Seis expertos independientes de la ONU, actuales y ex Relatores Especiales de derechos humanos, advierten que tomarlos en serio requiere abandonar la idea de que los Estados pasen a un segundo plano frente a los entes privados

La pandemia de covid-19 ha expuesto las nefastas consecuencias de décadas de privatización y mercantilización. De un día para otro, vimos hospitales desbordados, personal sanitario sin equipo de protección, asilos convertidos en morgues, esperas de semanas para acceder a las pruebas y escuelas que se esfuerzan para conectar con niños confinados en sus casas. Durante todo este tiempo, se instaba a la gente a quedarse en casa, cuando en realidad muchos no tenían una vivienda adecuada ni acceso a agua y saneamiento, ni protección social.

Necesitamos un cambio radical de dirección. Décadas de transferir la provisión de bienes y servicios sociales a entes privados ha resultado, a menudo, en ineficiencia, corrupción, disminución de la calidad, aumento de los costos y el consiguiente endeudamiento de los hogares. Los pobres han sido marginados y se ha socavado el valor social de necesidades básicas como la vivienda y el agua.

Hubo un rayo de esperanza cuando de repente en medio de la crisis, la gente empezó a reconocer la centralidad de los servicios públicos para el funcionamiento de la sociedad. “Lo que esta pandemia reveló es que hay bienes y servicios que deben ser colocados fuera de las leyes del mercado”, resumió el presidente francés Emmanuel Macron. Pero más allá de las declaraciones políticas, hay signos preocupantes de que esto no ha sido más que retorica.

Miren lo que sucede con el agua, un bien aún más vital ahora cuando lavarse las manos es la mejor manera de protegerse del virus. Alrededor de 4.000 millones de personas en el mundo experimentan una grave escasez de agua durante al menos un mes del año. Es el caso, por ejemplo, de la provincia chilena de Petorca debido al uso excesivo de agua por parte de las empresas de aguacates que operan en la zona. Cuando el Ministerio de Salud decidió aumentar la asignación diaria de agua a 100 litros por persona, apenas ocho días después revocó la decisión, poniendo los intereses de las empresas privadas por encima de los derechos de su población.

¿Y qué hay de la tan esperada vacuna? Reconociendo que no se puede confiar en las fuerzas del mercado, más de 140 líderes y expertos mundiales han llamado a los gobiernos e instituciones internacionales para garantizar que las pruebas, tratamientos y vacunas de covid-19 se pongan a disposición de todos sin costo alguno. Sin embargo, esto parece poco realista, las compañías farmacéuticas continúan compitiendo para tener la primera vacuna y venderla al mejor postor.

El sector de la educación también se ha visto afectado. A pesar de que cientos de escuelas privadas decepcionaron a sus estudiantes y personal durante la crisis, el Banco Mundial mantiene su posición de que los sistemas privatizados y las soluciones de mercado deben promoverse a toda costa. Se trata de una recomendación especialmente influyente, cuando los países de bajos ingresos se están endeudando.

El mantra mundial de practicar la “sana distancia” para evitar la propagación del coronavirus carece de sentido para los 1.600 millones de personas que habitan viviendas inadecuadas, y para el 2% de la población mundial que no tiene hogar. Peor aún, en el ámbito de la vivienda, la mayoría de los gobiernos parecen no estar dispuestos a regular a los actores financieros que han ayudado a crear estas condiciones. La financialización de la vivienda ha resultado en un aumento de los alquileres, desalojo de inquilinos de bajos ingresos, falta de mantenimiento y al acaparamiento de unidades vacías para aumentar sus beneficios. Los efectos son aún más graves en el contexto de la pandemia.

Con la mercantilización de bienes y servicios públicos, los gobiernos no están cumpliendo sus obligaciones en materia de derechos humanos. Los titulares de derechos se transforman en clientes de empresas privadas que solo buscan la maximización de los beneficios y que rinden cuentas solo a sus accionistas. Esto afecta nuestras democracias, exacerba las desigualdades y genera una segregación social insostenible.

Somos seis expertos independientes de las Naciones Unidas, actuales y antiguos Relatores Especiales de derechos humanos. En esta capacidad queremos compartir este mensaje: tomarse en serio los derechos humanos requiere abandonar la idea de que los Estados pasen a un segundo plano frente a los entes privados. Se necesitan alternativas. Ha llegado el momento de decirlo alto y claro: la mercantilización de la salud, la educación, la vivienda, el agua, el saneamiento y otros bienes y servicios relacionados con los derechos humanos excluye a los más pobres y puede dar lugar a violaciones de los derechos humanos.

Las obligaciones de derechos humanos no cesan para los Estados cuando delegan bienes y servicios básicos en empresas privadas y en el mercado, menos cuando lo hacen en condiciones que socavan la satisfacción de derechos y los medios de vida de muchas personas. Asimismo, es necesario que las organizaciones multilaterales, como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, dejen de imponer a los países la privatización de los servicios públicos.

Hacemos un llamado también a todos los que están comprometidos con los derechos humanos para que comiencen a abordar las consecuencias de la privatización. Así como algunas organizaciones de derechos humanos han empezado a alertar sobre la necesidad de sistemas fiscales justos, es hora de buscar que los responsables de las consecuencias nefastas de la privatización rindan cuentas. Los derechos humanos pueden ayudar a articular el tipo de bienes y servicios públicos que queremos: participativos, transparentes, sostenibles, responsables, no discriminatorios y que sirvan al bien común.

Estamos en una emergencia. Probablemente esta pandemia será la primera de una serie de grandes crisis que nos esperan, gatilladas por la emergencia climática. Nos acercamos a la conmemoración del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, inmersos en una recesión económica sin precedentes desde la Gran Depresión. Se espera que la crisis de covid-19 empuje a otros 176 millones de personas a la pobreza. Cada una de ellas puede ver violados sus derechos humanos a menos que se produzca un cambio drástico de modelo y se invierta en servicios públicos de calidad. No hay normalidad a la que volver.

Firman: Juan Pablo Bohoslavsky, ex experto independiente ONU sobre deuda externa y derechos humanos; Koumba Boly Barry, Relatora Especial ONU sobre el derecho a la educación; Olivier De Schutter, Relator Especial ONU sobre la extrema pobreza y los derechos humanos; ex Relator Especial sobre el derecho a la alimentación; Leilani Farha, Ex Relatora especial ONU sobre la vivienda adecuada; Léo Heller, Relator Especial ONU sobre el derecho al agua potable y al saneamiento; Magdalena Sepúlveda Carmona, Ex Relatora Especial ONU sobre la extrema pobreza y los derechos humanos.

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Posteado por: redagua | 17 octubre 2020

Suficiente es suficiente

Privatización y servicios públicos: una conversación con relatores especiales actuales y anteriores de la ONU. Únase a nosotros para una discusión en línea el 19 de octubre de 2020 que reunirá por primera vez a relatores especiales actuales y anteriores de la ONU para reflexionar sobre los impactos de la privatización y sobre el impulso renovado y las estrategias para la prestación pública de servicios relacionados con los derechos económicos, sociales y culturales tales como salud, educación, agua potable y vivienda.

¿Por qué?

Después de décadas de políticas de desregulación y privatización en todo el mundo, los actores privados están desempeñando un papel cada vez más importante en muchos sectores, desde la educación y la salud hasta el agua, la alimentación y la vivienda. Sin embargo, aumenta la preocupación de que los sistemas privatizados amenacen gravemente la realización de los derechos humanos. 

En los últimos años, decenas de expertos y organismos en derechos humanos han hecho sonar la alarma, incluidos cuatro relatores especiales de la ONU que han escrito informes sobre el tema. El problema se está volviendo aún más crítico en el contexto de la pandemia de COVID-19, las altas y crecientes desigualdades y la emergencia ecológica. Más que nunca, las tendencias actuales hacia la privatización y el desmantelamiento de los servicios públicos están demostrando ser insostenibles. Ha llegado el momento de revisar las preocupaciones sobre derechos humanos en todos los sectores y discutir alternativas a los discursos dominantes.

Este evento será el primero en reunir a una variedad de relatores especiales de la ONU actuales y anteriores y explorar cómo los derechos humanos pueden ayudar a construir un análisis conjunto de la privatización y brindar apoyo a servicios públicos resilientes, alineados con los derechos, inclusivos al género y enfoques innovadores. para realizar el bien común en un mundo cambiante.

¿Cuando?

19 de octubre | 8 a. M. EDT, 12 p. M. UTC, 2 p. M. CEST, 8 p. M. PHST

Este evento estará disponible en inglés , francés y español .

Este seminario en línea será realizado por Zoom, con interpretación en francés y español.

Registrarse aquí

¿Con quien?

  • Philip Alston , ex relator especial de la ONU sobre pobreza extrema y derechos humanos 
  • Juan Pablo Bohoslavsky , ex experto independiente de la ONU sobre deuda externa y derechos humanos
  • Koumbou Boly Barry , relator especial de la ONU sobre el derecho a la educación   
  • Olivier De Schutter , relator especial de la ONU sobre pobreza extrema y derechos humanos, y ex relator especial de la ONU sobre el derecho a la alimentación
  • Leilani Farha , ex relatora especial de la ONU sobre una vivienda adecuada como componente del derecho a un nivel de vida adecuado y sobre el derecho a la no discriminación en este contexto
  • Léo Heller , relator especial de la ONU sobre los derechos humanos al agua potable y el saneamiento
  • Tlaleng Mofokeng , relator especial de la ONU sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud 

El evento será moderado por Magdalena Sepúlveda , ex relatora especial de la ONU sobre pobreza extrema y derechos humanos y directora ejecutiva de la Iniciativa Global de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

Este evento está coorganizado por ActionAid , el Centro de Derechos Humanos de África Oriental (EACHRights) , la Red Europea sobre Deuda y Desarrollo (Eurodad) , la  Iniciativa Global para los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (GI-ESCR) , la  Iniciativa para Derechos sociales y económicos (ISER) , Oxfam , la  Sociedad para el Desarrollo Internacional (SID)la Internacional de Servicios Públicos (PSI) y el Instituto Traslacional (TNI) .

Posteado por: redagua | 10 octubre 2020

La vergüenza de los cortes de agua en plena pandemia

  • “¿Por qué ahora se deja desprotegidas a las familias que no pueden pagar los suministros cuando existen las mismas circunstancias de desempleo y pobreza?”
Agustín Moreno
  • “La actitud insolidaria de las empresas vuelve a poner encima de la mesa la incompatibilidad de conciliar el derecho humano al agua con el lucro y el negocio”
  • “El Gobierno debe volver a prohibir los cortes de agua, gas y electricidad si quiere hacer honor al apellido de progresista”

Durante su última sesión ordinaria que se cerró el miércoles 7 de octubre, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha designado a Pedro Arrojo como nuevo Relator Especial sobre los derechos humanos al agua potable y el saneamiento. La Red Agua Pública (RAP) manifiesta su satisfacción y considera muy positiva esta decisión, toda vez que fue una de las organizaciones sociales que primero impulsó su candidatura, con la convicción de que Pedro Arrojo tiene un perfil humano y profesional estrechamente ligado a los recursos hídricos y el medio ambiente, así como un dilatado compromiso con los derechos humanos, el abastecimiento y el saneamiento de agua.

El mandato de la Relatoría Especial sobre los derechos humanos al agua potable y al saneamiento se estableció para examinar las cuestiones fundamentales de estos derechos, monitorearlos, promoverlos y realizar acciones de sensibilización y debate para potenciar la acción global; es relevante también su capacidad de concretar recomendaciones a los gobiernos, a las Naciones Unidas y a la ciudadanía sobre temas relacionados con el agua y el saneamiento.

En definitiva, la Relatoría Especial asume importantes responsabilidades y debe encarar retos relevantes; las personas que anteriormente ostentaron la Relatoría Especial -Catarina de Alburquerque, entre 2008 y 2014, y Leo Heller, entre 2014 y 2020-, realizaron un papel muy relevante, siendo los responsables, en gran medida, de la concreción del alcance y contenido de los derechos humanos al agua potable y el saneamiento y de las exigencias y condiciones sobre su implementación, la identificación de los retos y obstáculos para su plena realización, las lagunas de protección y las buenas prácticas. Especial mención cabe hacer de los avances impulsados por Catarina de Albuquerque en temas como el saneamiento, la sostenibilidad, la financiación y la planificación; por su parte, el último mandato de Leo Heller estuvo en buena parte dedicado a trasladar los principios legales y las normas de derechos humanos a las políticas públicas y a los mecanismos de implementación de los derechos en áreas tan sensibles como las cuestiones de género, la cooperación al desarrollo, los niveles de servicio de abastecimiento y saneamiento y su regulación, la transparencia y rendición de cuentas, la no regresión, los derechos en los espacios comunes y los riesgos que la privatización supone para el disfrute de los derechos humanos.

La RAP considera que Pedro Arrojo tiene la sensibilidad y capacidad para continuar exitosamente con las líneas de trabajo abiertas por las relatorías especiales anteriores, pero, sobre todo, para encarar los retos que deben abordarse en su mandato, entre los que están la crisis sanitaria global del COVID-19, el cambio climático y las migraciones asociadas, los asentamientos informales y el medio ambiente, todo ello aunado con la importancia que se debe al saneamiento.

En este sentido, la RAP manifiesta su determinación de cooperar y colaborar con el nuevo relator especial, como ya lo hizo con los anteriores, en un contexto de respeto, independencia y exigencia con los principios y criterios definitorios de los derechos humanos al agua potable y el saneamiento.

8 de octubre de 2020

Más información:

Red Agua Pública (RAP), es un espacio que aglutina a decenas de plataformas, organizaciones sociales, ambientales, sindicales y políticas del Estado español que promueven una visión del agua como bien común y servicio público, y luchan por la defensa de la gestión pública, sin ánimo de lucro, transparente y participativa de los servicios de abastecimiento y saneamiento. https://redaguapublica.wordpress.com

El 17 y el 31 de marzo de 2020, el gobierno aprobó sendos decretos ley en los que se concretaban medidas extraordinarias en el ámbito económico y social para hacer frente a la crisis sanitaria motivada por el coronavirus, y específicamente las destinadas a garantizar, en este contexto, el suministro de los servicios públicos de agua al conjunto de los hogares, mientras durase el estado de alarma, dado que la condición de vulnerabilidad es previsible que se amplíe sustancialmente. Estas medidas prescribirán el próximo 30 de septiembre.

La Red Agua Pública (RAP) valoró positivamente lo establecido en ambos decretos ley en relación con el suministro de agua, ya que son coherentes con el derecho humano al agua, que establece la obligación de disponer un suministro continuo y la prohibición de cortes por motivos de vulnerabilidad económica o social. Además, en plena crisis sanitaria, se puso de manifiesto la importancia del agua, en tanto que su disponibilidad es fundamental para la vida, la higiene personal y doméstica y, en consecuencia, para la salud.

Estas medidas contaron con un apoyo y consenso generalizado consenso social y ciudadano; sin embargo, en plena pandemia el lobby del agua privada presionó al gobierno, a través de una carta de la Asociación Española de Empresas Gestoras de los Servicios de Agua Urbana (AGA) dirigida a la Ministra de Transición Ecológica, pidiéndole la suspensión de la prohibición de los cortes de agua aduciendo perjuicios comerciales que podían poner en peligro el equilibrio económico financiero de sus contratos de concesión. Esta actitud egoísta, insolidaria y mezquina fue denunciada por la RAP y desoída por el gobierno.

Desde la promulgación de estas medidas han pasado seis meses, durante los cuales el impacto del COVID-19 ha ocasionado un incremento notable de las familias que se encuentran en situación de pobreza extrema, que ya alcanzan casi el 68%, y la situación económica y social se ha retrotraído a los peores momentos de la crisis financiera de 2008. Además, de acuerdo con el Informe Foessa de 2020, se configura una crisis habitacional que se manifiesta en que el 19,5% de las familias se han visto obligadas (o se lo plantean como opción futura) a mudarse a una vivienda más barata y un 13,2% viven con una inminente amenaza de expulsión o desahucio.

A pesar de esta crítica situación social, no es seguro que el gobierno renueve las medidas de proteger a los sectores sociales vulnerables garantizando su acceso al agua. Esto es, a todas luces inaceptable ya que supondría condenar a amplios sectores de la sociedad a una situación que pondría en peligro su propia integridad física y vital, además de constituir una conculcación flagrante del derecho humano al agua.

La RAP exige al gobierno que desoiga cualquier presión del lobby del agua privada para reanudar los cortes de suministro y que mantenga las medidas contempladas en los reales decreto de marzo con el fin último de no dejar nadie atrás.

El Sistema de Información Nacional de Agua de Consumo (SINAC) fue constituido en 2003 por el entonces Ministerio de Sanidad y Consumo en cumplimiento con lo establecido en el Real Decreto 140/2003 de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano.

El SINAC se configuró como un instrumento de información sanitaria sobre las características de los abastecimientos y la calidad del agua de consumo humano, con el objetivo de informar sobre estos temas, a la vez que detectar y prevenir riesgos para la población derivados de su posible contaminación. Para ello, se estableció la obligación de aportar los datos necesarios para cumplir con los objetivos fijados por parte de los municipios -en tanto que titulares de los servicios de abastecimiento y, por tanto, responsables en última instancia de su calidad y potabilidad-, y de los diferentes organismos que intervienen en el suministro y la calidad del agua, como son los Gestores del abastecimiento o partes del mismo, las Autoridades sanitarias autonómicas y el mismo Ministerio de Sanidad y Consumo.

También se concretaron los procedimientos de acceso a la información recopilada y la obligatoriedad de reportar anualmente sobre el estado de la calidad del agua de consumo humano, los incumplimientos, las características de las zonas de abastecimiento e infraestructuras, y las inspecciones sanitarias. Además, se definieron los usuarios del SINAC -que incluyen a los municipios, empresas abastecedoras, laboratorios y administraciones autonómicas y central, pero no a los usuarios de los sistemas de abastecimiento, es decir, a la ciudadanía-, y la forma de gobernarlo que, siendo coordinado por el Ministerio, sería gestionado por un Comité Técnico formado por representantes de los usuarios del Sistema.

De esta forma, el SINAC se incorporó al marco de regulación del ciclo integral urbano del agua como un instrumento respetuoso con el ordenamiento legal establecido en la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local, toda vez que se reconocía el papel regulador de los ayuntamientos de los servicios del ciclo.  La principal función de este organismo desde su creación ha sido asegurar la transparencia en el ciclo integral en lo referente a la calidad del agua de consumo.

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Comoquiera que la constitución del SINAC se produjo casi simultáneamente con la génesis y la publicación en 2003 de la Observación General 15 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, que define el alcance y contenido del derecho humano al agua, no se tuvieron en cuenta de forma explícita sus criterios normativos ni sus principios definitorios. Fundamentalmente los que se refieren a la participación, transparencia y rendición de cuentas. En este sentido, resulta paradójico que un instrumento destinado a favorecer la transparencia en el ciclo integral urbano del agua, no se ajuste a estos principios cuando se trata de su gobierno y funcionamiento interno. Efectivamente, en la gestión del SINAC, a través de su Comité Técnico, no se contempla la participación de la ciudadanía ni se cuenta con un reglamento público que establezca los criterios de elección de sus integrantes, los plazos de funcionamiento, su planificación ni los procedimientos de transparencia y rendición de cuentas de este órgano de gobierno. Por lo que se refiere al acceso a la información, la destinada a la ciudadanía está ciertamente restringida y su acceso a través de la aplicación informática disponible es muy limitada y no se ajusta a las buenas prácticas internacionales en relación con los datos abiertos, lo que disuade de su utilización. Consecuentemente, no se cuenta con un instrumento esencial y adecuado para la rendición de cuentas del SINAC.

Por otra parte, el Tribunal de Cuentas, en su Informe 1.344 de Fiscalización sobre el control sanitario del agua ejercido por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, correspondiente al ejercicio 2017, detecta una serie de deficiencias en el propio SINAC relativas a la necesidad de generalizar la recopilación de datos a todos los municipios del Estado -como lo establece el RD 140/2003-; la de asegurar la actualidad y representatividad de los datos recopilados y su necesaria revisión y homogeneización. También apunta a la falta de justificación de las coberturas del abastecimiento y las dotaciones mínimas garantizadas -que son datos aportados a instituciones internacionales como la Unión Europea y la Organización Mundial de la Salud-; la carencia de procedimientos de seguimiento de los incumplimientos detectados y de la realización de las medidas correctoras y la necesidad de que todos los laboratorios que realizan los controles del agua estén debidamente acreditados -en 2017 no consta que el 53,14% lo estuvieran-. A su vez, el Tribunal resalta que en los informes anuales que preceptivamente tiene que publicar el SINAC deben reflejarse las deficiencias en la calidad de los datos que se hayan detectado, cosa que no se hace en la actualidad.

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En definitiva, el Tribunal de Cuentas pone en evidencia una serie de carencias de funcionamiento del SINAC que afectan desde la recopilación de datos hasta la publicación de la información sobre el estado de la calidad del agua de consumo humano. Configuran, de este modo, un escenario que es necesario reconsiderar y corregir inmediatamente. Sin embargo, a pesar de lo contundente del informe, no se tienen noticias de que se hayan abordado las medidas para solventar las deficiencias detectadas.

En este contexto, la Red Agua Pública (RAP) reivindica una urgente y profunda revisión del SINAC que, en el contexto actual, resulta especialmente necesario por el papel relevante que puede jugar tanto en la revisión de la Directiva europea relativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano, como en su transposición a la legislación española. Tal revisión debería contemplar, al menos, los aspectos siguientes:

  • Incardinar al SINAC en el marco conceptual y definitorio del derecho humano al agua y al saneamiento, toda vez que ya cuenta con un reconocimiento internacional generalizado, cuyo hito de referencia es la declaración de la Asamblea General de Naciones Unidas del 28 de julio de 2010, que lo reconoce explícitamente.
  • Elaborar un reglamento de funcionamiento y gestión del SINAC en el que se reconozca, entre otros aspectos relativos a su operativa y funcionamiento, la participación ciudadana -con el consiguiente reconocimiento de la ciudadanía como usuaria del SINAC-, y que garantice la pluralidad, equidad y representatividad de la composición del Comité Técnico. En este sentido, se considera inaceptable que la representación de los usuarios gestores en este Comité esté delegada en una de las asociaciones profesionales de las empresas de agua (AEAS) caracterizada por la defensa numantina de la gestión privada de los servicios del ciclo integral urbano del agua y que está hegemonizada por las principales multinacionales del sector, como son Suez y Aqualia, que copan en torno al 80% de los servicios privatizados en España.
  • Asegurar que el funcionamiento y la gestión del Comité Técnico sea transparente y que su rendición de cuentas esté articulada a través de procedimientos públicos y regulados. Consecuentemente, las decisiones del Comité que afecten a su funcionamiento y gestión deben ser públicas.
  • Revisar y actualizar las funcionalidades y arquitectura de la aplicación informática del SINAC, en la línea con las políticas de datos abiertos promovidas por la Comisión Europea. Actualmente el acceso a la información solo es posible individualmente municipio a municipio y únicamente para el último año -por lo que no es factible realizar análisis de evolución temporal-, no dispone de enlaces directos a información cartográfica ni a bases de datos que permitan su tratamiento y reutilización.
  • Reconsiderar el acceso a la información del SINAC de forma que la ciudadanía pueda conocer fácilmente la situación de la calidad del agua en sus respectivas zonas de abastecimiento y su evolución temporal, a fin de que sea posible la exigencia de responsabilidades -rendición de cuentas-, ante eventuales fallos en la potabilidad.
  • Los informes de los resultados y la difusión de los análisis de la información recopilada por el SINAC deben articularse y presentarse al nivel más desagregado, y no como se hace actualmente que solo se aportan datos globales; en este sentido es relevante llamar la atención de que los datos globales enmascaran las deficiencias e inequidades particulares que impiden, de hecho, el seguimiento particularizado de la gestión de los servicios a nivel municipal o de zona de abastecimiento.
  • Dar respuesta pública, detallada y justificada a las deficiencias detectadas en el Informe 1.344 del Tribunal de Cuentas relativo a la Fiscalización sobre el control sanitario del agua ejercido por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, correspondiente al ejercicio 2017. En este sentido, se deberán programar y arbitrar las medidas correctoras, incluyendo las modificaciones en la estructura del propio SINAC que sean pertinentes.

Julio 2020

Más información:

Red Agua Pública (RAP), es un espacio que aglutina a decenas de plataformas, organizaciones sociales, ambientales y sindicales del Estado español que promueven una visión del agua como bien común y servicio público, y luchan por la defensa de la gestión pública, sin ánimo de lucro, transparente y participativa de los servicios de abastecimiento y saneamiento.

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El ayuntamiento de La Adrada, en su pleno del 15 de junio de 2020, aprobó definitivamente la subida de las tarifas de agua sin atender las reclamaciones de los vecinos contra esta decisión, que consideran arbitraria, injusta y sin que se haya presentado la pertinente justificación económica y financiera. El ayuntamiento relativizó en su decisión, de forma torticera, el alcance de las alegaciones vecinales alegando que solo solicitaban información, cuando lo cierto es que también pedían expresamente la anulación de la subida de las tarifas y la inmediata invalidación del acuerdo plenario del 31 de enero de 2020, en el que se anunció provisionalmente la subida.

La oposición vecinal se sustenta en que no se considera aceptable que más de la mitad de la subida -concretamente el 2,902% del 5% total- se debe a que se imputan a la tarifa de agua los gastos de la piscina municipal, en clara contradicción con los planteamientos de la Red Agua Pública de que las tarifas solo deben reflejar los costes del servicio del agua, y contraviniendo recomendaciones expresas que al respecto hizo el Procurador del Común en 2015 en el contexto del derecho humano al agua y al saneamiento.

Ante esta situación, los vecinos y vecinas de La Adrada han interpuesto sendas peticiones de amparo ante el Procurador del Común de Castilla y León, y el Espacio Vecinal de La Adrada ha iniciado una campaña de denuncia en la plataforma wemove.eu (https://you.wemove.eu/campaigns/luchemos-por-el-derecho-humano-al-agua-en-espana-y-en-europa-eldinerodelaguasoloalagua) con el objetivo de sumar apoyos para abordar la vía de lo contencioso administrativo.

¡Apoyemos esta campaña!

Esta semana la Comisión Europea ha dado la razón a la sociedad civil y ha comunicado oficialmente su decisión de no modificar la Directiva Marco del Agua y de dedicar sus esfuerzos a que los Estados pongan en marcha las medidas necesarias para proteger y mejorar la salud de los ríos, humedales y acuíferos.

La Comisión Europea ha comunicado su decisión de no modificar la Directiva Marco del Agua (Directiva 2000/60/CE) y ha mandado un mensaje claro a los Estados miembros de la Unión Europea: la Directiva Marco del Agua (DMA) es una norma fundamental de la legislación comunitaria para proteger el medio ambiente y debe mantenerse fuerte y ambiciosa como hasta ahora. Un mensaje potente y crucial para los ríos, humedales y acuíferos de toda Europa.

Este mensaje fue transmitido en la reunión de Directores del agua de los Estados miembros de la pasada semana y corroborado formalmente en declaraciones a POLITICO del Comisario de Medioambiente, Océanos y Pesca, Virginijus Sinkevičius, que considera que la DMA es una pieza fundamental de la legislación ambiental de la Unión Europea y está aquí para mantenerse en su forma actual. El anuncio se ha producido seis meses después de que la propia Comisión Europea concluyera la evaluación tras más de dos años de consultas acerca de esta Directiva y afirmara que la versión actual era adecuada para cumplir con sus objetivos.

Esta conclusión es la misma a la que llegaron más de 375.000 ciudadanos europeos que alzaron su voz en defensa de esta norma única en el mundo para la protección de los ríos, humedales y acuíferos, y que demandaban a sus gobernantes mayor ambición y compromiso para cumplir con sus obligaciones de proteger las aguas europeas, uno de los recursos más importantes para la conservación de la naturaleza y el desarrollo económico.

En España, una coalición de 138 organizaciones de la sociedad civil, que mostraron su apoyo a esta norma en el Manifiesto en defensa de la DMA en 2019, como parte de la campaña europea de #ProtegeTuAgua, han recibido con gran satisfacción esta decisión por parte de la Comisión Europea.

Consideran que la DMA es una pieza clave de la legislación ambiental europea que tiene por objetivo el conseguir el buen estado de todos los ríos, humedales y acuíferos europeos para el año 2027. A pesar de que aún queda un largo camino hasta lograr estos objetivos, exigen a los Estados miembros que dejen atrás las excusas y se pongan a trabajar para cumplir con estas obligaciones.

Como parte de esta coalición de entidades de la sociedad civil, Julia Martínez, directora de la Fundación Nueva Cultura del Agua, considera que “la decisión de la Comisión Europea es un hito importantísimo en apoyo a esta norma europea única en el mundo, ante las presiones de algunos Estados miembros y grupos de presión que querían
rebajar su ambición para poder seguir deteriorando nuestros ríos, humedales y acuíferos”.

Por su parte Roberto González, responsable del programa de aguas de SEO/BirdLife, considera que ahora “no se pueden acumular más retrasos, ha llegado el momento de trabajar con generosidad y dar un giro a la política de aguas para poner en valor la acreditada capacidad técnica de nuestro país, proteger y mejorar nuestros ecosistemas acuáticos y detener de forma definitiva la perdida alarmante de biodiversidad que depende de ellos”.

Rafael Seiz responsable de la campaña #ProtegeTuAgua de WWF España concluye que “esta decisión de la Comisión de no modificar la Directiva Marco del Agua después de escuchar la voz de cientos de miles de ciudadanos es esencial para garantizar la seguridad hídrica que nos aportan unas fuentes de agua en buen estado de la que depende nuestra economía, en un escenario incierto después de la crisis sanitaria del Covid-19 y en el que los impactos del cambio climático agravarán los retos a los que ya nos enfrentamos”.

Estas 138 organizaciones que forman parte de la coalición Living Rivers Europe quieren lanzar un claro mensaje de que “ésta es una victoria importantísima para la sociedad civil, que ha mostrado su compromiso por la defensa del bien común, y que hoy más que nunca necesitamos una Directiva fuerte que garantice el agua que necesitan las personas y la naturaleza”. Las entidades de la campaña solicitan al Ministerio para la Transición ecológica y el Reto Demográfico que este potente mensaje de la Comisión Europea debe reflejarse reorientando la revisión del tercer ciclo de planificación ya iniciado.

La creación de la nueva empresa supone un incumplimiento de los acuerdos de Gobierno del Botànic2

La Red Valenciana por el Agua Publica se opone a la creación de una macro Entidad en la que la gestión del Ciclo Integral del Agua pierda su independencia y se mezcle con la gestión de múltiples servicios de carácter ambiental, agrícola y desarrollo rural

El borrador de decreto ley elaborado por la Consejería para la creación de una nueva entidad pública de agua y servicios ambientales (EVASA) es un paso atrás en la gestión pública del ciclo integral del agua, que genera incertidumbre y dificulta el ejercicio efectivo del derecho humano al agua. Con la aparente justificación de gestionar agua y medio ambiente, parece que su pretensión es resolver los problemas jurídicos, laborales y económicos que arrastra desde hace años la sociedad VAERSA, poniendo en riesgo el necesario cambio de paradigma hacia la sostenibilidad ambiental y el predominio de lo público en la gestión del agua.

La propuesta de crear una entidad donde se prioriza la ejecución de políticas agrarias y ambientales de la Consejería difumina la única entidad pública que podría ser el germen de una Agencia Valenciana del Agua, democrática, participativa, sostenible y transparente, y cuestiona la voluntad política de poner en marcha el acuerdo de gobierno de crear el Centro Valenciano del Ciclo Urbano.

La inclusión en esta entidad del abastecimiento y saneamiento se realiza sin atender a los principios de transparencia, participación efectiva y rendición de cuentas propias de la buena gobernanza, especialmente irrenunciables cuando la materia objeto de regulación afecta a derechos humanos fundamentales. El preámbulo del decreto ley reconoce haber prescindido de los trámites de consulta pública, audiencia e información pública, alegando una excepcionalidad y urgencia genéricas, que no justifica. Es más, la propuesta organizativa de la nueva entidad no prevé órgano ni ningún procedimiento para integrar en su gobernanza la participación efectiva de los ciudadanos. La estructura de los órganos de gobierno, reproduce la de la actual organización de la Consejería, lo cual es una muestra de la inercia y cortedad de miras con que se aborda la reforma. Además de no tener en cuenta la posibilidad, en un futuro, de la separación en distintas Consejerías medio ambiente y agricultura.

La asequibilidad del recibo del agua, especialmente para los colectivos más vulnerables, no queda garantizada a la vista de la redacción que se da a los artículos que desarrollan la financiación del funcionamiento del nuevo ente. Se crea una caja única para la gestión de los recursos económicos y presupuestarios que da pie a la subvención cruzada entre agua, agricultura y medio ambiente en perjuicio de las familias que pueden acabar subvencionando vía recibido las actividades que desarrolle la Consejería.

La creación de este nuevo ente cuestiona el Pacto del Botànic2, que se comprometía a la creación de un Centro independiente para la gestión del ciclo urbano del agua. Igualmente no respeta los pactos y acuerdos de gobierno firmados por el PSOE y la coalición UNIDAS-PODEMOS a nivel estatal en defensa de una nueva cultura del agua más democrática, participativa, sostenible y pública.

Desde la Red Valenciana por el Agua Pública pedimos a la Consejería, y a los partidos que componen el Consejo de la Generalitat, que, sin perjuicio de buscar una solución a los problemas jurídicos y laborales de VAERSA, en coherencia con el Pacto del Botànic2, reconsideren su apoyo al proyecto de EVASA y apuesten por la “creación del Centro Valenciano del Ciclo urbano del Agua reforzando los estructuras y entidades públicas actuales con el objetivo de mejorar la eficiencia de las redes de abastecimiento y saneamiento, reforzando la capacidad de depuración y reutilización, así como facilitar mecanismos de transparencia y de asesoramiento de los municipios sobre la gestión” como se recoge literalmente en el acuerdo de gobierno.

El presidente de esta Ela, de la mano de Aqualia, y con el amparo de la alcaldesa Mamen Sánchez, pretende cargarle a los bolsillos de los torrecereños, gastos que no le corresponden, para de esta manera poner los gastos por encima de los ingresos y de esa forma hacer parecer inviable el servicio.

Torrecera está padeciendo, con esta aptitud gubernativa, el mismo ataque al sistema público de los servicios esenciales, que está sufriendo el resto de la población andaluza y nacional; empobreciendo el patrimonio y los derechos, y poniendo en riesgo sus servicios más esenciales y vitales, al facilitar la entrada de empresas privadas en la gestión de estos servicios, convirtiendo en mercancía los derechos más fundamentales de los ciudadanos.

La Coordinadora hace pública su sorpresa y decepción por la falta de palabra del alcalde de Torrecera, quien en una reunión celebrada el pasado verano se comprometió con este colectivo, a informarles de todos los acontecimientos y cambios que se pudieran dar en lo referente a la gestión del agua potable de los torrecereños.

Ahora, a través de una circular a la que ha tenido acceso esta Coordinadora, pretende engañar a sus vecinos de la misma forma que a este grupo ciudadano, encargado de velar por el Derecho Humano al Agua y en lucha por la gestión de este recurso vital, de forma exclusivamente pública.

¿Dónde está el engaño?:

Cuando enseña el montaje de gastos les dice a los vecinos que solo hay dos soluciones, darle el servicio al ayuntamiento de Jerez o bien subir el precio del agua.

Datos a tener en cuenta:

1º  El presidente quiere que se le reconozca a Aqualia el derecho de agua en alta. Entendemos que esto es una clara ilegalidad ya que:

  1.  Torrecera se suministra única y exclusivamente del manantial de Tempul. El pliego de condiciones de la venta del agua regula el uso de Tempul, deja claro que la empresa concesionaria (Aqualia), suministrará a San José del Valle y a tres de las Entidades locales que no encomiendan su servicio en dicho pliego. Y dice en su texto, que no podrá esta empresa establecer precio por ello.
  •  El ayuntamiento de Jerez pretendió después de la venta, poner precio al agua de Tempul para las entidades NO ENCOMENDADAS. Esta ordenanza fue recurrida por Torrecera y Estella y se ganó en los tribunales. Al día, de hoy se conoce base legal vigente para cobrar agua en alta a la ELA Torrecera.

Por lo tanto estaríamos ante un gasto irregular posiblemente ilegal, un regalo para Aqualia que han aprobado entre Jerez y Aqualia al margen del pliego de condiciones. Y del que el Presidente de la Junta Vecinal de Torrecera es partícipe.

2º La depuración es competencia de Jerez. Por lo que cualquier cargo a la ELA Torrecera es una ilegalidad.

3º  Nos consta que no hay gasto de técnico contratado en el año 2018, por lo tanto es otra mentira del presidente.

“Es una falta de respeto querer engañar a su propio pueblo. Acaso los ciudadanos de Torrecera no se van a preguntar ¿si el servicio de agua es tan deficitario, como está dispuesto a llevarlo Aqualia?.  Sin esos gastos que quieren meterles con calzador, EL SERVICIO DE AGUA EN TORRECERA ES MUY RENTABLE PARA TORRECERA, PARA SUS VECINOS Y PARA SU AYUNTAMIENTO?

“Es por lo que consideramos  que la información que ha dado el alcalde actual de Torrecera, es un vergonzoso engaño a su propio pueblo y una flagrante traición a los intereses de los torrecereños. No acabamos de entender como o porque un representante público, engaña de esta manera a su pueblo”.

Es una nota de prensa enviada a este medio por la Coordinadora del Agua de Jerez

Para más información, contactar por medio de: teléfonos 662 697 415//629 737 623 email: jereznovendeagua@gmail.com

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