• Tras la primera ola de calor, muchos hogares viven con incertidumbre el fin de la vigencia de las principales medidas de protección en materia de suministros
  • La moratoria de cortes y la ampliación de los descuentos del bono social eléctrico caerán el próximo 1 de julio si el Ejecutivo no mueve ficha antes

21 de junio de 2022

Una vez superada la primera ola de calor del año, con temperaturas récord en muchas partes del Estado, regresa la incertidumbre sobre las principales medidas del llamado Escudo Social en materia de pobreza energética. Prorrogadas con carácter trimestral, el próximo 1 de julio dejarán de estar vigentes la moratoria de cortes (electricidad, gas y agua), el acceso al bono social para autónomos afectados económicamente por la pandemia y la ampliación de los descuentos de dicho bono. El Gobierno, como empieza a ser habitual, aún no se ha pronunciado al respecto y muchos hogares vulnerabilizados pueden vivir con angustia los próximos días.

El contexto actual no da tregua y a la situación de emergencia climática, que suele conllevar un mayor consumo eléctrico, se le deben sumar los altos precios de la electricidad en el mercado mayorista, de los que depende por ejemplo la tarifa regulada (PVPC), a la cual deben acudir todas aquellas familias vulnerabilizadas que quieran acceder al bono social. En este sentido, la factura de la luz del usuario medio con esta tarifa (sin los descuentos del bono social) alcanzó los 120,68 euros en mayo, un 46,9% por encima de los 82,13 euros del mismo mes del año pasado, situándose como el sexto más alto de la historia.

Ante esta situación, prevemos que muchas familias, que aún sufren el impacto de la pandemia, no van a poder hacer frente a sus facturas y otras muchas van a seguir impagando. La deuda que viene generándose para muchas de ellas desde el estallido de la COVID-19 es una cuestión que nos preocupa enormemente y el incremento de los precios de electricidad ha provocado lógicamente que las cantidades impagadas se hayan multiplicado exponencialmente. Este problema no puede ser olvidado por parte del Gobierno, quien debe buscar fórmulas para reducir esa deuda a cero.

Para todas ellas, la moratoria de cortes en vigor desde abril de 2020 es imprescindible si quieren tener sus suministros garantizados, así como la ampliación de los descuentos del bono social (del 25 al 60% y del 40 al 70%) para que la deuda generada no sea mayor o para que no se produzcan impagos en el caso de familias que sí puedan hacer frente a las facturas gracias a las rebajas del mecanismo.

Por ello, los mismos colectivos y organizaciones que desde diciembre de 2020 hemos reclamado medidas valientes en relación a los suministros básicos, exigimos al Ejecutivo y en especial a la Vicepresidenta Tercera y Ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, el mantenimiento de dichas medidas y su ampliación hasta que no se aprueben medidas de carácter estructural.

En este sentido, como ya hemos hecho anteriormente, reclamamos:

  • La consolidación del principio de precaución, que obligue a las empresas suministradoras a consultar a los Servicios Sociales sobre la situación del hogar antes de cualquier corte y a garantizar el suministro si se produce una situación de vulnerabilidad. La prohibición de cortes no debe estar sujeta a ningún plazo.
  • La incorporación del Derecho Humano al Agua y al Saneamiento en la legislación de más alto nivel. Concreción en la normativa y reconocimiento por ley de un mínimo vital de agua para beber y cocinar y para la higiene básica.
  • La redefinición de la figura del consumidor vulnerable, de tal modo que, entre otras cuestiones, comprenda los tres suministros. En este sentido, el Gobierno debe empezar a estudiar la implementación de una tarifa social progresiva en función de los ingresos de los hogares para los suministros de luz y gas y un mínimo vital para el agua.
  • La asunción de los costes de la pobreza energética por parte de las empresas. Las facturas impagadas que se deriven de la aplicación del principio de precaución se deberán sufragar, de conformidad con un posterior desarrollo reglamentario, a través de un sistema de financiación participado al 100% por las propias compañías de todos los sectores implicados.
  • La firma de convenios con las compañías suministradoras de energía para sufragar las facturas impagadas por familias vulnerabilizadas desde el inicio de la pandemia y hasta que no se implementen las medidas definitivas.

El Gobierno ha decidido ir prorrogando las medidas de protección trimestre a trimestre, hecho que genera mucha incertidumbre en los hogares vulnerabilizados, que deben esperar al último Consejo de Ministros antes de la expiración de la vigencia de las mismas para saber si seguirán protegidas frente a los cortes de suministro. En este caso, se trataría de la reunión del Ejecutivo prevista para el martes 28 de junio, dos días antes de la fecha límite. Reclamamos un mayor compromiso de la Ministra Ribera y que se anuncie la prórroga de todas las medidas cuanto antes para poder dar una mayor tranquilidad a las familias. La ola de calor que acabamos de vivir solo es la primera de la temporada y no podemos permitir que la ciudadanía sufra las próximas sin sus suministros garantizados.

Las organizaciones firmantes somos la Alianza contra la Pobreza Energética, la Coordinadora de Vivienda de Madrid, Ecologistas en Acción, la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético y la Red Agua Pública.

La lamentable y condenable actuación del alcalde torrecereño, es la prueba más rotunda y concluyente, de que por detrás de una privatización del Agua (sagrado derecho humano), hay toda una red de corrupción y malas prácticas, para mantener y garantizar los beneficios de la multinacional que se hace con la gestión de estos servicios públicos.

La denuncia presentada por IU Torrecera y Jerez, ante las nocivas y perniciosas prácticas del regidor de Torrecera, que primero atenta contra el interés de sus ciudadanos mas vulnerables y luego actúa como un “pistolero cuatrero” contra todo aquel que le intenta corregir su aptitud mas que colaboracionista y mercenaria con los intereses de Aqualia; son sobrados motivos para que de forma inmediata, deje su cargo público, más que manchado y ultrajado, demostrando hasta que punto está dispuesto a defender los intereses de la Trama del Agua de Jerez a la que pertenece, por presuntas dádivas y favores que desconocemos, y que debieran ser investigados.

“Calificamos a los gobiernos locales de Jerez y Torrecera, de traidores y cobardes, escondiéndose detrás de la sombra negra y más que sospechosa de una multinacional, -plagada de casos de corrupción, en distintos puntos del planeta-,  y al gerente de Aquajerez de manipulador, obstruccionista y peligroso elemento tóxico que contamina nuestra ciudad, captando personajes sin escrúpulos y adquiriendo voluntades, que puedan modular la vida de nuestra ciudad, en favor de los altos beneficios que Aqualia, cosecha cada día de nuestro centenario recurso vital, como es el agua”.

“Nuestros pueblos no pueden seguir dirigidos por directivos de empresas multinacionales, como es el caso de Aqualia en Jerez y sus pedanías; votamos a políticos no a ejecutivos de empresas privadas. Si quieren mandar en nuestras vidas públicas, que se presenten a las elecciones municipales. “Dejen de una vez de corromper y comprar políticos, técnicos y medios de comunicación… déjennos en paz”.

El “diario de sesiones” de la venta del agua de nuestro municipio, supera todo lo vivido, -vergonzosamente- en otros casos similares de nuestra geografía española, como podemos citar Alcázar de San Juan, Candeleda, Cartagena, Barbate o el mismo Puerto de Santa María.

La trama del agua montada en Jerez, ha sabido hacer su trabajo sucio, para que la privatización en un principio, se llevara a cabo y luego mantenerse férreamente blindados los beneficios de la concesionaria, en todo el proceso de los 25 años.

Cumplidos los  diez años de la gestación de la venta de este servicio, y nueve de su alumbramiento, hemos sido testigo de las malas prácticas de esta trama. A sabiendas de que para que estas personas, políticos y técnicos, actúen de esta manera tan descaradamente en favor de una empresa privada, aun sabiendo del perjuicio de sus vecinos; tiene que haber un móvil o motivación perniciosa y delictiva. Dicho con otras palabras, que estas empresas -especialistas en este tipo de praxis- están presuntamente incentivando a estos elementos, para que intervengan de esta manera tan vil, cuales mercenarios de la multinacional.

Desgraciadamente, ayudados y escudados tras el muro que supone poseer todos los recursos del mundo para inhabilitarnos e imposibilitar nuestro trabajo de fiscalización; no podemos demostrar con pruebas fehacientes para un juzgado dicha actuación contra los intereses de la ciudad; pero somos sabedores de que detrás de todo este montante, hay más que dudas o sospechas razonables de actuaciones presuntamente delictivas.

Mas de diez años a la espalda de esta coordinadora, que se mantiene firme en sus objetivos; la remunicipalización del agua de toda Jerez, la dignificación y el interés de nuestra sociedad civil y la garantía del Derecho Humano de todas nuestras familias.

Entre los más sospechosos de esta actuación ruin que denunciamos, cabe citar a todos los concejales que levantaron las manos para que FCC se colara en nuestros grifos; al equipo de gobierno actual, que tras sus dos legislaturas, habiéndose comprometido en luchar por la recuperación del servicio, ha cedido y se comporta justamente de modo contrario, defendiendo los intereses de la multinacional; a la alcaldesa de Guadalcacín, que juró y perjuró su compromiso por el agua pública y ahora se arrodilla y humilla, “tragando” los engaños de la trama y ejecuta todo lo contrario; al alcalde de Estella, que trabaja su doble moral, vendiendo su voluntad por lo mejor para su pueblo, cuando lo que hace es desheredar a su gente y meterles al lobo en su corral.

Pero de destacar el descaro, la desfachatez y la bajeza demostrada por el delegado de Medio Ambiente, José Antonio Díaz en su permanente defensa de los intereses de Aqualia. Actitud solo igualada si cabe, por el actual alcalde de Torrecera Francisco Arcilla; nos resulta patético y de mucha indignación y de pena, que este pueblo rural, con alto bagaje de honestidad popular, tenga que soportar las indigencias y actitud pistolera, de un alcalde, que vino a dar al traste con todo un recorrido de honor protagonizado por Manuel Bertolet, que en ningún momento cedió a los caramelos de la trama y se mantuvo firme, aguantando balazos continuos venidos por todos los lados.

Aqualia manosea y hurga, afectando sustancialmente la gestión del ayuntamiento y por lo tanto la vida de todos los jerezanos.

Para la multinacional, que actúa manipulando voluntades, hasta el extremo de ser la mano que mece la cuna en buena parte de la gestión de estos ayuntamientos, que afecta muy directamente a nuestra ciudadanía; el acceso de este alcalde a Torrecera (supuestamente apoyado por la empresa), supuso dar la estocada a toda la esperanza de dignidad ciudadana y de lucha estoica de Bertolet. Pero a su vez, tenía que contar con el beneplácito de la mayoría plenaria de la ciudad, y ahí es donde, se le tuerce un poco su pretensión.

El Pleno dice que no, y ¿cuál será la motivación o incentivación personal, económica o política partidista, para que este equipo de gobierno rompa todas las normas, se salte a la torera la regulación vigente para las contrataciones del sector público y “a dedo” ponga en los brazos del lobo Aqualia, al cordero que representa el pueblo de Torrecera?.

De destacar la actuación del grupo municipal IU Jerez, que una vez más, desde el primer día de la constitución de esta coordinadora, ha demostrado cual es el grado de compromiso con nuestra causa social. Ha puesto en riesgo incluso mucho del trabajo que estaban desarrollando dentro del Consistorio y han dicho “basta ya y por aquí no pasamos”.

Sin menoscabo del apoyo, lealtad y esfuerzo del resto de los grupos que componen esta coordinadora, tales como Ganemos Jerez, Anticapitalistas Jerez, Podemos, así como la UGT, las CCOO, la CGT, Ecologistas en Acción, Facua y otros grupos sociales.

Es una nota de prensa enviada a este medio por la Coordinadora del Agua de Jerez

Para más información, contactar por medio de: teléfonos 662 697 415//629 737 623 email: jereznovendeagua@gmail.com

Posteado por: redagua | 10 abril 2022

NOTA DE PRENSA. 28/MARZO/2022

La Agencia Valenciana de Lucha contra el Fraude y la Corrupción investiga al Ayuntamiento de Alcoi y a Aqualia por irregularidades en la gestión del agua.

La Agencia Valenciana de Lucha contra el Fraude y la Corrupción investiga al Ayuntamiento de Alcoi y a Aqualia por irregularidades en la gestión del agua..

El expediente abierto por la Agencia Valenciana Antifraude es consecuencia de la denuncia presentada por la Iniciativa Ciutadana per la Gestió Pública de l’Aigua (Aiguapública) ante la desidia del Gobierno municipal, más aplicado en satisfacer a Aqualia que en defender los intereses de la ciudad.

En el caso de que la Agencia Antifraude confirme los hechos denunciados, el Ayuntamiento deberá reclamar a Aqualia más de dos millones de euros (2.000.000 €).

Aiguapública considera que los abusos de Aqualia son un escándalo y reclama una auditoría realmente independiente y rigurosa sobre la gestión del Servicio de Aguas de Alcoi. Asimismo, exige que se paralice el proceso de renovación de la gestión privada.

En la sesión del Pleno del Ayuntamiento de Alcoi del próximo viernes 1 de abril se debatirá una propuesta de la Iniciativa Ciutadana per la Gestió Pública de l’Aigua sobre el cobro indebido por parte de Aqualia de unos ingresos relacionados con la gestión del canon de saneamiento de las aguas residuales.

Según ha denunciado la plataforma ciudadana, desde el año 2000 Aqualia ha estado recibiendo de la Entidad Pública de Saneamiento de las Aguas Residuales (EPSAR) una indemnización compensatoria que debería haber transferido al Ayuntamiento de Alcoi, ya que Aqualia en su oferta renunció a cobrarla. Según calcula Aiguapública, la indemnización compensatoria cobrada indebidamente por Aqualia podría alcanzar los 2.000.000 de euros.

Por ello, ha solicitado que el Pleno municipal apruebe reclamar a Aqualia que abone los importes de la indemnización compensatoria del canon de saneamiento con los intereses correspondientes. En su petición, Aiguapública también pide que se le exija a la empresa concesionaria que presente toda la documentación necesaria para verificar los importes correctos que debería pagar al Ayuntamiento. Por último, la plataforma ciudadana pide que se depuren las responsabilidades por la negligencia cometida al no haber reclamado a Aqualia los importes de esa indemnización compensatoria a lo largo de los años de gestión privada.

Posteriormente a la solicitud de Aiguapública, se ha tenido noticia gracias a las contestaciones en la Comisión de Obras y Servicios a unas preguntas de un grupo político municipal (Guanyar Alcoi) de la abertura de una investigación al Ayuntamiento por parte de la Agencia de Lucha contra el Fraude y la Corrupción de la Comunitat Valencia (más conocida como Agencia Valenciana Antifraude).

Este expediente ha sido consecuencia de una denuncia presentada hace poco más de dos años por la Colla Ecologista La Carrasca-Ecologistes en Acció d’Alcoi, como entidad que participa en la Iniciativa Ciutadana per la Gestió Pública de l’Aigua.

La plataforma Aiguapública ha querido destacar que la denuncia presentada en la Agencia Valenciana Antifraude no solo hace referencia a la apropiación indebida de la indemnización compensatoria por la gestión del canon de saneamiento, sino que también incluye otras irregularidades e incumplimientos del contrato de concesión, algunas de las cuales tienen importantes repercusiones económicas:

• Asunción por parte del Ayuntamiento de Alcoi de gastos del Servicio Municipal de Agua Potable que corresponden a Aqualia: consumo eléctrico de los bombeos de Sant Antoni y del Arsenal. Solo el importe del de Sant Antoni entre los años 2004 y 2019 ya asciende a 462.634 euros.

• Sobrecoste de las obras de renovación del sector «Ensanche» de la red de agua potable de Alcoi, financiadas a cargo del canon variable que la empresa concesionaria debe pagar al Ayuntamiento. La diferencia entre el importe pagado a la empresa por el Ayuntamiento y la inversión real es de unos 250.000 euros.

• Incumplimiento reiterado de la obligación de presentar al Ayuntamiento de Alcoi las copias certificadas de las cuentas de pérdidas y beneficios y de los balances de situación, sin que el Ayuntamiento las haya requerido a la empresa. Cuando finalmente se han conseguido las cuentas de unos pocos años, se ha podido comprobar que buena parte de los importes de los gastos que figuran no son reales.

• Falta de transparencia y de control: la última reunión de la Comisión de Seguimiento y Control del Servicio (en el momento de la denuncia) se había producido en el año 2003.

• Inexactitud de los datos incluidos en las memorias de los expedientes de actualización de las tarifas que Aqualia presenta anualmente al Ayuntamiento.

La Iniciativa Ciutadana per la Gestió Pública de l’Aigua considera que las irregularidades y presuntas ilegalidades son un escándalo y que hay motivos más que suficientes para que el Ayuntamiento de Alcoi encargue una auditoría realmente independiente y rigurosa sobre la gestión que ha llevado a cabo Aqualia.

Asimismo exige la paralización inmediata del proceso de renovación de la gestión privada, para evitar que se perpetúe la situación de descontrol y de perjuicio económico para el pueblo de Alcoi.

NOTA DE PRENSA

La Red Agua Pública y Onura Publikoa reivindican el abastecimiento del agua y el saneamiento como derechos humanos.

Denuncian la privatización del agua en Urretxu y Zúmárraga, únicos municipios de Gipuzkoa donde la gestión del agua no es pública.

25 de marzo de 2022

Con motivo del día mundial del agua celebrado esta semana, la Red Agua Pública (RAP) y Onura Publikoa reivindican el agua y el saneamiento como derechos humanos reconocidos por Naciones Unidas y

señalan, como lo hizo Leo Heller, anterior relator especial, que la privatización y mercantilización de los servicios de abastecimiento y saneamiento suponen graves riesgos para el disfrute de estos derechos humanos, como consecuencia de la combinación de tres factores: la maximización de los beneficios, el monopolio natural de los servicios y los desequilibrios y abusos de poder.

Es en este contexto en el que denuncian la privatización del agua en Urretxu y Zumarraga, únicos municipios de Gipuzkoa donde su gestión no es pública, ya que está concesionada a Aquarbe, perteneciente a la multinacional Suez. Precisamente Suez es la empresa que ha sido denunciada por prácticas corruptas -casos Petrum y Pokemon-, y por reiterados abusos de poder frente a ayuntamientos que defienden la gestión pública del agua como son, entre otros, Valladolid, Terrassa, Arteixo, Barcelona y los abastecidos por Aguas de Manresa.

Con la privatización del agua en Zumarraga por quince años, su ayuntamiento percibió en 2007 un canon de 2,5 millones de euros, que ha sido sufragado por los consumidores a través de las tarifas, intereses incluidos. Además, y en una clara evidencia de la determinación de Aquarbe de maximizar beneficios, se ha adoptado una tarificación injusta que hace que las facturas crezcan de manera considerable, lo que ha ocasionado que el agua en Urretxu y especialmente en Zumarraga, sea la más cara de Gipuzkoa. Se ha producido durante los últimos tres lustros un auténtico expolio y una transmisión de rentas de los bolsillos de la ciudadanía a las arcas de una multinacional insaciable con la absoluta connivencia del ayuntamiento gobernado por el PSE.

La finalización en 2021 de la concesión a Aquarbe en ambos municipios, configuró un escenario favorable para la publificación y municipalización del servicio de agua. Sin embargo, la cerrazón incomprensible de ambos consistorios, gobernados con sendas mayorías absolutas por PSE y PNV, impidieron conseguir este objetivo. Urretxu decidió prorrogar la concesión y Zumarraga no pudo hacerlo ya que la interventora del ayuntamiento emitió un informe en contra, argumentando que Aquarbe ya había amortizado el canon en los 15 años de concesión. Actualmente Zumarraga se halla en proceso de redacción de los pliegos para seguir privatizando, habiendo realizado una prórroga encubierta para 2022.

Estas decisiones se han tomado sin contar con la participación activa, libre y significativa de la ciudadanía; a la vista de este atropello y la conculcación del derecho humano al agua que esto supone, la RAP y Onura Publikoa llaman a los consistorios de Urretxu y Zumarraga a rectificar y a abordar un proceso participativo y transparente que pueda dar pie a que Zumarraga y Urretxu dejen de ser la excepción privada y mercantilizadora del agua en Gipuzkoa.  

La RAP apoya a la plataforma Ondura Publikoa en su lucha consecuente para conseguir este objetivo, con el convencimiento de que lo conseguirá más pronto que tarde.

Red Agua Pública es un espacio que integra a decenas de plataformas, organizaciones sociales, ambientales y sindicales del Estado español que promueven una visión del agua como un bien común y un derecho humano, y luchan por la defensa de la gestión pública, sin ánimo de lucro, transparente y participativa de los servicios de abastecimiento y saneamiento. https://redaguapublica.wordpress.com

Onura Publikoa es una plataforma que aglutina diferentes sindicatos, partidos políticos y movimientos sociales que aboga por la publificación del servicio de abastecimiento de agua en Zumarraga y Urretxu (ELA, LAB, CCOO, EH Bildu, Elkarrekin Ahal Dugu, Duintasuna, la Coordinadora Feminista o Eguzki). (https://www.facebook.com/onurapublikoa/)

Interesante artículo de Gonzalo Marín, Miriam Planas y Leandro del Moral para la Fundación Espacio Público sobre los abusos de poder en la defensa de la gestión privada del agua.

5 de enero de 2022

En 2000 el gobierno municipal de Alcoi, entonces presidido por el Partido Socialista del País Valenciá, acometió, con la connivencia del Partido Popular, la privatización del servicio de abastecimiento de agua en la ciudad mediante un proceso oscuro y antidemocrático que impidió, de hecho, la participación efectiva de la ciudadanía en la toma de decisiones, a pesar de que se realizaron movilizaciones masivas y se consiguió el apoyo de más de 10.000 firmas demandando la suspensión de la privatización. El resultado fue la concesión del servicio de abastecimiento de agua a la empresa Aqualia por 20 años y, de paso, propició una crisis en el partido de gobierno favoreciendo que poco después el PP asumiera el poder en el ayuntamiento de Alcoi.

Veinte años después, cuando la concesión ha sido prorrogada y está a punto de finalizar, otro gobierno socialista presidido por Toni Francés Pérez, persiste en optar por la privatización del agua utilizando procedimientos similares a los de entonces: apoyarse en un proceso nada transparente ni participativo que aprovecha la época de fiestas navideñas para ponerlo en marcha, a la vez que presenta un informe encargado a la consultora privada AYMED, que resulta ser un documento claramente sesgado hacia la defensa de la gestión privada, a la vez que incorpora notables inconsistencias técnicas y metodológicas e, incluso, está plagado de matices y posicionamientos ideológicos a favor de la privatización.

Estas cuestiones han sido puestas de manifiesto tanto por Lluís Torró Gil, exregidor y exdiputado de EUPV, la organización ecologista La Carrasca y, específicamente, por el informe que la Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento (AEOPAS) preparó a petición de la plataforma Iniciativa Ciutadana per una Gestió Pública de l’Aigua d´Alcoi. Los criterios y fundamentos que ha aportado la ciudadanía deberían ser tenidos en cuenta en el proceso de toma de decisiones sobre un tema crucial como es el modelo de gestión.

A pesar de ello, el alcalde ha optado por la privatización de los servicios de abastecimiento al margen de la ciudadanía, en clara vulneración del derecho humano al agua que tiene como principios fundamentales la transparencia, la rendición de cuentas y la participación activa, libre y significativa, en cuyo contexto se asume que cualquier decisión que afecte al modelo de gestión de los servicios de agua y saneamiento deben ser previamente contrastados con la ciudadanía. Esta circunstancia es especialmente cuestionable para el actual alcalde socialista, en la medida en la que el presidente de gobierno de España se comprometió en su discurso de investidura del 4 de enero de 2020, a consagrar el acceso al agua como un derecho humano y no como un bien mercantil.

En este contexto, la Red Agua Pública (RAP) llama al actual alcalde a proceder de forma consecuente con las determinaciones de su partido y que ponga en marcha un proceso participativo y democrático sobre la forma de gestión del servicio de agua en Alcoi reconduciendo su propuesta al respecto del pleno del próximo 7 de enero.

Frente a este intento de privatización, la RAP apoya los posicionamientos de la Xarxa Valenciana per l´Aigua Pública y de los movimientos ciudadanos de Alcoi a favor de la remunicipalización y la gestión pública y democrática del agua.

Madrid, 3 de enero de 2022

Señor eurodiputado,

Señora eurodiputada,

La Red Agua Pública (RAP), en tanto que integrante del Movimiento Europeo del Agua, denunciamos que la iniciativa del MEP Water Group no reconoce como prioritario que el agua es un derecho humano, tal y como reconoció la Asamblea General de las Naciones Unidas, en la Resolución 64/292 del 28 de julio de 2010.

Instamos a los miembros del MEP Water Group y a los miembros del Parlamento Europeo en su conjunto, a que consideren, reconozcan e impulsen la implementación del derecho humano al agua, en los términos en los que solicitaron casi dos millones de personas en 2013 a través de la Iniciativa Ciudadana Europea conocida como right2water, que contemplaba tres ejes reivindicativos principales: 

  • Garantía del agua y saneamiento para todos en Europa como Derecho Humano y bien común
  • La no liberalización de los servicios de agua, lo que implica también la exclusión del agua de los acuerdos comerciales y de inversión 
  • Acceso universal a los servicios de agua y saneamiento

En este contexto, nos reafirmamos en la necesidad de considerar al agua como un bien público, un derecho humano y un bien común, aspectos que no se abordan en la declaración de la misión del MEP Water Group. Sería necesario trabajar por una declaración contra la cotización del agua en bolsa, ante la cual el actual Relator Especial de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos al Agua y al Saneamiento ha manifestado una gran preocupación en su último informe presentado ante la Asamblea General de Naciones Unidas en 2021, compartida, por otra parte, por la sociedad civil europea, hecho que contrasta con el inaceptable silencio de las instituciones de la UE. 

Estamos a su disposición para profundizar sobre estos temas.

Cordialmente,

Comisión de Coordinación de la Red Agua Pública

(Integrada por AEOPAS, Aigua és Vida, Asamblea Agua Pública 100% Región Murciana, Attac, Comisiones Obreras, Ecologistas en Acción, Enginyeria Sense Fronteres, Fundación Nueva Cultura del Agua, Marea Azul del Sur, Plataforma ciudadana por la defensa del agua pública en Asturies, Plataforma de Bizkaia Ur Publikoa, Red Agua Pública de Aragón, Plataforma contra la privatización del Canal de Isabel II y Xarxa Valenciana per l´aigua pública)

Posteado por: redagua | 3 enero 2022

3 de gener, 2022

Nota de prensa

La Xarxa Valenciana per l‘Aigua Pública* dona suport a les reivindicacions de la Iniciativa Ciutadana per la Gestió Pública de l’Aigua d’Alcoi, i reclama a l’Ajuntament un procés de participació publica per decidir el model de gestió.

Davant l’anunci del debat, al ple de la corporació municipal alcoiana, previst per al proper dia 7 de gener, amb la proposta d’alcaldia de mantenir la privatització de la gestió de l’aigua, la Xarxa Valenciana per l’Aigua Pública, manifesta el seu suport a la Iniciativa Ciutadana per la Gestió Pública d’Alcoi, tot aportant els següents arguments per al debat:

  1. L’accés a l’aigua potable i el sanejament son drets humans de caràcter fonamental reconeguts per l’Assemblea General de Nacions Unides (NNUU), que afecten a altres drets, com ara la salut
  • Com ha explicat el relator especial de NNUU Leo Heller al seu informe de 2020, el model de gestió de l‘abastiment no és neutral. Es més, la gestió privada i especialment el model mixt públic-privat, com el que es vol mantenir a Alcoi, comporten riscos per al ciutadà degut principalment a tres factors: l’objectiu del soci privat d’obtindre el màxim de beneficis; el monopoli natural dels serveis, que impedeix a l‘abonat qualsevol canvi de companyia subministradora; i els desequilibris de poder entre el soci privat i el públic, a favor del primer. Els ciutadans i ciutadanes queden indefensos en mans de l’empresa concessionària.
  • A més, la privatització del servei municipal d’aigua potable en un context de globalització financera obri l’entrada als fons d’inversió internacionals i a l’especulació amb un bé bàsic insubstituïble, com es descriu a l’informe de 2021 del relator especial de NNUU, Pedro Arrojo.
  • L’ajuntament ha presentat un informe tendenciós. A més de no considerar les alternatives possibles, adopta un enfocament reduccionista que deixa fora de consideració aspectes fonamentals per a prendre una decisió informada, com ha mostrat l’informe de l’Associació Espanyola d’Operadors Públics d’Aigua i Sanejament (AEOPAS).

Per les raons esmentades la XVAP manifesta que qualsevol decisió sobre el model de gestió ha de ser precedida per un procés de participació pública transparent, neutral i gestionat professionalment.

Una reivindicació justa i coherent amb les declaracions institucionals de l’Alcalde d’Alcoi, Antonio Francés: “La transparència i la participació són elements que impregnen l’acció política d’aquest Govern municipal”. És, per tant, el moment de passar de  les paraules a la pràctica.

* La Xarxa Valenciana per l’Aigua Púbica, està formada per Acció Ecologista-Agró, Confederació d’Associacions de Veïns CAVE-COVA, CCOO, Ecologistes en Acció, Enginyeria Sense Fronteres, Fundació Nova Cultura de l’Aigua, H2O Paterna, Heterodòxia Castelló, No als Tractats Desiguals, Iniciativa Ciutadana per la Gestió Pública de l’Aigua d’Alcoi, Intersindical Valenciana, La Ribera en Bici, Unió de Llauradors i Ramaders i Xúquer Viu.

  • En el encuentro se trasladó a la Secretaría de Estado para la Agenda 2030 la urgencia de regular por ley el derecho humano al agua en términos de garantía del mínimo vital y de la prohibición de cortes de suministro
  • También se urgió al Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 a intervenir activamente en la transposición de la Directiva europea sobre el agua de consumo humano incorporando en su contenido los criterios y principios del derecho humano al agua potable

21 de diciembre de 2021

El martes 14 de diciembre, una delegación de la Red Agua Pública (RAP) mantuvo una reunión con Cristina Linaje, Directora del Gabinete de la Secretaría de Estado para la Agenda 2030, y Gabriel Castañares, Director General de Políticas Palanca para el cumplimiento de la Agenda 2030, durante la que se les transmitió su posicionamiento respecto a algunos de los temas más relevantes que afectan a los servicios del ciclo urbano del agua en la actual situación. En concreto, se plantearon las cuestiones siguientes:

Durante la reunión, que se desarrolló en un tono cordial y receptivo, las personas de la Secretaría de Estado para la Agenda 2030 mostraron su compromiso y determinación de tener en cuenta las propuestas de la RAP, a la vez que se mantendrá una comunicación estable con la RAP para analizar posibles iniciativas conjuntas. Al finalizar la reunión, la delegación de la RAP fue recibida por Enrique Santiago, Secretario de Estado para la Agenda 2030, con quien se revisaron los aspectos fundamentales debatidos.

La RAP muestra su satisfacción por la reunión y valora positivamente la posibilidad de establecer una línea de comunicación estable con el Ministerio.

  1. Urgencia de regular por ley el derecho humano al agua. Se recalcó que, si bien el escudo social actualmente vigente hasta febrero de 2022 ha sido fundamental para encarar la crisis sanitaria, se trata, sin embargo de una medida coyuntural que no afronta consecuentemente la necesidad de garantizar los derechos asociados a la provisión de servicios básicos y a un nivel de vida digno. Es necesario pasar de promover medidas coyunturales a otras estructurales que reconozcan los derechos y concretamente el mínimo vital y la prohibición de cortes de suministro para las personas en situación de vulnerabilidad económica y social.
  2. La RAP entregó a las personas de la Secretaría de Estado para la Agenda 2030 una propuesta de proyecto de ley del mínimo vital y un estudio técnico-legal que evidencia la posibilidad de legislarlo mediante una ley estatal, y le comunicó la decisión de la RAP de abordar inmediatamente una campaña de incidencia política en el Congreso para impulsar la ley del mínimo vital de agua
  3. Es necesario aprovechar el actual proceso de transposición de la Directiva europea relativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano, para introducir el reconocimiento explícito del derecho humano al agua en toda su dimensión, recogiendo sus criterios de accesibilidad, disponibilidad, asequibilidad, calidad y aceptabilidad, así como los principios de acceso a la información, participación ciudadana, transparencia y rendición de cuentas. En este sentido, los representantes de la RAP entregaron a los miembros de la Secretaría de Estado un documento preparado por la Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento en el que se identifican posibles mejoras al último texto de la transposición.
  4. En este contexto, la RAP considera que la participación del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 en el proceso de transposición es fundamental para conseguir los aspectos anteriores

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