Posteado por: redagua | 22 mayo 2017

Premio Ecozine a la Red de Agua Pública

El alcalde de Zaragoza, Pedro Santiesteve, entregó el Premio Especial de EcoZine al compromiso medioambiental a la Red de Agua Pública. “La defensa del agua como derecho humano ha sido defendida durante 30 años conscientes de que no podemos bajar la guardia ante la defensa de los bienes comunes, que como tal deben ser protegidos por las instituciones públicas”. El Premio, como recordó el director de EcoZine, Pedro Piñeiro, “es un reconocimiento a la Red de Agua Pública como defensora de los derechos humanos de la Asociación Cultural Ecozine, que es quien concede el premio con la libertad que nos caracteriza y que esperemos continúe muchos años”.Mostrando image.png

El premio de este año a la Red de Agua Pública es una muestra de la apuesta por el derecho humano de acceso universal a los bienes comunes. El premio fue recogido por Miriam Planas, Enrique Gracia y Gonzalo Marín, miembros de la Red de Agua Pública de Zaragoza, Barcelona y Madrid. Como activista medioambiental, Enrique Gracia recordó a la hondureña Berta Cáceres, “cuyo recuerdo de lucha nos dan ánimos para defender el agua como derecho humano”. “En España tenemos el 50 por ciento del agua privatizada, frente al 10 por ciento en el resto del mundo”, recordó Miriam Planas, que defendió las luchas en Valladolid, Terrassa, Barcelona y otras ciudades por la remunicipalización del agua. “Donde el agua se entiende como una mercancía, encotramos costes abusivos, pérdida en la calidad del agua y corrupción política: ¿por qué no avanzar hacia un modelo de gestión pública y eficiente en España?”, apostilló Gonzalo Marín.

Posteado por: redagua | 19 mayo 2017

Contra la privatización de la gestión del agua

El debate sobre la gestión pública del agua ha cobrado actualidad por dos hechos, que han coincidido en el tiempo y no por casualidad: la decisión del Gobierno de impugnar el acuerdo adoptado por el Ayuntamiento de Valladolid que establecía la finalización de la concesión privada y con ello la gestión pública del servicio, y la aparición, de manera sorpresiva, de una Disposición Adicional (la 27) en el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017 (en adelante PGE) que ha sido interpretada por muchos actores como un intento de bloquear las iniciativas de reversión de servicios públicos, utilizando para ello el empleo (y la estabilidad en el mismo) como freno.

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Durante los días 5, 6 y 7 de mayo tuvo lugar en Madrid el FORO por una NUEVA CULTURA del AGUA, organizado por PODEMOS, En Comú Podem, En Marea, IU y EQUO. Las propuestas y conclusiones respaldadas por consenso general son las siguientes.

Documento completo Conclusiones y propuestas FORO

El sindicato ha anunciado que ejercerá la acusación particular en el juicio de la operación Lezo y ha reclamado que se anulen las sanciones a los sindicalistas que en su día denunciaron las irregularidades que se están investigando en la actualidad

CCOO ha reclamado este martes la vuelta del Canal de Isabel II a su estatus jurídico anterior como Ente Público para un mayor control por parte de la Asamblea de Madrid, a fin de que se eviten los casos de corrupción que se han destapado a raíz de la operación Lezo.

Así se ha manifestado en una rued

a de prensa posterior a la reunión entre CCOO de Madrid y los representantes del sindicato en el Canal, en la que el secretario general Jaime Cedrún ha manifestado que “el agua es un derecho básico y universal” y ha denunciado que han sido la plantilla y los ciudadanos los que han pagado el desvío de fondos en una empresa que funcionaba razonablemente bien hasta que la irrupción de Esperanza Aguirre e Ignacio González y el deterioro del Canal que se ha producido desde ese momento y desde el nacimiento de la sociedad anónima Canal de Isabel II

CCOO ha reclamado también que se anulen las sanciones a los dos sindicalistas de CCOO que denunciaron en su momento las irregularidades, así como que se pida disculpas a los mismos, a los que se ha faltado al respeto cuando han pedido explicaciones sobre lo que estaba ocurriendo en el Canal.

Cedrún ha puesto de manifiesto la situación laboral de la plantilla, en la que había 800 puestos, es decir un tercio de la misma, en “rotación permanente” y con sueldos que eran la mitad que los de los compañeros fijos. El sindicato denuncia que los beneficios del Canal no se han utilizado ni para llevar a cabo inversiones de mejora ni para paliar las condiciones laborales hasta este año 2017, cuando con el nuevo convenio colectivo, gracias a la recuperación de la negociación colectiva, se han equiparado las condiciones laborales.

CCOO de Madrid ha anunciado que se va a personar como acusación particular en la operación Lezo, manifestando todo el apoyo a la investigación que se siga desde la Asamblea de Madrid, y reclamando que se investiguen también, por ejemplo, los teatros del Canal porque con el presupuesto de la empresa pública “se han comprado muchas voluntades”. Por tanto, el sindicato insiste en que la política no puede mirar para otro lado ante los casos de corrupción que están aflorando en la Comunidad de Madrid y que hay que investigar cuanto antes.

En representación de la plantilla, Emilio Torres, responsable de CCOO Canal de Isabel II, ha explicado que los trabajadores han vivido años duros ante lo que ha calificado de “mafia” que se ha introducido en el Canal, convertido en “una charca de corrupción”.

 

Electos de las administraciones europeas y ciudadanos del movimiento europeo del agua
manifiestan al ministro Montoro su rechazo a la disposición adiciones vigésimo séptima de la Ley de los presupuestos generales para 2017elaguanoesunanegocio
A partir del viernes 12 de mayo tendrá lugar una campaña organizada por el Movimiento Europeo del Agua en el que está integrado la Red Agua Pública, junto con la

Federación Sindical Europea de Servicios Públicos (EPSU) que fue la espina dorsal dela Iniciativa Ciudadana Europea por el derecho humano al agua en 2012 NotaPrensa_RAP_EPSU_MovimientoEuropeaAguahttp://www.right2water.eu). Esta campaña está destinada a manifestar su rechazo a la Disposición Adicional vigésimo séptima de la Ley General de Presupuestos para 2017 porque atenta contra la autonomía municipal, limita los derechos laborales, impide la remunicipalización de los servicios públicos restringiendo drásticamente la democracia en tanto que los ciudadanos o sus representantes electos no podrán optar por modelos de gestión públicos una vez hayan sido privatizados.

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Posteado por: redagua | 3 mayo 2017

LA RED AGUA PÚBLICA ANTE LA LEY DE PRESUPUESTOS DE 2017

Los gobiernos del Partido Popular de Mariano Rajoy se han posicionado sistemáticamente en contra de los intereses municipales, menoscabando sus competencias y favoreciendo la privatización de los servicios públicos que, por ley, tienen que gestionar. Esto quedó palmariamente claro cuando aprobaron la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, y, en la presente legislatura, cuando se personan judicialmente a través del Ministerio de Hacienda  para entorpecer la recuperación de la gestión de los servicios públicos, como en el caso de Valladolid en el que intentan paralizar la remunicipalización del ciclo integral del agua por parte del ayuntamiento de esta ciudad, favoreciendo descaradamente los intereses de la empresa Aguas de Barcelona (AGBAR), dependiente de la multinacional francesa Suez.

Los hechos anteriores no son aislados, sino que se incardinan en una estrategia clara del gobierno central del Partido Popular de favorecer los intereses de las grandes corporaciones que especulan con el derecho humano al agua, promoviendo la 8k-c2a1el-agua-no-es-un-negocio-fuente-anticapitalistas-orgprivatización de los mismos y obstaculizando los procesos de remunicipalización que se están impulsando en diferentes territorios del estado español. Intentan, en definitiva, evitar que se multipliquen los procesos de remunicipalización que se están generalizando en numerosas ciudades europeas como Paris, Montpellier, Grenoble, Burdeos, Berlín, Stuttgart, Génova o Budapest.

El Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2017 que ha presentado el gobierno del Partido Popular se inscribe en esta estrategia, toda vez que su Disposición adicional vigésima séptima introduce un verdadero caballo de Troya que atenta contra la autonomía municipal al impedir la incorporación como empleados públicos a los trabajadores de las empresas privatizadas. De esta forma será prácticamente imposible que se materialicen procesos de remunicipalización de cierta envergadura, con un volumen de trabajadores considerable. Esta Disposición atenta, además, contra los derechos laborales de los trabajadores y restringe drásticamente la democracia en tanto que los ciudadanos o sus representantes electos no podrán optar por modelos de gestión públicos una vez hayan sido privatizados, quedando condenados a sufrir el oligopolio de las tres multinacionales que hacen negocio con el Derecho Humano al agua y el saneamiento.

La Red Agua Pública llama a todas las fuerzas políticas con representación en el Congreso de los Diputados a rechazar la Disposición adicional vigésima séptima del proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2017.

Más información:

Red Agua Pública (RAP), es un espacio que aglutina a decenas de plataformas, organizaciones sociales, ambientales, sindicales y políticas del Estado español que promueven una visión del agua como bien común y servicio público, y luchan por la defensa de la gestión pública, sin ánimo de lucro, transparente y participativa de los servicios de abastecimiento y saneamiento.

https://redaguapublica.wordpress.com

Pedro Pablo Serrano: 649824397

Luis Babiano: 690853074

Gonzalo Marín: 646559647

Quim Pérez: 647915639

Posteado por: redagua | 28 abril 2017

FUNDACIÓN NUEVA CULTURA DEL AGUA

31 de mayo finaliza el plazo para presentarse al CONCURSO “Sueños y pesadillas en la gestión del agua”

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III Jornadas sobre abastecimiento y depuración del agua de Zaragoza

Próximas citas con el agua (mayo y junio)

 

Ante la corrupción generada por el Partido Popular, la Plataforma contra la privatización del Canal de Isabel II reivindica la depuración de responsabilidades políticas y sociales y la implantación de un modelo de gestión no lucrativa, transparente, participativa, con rendición de cuentas y democrática.

La operación Lezo que ha puesto en marcha el magistrado Eloy Velasco, pone en evidencia el alcance de la corrupción en la Comunidad de Madrid y su relación con el Canal de Isabel II, empresa pública controlada por la Comunidad, y que se entrelaza con otras tramas corruptas como la Gurtel, Tosca y Púnica, destinadas tanto a financiar al Partido Popular como a enriquecer descaradamente a los corruptos. Salvador Victoria, que fue consejero de Justicia del gobierno de Ignacio González y presidente del propio Canal, está imputado en el caso Púnica, y en el de la Tosca lo está Gerardo Díaz, ex gerente de la filial Hispanagua y actual colaborador de la Dirección de Operaciones en Canal de Isabel II S.A, antigua Canal Gestión.

PCPCYII

La trama Lezo es especialmente relevante porque afecta de lleno al Canal de Isabel II, que gestiona los servicios de abastecimiento y saneamiento en la región que, de acuerdo con Naciones Unidas, tienen la consideración de derechos humanos que deben que estar garantizados por las administraciones públicas. El impacto mediático que ha alcanzado la trama Lezo, y que ha generado una importante alarma social, se debe en buena parte a la importancia de las cifras que están en juego como a la relevancia política y social de los hasta ahora principales implicados, procedentes del ámbito político -con Ignacio González a la cabeza-, empresarial -OHL, Licuas, Indra, entre otras-  y al propiamente específico de directivos de la empresa -el ex director general de la empresa Adrián Martín, la anterior directora financiera María Tersa Richmond y Edmundo Rodríguez Sobrino, presidente ejecutivo de la filial Interamericana de Aguas y Servicios-.

Sin embargo, las evidencias de corrupción ligadas con la actividad del Canal de Isabel II no son nuevas, sino que se han puesto reiteradamente de manifiesto tanto por la propia Plataforma contra la privatización del Canal de Isabel II y los medios de comunicación, como por la Comisión de la Asamblea de Madrid de estudio sobre la auditoría del endeudamiento y la gestión pública de la Comunidad de Madrid, creada a pesar de la oposición frontal del Partido Popular, que en mayo de 2016 ya denunció el caso de la empresa Emissao en Brasil, que ha sido el detonante de la operación Lezo y que Cifuentes pretende protagonizar de forma oportunista –yo remití el informe a la Fiscalía sin precisar que lo hizo en junio de 2016-, emulando a Esperanza Aguirre –yo destapé la Gurtel-.

En este sentido, se puede entender que con la operación Lezo -que bien puede denominarse caso Canal-, sale a la superficie el verdadero iceberg de la corrupción que se ha ido entretejiendo en torno al Canal de Isabel II durante los gobiernos del Partido Popular presididos por Alberto Ruiz Gallardón, Esperanza Aguirre e Ignacio González, que han aprovechado la preponderancia e importancia del Canal para expoliar lo público. Esto ha sido posible por la progresiva mercantilización del Canal de Isabel II que tuvo un hito importante en 2008, cuando el gobierno de Esperanza Aguirre empezó el proceso de privatización de la empresa pública y otro en 2012 cuando el de Ignacio González creó la Sociedad Anónima Canal Gestión. Durante todo este proceso se ha materializado una patrimonialización rotunda del Canal por parte del Partido Popular, utilizando esta empresa en beneficio del partido y de sus dirigentes, a través de un modelo de gestión totalmente opaco cuyo fin último es la maximización y reparto de los beneficios, como paso previo a la privatización, en detrimento de las condiciones laborales de los trabajadores de la empresa y de las necesarias inversiones para asegurar la sostenibilidad de los servicios. Este modelo mercantil se ha consolidado, además, vulnerando la autonomía de los ayuntamientos y en claro detrimento de sus competencias en los servicios de abastecimiento y saneamiento.

Frente a la corrupción y el ánimo de lucro, contraponemos la transparencia, rendición de cuentas, control y participación democrática; estos son los ejes fundamentales del modelo de gestión que la Plataforma contra la privatización del Canal de Isabel II reivindica para la empresa pública responsable de la gestión del ciclo urbano del agua en la Comunidad de Madrid y que entendemos que será la máxima garantía para evitar nuevos casos de corrupción.

Exigimos la depuración de las responsabilidades políticas y penales de las personas que han incurrido en actos de corrupción o que han mostrado connivencia con los mismos, especialmente los responsables en la toma de decisiones en los diferentes consejos de administración de la empresa

Reivindicamos la liquidación y disolución de la Sociedad Anónima Canal Isabel II S.A, antes Canal Gestión, y el retorno de la gestión del ciclo urbano del agua en Madrid a la entidad pública Canal de Isabel II en la que se adopte un modelo de gestión público, transparente, con rendición de cuentas, democrático y participativo.

Urgimos a la Asamblea de Madrid a que asuma su responsabilidad de evitar futuros casos de corrupción en el Canal anulando los decretos que empezaron la privatización y promulgando una ley que haga posible la implantación de un modelo de gestión como el reivindicado por la Plataforma contra la privatización del Canal de Isabel II, que ya fue apoyado en enero de 2015 por más de treinta organizaciones políticas, sociales y sindicales de la región.

Posteado por: redagua | 23 abril 2017

Corrupción y Canal de Isabel II

Plataforma contra la privatización del Canal de Isabel II

Las noticias sobre corrupción que recientemente han saltado a los medios de comunicación relacionadas con la empresa Canal de Isabel II Gestión SA, han creado una gran alarma social y nos demuestran la fragilidad del sistema ante este tipo de

PCPCYII

fenómenos y las dificultades para combatirlo. Según estas noticias, altos o ex altos cargos de la empresa están imputados en dos de las macro operaciones de corrupción abiertas más destacadas en España, como son la Púnica y la Tosca. En la Púnica está imputado su ex presidente Salvador Victoria y en la Tosca el ex gerente de la filial Hispanagua y actual colaborador de la Dirección Financiera en Canal Gestión, Gerardo Díaz.

Leer más: Plataforma contra la privatización del Canal de Isabel II

 

La Conferencia comenzó con la intervención de Luis Mena, Secretario general de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras de Córdoba, haciendo un repaso de la situación del proceso de negociación colectiva y sobre el compromiso del Sindicato con la defensa de los servicios públicos, y expresando la necesidad de aunar esfuerzos para afrontar el próximo periodo de elecciones sindicales, de manera que CCOO continúe siendo la primera fuerza sindical.

A continuación, el Sindicato ha iniciado el debate sobre la problemática de los riesgos biológicos en las empresas del sector del ciclo integral del agua, la formación de los trabajadores y trabajadoras, la reversión de los servicios públicos, el desarrollo y finalización de la campaña de recogida de firmas de la ICE “El agua y el saneamiento como derecho humano”, campaña de Comisiones Obreras “Es público es tuyo, ¡sálvalo!”.

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