La Marea Azul del Sur, denuncia el proyecto de “reventa” del agua de Tarifa, que pretende llevar a cabo los socialistas y andalucistas, como gobierno local, en contra de la voluntad de sus socios Ganar Tarifa. marea

Han pedido a los concejales populares, que se decanten en contra de esa decisión, ya que la sola abstención de estos, supondría numéricamente, una prórroga del contrato que mantienen con Aqualia. 

La Marea Azul del Sur, denuncia el proyecto de “reventa” del agua de Tarifa, que pretende llevar a cabo los socialistas y andalucistas, como gobierno local, en contra de la voluntad de sus socios Ganar Tarifa. 

Han pedido a los concejales populares, que se decanten en contra de esa decisión, ya que la sola abstención de estos, supondría numéricamente, una prórroga del contrato que mantienen con Aqualia. 

Esta organización de la sociedad civil andaluza, ha estudiado esta operación de reprivatización y entiende que es totalmente ilegal, ya que viola flagrantemente varios conceptos jurídicos, a lo que debe acogerse, toda cesión de un servicio como es el agua, por ley vigente. Por lo que, de llevarse a cabo, emprenderán una denuncia, que elevará a los tarifatribunales competentes. 

“Pedimos a la Corporación Municipal, que no se precipite y que cree una Comisión Técnica y Política, con participación de representantes sociales de Tarifa, para que estudie la viabilidad de la gestión de su agua, más conveniente para los ciudadanos. Hay varias salidas totalmente viables y por supuesto, ventajosas para el interés general de los tarifeños; hace falta valentía y voluntad política, en contra de ceder a la presión de la multinacional, que facilita la gestión, en detrimento de los maltrechos bolsillos de los ciudadanos y de la calidad humana del servicio”. 

“Avisamos, para que puedan rectificar a tiempo sobre la ilegalidad que pueden cometer y advertimos que, al igual que en otros casos similares, las consecuencias personales, derivadas de una sentencia judicial, son asumidas obligatoriamente y de forma personal, sobre todos los que con su voto, comete este tipo de irregularidad y las consecuencias en ocasiones incluso son compartidas por los técnicos municipales, que obvian dicha ilegalidad”.

Es una nota de prensa enviada a este medio, por la Marea Azul del Sur (Andalucía)

Para más información, contactar por medio de: teléfono 689 13 82 82– mareaazuldelsur@gmail.com

 

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Estimada ministra,

La Comisión Europea ha presentado recientemente su propuesta de revisión de la Directiva sobre agua potable que incorpora, aunque de forma limitada, algunas de las reivindicaciones que se plantearon en la primera Iniciativa Ciudadana Europea right2water, que fue tramitada con éxito después de recabar el apoyo de casi dos millones de personas, y recibir en 2013 una valoración positiva por parte de la Comisión.

Concretamente, en un nuevo artículo 13, la propuesta de revisión de la Directiva asume la obligación para los Estados miembros de mejorar el acceso al agua potable y promover su uso, incrementando las coberturas de los servicios de abastecimiento y fomentando el uso del agua del grifo en el ámbito público, entre otras medidas. También exige a los Estados miembros que garanticen el acceso al agua potable a los grupos sociales vulnerables y marginados, y aboga por políticas tarifarias asequibles.

Si bien la revisión de la Directiva no asume plenamente el derecho humano al agua, en los términos planteados en la Iniciativa Ciudadana Europea right2water, sí que contempla algunos de los criterios definitorios establecidos por Naciones Unidas, como son los de la no discriminación, universalidad, accesibilidad y asequibilidad. En este sentido, entendemos que el nuevo artículo 13 de la propuesta, es un primer paso que puede servir para avanzar hacia el pleno reconocimiento del derecho humano al agua durante las próximas fases de debate que se producirán en el inmediato futuro. A título informativo, se adjunta el posicionamiento de la Red Agua Pública sobre el derecho humano al agua.

Como quiera que la revisión de la Directiva sobre agua potable está en la agenda del próximo Consejo de Medio Ambiente que tendrá lugar el 25 de junio, le urgimos a que apoye la propuesta de revisión de la Directiva sobre agua potable, y específicamente su artículo 13. Además, le animamos a que la delegación española se posicione activamente a favor del derecho humano al agua y anime a los miembros del Consejo a avanzar en el reconocimiento legal de este derecho en todo el ámbito territorial de la Unión Europea. Este posicionamiento es, por otra parte, totalmente coherente con el liderazgo que España ha mantenido en el ámbito internacional apoyando el reconocimiento del derecho al agua e, incluso, financiando primero la actividad de la experta independiente y actualmente del Relator especial de Naciones Unidas sobre el derecho humano al agua y al saneamiento.

Cordialmente,

estatales.pngTerritoriales

Locales

EL DERECHO HUMANO AL AGUA Y AL SANEAMIENTO

CONTEXTO GENERAL

Históricamente, en el sistema de Naciones Unidas el derecho humano al agua se asumió implícitamente en numerosos Pactos y Convenios en los que se reconoce el derecho a un nivel de vida adecuado, que implica la disponibilidad de agua; esto se da en la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial (1965), el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales -PIDESC- (1966), la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (1979) y la Convención sobre los Derechos del Niño (1989).

Pero no fue hasta la primera década de este siglo cuando se produjo un notable desarrollo de la legislación internacional en materia de derechos humanos en el ámbito del agua y el saneamiento. Concretamente, en 2002 el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CDESC) aprobó la Observación General 15 (Naciones Unidas E/C.12/2002/11), que reconoce que el derecho al agua es un componente implícito, pero esencial, del derecho a disfrutar de un nivel de vida adecuado y del derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, consagrados en los artículos 11 y 12 del PIDESC. La Observación General define y delimita el alcance y contenido del derecho humano al agua, resaltando su importancia, toda vez que es indispensable para vivir dignamente y es condición previa para la realización de otros derechos humanos. Por su parte, el alcance del derecho al saneamiento fue caracterizado adecuadamente en un informe específico de 2009 de la entonces Experta Independiente Catarina de Alburquerque (A/HRC/12/24).

En julio de 2010, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó una resolución en la que se reconoce que el derecho al agua potable y el saneamiento es un derecho humano esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos humanos (A/RES/64/292). Dos meses después, en septiembre de 2010, el Consejo de Derechos Humanos, confirmó este derecho aclarando sus fundamentos, concretando que forma parte del derecho internacional y confirmando que es legalmente vinculante para los Estados firmantes del PIDESC (A/HRC/RES/15/9).

Posteriormente, en noviembre de 2010, el CDESC publicó una declaración en la que se hacía hincapié en el saneamiento como componente indispensable del derecho a un nivel de vida adecuado, pero que también está íntegramente relacionado con los derechos a la salud y la vivienda, contribuyendo así a un mayor reconocimiento del saneamiento como un derecho diferenciado (4 E/C.12/2010/1).

Recientemente, la Asamblea General de Naciones Unidas ha aprobado sucesivas resoluciones en las que reafirma su reconocimiento del derecho humano al agua y al saneamiento en diciembre de 2013 (A/RES/68/157) y diciembre de 2015 (A/RES/70/169) y el Consejo de Derechos Humanos hizo lo propio en octubre de 2016 (A/HRC/RES/33/10).

De esta forma, se han confirmado y reconocido los derechos al agua y al saneamiento como obligaciones jurídicamente vinculantes para todos los Estados partes en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y en otros tratados de derechos humanos. Además, se cuenta con documentos que los conceptualizan y caracterizan, especialmente los producidos por la anterior relatora y el actual relator especial sobre los derechos humanos al agua y al saneamiento[1].

EL DERECHO HUMANO AL AGUA Y AL SANEAMIENTO

Los derechos humanos al agua y al saneamiento están definidos en la Observación General 15 y en el Informe A/HRC/12/24 de acuerdo con los criterios siguientes:

  • Criterios fundamentales
  • Realización progresiva y acceso universal
  • No discriminación e igualdad sustantiva
  • Criterios normativos del derecho humano al agua y al saneamiento
  • Disponibilidad de una dotación y de un número de instalaciones de saneamiento suficientes. El acceso a las instalaciones debe ser posible hacerlo sin comprometer la seguridad física de las personas
  • Calidad adecuada del agua para el consumo; las instalaciones de saneamiento deben ser técnica e higiénicamente seguras
  • Aceptabilidad, especialmente desde el punto de vista cultural y en lo que respecta a las instalaciones de saneamiento
  • Accesibilidad; las instalaciones de abastecimiento y saneamiento deben ser accesibles de forma continua para todos los miembros del hogar
  • Asequibilidad; las instalaciones deben ser asequibles económicamente sin comprometer las condiciones de vida de los usuarios ni el disfrute de otras necesidades esenciales garantizadas por los derechos humanos, como la alimentación, la vivienda, y la salud
  • Criterios comunes con otros derechos humanos
  • Participación
  • Acceso a la información
  • Transparencia
  • Rendición de cuentas
  • Sostenibilidad

Es inmediato comprobar que los criterios normativos y los que son comunes con otros derechos humanos, que en realidad se pueden identificar con indicadores, configuran al abastecimiento y al saneamiento como servicios. De hecho, los criterios normativos se asimilan a indicadores que hay que tener en cuenta al definir los niveles de servicio, mientras que los comunes están relacionados con la gestión de los mismos.

Por lo que se refiere a los criterios fundamentales, el de la realización progresiva no solo exige un aumento continuo del número de personas atendidas con miras a lograr el acceso universal, sino también, y esto es muy relevante, la mejora continua de los niveles de los servicios con el objetivo de conseguir los de mayores prestaciones -acceso a los servicios en los hogares-, acordes con las aspiraciones de llegar a disfrutar un nivel de vida adecuado. Por último, el criterio de no discriminación entronca con el reto de conseguir el acceso universal, independientemente de circunstancias sociales, de género, políticas, económicas o culturales y está íntimamente relacionado con el principio de equidad.

En consecuencia, el derecho humano al agua y al saneamiento se configura como un derecho de prestación y obliga a los poderes públicos a proveer los servicios asociados de acuerdo con los criterios antedichos; de hecho, tal como se establece en la Observación General 15, los Estados están obligados a respetar el derecho al agua y al saneamiento -no se pueden eliminar servicios existentes ni obstaculizar el acceso a los mismos-, a protegerlo -evitar que agentes no estatales contaminen los recursos o que obstaculicen el acceso a los mismos-, y cumplirlo, siguiendo el principio de igualdad y no discriminación, adoptando las medidas oportunas para atender de manera prioritaria las necesidades de los grupos de población especialmente vulnerables.

Con la aproximación anterior, lo cierto es que los esfuerzos que se han llevado a cabo hasta ahora en la implementación del derecho humano al agua y al saneamiento en el contexto internacional se han centrado especialmente en el acceso (criterios normativos) en aras a paliar los descarnados déficit en las coberturas de abastecimiento y saneamiento que existen sobre todo en el sur global, mientras que en los países europeos, y concretamente en los más meridionales donde las políticas neoliberales han tenido mayores impactos sociales, se han focalizado especialmente en la lucha contra la pobreza hídrica (prohibición de cortes, mínimo vital; etc).

 

[1] Esta documentación está accesible en http://www.ohchr.org/EN/Issues/WaterAndSanitation/SRWater/Pages/SRWaterIndex.aspx.

CCOO y la PPCI organizan la proyección del documental ¿Trileros del agua?

El secretario de Medio Ambiente y Movilidad de CCOO, Mariano Sanz, interviene en la presentación del libro “Más claro agua, el plan de saqueo del Canal de Isabel II” y la proyección del

Proyección 13 de junio 2018.

documental “Trileros del agua”, que trata sobre la corrupción que rodea los procesos de privatización y sobre los argumentos y experiencias del movimiento de defensa de la gestión pública del agua y la remunicipalización, organizada por CCOO y la Plataforma contra la Privatización del Canal de Isabel II. Miércoles 13 de junio de 2018, 17:30h. en la Sala 13 Rosas de la sede de CCOO de Madrid (C/ Lope de Vega, 38 – 2ª planta).

Posteado por: redagua | 4 junio 2018

TRILEROS DEL AGUA.

CCOO y la Plataforma contra la privatización del Canal de Isabel II organizan el 13 de junio la proyección en Madrid del documental “TRILEROS DEL AGUA”, en la sede de CCOO de la Calle Lope de Vega 38, 2ª planta.

Este lunes 21 de Mayo se presenta en el Congreso de los Diputados la iniciativa: “Frente al Cambio Climático, Acuerdo Social por el Agua, en Defensa de Nuestros Ríos y por el Agua Pública“. Se trata de una iniciativa de la sociedad civil frente al cambio climático, que ha logrado articular un acuerdo para un cambio de profundidad de la política del agua en España, con el fin de afrontar los retos del cambio climático, de la sostenibilidad, de la gestión pública del agua y de la recuperación de nuestros ecosistemás acuáticos.

En concreto, el Acuerdo Social por el Agua se presenta en la Subcomisión de Agua y Cambio Climático del Congreso de los Diputados, a través de la comparecencia de Julia Martínez, directora técnica de la Fundación Nueva Cultura del Agua, una de las entidades firmantes.

Este Acuerdo Social por el Agua constituye un hito histórico, dada la relevancia de sus contenidos, el grado de consenso alcanzado y la magnitud y significación del apoyo alcanzado entre organizaciones representativas de un sector muy importante de la sociedad española. En este sentido hay que destacar que las más de 75 organizaciones que suscriben este Acuerdo Social por el Agua dibujan un amplio espectro social de apoyo al mismo, el cual incluye a redes de defensa del agua y los ríos, organizaciones de defensa de la gestión pública del agua, entidades ligadas al ámbito rural y agrario, organizaciones ambientales, organizaciones sindicales, organizaciones de consumidores y entidades que promueven los usos recreativos sostenibles en los ríos, entre otras.

El Acuerdo Social por el Agua se articula en torno a cinco ejes: i) detener la construcción de nuevos embalses y trasvases y revisar los existentes, eliminando expectativas insostenibles a la luz del cambio climático e injusticias territoriales; ii) detener el crecimiento de las demandas de agua para adaptarlas a la reducción de caudales que impone el cambio climático, redimensionando la superficie regada y las demandas urbanas expansivas y pasando de estrategias de oferta a la gestión de la demanda; iii) detener los procesos de deterioro, apropiación y sobreexplotación de ríos y acuíferos, a fin de garantizar su sostenibilidad y el buen estado ecológico de las aguas; iv) incorporar a la normativa en el más alto nivel posible el Derecho Humano al Agua y al Saneamiento y revertir los procesos de mercantilización del agua y de privatización de nuestros servicios de abastecimiento y saneamiento; v) acabar con la corrupción en torno al agua, que crece al transformar el agua y los servicios de abastecimiento y saneamiento en grandes negocios privados, para lo que es necesario promover una plena transparencia y una participación ciudadana efectiva, entre otras medidas.

Puede accederse al texto completo del Acuerdo Social por el Agua en este enlace

MÁS INFORMACIÓN:

Julia Martínez. 660 425 278

La sociedad civil organizada condena la traidora aptitud del gobierno municipal de San Fernando, por su pretensión de volver a privatizar el agua potable 

Elaboran un Informe Técnico, para poner en conocimiento de la Fiscalía Anticorrupción, los daños que, la decisión política del gobierno municipal de San Fernando, provoca a la población isleña, al decidir dejar de nuevo el Agua Urbana en manos privadas. Para estos colectivos sociales, esta decisión tienen claros visos de delitos contra los ciudadanos, por lo que piden a la Justicia que de forma cautelar, se cancelen dichas pretensiones, que solo favorecen a las multinacionales del agua.  12274534_116842872014495_5533097267727017013_n.png

La sociedad civil organizada condena la traidora aptitud del gobierno municipal de San Fernando, por su pretensión de volver a privatizar el agua potable

Elaboran un Informe Técnico, para poner en conocimiento de la Fiscalía Anticorrupción, los daños que, la decisión política del gobierno municipal de San Fernando, provoca a la población isleña, al decidir dejar de nuevo el Agua Urbana en manos privadas. Para estos colectivos sociales, esta decisión tienen claros visos de delitos contra los ciudadanos, por lo que piden a la Justicia que de forma cautelar, se cancelen dichas pretensiones, que solo favorecen a las multinacionales del agua.

ANTECEDENTES:   

 San Fernando va a cumplir un cuarto de siglo con su agua pública en manos de una filial de Aguas de Barcelona, que a su vez es asociada al Grupo Suez, con sede en Francia.    

  • La sociedad civil de esta ciudad, se organiza para requerir que sus representantes municipales estudien y tomen las medidas procedentes para devolver el control del agua a los isleños, mediantes los mecanismos democráticos locales, o lo que es lo mismo, que vuelva a ser mera y exclusivamente municipal y por lo tanto pública. 
  • Esta llamada Plataforma en Defensa del Agua Pública de San Fernando, recién organizada al abrigo de varios colectivos sociales, vecinales, sindicales, medioambientales, políticos… cuenta a su vez con el apoyo de la Marea Azul de Cádiz, que congrega al resto de colectivos de la provincia dedicados a la defensa del Derecho Humano al Agua y a su Gestión Pública. A su vez, esta organización federada, forma parte de esta causa, a nivel andaluz (Marea Azul del Sur) y a nivel nacional (RAP, Red estatal de Agua Pública), así como al Movimiento Europeo del Agua. 
  • Los estudios, auditorias e informes oficiales testados en nuestro país, detecta y sentencian que el agua urbana en manos privadas, es más cara, menos social, corre más riesgo de falta de calidad, deterioro de su infraestructura técnica y adolece de opacidad y transparencia, por lo que la población y en muchos casos, los propios ayuntamientos desconoce los datos y calidad del propio servicio. 
  • San Fernando, como ciudad consolidada y por su población e infraestructura hídrica existente, prevé sin grandes esfuerzos, que es económicamente viable la gestión directa municipal del servicio de aguas. La prueba más fehaciente es la realidad de estos últimos veinticinco años, en la que este servicio ha sufragado directamente los costes del propio servicio más el lógico Beneficio Industrial de la empresa privada (Hidralia, antes Aquagest) que lo ha explotado. 

RESPUESTA DE LA SOCIEDAD CIVIL ORGANIZADA 

“Nos hemos encontrado, a la primera de cambio con una bofetada en toda la cara, al descubrir “por los medios de comunicación” que nuestro gobierno municipal pretende iniciar los trámites para sacar a concurso de nuevo, el servicio de aguas. Aun no ha tenido tiempo ni el detalle de sentarse con nosotros, pero sí que le ha urgido y ha tenido tiempo para garantizar que nuestra agua siga en manos privadas”.

“Mucho nos tememos y preferimos equivocarnos, que esta aptitud tan contraria a los intereses de nuestra economía local y de nuestros vecinos, responde a beneficios oscuros, bien personales o partidistas, ya que no puede tener otra explicación razonable; o es que son tan torpes que no se dan cuenta del daño que hará esta iniciativa”.

“Exigimos con total contundencia, que se desdigan en los medios sobre su propuesta para con nuestra agua y que crean una Mesa o Comisión para que estudie la viabilidad de Rescate y pertinente Municipalización del servicio, por el bien de nuestra ciudadanía y por el rescate de la dignidad municipal, que se perdió en la mala hora en que el PA vendió el servicio a una empresa privada”.

Conjuntamente, esta plataforma local, con la Marea Azul de Cádiz, están preparando un Estudio, que detalle todas las incidencias negativas, para presentar a la Fiscalía Anticorrupción de la provincia, ya que advierten presunta maldad intencionada en esta nueva operación de “reventa” del Agua de San Fernando. “Creemos que hay más que fundadas dudas razonables para ver que detrás de todo esto, presuntamente puede haber tratos y amaños de favor o corrupción, con claros visos de delito, que nos preocupa, por lo pondremos el tema en manos de la Fiscalía, para que en tanto no se demuestre lo contrario, y de forma cautelar se impida judicialmente dicha decisión”.-

Es una nota de prensa enviada a este medio, por la Plataforma en Defensa del Agua Pública de San Fernando

Para más información, contactar por medio de: teléfono 676 888 465 – aguapublicalaisla@gmail.com

La sociedad civil organizada condena la traidora aptitud del gobierno municipal de San Fernando, por su pretensión de volver a privatizar el agua potable

Elaboran un Informe Técnico, para poner en conocimiento de la Fiscalía Anticorrupción, los daños que, la decisión política del gobierno municipal de San Fernando, provoca a la población isleña, al decidir dejar de nuevo el Agua Urbana en manos privadas. Para estos colectivos sociales, esta decisión tienen claros visos de delitos contra los ciudadanos, por lo que piden a la Justicia que de forma cautelar, se cancelen dichas pretensiones, que solo favorecen a las multinacionales del agua.

ANTECEDENTES: 

  • San Fernando va a cumplir un cuarto de siglo con su agua pública en manos de una filial de Aguas de Barcelona, que a su vez es asociada al Grupo Suez, con sede en Francia. 
  • La sociedad civil de esta ciudad, se organiza para requerir que sus representantes municipales estudien y tomen las medidas procedentes para devolver el control del agua a los isleños, mediantes los mecanismos democráticos locales, o lo que es lo mismo, que vuelva a ser mera y exclusivamente municipal y por lo tanto pública. 
  • Esta llamada Plataforma en Defensa del Agua Pública de San Fernando, recién organizada al abrigo de varios colectivos sociales, vecinales, sindicales, medioambientales, políticos… cuenta a su vez con el apoyo de la Marea Azul de Cádiz, que congrega al resto de colectivos de la provincia dedicados a la defensa del Derecho Humano al Agua y a su Gestión Pública. A su vez, esta organización federada, forma parte de esta causa, a nivel andaluz (Marea Azul del Sur) y a nivel nacional (RAP, Red estatal de Agua Pública), así como al Movimiento Europeo del Agua. 
  • Los estudios, auditorias e informes oficiales testados en nuestro país, detecta y sentencian que el agua urbana en manos privadas, es más cara, menos social, corre más riesgo de falta de calidad, deterioro de su infraestructura técnica y adolece de opacidad y transparencia, por lo que la población y en muchos casos, los propios ayuntamientos desconoce los datos y calidad del propio servicio. 
  • San Fernando, como ciudad consolidada y por su población e infraestructura hídrica existente, prevé sin grandes esfuerzos, que es económicamente viable la gestión directa municipal del servicio de aguas. La prueba más fehaciente es la realidad de estos últimos veinticinco años, en la que este servicio ha sufragado directamente los costes del propio servicio más el lógico Beneficio Industrial de la empresa privada (Hidralia, antes Aquagest) que lo ha explotado. 

RESPUESTA DE LA SOCIEDAD CIVIL ORGANIZADA

“Nos hemos encontrado, a la primera de cambio con una bofetada en toda la cara, al descubrir “por los medios de comunicación” que nuestro gobierno municipal pretende iniciar los trámites para sacar a concurso de nuevo, el servicio de aguas. Aun no ha tenido tiempo ni el detalle de sentarse con nosotros, pero sí que le ha urgido y ha tenido tiempo para garantizar que nuestra agua siga en manos privadas”.

“Mucho nos tememos y preferimos equivocarnos, que esta aptitud tan contraria a los intereses de nuestra economía local y de nuestros vecinos, responde a beneficios oscuros, bien personales o partidistas, ya que no puede tener otra explicación razonable; o es que son tan torpes que no se dan cuenta del daño que hará esta iniciativa”.

“Exigimos con total contundencia, que se desdigan en los medios sobre su propuesta para con nuestra agua y que crean una Mesa o Comisión para que estudie la viabilidad de Rescate y pertinente Municipalización del servicio, por el bien de nuestra ciudadanía y por el rescate de la dignidad municipal, que se perdió en la mala hora en que el PA vendió el servicio a una empresa privada”.

Conjuntamente, esta plataforma local, con la Marea Azul de Cádiz, están preparando un Estudio, que detalle todas las incidencias negativas, para presentar a la Fiscalía Anticorrupción de la provincia, ya que advierten presunta maldad intencionada en esta nueva operación de “reventa” del Agua de San Fernando. “Creemos que hay más que fundadas dudas razonables para ver que detrás de todo esto, presuntamente puede haber tratos y amaños de favor o corrupción, con claros visos de delito, que nos preocupa, por lo pondremos el tema en manos de la Fiscalía, para que en tanto no se demuestre lo contrario, y de forma cautelar se impida judicialmente dicha decisión”.-

Es una nota de prensa enviada a este medio, por la Plataforma en Defensa del Agua Pública de San Fernando

Para más información, contactar por medio de: teléfono 676 888 465 – aguapublicalaisla@gmail.com

 

El gobierno jerezano desatiende las demandas de la Coordinadora del Agua de Jerez, en su intento por saber sobre la gestión de Aqualia. 

La Coordinadora reprocha y denuncia al equipo de gobierno jerezano, por su actitud de silencio y desprecio, ante la solicitud registrada hace más de un mes por esta organización ciudadana, en un intento de saber sobre la gestión de Aqualia y el seguimiento que el Ayuntamiento está obligado a hacerle.

Cuarenta días sin obtener respuesta, son más que demasiados para atender a la solicitud cursada por la Coordinadora del Agua -según esta plataforma ciudadana-. “El silencio y el oscurantismo que hay en todo lo que les concierne con Aqualia, es una clara muestra de la aptitud colaboracionista con esta multinacional, por encima del interés de sus ciudadanos, y el derecho a la información y participación que tenemos los colectivos reconocidos en el Registro de Asociaciones de este consistorio, como es el nuestro”.

La Coordinadora reprocha y denuncia al equipo de gobierno jerezano, por su actitud de silencio y desprecio, ante la solicitud registrada hace más de un mes por esta organización ciudadana, en un intento de saber sobre la gestión de Aqualia y el seguimiento que el Ayuntamiento está obligado a hacerle.

Cuarenta días sin obtener respuesta, son más que demasiados para atender a la solicitud cursada por la Coordinadora del Agua -según esta plataforma ciudadana-. “El silencio y el oscurantismo que hay en todo lo que les concierne con Aqualia, es una clara muestra de la aptitud colaboracionista con esta multinacional, por encima del interés de sus ciudadanos, y el derecho a la información y participación que tenemos los colectivos reconocidos en el Registro de Asociaciones de este consistorio, como es el nuestro”.

“Sabemos que existe un Portal de la Transparencia Digital, más nosotros hemos elegido el clásico dispositivo de toda la vida, entregando en el debido Registro Municipal el pasado 15 de marzo una SOLICITUD DE DATOS, dirigida a nuestra alcaldesa. Este método nos había sido eficaz, incluso en el anterior mandato. Aun así, vamos a volver a hacerlo por medio de la Web Municipal, pero esto en ningún caso mengua la gravedad por falta de atención demostrada hacia nuestro colectivo, mientras nos preocupa que Aqualia siga campando a sus anchas por nuestra ciudad, sin control alguno y nuestro pueblo desconoce el mantenimiento, la calidad del servicio y las obras de mejoras que esta tiene que acometer, según Pliego. Es lo único que le planteábamos a la alcaldesa, en base a la Ley de Transparencia por la que los municipios están regidos y que no se ha dignado en contestarnos”.

“Y es que todo lo que sabemos de la gestión que esta empresa hace en “nuestro” servicio de aguas, es lo que salen en los medios locales, pero que no son más que inauguraciones de fuentes; justificación corporativa de las inundaciones, salvando a la empresa; fotos presidiendo Jornadas Técnicas de Empresas Privadas de Aguas; Campañas de Publicidad de la empresa en colegios y “donaciones” a colectivos benéficos en precarios. Nos preguntamos porque no salen las listas de familias a las que cada día se les corta el agua, cual es el tiempo medio de espera para atender una rotura, un atasco o una incidencia extra, cuales son los resultados de los análisis de la calidad del agua que bebemos y la que vertimos al río y la de todas las depuradoras del municipio y un largo etcétera de cuestiones que afectan a nuestra ciudadanía”.

“Con este oscurantismo que está caracterizando a estos gobernantes municipales, solo nos queda la desconfianza, no solo en la gestión de la empresa, sino también en la labor de seguimiento que estos políticos tendrían que hacer; cuya dejadez puede presuntamente ser constitutivo de delito. Es por lo que estamos elaborando un Informe, con la ayuda de muchos técnicos independientes de la ciudad, con la idea de buscar protección y asilo a otras instancias, como es la Fiscalía Anticorrupción, ya que entendemos que se puede estar haciendo un daño de mucha consideración a esta ciudad y por lo tanto a su población, por lo que pondremos en manos de la Justicia estos temores, para que preventivamente actúe en consecuencias y disponga los cauces de claridad y conocimiento a los que tenemos derecho y que desgraciadamente, nuestro propio Consistorio nos niega”.

“Otra medida que tomamos es la solicitud a Ganemos Jerez e IU -miembros de nuestra Coordinadora- de elevar estas inquietudes al Pleno, para que sea debatido y aclarado, y si fuera necesario y procediera, exigir responsabilidades legales y políticas a quienes correspondan.”

Es una nota de prensa enviada a este medio, por la Coordinadora del Agua de Jerez

“Sabemos que existe un Portal de la Transparencia Digital, más nosotros hemos elegido el clásico dispositivo de toda la vida, entregando en el debido Registro Municipal el pasado 15 de marzo una SOLICITUD DE DATOS, dirigida a nuestra alcaldesa. Este método nos había sido eficaz, incluso en el anterior mandato. Aun así, vamos a volver a hacerlo por medio de la Web Municipal, pero esto en ningún caso mengua la gravedad por falta de atención demostrada hacia nuestro colectivo, mientras nos preocupa que Aqualia siga campando a sus anchas por nuestra ciudad, sin control alguno y nuestro pueblo desconoce el mantenimiento, la calidad del servicio y las obras de mejoras que esta tiene que acometer, según Pliego. Es lo único que le planteábamos a la alcaldesa, en base a la Ley de Transparencia por la que los municipios están regidos y que no se ha dignado en contestarnos”.

“Y es que todo lo que sabemos de la gestión que esta empresa hace en “nuestro” servicio de aguas, es lo que salen en los medios locales, pero que no son más que inauguraciones de fuentes; justificación corporativa de las inundaciones, salvando a la empresa; fotos presidiendo Jornadas Técnicas de Empresas Privadas de Aguas; Campañas de Publicidad de la empresa en colegios y “donaciones” a colectivos benéficos en precarios. Nos preguntamos porque no salen las listas de familias a las que cada día se les corta el agua, cual es el tiempo medio de espera para atender una rotura, un atasco o una incidencia extra, cuales son los resultados de los análisis de la calidad del agua que bebemos y la que vertimos al río y la de todas las depuradoras del municipio y un largo etcétera de cuestiones que afectan a nuestra ciudadanía”.

“Con este oscurantismo que está caracterizando a estos gobernantes municipales, solo nos queda la desconfianza, no solo en la gestión de la empresa, sino también en la labor de seguimiento que estos políticos tendrían que hacer; cuya dejadez puede presuntamente ser constitutivo de delito. Es por lo que estamos elaborando un Informe, con la ayuda de muchos técnicos independientes de la ciudad, con la idea de buscar protección y asilo a otras instancias, como es la Fiscalía Anticorrupción, ya que entendemos que se puede estar haciendo un daño de mucha consideración a esta ciudad y por lo tanto a su población, por lo que pondremos en manos de la Justicia estos temores, para que preventivamente actúe en consecuencias y disponga los cauces de claridad y conocimiento a los que tenemos derecho y que desgraciadamente, nuestro propio Consistorio nos niega”.

“Otra medida que tomamos es la solicitud a Ganemos Jerez e IU -miembros de nuestra Coordinadora- de elevar estas inquietudes al Pleno, para que sea debatido y aclarado, y si fuera necesario y procediera, exigir responsabilidades legales y políticas a quienes correspondan.”

Es una nota de prensa enviada a este medio, por la Coordinadora del Agua de Jerez

En noviembre de 2017, Ángel Garrido, Presidente de Canal de Isabel II, y Rafael Prieto, Director General de la empresa, presentaron el Plan Estratégico 2018-2030 como un hito representativo del nuevo modelo de gestión eficiente y transparente que el actual equipo directivo del Canal pretende implementar, y que, según sus declaraciones, se había  47a7e8293bde69f1f9baf1487cc87bb4_400x400conseguido como resultado de un proceso de consenso, en el que habían participado amplios sectores sociales interesados en la gestión del agua. Informaron de que se trataba de un Plan que empezaría a aplicarse en enero de 2018, por lo que dieron a entender que a finales de 2017 ya se disponía de toda la documentación sustentante del Plan Estratégico, incluyendo las diez líneas estratégicas y los cuarenta y seis planes que lo integran.

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Posteado por: redagua | 11 abril 2018

AEOPAS (EMBAJADOR DEL PROYECTO COMUNIDADES AZULES)

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