Ante la corrupción generada por el Partido Popular, la Plataforma contra la privatización del Canal de Isabel II reivindica la depuración de responsabilidades políticas y sociales y la implantación de un modelo de gestión no lucrativa, transparente, participativa, con rendición de cuentas y democrática.

La operación Lezo que ha puesto en marcha el magistrado Eloy Velasco, pone en evidencia el alcance de la corrupción en la Comunidad de Madrid y su relación con el Canal de Isabel II, empresa pública controlada por la Comunidad, y que se entrelaza con otras tramas corruptas como la Gurtel, Tosca y Púnica, destinadas tanto a financiar al Partido Popular como a enriquecer descaradamente a los corruptos. Salvador Victoria, que fue consejero de Justicia del gobierno de Ignacio González y presidente del propio Canal, está imputado en el caso Púnica, y en el de la Tosca lo está Gerardo Díaz, ex gerente de la filial Hispanagua y actual colaborador de la Dirección de Operaciones en Canal de Isabel II S.A, antigua Canal Gestión.

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La trama Lezo es especialmente relevante porque afecta de lleno al Canal de Isabel II, que gestiona los servicios de abastecimiento y saneamiento en la región que, de acuerdo con Naciones Unidas, tienen la consideración de derechos humanos que deben que estar garantizados por las administraciones públicas. El impacto mediático que ha alcanzado la trama Lezo, y que ha generado una importante alarma social, se debe en buena parte a la importancia de las cifras que están en juego como a la relevancia política y social de los hasta ahora principales implicados, procedentes del ámbito político -con Ignacio González a la cabeza-, empresarial -OHL, Licuas, Indra, entre otras-  y al propiamente específico de directivos de la empresa -el ex director general de la empresa Adrián Martín, la anterior directora financiera María Tersa Richmond y Edmundo Rodríguez Sobrino, presidente ejecutivo de la filial Interamericana de Aguas y Servicios-.

Sin embargo, las evidencias de corrupción ligadas con la actividad del Canal de Isabel II no son nuevas, sino que se han puesto reiteradamente de manifiesto tanto por la propia Plataforma contra la privatización del Canal de Isabel II y los medios de comunicación, como por la Comisión de la Asamblea de Madrid de estudio sobre la auditoría del endeudamiento y la gestión pública de la Comunidad de Madrid, creada a pesar de la oposición frontal del Partido Popular, que en mayo de 2016 ya denunció el caso de la empresa Emissao en Brasil, que ha sido el detonante de la operación Lezo y que Cifuentes pretende protagonizar de forma oportunista –yo remití el informe a la Fiscalía sin precisar que lo hizo en junio de 2016-, emulando a Esperanza Aguirre –yo destapé la Gurtel-.

En este sentido, se puede entender que con la operación Lezo -que bien puede denominarse caso Canal-, sale a la superficie el verdadero iceberg de la corrupción que se ha ido entretejiendo en torno al Canal de Isabel II durante los gobiernos del Partido Popular presididos por Alberto Ruiz Gallardón, Esperanza Aguirre e Ignacio González, que han aprovechado la preponderancia e importancia del Canal para expoliar lo público. Esto ha sido posible por la progresiva mercantilización del Canal de Isabel II que tuvo un hito importante en 2008, cuando el gobierno de Esperanza Aguirre empezó el proceso de privatización de la empresa pública y otro en 2012 cuando el de Ignacio González creó la Sociedad Anónima Canal Gestión. Durante todo este proceso se ha materializado una patrimonialización rotunda del Canal por parte del Partido Popular, utilizando esta empresa en beneficio del partido y de sus dirigentes, a través de un modelo de gestión totalmente opaco cuyo fin último es la maximización y reparto de los beneficios, como paso previo a la privatización, en detrimento de las condiciones laborales de los trabajadores de la empresa y de las necesarias inversiones para asegurar la sostenibilidad de los servicios. Este modelo mercantil se ha consolidado, además, vulnerando la autonomía de los ayuntamientos y en claro detrimento de sus competencias en los servicios de abastecimiento y saneamiento.

Frente a la corrupción y el ánimo de lucro, contraponemos la transparencia, rendición de cuentas, control y participación democrática; estos son los ejes fundamentales del modelo de gestión que la Plataforma contra la privatización del Canal de Isabel II reivindica para la empresa pública responsable de la gestión del ciclo urbano del agua en la Comunidad de Madrid y que entendemos que será la máxima garantía para evitar nuevos casos de corrupción.

Exigimos la depuración de las responsabilidades políticas y penales de las personas que han incurrido en actos de corrupción o que han mostrado connivencia con los mismos, especialmente los responsables en la toma de decisiones en los diferentes consejos de administración de la empresa

Reivindicamos la liquidación y disolución de la Sociedad Anónima Canal Isabel II S.A, antes Canal Gestión, y el retorno de la gestión del ciclo urbano del agua en Madrid a la entidad pública Canal de Isabel II en la que se adopte un modelo de gestión público, transparente, con rendición de cuentas, democrático y participativo.

Urgimos a la Asamblea de Madrid a que asuma su responsabilidad de evitar futuros casos de corrupción en el Canal anulando los decretos que empezaron la privatización y promulgando una ley que haga posible la implantación de un modelo de gestión como el reivindicado por la Plataforma contra la privatización del Canal de Isabel II, que ya fue apoyado en enero de 2015 por más de treinta organizaciones políticas, sociales y sindicales de la región.

Posteado por: redagua | 23 abril 2017

Corrupción y Canal de Isabel II

Plataforma contra la privatización del Canal de Isabel II

Las noticias sobre corrupción que recientemente han saltado a los medios de comunicación relacionadas con la empresa Canal de Isabel II Gestión SA, han creado una gran alarma social y nos demuestran la fragilidad del sistema ante este tipo de

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fenómenos y las dificultades para combatirlo. Según estas noticias, altos o ex altos cargos de la empresa están imputados en dos de las macro operaciones de corrupción abiertas más destacadas en España, como son la Púnica y la Tosca. En la Púnica está imputado su ex presidente Salvador Victoria y en la Tosca el ex gerente de la filial Hispanagua y actual colaborador de la Dirección Financiera en Canal Gestión, Gerardo Díaz.

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La Conferencia comenzó con la intervención de Luis Mena, Secretario general de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras de Córdoba, haciendo un repaso de la situación del proceso de negociación colectiva y sobre el compromiso del Sindicato con la defensa de los servicios públicos, y expresando la necesidad de aunar esfuerzos para afrontar el próximo periodo de elecciones sindicales, de manera que CCOO continúe siendo la primera fuerza sindical.

A continuación, el Sindicato ha iniciado el debate sobre la problemática de los riesgos biológicos en las empresas del sector del ciclo integral del agua, la formación de los trabajadores y trabajadoras, la reversión de los servicios públicos, el desarrollo y finalización de la campaña de recogida de firmas de la ICE “El agua y el saneamiento como derecho humano”, campaña de Comisiones Obreras “Es público es tuyo, ¡sálvalo!”.

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Posteado por: redagua | 21 abril 2017

El Canal de Isabel II necesita una profunda reforma

Para CCOO es necesario crear nuevos mecanismos de control por parte de los consumidores, la plantilla y – sobre todo – la ciudadanía en el Canal de Isabel II. La Operación Lezo, que investiga delitos de prevaricación, organización criminal, malversación, cohecho, blanqueo, fraude, falsificación documental y corrupción en los negocios contra la trama corrupta de Canal de Isabel II, lleva doce detenidos, entre los que se encuentra el ex presidente Ignacio González y el recientemente sustituido gerente del Canal Adrián Martín de las Huertas.

El  Canal de Isabel II necesita una profunda reforma

 

Para CCOO-Canal de Isabel II esta nueva trama corrupta no deja de ser un hecho que llevamos años denunciando públicamente a los trabajadores y trabajadoras, a los medios de comunicación y a los diferentes partidos que han conformado la Asamblea de Madrid, siempre ayudados por la necesaria colaboración en la Plataforma Contra la Participación en el Canal de Isabel II.

Pese a las enormes dificultades que hemos venido sufriendo a lo largo de estos últimos años debido a las denuncias realizadas, hoy se demuestra que las denuncias de CCOO eran reales, hemos denunciado los hechos durante años y todas estas denuncias las hemos sufrido duramente tanto el sindicato como los trabajadores.

Para CCOO no se puede desvincular la trama corrupta de Canal de Isabel II del proceso de privatización que ha sufrido el organismo. Hoy tenemos un Canal destrozado en materia social con cerca de 800 trabajadores y trabajadoras en extrema precariedad al que no se le han aplicado ni tan siquiera los salarios que le corresponden al sector durante años, una temporalidad desastrosa, una desorganización técnicamente nefasta, y por encima de todo, unas consecuencias de accidentabilidad laboral temerosa y que refleja escrupulosamente las consecuencias de una empresa moldeada para el robo de unos pocos a costa de la plantilla y la ciudadanía madrileña.

Para CCOO es el momento de que se revierta la situación anómala del Canal de Isabel II -ahora Canal Gestión S.A.-, que actualmente solo favorece la falta de transparencia y la opacidad convirtiéndonos en un en un campo abonado para la corrupción, y el resurgimiento de nuevos casos de corrupción. Se deben de crear nuevos mecanismos de control por parte de consumidores, plantilla y ciudadanía y para ello es de vital importancia hacer un replanteamiento del consejo de administración actual y la creación de un Observatorio del Agua, social y ciudadano.

El sindicato recuerda que representantes de CCOO en el Canal han sido sancionados entre quince días y tres meses por llamar “corrupto” al actualmente solo presunto Ignacio González, desde el sindicato esperamos que la nueva dirección tenga a bien resarcir a los trabajadores de esta sanción, viendo lo que ha sucedido.

Los sindicatos CCOO, UGT y SIEP han reclamado un aumento de la plantilla encargada de los 22 planes hidráulicos de Cantabria, que gestionan el abastecimiento de agua en la región, para garantizar que este trabajo y los horarios se desarrollen ” con normalidad”.CCOO, UGT y SIEP piden 10 técnicos y 11 encargados para la gestión del agua en Cantabria y alertan de su externalización

Las tres formaciones, que representan al 80% del comité de empresa, demandan a la Dirección General de Medio Ambiente del Gobierno, diez técnicos más, hasta un total de 80, y once nuevos encargados, el doble que en la actualidad, ya que se trata de una figura esencial.

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Las formaciones políticas En Marea, Podemos, En Comú Podem, Izquierda Unida y EQUO organizan el Foro por una Nueva Cultura del Agua los días 6 y 7 de mayo en Madrid. El encuentro tendrá lugar en la Escuela de Relaciones Laborales, C/ San Bernardo, 49. 28015 Madrid.

El Foro abordará dos temas importantes: 1) Planificación y Gestión Integral de Aguas y 2) Gestión de Servicios de Agua y Saneamiento. Entre los ponentes se encuentran miembros de la FNCA y se tiene previsto contar con una amplia participación de colectivos sociales de toda España (ver programa adjunto)

El aforo es limitado por lo que os recomendamos que os inscribáis lo antes posible si tenéis interés en participar. Para ello, tendréis que completar el boletín de inscripción adjunto y enviarlo a la dirección de correo que se indica en el mismo.

INSCRIPCIÓN FORO DEL AGUA_

PROGRAMA FORO DEL AGUA_

 

Quizás quieras sumarte a las 101.451 personas que ya han firmado para parar la privatización del suministro de agua en Grecia.

El acceso al agua potable a un precio asequible es un derecho básico. Cuando las multinacionales se adueñan de las compañías de agua, anteponen sus intereses a nuestro bienestar. “Si queréis una reducción de la deuda, dadnos vuestras compañías públicas de agua”. Esto es lo que le dicen a la ciudadanía griega nuestros ministros de economía

¡No lo permitamos!

El acceso al agua a un precio asequible es un derecho básico, porque afecta radicalmente a tu bienestar. Poner este recurso vital en manos de las multinacionales es atentar contra del interés público, ya que el único interés de éstas es obtener beneficios.

Desgraciadamente, esto es lo que está pasando en Grecia. Los griegos han sido humillados por los países que ayudaron a financiar la deuda griega, países cuya moneda es el euro. Están obligando a los griegos a vender sus bienes públicos a cambio de ayuda financiera.

 

No tiene por qué ser así. Es posible parar estas privatizaciones injustamente impuestas. Hace dos años, cuando los acreedores intentaron malvender las compañías de agua griegas por primera vez, la oposición de la ciudadanía consiguió pararles los pies.

Esta vez será más difícil conseguir que los ministros de economía de los países del euro den marcha atrás, así que necesitaremos la fuerza no solo de la ciudadanía griega, sino de todos los europeos y europeas. Ahora que los ministros de economía se encuentran inmersos en intensas negociaciones, tenemos la oportunidad para convencerles de que cambien de opinión.

Dile al ministro de Economía de España que el agua debe seguir siendo un derecho

Los griegos no quieren que les tomen el pelo. Algo tan fundamental para la vida como es el agua potable no debería convertirse en un negocio. Debe permanecer en manos del pueblo. Las compañías de agua públicas están obligadas a rendir cuentas a los votantes y la ciudadanía. Las empresas privadas solo responden ante sus accionistas.

Ciudades como París, Berlín, Hamburgo y otras muchas ya han empezado a revocar las privatizaciones de agua pública, privatizaciones que fueron realizadas por motivos ideológicos. Estas ciudades demuestran que la privatización del agua no es necesaria, si de lo que se trata es de velar por los intereses de la ciudadanía. Grecia no debería verse forzada a privatizar sus compañías de agua cuando en ciudades francesas y alemanas la gestión del agua está volviendo a ser pública.

Tenemos la oportunidad de presionar a los ministros de economía para que apoyen al pueblo griego en su lucha por la titularidad pública del agua. ¡Unámosnos! Que nuestro ministro sepa que queremos que se posicione por la solidaridad y el sentido común en las negociaciones en curso.

Dile al ministro de Economía de España que el agua debe seguir siendo un derecho

Después de firmar, no te olvides de reenviar este correo electrónico a tus familiares y amigos. La ciudadanía griega se mantiene activa. Miles ya se han movilizado: en la ciudad de Salónica, 213.508 personas votaron en contra de la privatización de la compañía de agua (el 98% de los participantes). Pero su movilización ya no es suficiente. ¡Nos necesitan!

Muchas gracias,

Virginia, María y todo el equipo de Movemos Europa

 

Posteado por: redagua | 12 abril 2017

La remunicipalización del agua en Terrassa

Propuestas para la reversión de los servicios y para una gestión directa, con participación ciudadana y transparencia.

La remunicipalización, se caracteriza al menos por tres elementos principales, que son: la escala local, el control social ciudadano y la sostenibilidad ecológica a partir de los principios del agua bien común y una gestión pública completa que permita la posibilidad de incluir formas de gestión colectiva.

La remunicipalización no puede entenderse sin tener en cuenta los escenarios que la promovieron. Las primeras experiencias, vienen de América Latina como respuesta al expolio de los recursos naturales y las privatizaciones de los servicios urbanos de abastecimiento como consecuencia de las políticas impuestas por entidades como el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional.

DOCUMENTO COMPLETO

 

APORTACIONES A LA PROPUESTA DE DECRETO POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA DE USO URBANO REALIZADAS POR AEOPAS, CC.OO, EeA, FACUA, FNCA e ISF

1. Observaciones al procedimiento seguido hasta el momento Las organizaciones firmantes del presente escrito hemos tenido conocimiento, en fecha reciente y a través del portal web de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, del anuncio de consulta pública sobre el Reglamento de los Servicios del Ciclo Integral del Agua de Uso Urbano y, ejerciendo nuestro legítimo derecho a participar en este procedimiento previo de consulta, trasladamos las siguientes valoraciones: Respecto de las formas seguidas por esta Consejería en la apertura del trámite de audiencia pública, consideramos que no han sido las más adecuadas para generar una auténtica dinámica de participación social y ciudadana, plural y efectiva, muy necesaria en el abordaje de esta regulación. Esta Consejería es conocedora del amplio interés que la norma anunciada tiene para el conjunto de la ciudanía, instituciones y organizaciones sociales, interés sobre la necesidad y la oportunidad de la norma que le ha sido manifestado de forma reiterada y por distintas vías, entre ellas en el seno de los últimos Consejos de Medio Ambiente y Agua celebrados

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La RAP denuncia las maniobras antidemocráticas tendentes a paralizar la remunicipalización del agua, por parte de la empresa Aguas de Valladolid (Suez), la Confederación Vallisoletana de Empresarios, la Asociación de Empresas Gestoras del Agua y el Ministerio de Hacienda.

El ayuntamiento de Valladolid, en el Pleno del 30 de diciembre de 2016, y en ejercicio de su autonomía y de sus competencias, aprobó recuperar la gestión pública del ciclo integral del agua que fue privatizada sin debate y de forma unilateral por el anterior alcalde en 1997 por un periodo de veinte años; entonces, la gestión privada se adjudicó a la empresa Aguas de Valladolid, del grupo Agbar, controlado por la multinacional francesa Suez.

La decisión de remunicipalizar el servicio se apoya en la constitución de una entidad pública empresarial dependiente del ayuntamiento que, a partir del 1 de julio de 2017, será la encargada de la gestión del ciclo integral del agua en Valladolid. Esta decisión se tomó basándose en estudios detallados de las posibles alternativas que podían tenerse en cuenta para la gestión del agua una vez finalizado el contrato de concesión.

Dichos estudios, que estuvieron coordinados por una comisión técnica y política, contaron con la supervisión de la Intervención Municipal y de la Asesoría Jurídica del propio ayuntamiento, y la participación de la ciudadanía a través de diversos foros de debate. Se descubrió un déficit acumulado de inversión de Aguas de Valladolid de al menos 96,7 millones de euros y una subida acumulada de la tarifa del 34%, a la vez que se constató que la alternativa de gestión pública es la asegura que el servicio se prestará de acuerdo con los criterios del derecho humano al agua y el saneamiento, manteniendo la plantilla y mejorando el control sobre las necesidades de mantenimiento e inversión en infraestructuras, garantizando su viabilidad técnica, económica y financiera y con una menor repercusión en las tarifas.

Pero esta decisión del ayuntamiento legítima y argumentada está siendo obstaculizada interesadamente por diversos organismos y grupos de presión con claros intereses en la gestión privada del ciclo integral del agua. Empezando por Aguas de Valladolid (Suez) que han interpuesto sendos recursos tendentes a paralizar el proceso de remunicipalización al que democráticamente ha optado el ayuntamiento, anteponiendo de forma descarada sus propios intereses a los de la ciudadanía de Valladolid. A esta maniobra claramente obstruccionista se ha sumado la Confederación Vallisoletana de Empresarios, que también ha interpuesto un recurso.

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Por otra parte, llama especialmente la atención que la Asociación de Empresas Gestoras del Agua (AGA) se haya sumado a la oposición a la recuperación de la gestión del ciclo del agua urbana desde el ayuntamiento mediante otro recurso, especialmente porque es una entidad que integra a empresas públicas y privadas, y que, a pesar de ello, haya optado descaradamente por el apoyo a los intereses de las empresas privadas. En este sentido, es también significativo que el gerente de la empresa pública Aljarafesa y presidente de la asociación territorial de ASA, la Asociación de Abastecimientos de Agua y Saneamientos de Andalucía, declare que los servicios de agua son un negocio.

Tampoco es admisible que el propio Ministerio de Hacienda, se haya sumado a la persecución judicial que pretende paralizar la iniciativa del ayuntamiento interponiendo, a través de la Abogacía del Estado, otro recurso en este sentido.

Detectamos una maniobra de clara obstaculización del proceso de remunicipalizción en la que intervienen coordinadamente desde Aguas de Valladolid (Suez) -que se niega a abandonar un suculento negocio-, empresas privadas y asociaciones, y la propia administración central que, con esta postura, quiere amenazar a futuras remunicipalizaciones que están en marcha, especialmente en Terrassa, en la que también está involucrada la multinacional francesa Suez.

La Red Agua Pública denunciamos las maniobras de obstrucción tendentes a paralizar la legítima recuperación de la gestión del ciclo urbano del agua por parte del ayuntamiento de Valladolid como institución competente, lo que supone un claro ataque al principio de autonomía municipal.

Rechazamos las medidas adoptadas por Aguas de Valladolid (Suez) que buscan perpetuarse en el negocio del agua en Valladolid, contraviniendo una decisión democráticamente adoptada en el ejercicio de las competencias municipales, a la vez que deniegan la información relevante sobre los resultados de su gestión durante los últimos veinte años.

Denunciamos la participación de la Asociación de Empresas Gestoras del Agua (AGA) en estas maniobras, en clara contradicción con los intereses de las empresas públicas que están entre sus asociados.

Rechazamos categóricamente la intervención del Ministerio de Hacienda en este proceso, ya que solo se puede interpretar como una amenaza para los procesos de remunicipalización que están en marcha.

Por último, mostramos nuestra total solidaridad y apoyo al ayuntamiento de Valladolid para que continúe en la lucha por la recuperación de la gestión pública del agua.

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