El Grupo de Multimedia de Comunicación La Cerca conversa, vía telefónica, con Luis Babiano dentro de una nueva cita con los denominados “Encuentros Digitales”. El gerente de la Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento conversa con nosotros sobre la situación que, desde hace algunos meses, viene “enfrentando” al alcalde y a parte de los vecinos del municipio ciudadrealeño de Alcázar de San Juan en torno al cambio en el modelo de gestión del agua (de una fórmula pública a otra público-privada). Babiano nos ofrece su opinión experta sobre esta tendencia que se da en varios puntos del país, a través de esta entrevista que les invitamos a escuchar cuando deseen a través del archivo de audio que acompaña a este texto.

Más Información en: 

http://www.lacerca.com/noticias/ciudad_real/luis_babiano_privatiza_agua_buscar_eficiencia_sino_seguro-202948-1.html

El pasado 20 de marzo, el alcalde de Alcázar de San Juan, Diego Ortega, y el director regional de Aqualia, San­­tia­go Lafuente, se daban la mano. Ese día nacía Aqualcazar, la nueva empresa público-privada que se encargará de la gestión de las aguas del municipio, sustituyendo a la empresa pública Aguas de Alcázar. [El 26 de marzo, sin embargo, el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales ha resuelto la paralización cautelar del acuerdo que daba nacimiento a Aqualcazar, admitiendo a trámite uno de los recursos presentados por la oposición, el PSOE, que cuestionaba la capacidad de Aqualcazar al ser una empresa creada de la nada, sin recursos propios ni experiencia previa.] Se­gún la memoria del proyecto, la empresa aportará 1.141.922 euros de capital y otros 6,5 millones en forma de préstamo. “Éste es un día de celebración para Alcázar”, declaraba el alcalde mientras intentaba dejar claro que el servicio seguiría siendo público, pese a dejar en manos privadas el 52% de las acciones.

El mismo 20 de marzo, los ciudadanos, agrupados en la Plataforma contra la Privatización del Agua de Alcázar, ultimaban los detalles para iniciar una consulta ciudadana sobre la gestión del recurso hídrico que se extendería hasta el lunes 24 de marzo. Juan Garrido, portavoz de esta plataforma, que sacó 11 mesas a la calle, explica que la privatización se ha hecho “rápido, querían hacerlo antes del referéndum, pero creo que aún lo podemos parar”, explica. Final­men­te, las urnas recogieron 7.698 papeletas y el 99% de ellas daban un sí a la pregunta “¿Quiere usted que Aguas de Alcázar siga teniendo una gestión 100% pública?”.

Para Isidoro Salcedo, vecino del pueblo y miembro de la plataforma, más allá del sí o el no, lo importante es que “el pueblo de Alcázar ha podido expresar su opinión y les hemos demostrado que la gente quería opinar. Los partidos en el Gobierno obtuvieron 8.200 votos y nosotros hemos recogido casi 7.700”, explica. “Lo público es de todos y todos podemos intervenir en su gestión. Y más cuando la privatización no iba en el programa electoral”.

Este pueblo de Ciudad Real se ha convertido en símbolo de la lucha contra la privatización del agua. Si bien no es el primer municipio español en organizar una consulta de este tipo, ha conseguido una unidad sin comparación. “Somos 32.000 habitantes y reunimos 11.000 firmas a favor de realizar la consulta”, cuenta Garrido. “Es la primera vez que nos unimos contra una decisión del Ayuntamiento”, reconoce, mientras hace un recorrido por las mul­ti­tu­dinarias manifestaciones, con­cen­traciones y actos de protesta que ha vivido este rincón manchego en estos últimos meses. Fruto de la presión “ya han dimitido cuatro concejales del PP y uno de Ciudadanos por Alcázar”, asegura.

Salcedo habla de las emociones que se han expresado: “En Al­cázar el agua es muy entrañable. Cuan­do los pueblos de alrededor no tenían agua, aquí la gen­te se organizó para tenerla. Estos días hemos visto a personas mayores llorando porque recuerdan que sus padres picaron para obtenerla. Y lo consiguieron”.

“Desde siempre, el agua del pueblo fue la joya de la corona –relata Garrido–. Todos los ayuntamientos habían hablado de privatizar el recurso, incluso el último alcalde franquista lo propuso, pero los propios miembros del Ayunta­miento lo para­ron”. Final­men­te, y bajo el paraguas de la crisis y una situación de quiebra económica en las cuentas públi­cas, el Gobier­no actual, formado por una coalición entre el Partido Popu­lar y Ciudada­nos por Alcázar, consumó el anhelado plan, que se inició en un pleno municipal de julio de 2013.

Entre medias, los vecinos no se han quedado de brazos cruzados. “Empezamos demandando una consulta ciudadana. Entregamos las 11.000 firmas, pero el alcalde lo iba dejando. Al final nos encerramos en el Ayuntamiento para que nos hicieran caso. Finalmente conseguimos que se atendiera nuestra demanda en un pleno”. En esta sesión, celebrada el 21 de febrero, tras una votación empatada, el alcalde desequilibró la balanza con un voto en contra. “Una hora después habían organizado otro pleno para aprobar la adjudicación provisional a la empresa”, explica.

El montaje de la privatización

Pero, ¿cuáles son los motivos de la privatización? Según el Ayuntamien­to, la empresa pública Aguas de Alcá­zar tiene una deuda de unos ocho millones de euros con el erario público. “En realidad ese dinero es de obras que ha licitado el propio Ayunta­mien­­to. No tiene sentido afirmar que eso sea una deuda. ¿Te están haciendo una obra y encima les pides dinero?”, se pregunta Luis Babiano, ge­rente de la Asocia­ción Española de Operadores Públicos de Abasteci­miento y Saneamien­to, quien ve en el caso de Alcázar un ejemplo claro de política cortoplacista. “La empresa te da un dinero, pero tú luego se lo tienes que devolver. En el caso de Alcázar, en el propio pliego pone la palabra préstamo. Y un préstamo tiene intereses”, advierte.
“La privatización ha sido un montaje. Han quebrado la empresa pública ellos para justificar la venta. Aquí no hay un problema de aguas, tenemos una bolsa de agua extraordinaria. Porque el agua es un derecho, es algo de todo el pueblo y tenemos una empresa pública que ha llegado a dar unos beneficios de 800.000 euros anuales”, explica Garrido, el portavoz de la plataforma, que calcula que el cambio en la gestión supondrá una pérdida de 50 millones de euros en 25 años. Pero los vecinos todavía no han dicho la última palabra. “Vamos a seguir con la presión ciudadana. Hay varios contenciosos abiertos. Vamos a luchar por la remunicipalización”, sentencia Garrido.

Una marea de privatizaciones

Casos como los de Alcázar copan ya media España. Según los datos de la Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento, tan sólo un 50% de los municipios conservan una gestión 100% pública del recurso. El gerente de la asociación ve claro que la crisis está respaldando los modelos de gestión privada. “Se está usando el agua para sanear la deuda de los municipios”, explica.

Pedro Arrojo, miembro de la Fundación Nueva Cultura del Agua y profesor emérito del Departamento de Análisis Económico de la Universidad de Zaragoza, resume así el modelo de gestión mixta que se está imponiendo: “Las empresas privadas compran los derechos de gestión y las inversiones son públicas. Los Ayuntamientos se dotan de fondos de liquidez a corto plazo. Están vendiendo los muebles”, explica. “En el mundo electoral se mira a corto plazo y en condiciones de anorexia financiera ésa es la estrategia. Esta visión, a la larga, sale cara”, explica Arrojo mientras indica que los primeros afectados son los bolsillos de los ciudadanos.

“En Huelva se privatizó el servicio en 2010. En 2013 la tarifa del agua había subido un 63%”, explica Babiano, quien no duda en remarcar que “se privatiza el servicio, pero no es para hacerlo más eficiente. Lo público funciona muy bien y da dinero, por eso lo privatizan. De esta manera, introducen un derecho humano, como es el agua, en la lógica mercantil. Pasamos de ciudadanos a clientes”, sentencia.

La lucha contra la privatización en cifras

99% de los 7.698 votos emitidos durante el referéndum sobre la privatización de Aguas de Alcázar defienden que la empresa siga siendo 100% pública.

11.000 personas firmaron para que se pudiera realizar la consulta popular sobre la privatización del agua, más de un tercio de los 32.000 habitantes de Alcázar de San Juan.

5 concejales han dimitido fruto de la presión popular en contra de la privatización de la empresa pública de agua. Cuatro de ellos son del PP y uno de Ciudadanos por Alcázar, los dos partidos en el gobierno municipal.

 

 

Fuente noticia: eldiario.es

“Nosotros, antitrasvasistas convencidos, solicitamos al Ministerio un trasvase, ya que es el único lenguaje que entiende”. Si no puedes con tu enemigo, únete a él.

Es la nueva estrategia de la Asamblea para la Defensa del río Tajo de Aranjuez. “La política del Ministerio hace que llevemos la situación al absurdo. La petición de un trasvase desde la cabecera del río Tajo hacia el curso del propio río es un grito desesperado que lanzamos al ministro para que sepa que sus políticas trasvasistas están matando al Tajo y están condenando el futuro de las ciudades de la cuenca. Lo pedimos los colectivos en defensa del Tajo porque el propio río lo suplica”, explica Fernando Cuerva, miembro de la plataforma de Aranjuez.

A 292 kilómetros de distancia, las aguas del Tajo, enfermas y casi muertas en Madrid y Toledo, riegan huertas del Levante. En 1978 se construyó el trasvase Tajo-Segura, una infraestructura compuesta por canales, acueductos y túneles que aún hoy sigue despertando críticas.

Los diferentes colectivos sociales por la defensa del río más largo de la península denuncian que en realidad el Tajo no pasa por su cauce, “sino en mayor cantidad y mejor calidad por el trasvase Tajo-Segura”, y desemboca no en Lisboa sino, “en gran medida, en la huerta murciana”. La petición pública de autotransfusión, que este lunes se registra en el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, muestra el cambio de estrategia de una guerra que nació hace años pero cuyas batallas se recrudecen por momentos.

La última gota del vaso es un memorándum firmado, “en secreto y con total opacidad”, según la Fundación Nueva Cultura del Agua, entre el Ministerio y varios Gobiernos regionales, todos del Partido Popular. Un documento que afecta a la Ley de Evaluación Ambiental y que se tramitó mientras se estaba sometiendo a información pública el Plan Hidrológico del río Tajo, al que se presentaron más de 12.000 alegaciones. Todas han sido rechazadas. “Nos tuvieron entretenidos mientras el lobby trasvasista dictaba las reglas de gestión del río Tajo”, añade Cuerva.

La nueva normativa establece la obligación de trasvasar agua a partir de un determinado caudal, es decir, “ya no es una posibilidad sino una obligación. Al Tajo se le mantiene en su estado agónico y, por ejemplo, si Madrid necesita más agua en un momento dado, no puede tirar de los embalses de cabecera porque esa agua está ya asignada al trasvase”, explica la investigadora en política y gestión de aguas Nuria Hernández-Mora.

En el Consejo Nacional del Agua, Santiago Martín Barajas, responsable de agua en Ecologistas en Acción, habló de “barbaridad” porque sostiene que, si se fija por ley una cantidad trasvasable, habría que indemnizar a los regantes en caso de que no se cumpla. Desde la otra orilla, el Ministerio califica el acuerdo como “histórico”.

Recurso de inconstitucionalidad

El cambio de táctica de las diferentes organizaciones que defienden el Tajo no ha sido la única reacción ante la nueva legislación gubernamental que está fomentando la mercantilización del agua. En Aragón, comunidad en la que nace el Tajo y que es regada por el Ebro, la respuesta ha tomado otro curso. Las Cortes autonómicas van a presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Evaluación Ambiental por considerar que da validez legal a un posible trasvase del Ebro.

Un informe del servicio jurídico de las Cortes apunta que la tramitación de la ley prescinde “de los mecanismos establecidos para garantizar la participación autonómica en la planificación hidrológica”, incurriendo “en un vicio de inconstitucionalidad”. Considera, además, que posibilita el trasvase entre cuencas al margen del Plan Hidrológico Nacional y “viene a menoscabar el régimen de participación en la gestión del agua que impone el principio constitucional de cooperación”.

La iniciativa del recurso manó del Partido Aragonés, que, según explican fuentes de la formación, considera que la Ley de Evaluación Ambiental permite aprobar trasvases mediante una mera autorización de una Dirección General del Ministerio, y no a través de una ley como sucedía hasta ahora.

El envite al río más caudaloso del Estado también llega desde las trincheras del Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Ebro. Y aquí las reacciones más bravas son las de Cataluña: la Generalitat va a presentar una denuncia ante la Comisión Europea contra el plan “porque es lesivo para la preservación del delta”. Desde la Consejería de Territorio y Sostenibilidad están estudiando si el caudal mínimo de 3.220 hectómetros cúbicos anuales aprobado para el tramo final del río contraviene la Directiva Marco del Agua de la Unión Europea.

Esta normativa comunitaria exigía tener realizados todos los planes de cuenca para 2009. La demora en el caso español ha provocado ya sanciones por parte de la Comisión Europea. La cuantía de la multa no ha trascendido, pero se habla de entre 30 y 60 millones de euros.

Y hay quien espera futuras sanciones porque, en palabras del economista Pedro Arrojo, “se está incumpliendo todo lo que se refiere al cálculo de nuevos caudales ambientales que garantizan el buen estado ecológico de los ríos”. En este punto es precisamente donde radica la respuesta de Cataluña: el caudal mínimo exigido por la Generalitat es de 7.000 hectómetros cúbicos anuales, casi el doble de lo finalmente aprobado.

El “macrolobby” de los regantes

“No deja de ser paradójico que se nos acuse de dejar en un segundo plano la protección de las aguas y de los ecosistemas cuando, por el contrario, en los programas de medidas de los planes hidrológicos que hemos tramitado el grueso de las inversiones va destinado, por lo general, a la protección ambiental. Los nuevos planes de cuenca son mucho más conservacionistas que sus precedentes e incluso que los del resto de Europa, ya que hemos incorporado a nuestra planificación requisitos que no estaban contemplados en la Directiva Marco del Agua”, justifican fuentes ministeriales a eldiario.es.

El golpe en la mesa de Cataluña ya ha provocado las primeras reacciones: sin contacto alguno durante los ocho meses de tramitación del plan, el ministro Miguel Arias Cañete se ha reunido en los últimos días con el consejero catalán Santiago Vila. La creación de un grupo de trabajo ha sido el resultado de la rápida reunión.

De momento, la Plataforma en Defensa del Ebro ha anunciado una manifestación para el domingo 30 de marzo. Sus críticas van más allá de los caudales y reprueban también la creación de 445.000 nuevas hectáreas de regadíos, cuando actualmente hay 965.000. “Esta propuesta resulta totalmente absurda, no hay recursos económicos para llevarla a cabo, ni tampoco recursos hídricos suficientes en la cuenca para abastecer a esos nuevos regadíos”, subraya Santiago Martín Barajas, quien apunta hacia los regantes: “No son el lobby, son el macrolobby”.

“Se está dando una imagen completamente injusta e incoherente del regadío, cuando los regantes somos los primeros ecologistas. Se ha pasado de ignorar las consecuencias ambientales de cualquier actividad a un fundamentalismo ambientalista, que no sólo exagera los impactos negativos que pudieran derivarse de la actividad del regadío, sino que llega incluso a ignorar los efectos positivos de esta actividad”, responde el presidente de la Federación Nacional de Comunidades de Regantes, Andrés del Campo.

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Comunicado: https://redaguapublica.wordpress.com/2014/03/21/en-el-dia-mundial-del-agua-marchamos-contra-la-privatizacion-del-agua-y-de-los-rios/

La Plataforma Ciudadana APEMSA NO SE VENDE denuncia al secretario general del Partido Andalucista, Antonio Jesús Ruíz, frente a los pocos militantes del PA que acudieron durante la mañana de hoy domingo al acto regional convocado para celebrar el “Día del Partido” en El Puerto de Santa María.

Casi un centenar de vecinos/as acudieron al parque de la Victoria para reclamar que la empresa municipal y andaluza de aguas APEMSA no sea vendida a la multinacional española Aqualia del grupo Fomento de Construcciones y Contratas, que preside Esther Koplowitz, una de las personas más ricas del mundo.

Durante 30 minutos los integrantes de la Plataforma APEMSA NO SE VENDE impidieron el inicio del acto del PA, y frente a los pocos asistentes al acto gritaron los eslogan “Apemsa no se vende”, “El agua es del pueblo”, “Blas Infante no lo haría”, “Sí se puede”, y mirando directamente al secretario general del PA Ruíz Aguilar le gritaron “MENTIROSO”, mientras mostraban a todos los asistente una publicidad del PA en al que Ruíz Aguilar con su imagen y su firma se comprometía con un rotundo “Apemsa no se vende” durante la campaña electoral para las municipales de 2011.

Ruíz Aguilar se mantuvo en todo momento muy alegado de los manifestantes, y solamente la también líder del PA Pilar Tavora la única que dio la cara ante los integrantes de la plataforma, y se comprometió a mantener una reunión con ellos mañana lunes en compañía de Ruíz Aguilar. Fue entonces cuando los concentrados se retiraron sin responder a los insultos y provocaciones de algunos simpatizantes del PA. Solo la policía local estaba presente en el acto, y no fue necesaria su intervención.

Desde las 8.30 de la mañana de este viernes, un goteo constante de vecinos de Alcázar de San Juan (Ciudad Real) ha acudido a votar sobre la privatización del agua del pueblo. Al finalizar el recuento de la mañana, sobre las 15.30, los organizadores han contado 2.438 papeletas totales: 2.403 con la casilla del “sí” marcada, 30 “no”, dos votos nulos y tres en blanco. La consulta durará cuatro días, hasta el lunes, y fue convocada hace dos semanas  por la Plataforma Contra la Privatización del Agua de Alcázar.

Más Informción en: http://sociedad.elpais.com/sociedad/2014/03/21/actualidad/1395405873_222520.html

No hay límite de fecha. La plataforma Apemsa no se Vende, formada por colectivos sociales y políticos de El Puerto de Santa María (Cádiz) en contra de la venta de acciones de la empresa municipal de aguas de la ciudad ha dado carácter indefinido al encierro iniciado el pasado viernes en las dependencias del Ayuntamiento para reclamar al gobierno (PP y PA) que pare de inmediato esta operación. La tercera jornada de la protesta se cerró sin avances después de que el alcalde, Alfonso Candón, decidiera no reunirse con el colectivo.

El Ayuntamiento de El Puerto confirmó el pasado año su intención de incorporar un socio privado a la empresa municipal Apemsa, entidad que ya cuenta con una empresa particular, Aqualia, como concesionaria del alcantarillado y la depuración. El anuncio generó un alud de protestas por varias vías. La judicial ha tenido un último paso en la solicitud de un contencioso por Ecologistas en Acción, ya admitido a trámite, aunque de momento el juez no ha tomado la medida cautelar de paralizar el proceso. Los ecologistas han llevado el proceso también a la Fiscalía Anticorrupción porque lo ven “viciado” en su origen y creen que trata de beneficiar a la única empresa que se ha presentado: FCC.

La vía política, emprendida por todos los partidos de la oposición, tampoco ha surtido efecto. El gobierno ha tumbado todas las mociones en contra y en el último pleno, celebrado la pasada semana, ningún cargo del PP o del PA se molestó en argumentar el rechazo, lo que indignó todavía más a los que están en contra de esta venta.

Más Información en: http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/03/17/andalucia/1395073101_813108.html?rel=rosEP

El agua es esencial para la vida, y es el denominador común de todos los retos del desarrollo sostenible. Necesitamos agua para producir alimentos. Necesitamos agua para producir energía. Mejorar el acceso al agua significa también que millones de niñas puedan ir a la escuela en lugar de tener que andar kilómetros para llegar al pozo. Significa mejorar la salud materna, reducir la mortalidad infantil, preservar el medio ambiente. UNESCO

 

LEGISLACIÓN

Desde Marea Azul del Sur creemos es necesario completar la Ley de Aguas para “estandarizar normas y criterios en la prestación de los servicios”, evitar la “opacidad en la gestión privada”, poner en marcha el observatorio previsto en la legislación para que analice y vigile la situación del agua y eliminar los cánones concesionales, el mecanismo que permite recaudar y desviar los fondos a capítulos que nada tienen que ver con el agua.

CONCESIONES Y CORRUPCIÓN

Este canon es el elemento fundamental que, entre otras cosas, ha facilitado que los Ayuntamientos recurran a la privatización e impedido el cumplimiento de los planes de depuración para los que se ha estado recaudando con cada recibo del agua sin que se haya reinvertido en infraestructuras.

Es absolutamente indecente y debería estar perseguido. Y lo está en algunos países, como Francia, donde esta práctica está prohibida en Ley de Transparencia y Anticorrupción, según advierte Luis Babiano, gerente de la asociación de operadores públicos, Aeopas. Babiano explica que la UE insta a que se aplique “el principio general de recuperación de costes” y defiende que sea así, que el usuario pague los costes del recurso (de gestión, de infraestructuras, medioambientales), pero solo eso y no las nóminas, deudas y otros gastos municipales ajenos al agua.

PARTICIPACIÓN

Desde Marea Azul del Sur creemos que un gobierno democrático no debería tomar decisiones que afecten a la mayoría de la población sin consultar previamente a dicha población mediante referéndum inequívocamente planteado y debidamente informado. El cumplimento de este postulado exigiría facilitar la convocatoria de referéndum, a escala nacional, autonómica, local, cuando la importancia del tema lo requiera y/o la población lo solicite, como es habitual en otros países con más tradición democrática. Para nosotros convocar un referéndum sobre la privatización del Agua en El Puerto es fundamentalmente una cuestión de higiene democrática. 



MAREA AZUL DEL SUR

mareaazuldelsur@gmail.com

Paco López – 692730638   //  Luis Babiano  690853074 //  Luis Hiniesta – 661275874

Marchamos contra el uso mercantil de un bien básico para la vida como es el agua. Marchamos contra las políticas profundamente antidemocráticas de los gobiernos municipales, autonómicos y estatal que convierten a nuestros ríos y nuestra agua en un lucrativo negocio dejado en manos de unos pocos. Marchamos contra las empresas Aqualia (FCC), Aguas de Barcelona y Acciona Agua que se están lucrando con la gestión de un derecho humano.La privatización de los servicios de abastecimiento y depuración del agua, que ya se venía dando en España, de manera silenciosa, ha tomado más fuerza en estos últimos años. La venta de los servicios municipales y de las empresas públicas que gestionan el agua se realiza de forma opaca, con procesos de adjudicación plagados de irregularidades y de forma autoritaria incumpliendo programas electorales a espaldas de las/os vecinas/os. Todo ello con el objeto de mejorar temporalmente las cuentas municipales o autonómicas (“Pan para hoy, Hambre para mañana”) y abrir así nuevos mercados a grandes corporaciones. Ejemplos hay muchos y se puede citar el caso de la privatización de la empresa de abastecimiento del Puerto de Santa María, Ubrique y La Barca (Cádiz), de Candeleda (Ávila), y Alcazar de San Juan (Ciudad Real) de la empresa Aguas del Ter Llobregat (Cataluña), del Canal de Isabel II (Madrid) y el Plan de Saneamiento de Aragón.
En todos ellos se repite el mismo patrón: No se aporta información técnica que justifique la privatización del servicio, es más, se generan mecanismos para impedir el acceso a la información; se cometen irregularidades en el proceso para acelerarlo o para facilitar la venta y no se consulta a la población una decisión que afectará a su vida durante las decenas de años que pueda durar la concesión. De hecho, en algunos lugares como Alcázar de San Juan, ha tenido que ser el Tribunal Superior de Justicia de la Castilla la Mancha la que permitiera que los/as propios/as vecinos/as hacer una consulta ciudadana para expresar su opinión libremente sobre la privatización de la empresa gestora del agua. La población no permanece callada sino que, cada vez más, se está oponiendo con más fuerza para defender un derecho humano fundamental y universal, como es el acceso al agua y al saneamiento. Saben que si se privatiza la gestión del agua lo que se priorizará será el beneficio económico de la empresa privada sobre otros aspectos vitales como es la conservación ambiental, el acceso universal y equitativo al agua. Esta amenaza es especialmente grave en el contexto actual de creciente pobreza hídrica: se han realizado cerca de 500.000 avisos de corte de los que casi 300.000 han sido cortes ejecutados de agua al año por no poder pagar el recibo del agua.
Pero hay más, se están proponiendo leyes a nivel estatal que facilitarán la mayor entrada de capital privado en el ciclo integral del agua, como el anunciado Anteproyecto de Ley relativo al ciclo integral del agua de uso urbano, que solo ha sido discutido con la patronal del agua y la construcción. Además se está facilitando la compra y venta de concesiones de agua como si estas fueran un Título de Propiedad sobre un bien común. Entre esta leyes regresivas, destaca la recién aprobada Ley de Racionalidad y Sostenibilidad de la Administración Local 27/2013 (la “Reforma de la Administración Pública”) que entró en vigor el pasado 31 de diciembre. Además de suponer un ataque frontal a la capacidad de autogobierno de las administraciones locales, esta ley abrirá la puerta a la privatización forzosa de muchos servicios básicos, entre ellos el agua.
Por todo ello, las redes sociales, plataformas ciudadanas, sindicatos, asociaciones, campañas de sensibilización, mareas y organizaciones que conformamos la Red Agua Pública, nos movilizaremos el 22 de marzo: Día mundial del Agua. Y reivindicaremos en la Cuesta de Moyano desde las 12 del mediodía el rechazo a la privatización del agua y nuestros ríos, para proponer una gestión con criterios de solidaridad, cooperación mutua, acceso colectivo, equidad, rendición de cuentas, control democrático y sostenibilidad.También, ese mismo día 22 de Marzo estaremos atentas al Parlamento Europeo, que debe emitir una comunicación en la que exprese cuáles son los mecanismos que va a utilizar para atender a las demandas de la ciudadanía explicitadas en la Iniciativa Ciudadana Europea: ‘El agua es un derecho humano’ ¿Excluirán el agua de ámbito de la liberalización?
En Cataluña, en Manlleu los movimientos del agua se encontrarán en el Àgora de l’Aigua en este mismo día en el Museu del Ter para celebrar toda una jornada de debate y denuncia de la privatización del agua.
Red Agua Pública

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El viernes 21 de marzo, víspera del Día Mundial del Agua, la RED AGUA PÚBLICA que coordina a nivel estatal los movimientos contra la privatización de los servicios de agua y saneamiento y en defensa de una gestión pública participativa, organiza como acción de referencia a nivel estatal, una manifestación en Zaragoza en forma de “Río contra la Privatización del Agua”. Para ello se usarán más de 1000 metros cuadrados de tela azul, con los que se escenificará ese río, que llevará una Queja al Justicia de Aragón, respaldada por sindicatos, asociaciones, movimientos sociales, Ayuntamientos y miles de firmas, denunciando la privatización de los servicios de saneamiento a través del Plan de Saneamiento de Aragón, así como la injusta y arbitraria aplicación del canon de saneamiento. Un canon que se cobra de forma abusiva a decenas de miles de familias en municipios que no tienen depuradora, por incumplimiento de las empresas que recibieron del Gobierno de Aragón el negocio de privatizar el servicio.

En Aragón era noticia en los medios de comunicación que se ha llevado al Tribunal Superior de Justicia de Aragón a José Angel Biel como PRESIDENTE  del PAR por el PRESUNTO COBRO DE 30 MILLONES DE EUROS EN COMISIONES POR LA ADJUDICACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE DEPURADORAS EN ARAGÓN.

En esta manifestación, en Zaragoza, la RAP recoge, junto a las reivindicaciones de Aragón, la lucha contra la privatización de multitud de servicios de agua en las diversas Comunidades Autónomas, usando el pretexto de falsas políticas de austeridad frente a la crisis. Luchas como las de Madrid (Canal de Isabel II), Barcelona (Aguas del Ter-Llobregat), Alcázar de San Juan, Jerez de la Frontera, Puerto de Santa María. En concreto destacar la consulta que se está llevando a cabo durante este fin de semana en Alcazar de San Juan, consulta que el subdelegado del Gobierno de Castilla La Mancha ha querido impedir, como el encierro indefinido que llevan en el Puerto de Santa María desde hace una semana para impedir la privatización de los servicios públicos.

Con esta manifestación, en víspera del Día Mundial del Agua, la RAPA denuncia la privatización, no sólo de los servicios públicos de agua y saneamiento, sino también del agua y de los ríos, con los cambios legales promovidos por el Gobierno, que mercantilizan los derechos concesionales que permiten usar ese bien público.

Por otro lado, la manifestación de Zaragoza, será la antesala de la Marea Azul que se unirá en Madrid al día siguiente, el sábado 22, a la Marcha por la Dignidad, llevando ese río de tela azul a la concentración de todos los movimientos de la RAP a nivel estatal, en la Cuesta de Moyano, entre las 12h y las 17h, momento en que se desfilará hacia la Pza. de Colón con las columnas que habrán llegado a la capital desde todos los puntos de la Península.

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