

En els vint anys transcorreguts, l’interès mercantilista ha prevalgut sobre el públic i la gestió dels seus responsables ha llançat massa ombres sobre les pràctiques realitzades i la seua legalitat. Aquí hi ha la qüestionada legalitat d’alguns convenis interadministratius, el cas d’Aigües de Calp, o el vergonyós procés penal per suborn que encara està pendent de judici en els tribunals que podria fins i tot condicionar la viabilitat de l’empresa.

Des de la privatització, i encara que el Plec de privatització indica que la titularitat del servei del cicle integral de l’aigua de la Diputació continua sent d’aquesta, que la supervisió d’EGEVASA correspon a la Diputació i que les tarifes les ha de fixar ella, el ben cert és que el control per part de la Diputació de València ha anat disminuint fins a ser pràcticament inexistent.

Reivindiquem per tant una EGEVASA 100% pública, transparent, amb participació pública i sense altre objectiu que el servei públic.

La Comisión de Precios regional ha acordado el 17 de diciembre una Resolución desestimatoria a la solicitud de autorización del Ayuntamiento de La Adrada para subir los precios del agua poniendo fin al procedimiento de autorización de tarifas para esta polémica ordenanza. La Comisión deniega en dicho Informe la autorización por falta de documentación suficiente que sustente la subida de las tarifas del agua de La Adrada. Recordemos que este incremento de precios incluía en conjunto una subida anual por revalorización del contrato con la empresa suministradora más los costes de la piscina municipal.

Ya son dos instituciones oficiales de la Junta de Castilla y León, tanto el Defensor del Pueblo como la Comisión Regional de Precios, las que desautorizan al Ayuntamiento de La Adrada. Según el espacio vecinal de La Adrada, el Consistorio ha optado por una huida hacia adelante manteniendo parcialmente la ordenanza declarada nula de pleno derecho por Resolución del Procurador del Común y desautorizada ahora por la Comisión de Precios, llevando a sus ciudadanos a un limbo jurídico insostenible con una revocación parcial de la ordenanza. Según la normativa que regula las subidas en el abastecimiento de agua cuando existe una empresa concesionaria del servicio, el Decreto 29/2007 de 22 de marzo, cualquier incremento de tarifas, antes de ser pasadas al cobro, ha de pasar previamente por la autorización de los precios por la Comisión.

La plataforma vecinal, vinculando la gestión del agua a los criterios normativos de este derecho humano como son la transparencia, el acceso a la información, la rendición de cuentas y la participación ciudadana, espera de su Ayuntamiento que conteste a los recursos que han ido presentando los vecinos, incluyendo las solicitudes de información sobre los informes económicos de la subida, los recursos de nulidad y las reclamaciones a la anulación parcial. Ante el silencio reiterado de su ayuntamiento, el espacio vecinal de La Adrada se plantea proponer al conjunto de la ciudadanía una acción ante el Comisionado de Transparencia.

En su comunicado, el espacio vecinal vuelve  a pedir a la Corporación Municipal que acepte la Resolución del Procurador del Común en el nuevo plazo establecido por el Alto Magistrado que vence el 30 de diciembre, lo que supone la anulación de la ordenanza del agua y la aprobación de una nueva con todos los derechos y garantías para los vecinos. Por último, reflexionan sobre “la falta de respuesta a las legítimas pretensiones de los ciudadanos” a los servicios esenciales como es el servicio de abastecimiento de agua por parte de las administraciones locales. “Esta inactividad municipal” supone “un daño evidente para el conjunto de la administración, ya que ello causa una gradual pérdida de confianza en su Ayuntamiento, en los funcionarios, en los políticos” y en las instituciones. [Cita extraída de la Resolución del Procurador del Común 26/11/2020 aceptada, pero incumplida por parte del Ayuntamiento de La Adrada, pág. 2, párrafo 5º].

22 de diciembre de 2020

  • Representantes de diez grupos políticos del Congreso suscriben las medidas propuestas y exigen a la ministra Teresa Ribera la protección de todas las familias vulnerables.
  • Numerosas entidades sociales reclaman la implementación del principio de precaución, un periodo de carencia sin cortes de suministro de agua, luz y gas y la redefinición de la figura de consumidor vulnerable.

Madrid, 17 de diciembre de 2020

A las puertas del invierno y en plena pandemia, numerosas entidades sociales han impulsado un manifiesto para exigir al Gobierno central y a la Ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico Teresa Ribera el fin de los cortes de suministros y la implementación de una serie de medidas para garantizar la protección de todas las familias en situación de vulnerabilidad. Exigen así al Ejecutivo de Pedro Sánchez tres mecanismos efectivos para evitar cualquier interrupción de suministro de agua, luz y gas en hogares vulnerables: principio de precaución, periodo de carencia y redefinición de consumidor vulnerable.

En una rueda de prensa que ha tenido lugar en el exterior del Congreso de los Diputados, y ante los recientes anuncios del Gobierno de Pedro Sánchez de prohibir los desahucios y garantizar los suministros a las familias vulnerables, las portavoces de los movimientos ciudadanos han presentado tres medidas de urgencia, que protegerían al conjunto de familias que sufren la pobreza energética y el riesgo de corte:

  1. La aprobación por parte del Consejo de Ministros de un real decreto-ley que vuelva a proteger a los miles de familias que a día de hoy pueden sufrir un corte de agua, electricidad o gas. Para ello, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, encabezado por la ministra Teresa Ribera, debe impulsar cuanto antes el establecimiento del principio de precaución, una herramienta que obligue a las compañías suministradoras a consultar con los Servicios Sociales competentes la situación de cualquier familia afectada por un aviso de corte y a garantizar sus suministros en el caso de que cumpla con unos baremos específicos de vulnerabilidad. A su vez, las facturas impagadas que deriven de la aplicación de este mecanismo se sufragarán, de conformidad con un posterior desarrollo reglamentario, a través de un sistema de financiación participado al 100% por las propias compañías de todos los segmentos implicados.
  1. La promulgación de un periodo de carencia que evite cualquier interrupción de suministro en el ámbito doméstico, que tendrá como fecha límite la puesta en funcionamiento del principio de precaución. Se trata de una medida excepcional y urgente si se quiere garantizar el acceso a energía y agua en invierno y en plena pandemia.
  1. La redefinición de la figura del consumidor vulnerable, que abarque los suministros de agua y gas natural junto al de la electricidad, y que pueda ampliar los actuales requisitos de acceso por lo que al nivel de renta se refiere, dado que los mismos no se ajustan a la realidad social de la ciudadanía española y excluyen a una gran cantidad de familias de la protección frente al corte.

En este sentido, se ha incidido en que el derecho a una vida digna conlleva el reconocimiento de los derechos humanos a la vivienda, a la salud, al agua potable y al saneamiento, así como a la disponibilidad de servicios básicos como la luz y el gas. Por tanto, la exigencia de prohibición de cortes de suministro debe necesariamente abarcar el agua, la electricidad y el gas, así como los desahucios.

Coincidiendo con la rueda de prensa, esta semana se han conocido diferentes noticias relacionadas con esta problemática. Según las informaciones aparecidas en distintos medios, se calcula que solo entre octubre y noviembre, una vez levantada la moratoria aprobada en marzo, se han producido hasta 30.000 cortes de suministro en todo el Estado.

Como respuesta, el Gobierno anunció el pasado martes tras la reunión del Consejo de Ministros la creación de un Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico (FNSS), con aportaciones de las compañías, que permitiría reducir la factura eléctrica al menos un 13 % en el plazo de cinco años. A su vez, la portavoz María Jesús Montero adelantó que el Ministerio de Ribera estaba trabajando en una disposición adicional que se añadiría a alguno de los próximos reales decretos-ley impulsados por el Ejecutivo en la que se garantizaría literalmente “que ningún consumidor vulnerable va a tener un problema con el corte de los suministros”.

A pesar de las buenas intenciones, en el pasado se ha visto cómo la mayoría de medidas aprobadas acaban siendo insuficientes porque no abarcan el conjunto de familias afectadas, bien porque no incluyen los suministros de agua o gas, porque circunscriben la protección exclusivamente a las personas beneficiarias del bono social eléctrico o porque no tienen en cuenta la complejidad de los colectivos que sufren pobreza energética (titularidad del suministro, desconocimiento de los mecanismos de protección, trampas de las compañías, etc.).

Las medidas que provienen de las entidades que día tras día trabajan directamente con las familias afectadas son, a juicio de estas organizaciones, las más efectivas para hacer frente a la situación y garantizar de este modo los derechos básicos de toda la ciudadanía, particularmente la más vulnerabilizada. Es necesario que las medidas excepcionales que ahora se tomen se consoliden y tornen en normales después de la crisis sanitaria mediante las oportunas iniciativas legislativas. También reclaman al Gobierno que concrete los procedimientos que propone para afrontar las deudas acumuladas durante la pandemia que, en todo caso, deberán tener en cuenta criterios de equidad y asequibilidad. El manifiesto con las medidas ha sido promovido por Aigua és Vida, la Alianza contra la Pobreza Energética (APE), la Coordinadora de Vivienda de Madrid, Ecologistas en Acción, Enginyeria Sense Fronteres, la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético y la Red Agua Pública (RAP).

A su vez, ha contado con el apoyo de los siguientes grupos con representación parlamentaria:

  • Unidas Podemos
  • Esquerra Republicana de Catalunya-Sobiranistes
  • Junts per Catalunya-Junts
  • En Comú Podem-Guanyem el Canvi
  • Euskal Herria Bildu
  • Más País-Equo
  • CUP-Per la ruptura
  • Nueva Canarias-Coalición Canaria
  • Bloque Nacionalista Galego
  • Més Compromís

El documento presentado hoy es una prueba más de que las medidas propuestas son viables y cuentan con un amplio apoyo. El Partido Socialista y la ministra Teresa Ribera no pueden seguir retrasando la protección de todas las familias españolas frente al corte. Por último, las organizaciones consideran que, tal y como se afirma en el manifiesto, no hay una vida digna si no se garantizan los derechos básicos y exigen que se ponga fin a los cortes de suministros.

Aigua és Vida

Alianza contra la Pobreza Energética

Coordinadora de vivienda de Madrid

Ecologistas en acción

Enginyeria Sense Fronteres

Plataforma por Un Nuevo Modelo Energético

Red Agua Pública

Se presenta una propuesta con tres medidas concretas para garantizar los suministros de agua, luz y gas en plena pandemia y estado de alarma, que apoyan grupos con representación parlamentaria en el Congreso.

  • Jueves 17 de diciembre de 2020.
  • 12:30.
  • Congreso de los Diputados (en la puerta), Carrera de S. Jerónimo, s/n, Madrid.

Mañana jueves 17 de diciembre organizaciones ciudadanas, preocupadas por la desprotección de las familias en situación de vulnerabilidad que se están enfrentando a cortes de suministros, y ante las últimas noticias del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico sobre las medidas insuficientes que se pretenden implementar, piden apoyo a los diferentes grupos políticos del Congreso. Presentamos en rueda de prensa ante el Congreso de los Diputados una propuesta con tres medidas clave para prohibir los cortes de suministros a nivel Estatal.

La propuesta la apoyan y la firman mañana jueves los siguientes grupos políticos del Congreso: Unidas Podemos (Podemos-IU), Esquerra Republicana de Catalunya-Sobiranistes (ERC-Sobiranistes), En Comú Podem-Guanyem el Canvi, Junts per Catalunya-Junts (JxCAT-JUNTS), Más País-Equo, Euskal Herria Bildu (EH Bildu), Candidatura d’Unitat Popular-Per la Ruptura (CUP-PR), Més Compromís, Coalición Canaria-Nueva Canarias (CCa-PNC-NC) y Bloque Nacionalista Galego (BNG).

En la rueda de prensa se contará con la presencia de Pablo Echenique (Unidas Podemos), Maria Dantas/Gabriel Rufián (ERC), Gerardo Pisarello (En Comú Podem), Inés Sabanés/Íñigo Errejón (Más País/Equo), Oscar Matute (EH Bildu), Joan Baldoví (Més Compromís), Ana Oramas (Coalición Canaria), Nestor Rego (BNG) y representantes de JuntsxCAT y CUP.

La propuesta presentada es una iniciativa de Aigua és Vida, la Alianza contra la Pobreza Energética, la Coordinadora de Vivienda de Madrid, Ecologistas en Acción, Enginyeria Sense Fronteres, la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético y la Red Agua Pública.

Contactos prensa:

Atención a medios: Daniel López 699 300 65

Portavoces:

María Campuzano 647 079 507 (Alianza contra la Pobreza Energética)

Paca Blanco 633 328 956 (Ecologistas en Acción y Plataforma por un Nuevo Modelo Energético)

Miriam Planas 625 056 699 (Red Agua Pública y Plataforma Aigua és Vida)

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