Los nuevos estatutos retrotraen al Canal de Isabel II a una situación de hace tres décadas, cuando se sentaron las bases de la corrupción y el saqueo de la empresa.

La Plataforma denuncia la nula participación ciudadana y la total opacidad en el proceso de elaboración de la propuesta de modificación de los estatutos.

El 21 de diciembre próximo está convocada una Junta General Extraordinaria de Accionistas de la empresa Canal de Isabel II SA, con el objetivo de modificar sus estatutos sociales, determinar el número de miembros de su Consejo de Administración y nombrar a los consejeros que procedan. Estos dos últimos puntos se derivan de la modificación de los estatutos que, sin duda, se aprobará atendiendo a que solo la Comunidad de Madrid detenta el 82,4% del accionariado y que es la que la promueve.

La propuesta de modificación de los estatutos, que en ningún momento ha sido sometida a escrutinio público, supone un retroceso y la revisión de algunas decisiones que se tomaron como consecuencia de los casos de corrupción en los que estuvo involucrado el Canal de Isabel II (CYII) durante la última década del siglo pasado y la primera de éste, y que culminaron con el cese e imputación de Ignacio González, ex presidente de la Comunidad de Madrid y del propio CYII.  De hecho, la judicialización de la corrupción y saqueo del CYII empezará el 24 de mayo de 2023, cuando tenga lugar el primer juicio del caso Lezo, en el que están imputados Pedro Calvo y Juan Bravo, exconsejeros del gobierno de Alberto Ruiz Gallardón, y presidente y consejero, respectivamente, del CYII.

Precisamente durante la presidencia de Ruiz Gallardón en la Comunidad de Madrid, se sentaron las bases de la corrupción en tanto que se amplió su ámbito territorial de actividad más allá de la región de Madrid favoreciendo su presencia en otros territorios de España y, especialmente, en el contexto internacional, a la vez que se relajaron los controles por parte del Consejo de Gobierno hacia la empresa, se implantaron prácticas de gestión opacas y desapareció la rendición de cuentas. También se diversificó la actividad del CYII a otros sectores distintos al que había sido su principal objetivo, que no era otro que el de la gestión de los servicios del ciclo integral urbano del agua, incorporando los relacionados con la energía, las comunicaciones y consultoría, entre otros.

Cuando la corrupción implosionó en el CYII, y después del cese del equipo que la había propiciado, se adoptaron medidas tendentes a evitar que se repitieran situaciones análogas, entre las que estuvieron la limitación de la actividad del CYII exclusivamente a la región de Madrid -recogida en los estatutos vigentes-, el abandono ordenado de la actividad internacional -apoyada en un contrato específico-, y la liquidación de las empresas del grupo Canal dedicadas a otras actividades sectoriales distintas de las del ciclo urbano del agua.

Sin embargo, con los gobiernos de Díaz Ayuso, estas medidas han ido remitiendo hasta llegar al punto que se concreta en los nuevos estatutos, que configuran un escenario preocupante. En primer lugar, se modifica el objeto social de la sociedad, volviéndose a ampliar el ámbito territorial de su actividad, desde exclusivamente el de la Comunidad de Madrid, a otros territorios tanto nacionales como internacionales, retrotrayendo al CYII a una situación análoga de hace dos décadas cuando Ruiz Gallardón y Pedro Calvo tomaron una decisión similar.

En segundo lugar, se amplía sustancialmente el objeto social, convirtiéndola en una empresa multiservicios ya que abarca, además de los asociados al ciclo urbano del agua -para cuya gestión fue creada-, una amplia gama de sectores, que van desde el desarrollo y venta de energía, la información y las comunicaciones, hasta la consultoría técnica, económica o jurídica, la supervisión y dirección de obras, la promoción inmobiliaria y la gestión urbanística. También contempla la adquisición, suscripción, tenencia, gestión, permuta, venta o transmisión de todo tipo de participaciones, acciones y valores emitidos por cualquier sociedad o entidad, española o extranjera, independientemente del tipo social del emisor, por cuenta propia y sin actuar como intermediario. De acuerdo con los nuevos estatutos, la empresa podrá realizar sus actividades total o parcialmente, de modo indirecto o mediante la titularidad de acciones y/o participaciones de otras sociedades con objeto idéntico o análogo.  De esta forma, el CYII se configura como una empresa multiservicios que puede actuar directa o indirectamente a través de otras sociedades sin que se especifiquen los controles parlamentarios a los que debe someterse, reproduciéndose así la situación que propició el desarrollo de la corrupción.

El tercer aspecto que causa preocupación e incertidumbre es que el CYII pasa a ser un medio propio personificado de la Comunidad de Madrid, que lo convierte en un instrumento destinado a actuar, como ya se ha puesto en evidencia, tanto en la región de Madrid como en otros territorios e incluso en el contexto internacional, en un contexto en el que se pueden eludir los controles de contratación pública y, de hecho, debilitar la administración autonómica y local de la Comunidad de Madrid, circunstancia que es coherente con lo que se pretende con la Ley Omnibus, favoreciendo, en definitiva, la privatización de los servicios públicos.

Por otra parte, en la modificación de los estatutos se pierde la oportunidad asumir de forma consecuente los principios definitorios de los derechos humanos al agua y al saneamiento, como son la participación ciudadana, la transparencia y rendición de cuentas; igualmente, se echa en falta un compromiso firme que garantice la calidad de las masas de agua y de los ecosistemas acuáticos en la Comunidad de Madrid. Finalmente, y en atención a la Directiva europea aprobada por el Parlamento europeo el 22 de noviembre pasado, los estatutos deberían recoger el compromiso de conseguir la paridad en la composición del Consejo de Administración en 2026.

La Plataforma contra la Privatización del Canal de Isabel II llama a los ayuntamientos que forman parte de la Junta de Accionistas a que se opongan a la propuesta de modificación de los estatutos y que propongan un proceso de debate abierto y participativo sobre este tema que se extienda a la ciudadanía.

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Posteado por: redaguapublica | 20 diciembre 2022

La crisis social continúa: ¡hay que mantener la moratoria de cortes!

A solo 12 días de que expire la moratoria de los cortes de suministros básicos de agua, luz y gas, el Gobierno no ha anunciado aún su prórroga.

Los movimientos en defensa de los suministros básicos exigen cambios estructurales que vayan más allá de las prórrogas del “escudo social” o de medidas ligadas al bono social eléctrico.

Al inicio de la pandemia del Covid en marzo de 2020, el Gobierno adoptó una serie de medidas extraordinarias y con carácter temporal para limitar sus impactos económicos y sociales, especialmente entre los sectores más vulnerables y en riesgo de exclusión; la moratoria de cortes de suministros básicos de agua, luz y gas fue una de las medidas que caracterizaron el escudo social que entonces se configuró. Esta moratoria ha sido prorrogada en varias ocasiones, siempre in extremis, lo que alimenta un clima de incertidumbre para una de cada cuatro personas en España, población que actualmente se encuentra en situación de exclusión social según el Informe FOESSA 2021.

El próximo 31 de diciembre finaliza la vigencia de la moratoria de cortes de suministros y, a fecha de hoy, el Gobierno no ha hecho pública su intención de prorrogar esta medida. Teniendo en cuenta que la situación de crisis energética sigue azotando a los hogares especialmente vulnerabilizados, es imprescindible que esta moratoria se mantenga mientras no se tomen medidas estructurales y permanentes.

Ante esta situación de inseguridad, las organizaciones sociales y colectivos ciudadanos que luchamos por garantizar el acceso a los servicios esenciales a toda la población reiteramos al presidente Pedro Sánchez y a la ministra Teresa Ribera nuestras preocupaciones y demandas.

  • En primer lugar, ponemos en evidencia con preocupación que el Gobierno no haya abordado todavía la resolución de la deuda contraída por las familias con las compañías suministradoras durante la moratoria de cortes. En el difícil y largo proceso de recuperación, no se les puede añadir a las familias la angustia de una deuda que se incrementa mes a mes.
  • Es importante también resaltar que la moratoria de cortes solo protege a familias beneficiarias del bono social o que cumplan los requisitos, dejando a muchas familias vulnerabilizadas fuera de su protección mientras no se adopte la ampliación a otros colectivos definidos en la nueva agenda europea del consumidor, se amplíe  la definición de consumidor vulnerable y se automatice el procedimiento de acceso a estas medidas de protección. Por otra parte, ante el vencimiento de la moratoria de cortes y las insuficientes medidas adoptadas por el Gobierno, exigimos cambios estructurales en la actual normativa de protección de las familias vulnerabilizadas en materia de suministros básicos, y por tanto que se mantenga la moratoria mientras no se produzcan estos cambios.
  • La consolidación del principio de precaución, que obligue a las empresas suministradoras a consultar a los Servicios Sociales sobre la situación del hogar antes de cualquier corte y a garantizar el suministro si se produce una situación de vulnerabilidad. La prohibición de cortes no debe estar sujeta a ningún plazo, porque no se trata de aplazar temporalmente, sino de dar una solución permanente.
  • La incorporación del Derecho Humano al Agua y al Saneamiento en la legislación de más alto nivel. Concreción en la normativa y reconocimiento por ley de un mínimo vital de agua para beber, cocinar e higiene básica, que garantice la vida y la salud de las personas.
  • El reconocimiento de la figura del consumidor vulnerable, de tal modo que, entre otras cuestiones, comprenda los suministros básicos en una vivienda e incremente los límites de renta para responder a la realidad social actual. En este sentido, el Gobierno debe contemplar la implementación de una tarifa social progresiva en función de los ingresos de los hogares que garantice un mínimo vital de agua y energía.
  • La asunción de los costes de la pobreza energética por parte de las empresas. Las facturas impagadas que se deriven de la aplicación del principio de precaución se deberán sufragar, de conformidad con un posterior desarrollo reglamentario, a través de un sistema de financiación participado al 100 % por las propias compañías de todos los segmentos implicados, sin que estás puedan repercutir en las facturas de las consumidores
  • La firma de convenios con las compañías suministradoras de energía para sufragar las facturas impagadas por familias vulnerabilizadas desde el inicio de la moratoria y hasta que no se implementen medidas definitivas.

19/12/22

Alianza contra la Pobreza Energética, Coordinadora de Vivienda de Madrid, Ecologistas en Acción, Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, Red Agua Pública, Socaire, Fundación Isadora Duncan, AEIOLuz, Asociación de Ciencias Ambientales, Ecoserveis, ECODES, Amigos de la Tierra,  Fundación Renovables, Instituto Universitario de Investigación de Ingeniería Energética en la Universitat Politècnica de València, CGT Confederación General del Trabajo y CECU Federación de consumidores y usuarios.

Entre el 22 y el 24 de marzo de 2023 tendrá lugar en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el examen amplio de mitad de período de la aplicación de los Objetivos del Decenio Internacional para la Acción «El agua para el desarrollo sostenible» 2018-2028.

Esta Conferencia será la primera que se celebrará después de la que tuvo lugar en 1977 en Mar de Plata, Argentina, que tuvo una influencia fundamental en las políticas, programas y proyectos internacionales adoptados desde entonces. Se espera que la Conferencia de Nueva York aporte acciones y compromisos concretos para alcanzar los objetivos y metas acordados internacionalmente en relación con el agua, incluidos los enunciados en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, y que el debate y las conclusiones a que se lleguen sirvan como referente en la agenda de las políticas relacionadas con el agua y el desarrollo sostenible.

Teniendo en cuenta la importancia de la Conferencia de Nueva York, los movimientos por lajusticia hídrica han preparado un llamamiento en defensa del agua, en el que convocan a la participación activa y creativa para incidir en la Conferencia y realizar acciones paralelas y alternativas que se opongan y logren contrarrestar el lobby y captura por parte del poder corporativo de estas agendas,

A continuación se reproduce el llamamiento, con el ánimo de que sea suscrito, apoyado y difundido por las organizaciones ciudadanas.

LLAMAMIENTO EN DEFENSA DEL AGUA

A PROPÓSITO DE LA PRÓXIMA CONFERENCIA SOBRE AGUA DE LA ONU EN MARZO DE 2023

Ante la convocatoria realizada por la Asamblea General de las Naciones Unidas a la Conferencia sobre el Examen Integral de Medio Término de la Implementación de los Objetivos del Decenio Internacional para la Acción, ‘Agua para el Desarrollo Sostenible’ 2018-2028 (la Conferencia del Agua de la ONU 2023 ) en Nueva York, del 22 al 24 de marzo de 2023, antecedida del Foro Social que ha tenido lugar los días 3 y 4 de noviembre en el Salón de Asambleas del Palacio de las Naciones en Ginebra del Consejo de Derechos Humanos, y se ha centrado en el agua para los derechos humanos y el desarrollo sostenible: buenas prácticas, lecciones aprendidas y desafíos en la implementación del Decenio Internacional para la Acción, “Agua para el Desarrollo Sostenible”, 2018–2028, los movimientos por la justicia hídrica nos convocamos a la participación activa y creativa para incidir en ellos y realizar acciones paralelas y alternativas que se opongan y logren contrarrestar el lobby y captura por parte del poder corporativo de estas agendas.

Ante la crisis de civilización que ha impuesto el capitalismo que se expresa en la crisis climática y que promueve la acumulación el despojo y consumismo sin límites, los movimientos por el agua y la justicia hídrica exigimos que la agenda de la ONU retome la discusión del agua como sustancia de la vida y bien común que no debe ser objeto nunca de mercantilización comercialización y financiarización. La destrucción y polución de recursos vitales hídricos por la industria extractiva y la agricultura industrial debe ser frenada. Es imperativo que el llamado a las discusiones sobre el agua como bien común, el agua como derecho y la integralidad de los derechos humanos se dé desde el interés público y no desde intereses de las corporaciones y los mercados globales del agua.

El agua, sus usos y su gestión guardan estrecha relación con los mecanismos democráticos y los derechos humanos, no es entendible enalbardar un mundo democrático bajo sofisticadas formas de privatización y privación del agua presentes en vastas regiones y países. La privatización de los territorios hídricos, de los ecosistemas esenciales al ciclo hidrosocial, de los sistemas públicos de agua para consumo humano o la privatización de sus componentes de gestión, sumadas al desconocimiento de la gestión territorial y democrática del agua por sistemas comunitarios organizados, son dispositivos corporativos de despojo de los patrimonios materiales e inmateriales de las comunidades.

Este llamamiento convoca la presencia y la voz de los pueblos indígenas, las comunidades y pueblos oprimidos, las comunidades campesinas y urbano populares de las mujeres protagonistas de las luchas y las acciones de gestión y resistencia para la defensa del agua y la vida, en los procesos de gestión comunitaria del agua, de las organizaciones sindicales, de operadores públicos de agua y de usuarias partiendo de la palabra propia, las experiencias y las prácticas vividas, fundamentales como alternativas al despojo y la privatización.

El Foro Social que se está llevando a cabo en Ginebra, Suiza, es de vital importancia, exhortamos a los diferentes actores, países, delegaciones y organizaciones y movimientos sociales a centrar la discusión en el ámbito de la relación del derecho humana al agua y la democracia mundial y en franca discusión sobre la crisis civilizatoria, la emergencia climática y las transiciones necesaria para preservar la vida en el planeta.

En el marco de la presentación del Informe del Relator Especial para los Derechos Humanos al Agua y al Saneamiento de Naciones Unidas Pedro Arrojo-Agudo en Nueva York en Marzo de 2023 invitamos a una activa participación de redes y organizaciones sociales, las movilizaciones de las organizaciones y movimientos sociales son fundamentales. Es vital que la movilización y el debate establezcan contra pesos al fuerte lobby corporativo, en el marco de la presentación, las alianzas entre movimientos sociales, operadoras públicas y/o comunitarias en pro de la gestión pública y democrática del agua.

De igual manera, saludamos y manifestamos el apoyo al mandato del Relator Especial y los llamados a la integralidad de los derechos humanos los cuales encuentran resonancia con las observaciones hechas por los relatores de ambiente, pueblos indígenas y salud tendientes a la protección, respeto y goce efectivo del derecho humano al agua, la tierra y el territorio, la vivienda, la participación y la progresividad de los DESCA.

Participando y proponiendo.

Es urgente y necesario mantener, profundizar y hacer resonar el diálogo entre los movimientos sociales que luchamos por el agua como derecho y bien común. Es urgente crear un frente común y democrático para evitar que la Conferencia del Agua de Naciones Unidas de 2023 acabe siendo otro foro cooptado por intereses privados y depredadores del ambiente.

Nuestras organizaciones y redes realizarán eventos en los que difundiremos este llamado y deliberaremos entorno a las alternativas. En Colombia se llevó a cabo el octavo encuentro nacional de acueductos comunitarios de Colombia, entre el 12 y el 15 de agosto en defensa de la gestión comunitaria del agua y en Chile, entre el 29 de noviembre y el 3 de diciembre realizaremos  la conferencia “Nuestro Futuro es Público” que tiene como objetivo aumentar la conciencia pública y crear un impulso político en relación con la importancia de unos servicios público sólidos e innovadores para garantizar los derechos humanos y hacer frente a los desafíos del siglo XXI.

Debemos denunciar la agenda corporativa del agua y proponer alternativas socioecológicas que permitan la permanencia de la vida en nuestro planeta, que garanticen el bienvivir de nuestras comunidades y pueblos. Únete a este llamamiento mundial.

SUSCRIBEN EL LLAMAMIENTO

Aigua és Vida, Catalonia

Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento, España

Asociación Internacional de Ingeniería Sin Fronteras, España

Corporación Ecológica y Cultural Penca de Sábila, Colombia

Emp’act, Suiza

ENDA, Colombia

Fundación Abril, Bolivia

Observatório Nacional dos Direitos à Água e ao Saneamento, ONDAS, Brasil

Red Agua Pública, España

Red Nacional de Acueductos Comunitarios, Colombia
Redes y organizaciones internacionales

Blue Planet Project

European Water Movement

Ecumenical Water Network

Foro Popular del Agua

Internacional de Servicios Públicos

The Oakland Institute, USA

Plataforma de Acuerdos Público Comunitarios de las Américas, PAPC

Red Vigilancia Interamericana para la Defensa y Derecho al Agua, REDVIDA

Si su organización quiere adherirse a este llamamiento, envíe un correo electrónico a comunazul@gmail.com


  • Tras la primera ola de calor, muchos hogares viven con incertidumbre el fin de la vigencia de las principales medidas de protección en materia de suministros
  • La moratoria de cortes y la ampliación de los descuentos del bono social eléctrico caerán el próximo 1 de julio si el Ejecutivo no mueve ficha antes

21 de junio de 2022

Una vez superada la primera ola de calor del año, con temperaturas récord en muchas partes del Estado, regresa la incertidumbre sobre las principales medidas del llamado Escudo Social en materia de pobreza energética. Prorrogadas con carácter trimestral, el próximo 1 de julio dejarán de estar vigentes la moratoria de cortes (electricidad, gas y agua), el acceso al bono social para autónomos afectados económicamente por la pandemia y la ampliación de los descuentos de dicho bono. El Gobierno, como empieza a ser habitual, aún no se ha pronunciado al respecto y muchos hogares vulnerabilizados pueden vivir con angustia los próximos días.

El contexto actual no da tregua y a la situación de emergencia climática, que suele conllevar un mayor consumo eléctrico, se le deben sumar los altos precios de la electricidad en el mercado mayorista, de los que depende por ejemplo la tarifa regulada (PVPC), a la cual deben acudir todas aquellas familias vulnerabilizadas que quieran acceder al bono social. En este sentido, la factura de la luz del usuario medio con esta tarifa (sin los descuentos del bono social) alcanzó los 120,68 euros en mayo, un 46,9% por encima de los 82,13 euros del mismo mes del año pasado, situándose como el sexto más alto de la historia.

Ante esta situación, prevemos que muchas familias, que aún sufren el impacto de la pandemia, no van a poder hacer frente a sus facturas y otras muchas van a seguir impagando. La deuda que viene generándose para muchas de ellas desde el estallido de la COVID-19 es una cuestión que nos preocupa enormemente y el incremento de los precios de electricidad ha provocado lógicamente que las cantidades impagadas se hayan multiplicado exponencialmente. Este problema no puede ser olvidado por parte del Gobierno, quien debe buscar fórmulas para reducir esa deuda a cero.

Para todas ellas, la moratoria de cortes en vigor desde abril de 2020 es imprescindible si quieren tener sus suministros garantizados, así como la ampliación de los descuentos del bono social (del 25 al 60% y del 40 al 70%) para que la deuda generada no sea mayor o para que no se produzcan impagos en el caso de familias que sí puedan hacer frente a las facturas gracias a las rebajas del mecanismo.

Por ello, los mismos colectivos y organizaciones que desde diciembre de 2020 hemos reclamado medidas valientes en relación a los suministros básicos, exigimos al Ejecutivo y en especial a la Vicepresidenta Tercera y Ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, el mantenimiento de dichas medidas y su ampliación hasta que no se aprueben medidas de carácter estructural.

En este sentido, como ya hemos hecho anteriormente, reclamamos:

  • La consolidación del principio de precaución, que obligue a las empresas suministradoras a consultar a los Servicios Sociales sobre la situación del hogar antes de cualquier corte y a garantizar el suministro si se produce una situación de vulnerabilidad. La prohibición de cortes no debe estar sujeta a ningún plazo.
  • La incorporación del Derecho Humano al Agua y al Saneamiento en la legislación de más alto nivel. Concreción en la normativa y reconocimiento por ley de un mínimo vital de agua para beber y cocinar y para la higiene básica.
  • La redefinición de la figura del consumidor vulnerable, de tal modo que, entre otras cuestiones, comprenda los tres suministros. En este sentido, el Gobierno debe empezar a estudiar la implementación de una tarifa social progresiva en función de los ingresos de los hogares para los suministros de luz y gas y un mínimo vital para el agua.
  • La asunción de los costes de la pobreza energética por parte de las empresas. Las facturas impagadas que se deriven de la aplicación del principio de precaución se deberán sufragar, de conformidad con un posterior desarrollo reglamentario, a través de un sistema de financiación participado al 100% por las propias compañías de todos los sectores implicados.
  • La firma de convenios con las compañías suministradoras de energía para sufragar las facturas impagadas por familias vulnerabilizadas desde el inicio de la pandemia y hasta que no se implementen las medidas definitivas.

El Gobierno ha decidido ir prorrogando las medidas de protección trimestre a trimestre, hecho que genera mucha incertidumbre en los hogares vulnerabilizados, que deben esperar al último Consejo de Ministros antes de la expiración de la vigencia de las mismas para saber si seguirán protegidas frente a los cortes de suministro. En este caso, se trataría de la reunión del Ejecutivo prevista para el martes 28 de junio, dos días antes de la fecha límite. Reclamamos un mayor compromiso de la Ministra Ribera y que se anuncie la prórroga de todas las medidas cuanto antes para poder dar una mayor tranquilidad a las familias. La ola de calor que acabamos de vivir solo es la primera de la temporada y no podemos permitir que la ciudadanía sufra las próximas sin sus suministros garantizados.

Las organizaciones firmantes somos la Alianza contra la Pobreza Energética, la Coordinadora de Vivienda de Madrid, Ecologistas en Acción, la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético y la Red Agua Pública.

La lamentable y condenable actuación del alcalde torrecereño, es la prueba más rotunda y concluyente, de que por detrás de una privatización del Agua (sagrado derecho humano), hay toda una red de corrupción y malas prácticas, para mantener y garantizar los beneficios de la multinacional que se hace con la gestión de estos servicios públicos.

La denuncia presentada por IU Torrecera y Jerez, ante las nocivas y perniciosas prácticas del regidor de Torrecera, que primero atenta contra el interés de sus ciudadanos mas vulnerables y luego actúa como un “pistolero cuatrero” contra todo aquel que le intenta corregir su aptitud mas que colaboracionista y mercenaria con los intereses de Aqualia; son sobrados motivos para que de forma inmediata, deje su cargo público, más que manchado y ultrajado, demostrando hasta que punto está dispuesto a defender los intereses de la Trama del Agua de Jerez a la que pertenece, por presuntas dádivas y favores que desconocemos, y que debieran ser investigados.

“Calificamos a los gobiernos locales de Jerez y Torrecera, de traidores y cobardes, escondiéndose detrás de la sombra negra y más que sospechosa de una multinacional, -plagada de casos de corrupción, en distintos puntos del planeta-,  y al gerente de Aquajerez de manipulador, obstruccionista y peligroso elemento tóxico que contamina nuestra ciudad, captando personajes sin escrúpulos y adquiriendo voluntades, que puedan modular la vida de nuestra ciudad, en favor de los altos beneficios que Aqualia, cosecha cada día de nuestro centenario recurso vital, como es el agua”.

“Nuestros pueblos no pueden seguir dirigidos por directivos de empresas multinacionales, como es el caso de Aqualia en Jerez y sus pedanías; votamos a políticos no a ejecutivos de empresas privadas. Si quieren mandar en nuestras vidas públicas, que se presenten a las elecciones municipales. “Dejen de una vez de corromper y comprar políticos, técnicos y medios de comunicación… déjennos en paz”.

El “diario de sesiones” de la venta del agua de nuestro municipio, supera todo lo vivido, -vergonzosamente- en otros casos similares de nuestra geografía española, como podemos citar Alcázar de San Juan, Candeleda, Cartagena, Barbate o el mismo Puerto de Santa María.

La trama del agua montada en Jerez, ha sabido hacer su trabajo sucio, para que la privatización en un principio, se llevara a cabo y luego mantenerse férreamente blindados los beneficios de la concesionaria, en todo el proceso de los 25 años.

Cumplidos los  diez años de la gestación de la venta de este servicio, y nueve de su alumbramiento, hemos sido testigo de las malas prácticas de esta trama. A sabiendas de que para que estas personas, políticos y técnicos, actúen de esta manera tan descaradamente en favor de una empresa privada, aun sabiendo del perjuicio de sus vecinos; tiene que haber un móvil o motivación perniciosa y delictiva. Dicho con otras palabras, que estas empresas -especialistas en este tipo de praxis- están presuntamente incentivando a estos elementos, para que intervengan de esta manera tan vil, cuales mercenarios de la multinacional.

Desgraciadamente, ayudados y escudados tras el muro que supone poseer todos los recursos del mundo para inhabilitarnos e imposibilitar nuestro trabajo de fiscalización; no podemos demostrar con pruebas fehacientes para un juzgado dicha actuación contra los intereses de la ciudad; pero somos sabedores de que detrás de todo este montante, hay más que dudas o sospechas razonables de actuaciones presuntamente delictivas.

Mas de diez años a la espalda de esta coordinadora, que se mantiene firme en sus objetivos; la remunicipalización del agua de toda Jerez, la dignificación y el interés de nuestra sociedad civil y la garantía del Derecho Humano de todas nuestras familias.

Entre los más sospechosos de esta actuación ruin que denunciamos, cabe citar a todos los concejales que levantaron las manos para que FCC se colara en nuestros grifos; al equipo de gobierno actual, que tras sus dos legislaturas, habiéndose comprometido en luchar por la recuperación del servicio, ha cedido y se comporta justamente de modo contrario, defendiendo los intereses de la multinacional; a la alcaldesa de Guadalcacín, que juró y perjuró su compromiso por el agua pública y ahora se arrodilla y humilla, “tragando” los engaños de la trama y ejecuta todo lo contrario; al alcalde de Estella, que trabaja su doble moral, vendiendo su voluntad por lo mejor para su pueblo, cuando lo que hace es desheredar a su gente y meterles al lobo en su corral.

Pero de destacar el descaro, la desfachatez y la bajeza demostrada por el delegado de Medio Ambiente, José Antonio Díaz en su permanente defensa de los intereses de Aqualia. Actitud solo igualada si cabe, por el actual alcalde de Torrecera Francisco Arcilla; nos resulta patético y de mucha indignación y de pena, que este pueblo rural, con alto bagaje de honestidad popular, tenga que soportar las indigencias y actitud pistolera, de un alcalde, que vino a dar al traste con todo un recorrido de honor protagonizado por Manuel Bertolet, que en ningún momento cedió a los caramelos de la trama y se mantuvo firme, aguantando balazos continuos venidos por todos los lados.

Aqualia manosea y hurga, afectando sustancialmente la gestión del ayuntamiento y por lo tanto la vida de todos los jerezanos.

Para la multinacional, que actúa manipulando voluntades, hasta el extremo de ser la mano que mece la cuna en buena parte de la gestión de estos ayuntamientos, que afecta muy directamente a nuestra ciudadanía; el acceso de este alcalde a Torrecera (supuestamente apoyado por la empresa), supuso dar la estocada a toda la esperanza de dignidad ciudadana y de lucha estoica de Bertolet. Pero a su vez, tenía que contar con el beneplácito de la mayoría plenaria de la ciudad, y ahí es donde, se le tuerce un poco su pretensión.

El Pleno dice que no, y ¿cuál será la motivación o incentivación personal, económica o política partidista, para que este equipo de gobierno rompa todas las normas, se salte a la torera la regulación vigente para las contrataciones del sector público y “a dedo” ponga en los brazos del lobo Aqualia, al cordero que representa el pueblo de Torrecera?.

De destacar la actuación del grupo municipal IU Jerez, que una vez más, desde el primer día de la constitución de esta coordinadora, ha demostrado cual es el grado de compromiso con nuestra causa social. Ha puesto en riesgo incluso mucho del trabajo que estaban desarrollando dentro del Consistorio y han dicho “basta ya y por aquí no pasamos”.

Sin menoscabo del apoyo, lealtad y esfuerzo del resto de los grupos que componen esta coordinadora, tales como Ganemos Jerez, Anticapitalistas Jerez, Podemos, así como la UGT, las CCOO, la CGT, Ecologistas en Acción, Facua y otros grupos sociales.

Es una nota de prensa enviada a este medio por la Coordinadora del Agua de Jerez

Para más información, contactar por medio de: teléfonos 662 697 415//629 737 623 email: jereznovendeagua@gmail.com

Posteado por: redagua | 10 abril 2022

NOTA DE PRENSA. 28/MARZO/2022

La Agencia Valenciana de Lucha contra el Fraude y la Corrupción investiga al Ayuntamiento de Alcoi y a Aqualia por irregularidades en la gestión del agua.

La Agencia Valenciana de Lucha contra el Fraude y la Corrupción investiga al Ayuntamiento de Alcoi y a Aqualia por irregularidades en la gestión del agua..

El expediente abierto por la Agencia Valenciana Antifraude es consecuencia de la denuncia presentada por la Iniciativa Ciutadana per la Gestió Pública de l’Aigua (Aiguapública) ante la desidia del Gobierno municipal, más aplicado en satisfacer a Aqualia que en defender los intereses de la ciudad.

En el caso de que la Agencia Antifraude confirme los hechos denunciados, el Ayuntamiento deberá reclamar a Aqualia más de dos millones de euros (2.000.000 €).

Aiguapública considera que los abusos de Aqualia son un escándalo y reclama una auditoría realmente independiente y rigurosa sobre la gestión del Servicio de Aguas de Alcoi. Asimismo, exige que se paralice el proceso de renovación de la gestión privada.

En la sesión del Pleno del Ayuntamiento de Alcoi del próximo viernes 1 de abril se debatirá una propuesta de la Iniciativa Ciutadana per la Gestió Pública de l’Aigua sobre el cobro indebido por parte de Aqualia de unos ingresos relacionados con la gestión del canon de saneamiento de las aguas residuales.

Según ha denunciado la plataforma ciudadana, desde el año 2000 Aqualia ha estado recibiendo de la Entidad Pública de Saneamiento de las Aguas Residuales (EPSAR) una indemnización compensatoria que debería haber transferido al Ayuntamiento de Alcoi, ya que Aqualia en su oferta renunció a cobrarla. Según calcula Aiguapública, la indemnización compensatoria cobrada indebidamente por Aqualia podría alcanzar los 2.000.000 de euros.

Por ello, ha solicitado que el Pleno municipal apruebe reclamar a Aqualia que abone los importes de la indemnización compensatoria del canon de saneamiento con los intereses correspondientes. En su petición, Aiguapública también pide que se le exija a la empresa concesionaria que presente toda la documentación necesaria para verificar los importes correctos que debería pagar al Ayuntamiento. Por último, la plataforma ciudadana pide que se depuren las responsabilidades por la negligencia cometida al no haber reclamado a Aqualia los importes de esa indemnización compensatoria a lo largo de los años de gestión privada.

Posteriormente a la solicitud de Aiguapública, se ha tenido noticia gracias a las contestaciones en la Comisión de Obras y Servicios a unas preguntas de un grupo político municipal (Guanyar Alcoi) de la abertura de una investigación al Ayuntamiento por parte de la Agencia de Lucha contra el Fraude y la Corrupción de la Comunitat Valencia (más conocida como Agencia Valenciana Antifraude).

Este expediente ha sido consecuencia de una denuncia presentada hace poco más de dos años por la Colla Ecologista La Carrasca-Ecologistes en Acció d’Alcoi, como entidad que participa en la Iniciativa Ciutadana per la Gestió Pública de l’Aigua.

La plataforma Aiguapública ha querido destacar que la denuncia presentada en la Agencia Valenciana Antifraude no solo hace referencia a la apropiación indebida de la indemnización compensatoria por la gestión del canon de saneamiento, sino que también incluye otras irregularidades e incumplimientos del contrato de concesión, algunas de las cuales tienen importantes repercusiones económicas:

• Asunción por parte del Ayuntamiento de Alcoi de gastos del Servicio Municipal de Agua Potable que corresponden a Aqualia: consumo eléctrico de los bombeos de Sant Antoni y del Arsenal. Solo el importe del de Sant Antoni entre los años 2004 y 2019 ya asciende a 462.634 euros.

• Sobrecoste de las obras de renovación del sector «Ensanche» de la red de agua potable de Alcoi, financiadas a cargo del canon variable que la empresa concesionaria debe pagar al Ayuntamiento. La diferencia entre el importe pagado a la empresa por el Ayuntamiento y la inversión real es de unos 250.000 euros.

• Incumplimiento reiterado de la obligación de presentar al Ayuntamiento de Alcoi las copias certificadas de las cuentas de pérdidas y beneficios y de los balances de situación, sin que el Ayuntamiento las haya requerido a la empresa. Cuando finalmente se han conseguido las cuentas de unos pocos años, se ha podido comprobar que buena parte de los importes de los gastos que figuran no son reales.

• Falta de transparencia y de control: la última reunión de la Comisión de Seguimiento y Control del Servicio (en el momento de la denuncia) se había producido en el año 2003.

• Inexactitud de los datos incluidos en las memorias de los expedientes de actualización de las tarifas que Aqualia presenta anualmente al Ayuntamiento.

La Iniciativa Ciutadana per la Gestió Pública de l’Aigua considera que las irregularidades y presuntas ilegalidades son un escándalo y que hay motivos más que suficientes para que el Ayuntamiento de Alcoi encargue una auditoría realmente independiente y rigurosa sobre la gestión que ha llevado a cabo Aqualia.

Asimismo exige la paralización inmediata del proceso de renovación de la gestión privada, para evitar que se perpetúe la situación de descontrol y de perjuicio económico para el pueblo de Alcoi.

NOTA DE PRENSA

La Red Agua Pública y Onura Publikoa reivindican el abastecimiento del agua y el saneamiento como derechos humanos.

Denuncian la privatización del agua en Urretxu y Zúmárraga, únicos municipios de Gipuzkoa donde la gestión del agua no es pública.

25 de marzo de 2022

Con motivo del día mundial del agua celebrado esta semana, la Red Agua Pública (RAP) y Onura Publikoa reivindican el agua y el saneamiento como derechos humanos reconocidos por Naciones Unidas y

señalan, como lo hizo Leo Heller, anterior relator especial, que la privatización y mercantilización de los servicios de abastecimiento y saneamiento suponen graves riesgos para el disfrute de estos derechos humanos, como consecuencia de la combinación de tres factores: la maximización de los beneficios, el monopolio natural de los servicios y los desequilibrios y abusos de poder.

Es en este contexto en el que denuncian la privatización del agua en Urretxu y Zumarraga, únicos municipios de Gipuzkoa donde su gestión no es pública, ya que está concesionada a Aquarbe, perteneciente a la multinacional Suez. Precisamente Suez es la empresa que ha sido denunciada por prácticas corruptas -casos Petrum y Pokemon-, y por reiterados abusos de poder frente a ayuntamientos que defienden la gestión pública del agua como son, entre otros, Valladolid, Terrassa, Arteixo, Barcelona y los abastecidos por Aguas de Manresa.

Con la privatización del agua en Zumarraga por quince años, su ayuntamiento percibió en 2007 un canon de 2,5 millones de euros, que ha sido sufragado por los consumidores a través de las tarifas, intereses incluidos. Además, y en una clara evidencia de la determinación de Aquarbe de maximizar beneficios, se ha adoptado una tarificación injusta que hace que las facturas crezcan de manera considerable, lo que ha ocasionado que el agua en Urretxu y especialmente en Zumarraga, sea la más cara de Gipuzkoa. Se ha producido durante los últimos tres lustros un auténtico expolio y una transmisión de rentas de los bolsillos de la ciudadanía a las arcas de una multinacional insaciable con la absoluta connivencia del ayuntamiento gobernado por el PSE.

La finalización en 2021 de la concesión a Aquarbe en ambos municipios, configuró un escenario favorable para la publificación y municipalización del servicio de agua. Sin embargo, la cerrazón incomprensible de ambos consistorios, gobernados con sendas mayorías absolutas por PSE y PNV, impidieron conseguir este objetivo. Urretxu decidió prorrogar la concesión y Zumarraga no pudo hacerlo ya que la interventora del ayuntamiento emitió un informe en contra, argumentando que Aquarbe ya había amortizado el canon en los 15 años de concesión. Actualmente Zumarraga se halla en proceso de redacción de los pliegos para seguir privatizando, habiendo realizado una prórroga encubierta para 2022.

Estas decisiones se han tomado sin contar con la participación activa, libre y significativa de la ciudadanía; a la vista de este atropello y la conculcación del derecho humano al agua que esto supone, la RAP y Onura Publikoa llaman a los consistorios de Urretxu y Zumarraga a rectificar y a abordar un proceso participativo y transparente que pueda dar pie a que Zumarraga y Urretxu dejen de ser la excepción privada y mercantilizadora del agua en Gipuzkoa.  

La RAP apoya a la plataforma Ondura Publikoa en su lucha consecuente para conseguir este objetivo, con el convencimiento de que lo conseguirá más pronto que tarde.

Red Agua Pública es un espacio que integra a decenas de plataformas, organizaciones sociales, ambientales y sindicales del Estado español que promueven una visión del agua como un bien común y un derecho humano, y luchan por la defensa de la gestión pública, sin ánimo de lucro, transparente y participativa de los servicios de abastecimiento y saneamiento. https://redaguapublica.wordpress.com

Onura Publikoa es una plataforma que aglutina diferentes sindicatos, partidos políticos y movimientos sociales que aboga por la publificación del servicio de abastecimiento de agua en Zumarraga y Urretxu (ELA, LAB, CCOO, EH Bildu, Elkarrekin Ahal Dugu, Duintasuna, la Coordinadora Feminista o Eguzki). (https://www.facebook.com/onurapublikoa/)

Interesante artículo de Gonzalo Marín, Miriam Planas y Leandro del Moral para la Fundación Espacio Público sobre los abusos de poder en la defensa de la gestión privada del agua.

5 de enero de 2022

En 2000 el gobierno municipal de Alcoi, entonces presidido por el Partido Socialista del País Valenciá, acometió, con la connivencia del Partido Popular, la privatización del servicio de abastecimiento de agua en la ciudad mediante un proceso oscuro y antidemocrático que impidió, de hecho, la participación efectiva de la ciudadanía en la toma de decisiones, a pesar de que se realizaron movilizaciones masivas y se consiguió el apoyo de más de 10.000 firmas demandando la suspensión de la privatización. El resultado fue la concesión del servicio de abastecimiento de agua a la empresa Aqualia por 20 años y, de paso, propició una crisis en el partido de gobierno favoreciendo que poco después el PP asumiera el poder en el ayuntamiento de Alcoi.

Veinte años después, cuando la concesión ha sido prorrogada y está a punto de finalizar, otro gobierno socialista presidido por Toni Francés Pérez, persiste en optar por la privatización del agua utilizando procedimientos similares a los de entonces: apoyarse en un proceso nada transparente ni participativo que aprovecha la época de fiestas navideñas para ponerlo en marcha, a la vez que presenta un informe encargado a la consultora privada AYMED, que resulta ser un documento claramente sesgado hacia la defensa de la gestión privada, a la vez que incorpora notables inconsistencias técnicas y metodológicas e, incluso, está plagado de matices y posicionamientos ideológicos a favor de la privatización.

Estas cuestiones han sido puestas de manifiesto tanto por Lluís Torró Gil, exregidor y exdiputado de EUPV, la organización ecologista La Carrasca y, específicamente, por el informe que la Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento (AEOPAS) preparó a petición de la plataforma Iniciativa Ciutadana per una Gestió Pública de l’Aigua d´Alcoi. Los criterios y fundamentos que ha aportado la ciudadanía deberían ser tenidos en cuenta en el proceso de toma de decisiones sobre un tema crucial como es el modelo de gestión.

A pesar de ello, el alcalde ha optado por la privatización de los servicios de abastecimiento al margen de la ciudadanía, en clara vulneración del derecho humano al agua que tiene como principios fundamentales la transparencia, la rendición de cuentas y la participación activa, libre y significativa, en cuyo contexto se asume que cualquier decisión que afecte al modelo de gestión de los servicios de agua y saneamiento deben ser previamente contrastados con la ciudadanía. Esta circunstancia es especialmente cuestionable para el actual alcalde socialista, en la medida en la que el presidente de gobierno de España se comprometió en su discurso de investidura del 4 de enero de 2020, a consagrar el acceso al agua como un derecho humano y no como un bien mercantil.

En este contexto, la Red Agua Pública (RAP) llama al actual alcalde a proceder de forma consecuente con las determinaciones de su partido y que ponga en marcha un proceso participativo y democrático sobre la forma de gestión del servicio de agua en Alcoi reconduciendo su propuesta al respecto del pleno del próximo 7 de enero.

Frente a este intento de privatización, la RAP apoya los posicionamientos de la Xarxa Valenciana per l´Aigua Pública y de los movimientos ciudadanos de Alcoi a favor de la remunicipalización y la gestión pública y democrática del agua.

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