Posteado por: redagua | 21 abril 2017

El Canal de Isabel II necesita una profunda reforma

Para CCOO es necesario crear nuevos mecanismos de control por parte de los consumidores, la plantilla y – sobre todo – la ciudadanía en el Canal de Isabel II. La Operación Lezo, que investiga delitos de prevaricación, organización criminal, malversación, cohecho, blanqueo, fraude, falsificación documental y corrupción en los negocios contra la trama corrupta de Canal de Isabel II, lleva doce detenidos, entre los que se encuentra el ex presidente Ignacio González y el recientemente sustituido gerente del Canal Adrián Martín de las Huertas.

El  Canal de Isabel II necesita una profunda reforma

 

Para CCOO-Canal de Isabel II esta nueva trama corrupta no deja de ser un hecho que llevamos años denunciando públicamente a los trabajadores y trabajadoras, a los medios de comunicación y a los diferentes partidos que han conformado la Asamblea de Madrid, siempre ayudados por la necesaria colaboración en la Plataforma Contra la Participación en el Canal de Isabel II.

Pese a las enormes dificultades que hemos venido sufriendo a lo largo de estos últimos años debido a las denuncias realizadas, hoy se demuestra que las denuncias de CCOO eran reales, hemos denunciado los hechos durante años y todas estas denuncias las hemos sufrido duramente tanto el sindicato como los trabajadores.

Para CCOO no se puede desvincular la trama corrupta de Canal de Isabel II del proceso de privatización que ha sufrido el organismo. Hoy tenemos un Canal destrozado en materia social con cerca de 800 trabajadores y trabajadoras en extrema precariedad al que no se le han aplicado ni tan siquiera los salarios que le corresponden al sector durante años, una temporalidad desastrosa, una desorganización técnicamente nefasta, y por encima de todo, unas consecuencias de accidentabilidad laboral temerosa y que refleja escrupulosamente las consecuencias de una empresa moldeada para el robo de unos pocos a costa de la plantilla y la ciudadanía madrileña.

Para CCOO es el momento de que se revierta la situación anómala del Canal de Isabel II -ahora Canal Gestión S.A.-, que actualmente solo favorece la falta de transparencia y la opacidad convirtiéndonos en un en un campo abonado para la corrupción, y el resurgimiento de nuevos casos de corrupción. Se deben de crear nuevos mecanismos de control por parte de consumidores, plantilla y ciudadanía y para ello es de vital importancia hacer un replanteamiento del consejo de administración actual y la creación de un Observatorio del Agua, social y ciudadano.

El sindicato recuerda que representantes de CCOO en el Canal han sido sancionados entre quince días y tres meses por llamar “corrupto” al actualmente solo presunto Ignacio González, desde el sindicato esperamos que la nueva dirección tenga a bien resarcir a los trabajadores de esta sanción, viendo lo que ha sucedido.

Los sindicatos CCOO, UGT y SIEP han reclamado un aumento de la plantilla encargada de los 22 planes hidráulicos de Cantabria, que gestionan el abastecimiento de agua en la región, para garantizar que este trabajo y los horarios se desarrollen ” con normalidad”.CCOO, UGT y SIEP piden 10 técnicos y 11 encargados para la gestión del agua en Cantabria y alertan de su externalización

Las tres formaciones, que representan al 80% del comité de empresa, demandan a la Dirección General de Medio Ambiente del Gobierno, diez técnicos más, hasta un total de 80, y once nuevos encargados, el doble que en la actualidad, ya que se trata de una figura esencial.

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Las formaciones políticas En Marea, Podemos, En Comú Podem, Izquierda Unida y EQUO organizan el Foro por una Nueva Cultura del Agua los días 6 y 7 de mayo en Madrid. El encuentro tendrá lugar en la Escuela de Relaciones Laborales, C/ San Bernardo, 49. 28015 Madrid.

El Foro abordará dos temas importantes: 1) Planificación y Gestión Integral de Aguas y 2) Gestión de Servicios de Agua y Saneamiento. Entre los ponentes se encuentran miembros de la FNCA y se tiene previsto contar con una amplia participación de colectivos sociales de toda España (ver programa adjunto)

El aforo es limitado por lo que os recomendamos que os inscribáis lo antes posible si tenéis interés en participar. Para ello, tendréis que completar el boletín de inscripción adjunto y enviarlo a la dirección de correo que se indica en el mismo.

INSCRIPCIÓN FORO DEL AGUA_

PROGRAMA FORO DEL AGUA_

 

Quizás quieras sumarte a las 101.451 personas que ya han firmado para parar la privatización del suministro de agua en Grecia.

El acceso al agua potable a un precio asequible es un derecho básico. Cuando las multinacionales se adueñan de las compañías de agua, anteponen sus intereses a nuestro bienestar. “Si queréis una reducción de la deuda, dadnos vuestras compañías públicas de agua”. Esto es lo que le dicen a la ciudadanía griega nuestros ministros de economía

¡No lo permitamos!

El acceso al agua a un precio asequible es un derecho básico, porque afecta radicalmente a tu bienestar. Poner este recurso vital en manos de las multinacionales es atentar contra del interés público, ya que el único interés de éstas es obtener beneficios.

Desgraciadamente, esto es lo que está pasando en Grecia. Los griegos han sido humillados por los países que ayudaron a financiar la deuda griega, países cuya moneda es el euro. Están obligando a los griegos a vender sus bienes públicos a cambio de ayuda financiera.

 

No tiene por qué ser así. Es posible parar estas privatizaciones injustamente impuestas. Hace dos años, cuando los acreedores intentaron malvender las compañías de agua griegas por primera vez, la oposición de la ciudadanía consiguió pararles los pies.

Esta vez será más difícil conseguir que los ministros de economía de los países del euro den marcha atrás, así que necesitaremos la fuerza no solo de la ciudadanía griega, sino de todos los europeos y europeas. Ahora que los ministros de economía se encuentran inmersos en intensas negociaciones, tenemos la oportunidad para convencerles de que cambien de opinión.

Dile al ministro de Economía de España que el agua debe seguir siendo un derecho

Los griegos no quieren que les tomen el pelo. Algo tan fundamental para la vida como es el agua potable no debería convertirse en un negocio. Debe permanecer en manos del pueblo. Las compañías de agua públicas están obligadas a rendir cuentas a los votantes y la ciudadanía. Las empresas privadas solo responden ante sus accionistas.

Ciudades como París, Berlín, Hamburgo y otras muchas ya han empezado a revocar las privatizaciones de agua pública, privatizaciones que fueron realizadas por motivos ideológicos. Estas ciudades demuestran que la privatización del agua no es necesaria, si de lo que se trata es de velar por los intereses de la ciudadanía. Grecia no debería verse forzada a privatizar sus compañías de agua cuando en ciudades francesas y alemanas la gestión del agua está volviendo a ser pública.

Tenemos la oportunidad de presionar a los ministros de economía para que apoyen al pueblo griego en su lucha por la titularidad pública del agua. ¡Unámosnos! Que nuestro ministro sepa que queremos que se posicione por la solidaridad y el sentido común en las negociaciones en curso.

Dile al ministro de Economía de España que el agua debe seguir siendo un derecho

Después de firmar, no te olvides de reenviar este correo electrónico a tus familiares y amigos. La ciudadanía griega se mantiene activa. Miles ya se han movilizado: en la ciudad de Salónica, 213.508 personas votaron en contra de la privatización de la compañía de agua (el 98% de los participantes). Pero su movilización ya no es suficiente. ¡Nos necesitan!

Muchas gracias,

Virginia, María y todo el equipo de Movemos Europa

 

Posteado por: redagua | 12 abril 2017

La remunicipalización del agua en Terrassa

Propuestas para la reversión de los servicios y para una gestión directa, con participación ciudadana y transparencia.

La remunicipalización, se caracteriza al menos por tres elementos principales, que son: la escala local, el control social ciudadano y la sostenibilidad ecológica a partir de los principios del agua bien común y una gestión pública completa que permita la posibilidad de incluir formas de gestión colectiva.

La remunicipalización no puede entenderse sin tener en cuenta los escenarios que la promovieron. Las primeras experiencias, vienen de América Latina como respuesta al expolio de los recursos naturales y las privatizaciones de los servicios urbanos de abastecimiento como consecuencia de las políticas impuestas por entidades como el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional.

DOCUMENTO COMPLETO

 

APORTACIONES A LA PROPUESTA DE DECRETO POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA DE USO URBANO REALIZADAS POR AEOPAS, CC.OO, EeA, FACUA, FNCA e ISF

1. Observaciones al procedimiento seguido hasta el momento Las organizaciones firmantes del presente escrito hemos tenido conocimiento, en fecha reciente y a través del portal web de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, del anuncio de consulta pública sobre el Reglamento de los Servicios del Ciclo Integral del Agua de Uso Urbano y, ejerciendo nuestro legítimo derecho a participar en este procedimiento previo de consulta, trasladamos las siguientes valoraciones: Respecto de las formas seguidas por esta Consejería en la apertura del trámite de audiencia pública, consideramos que no han sido las más adecuadas para generar una auténtica dinámica de participación social y ciudadana, plural y efectiva, muy necesaria en el abordaje de esta regulación. Esta Consejería es conocedora del amplio interés que la norma anunciada tiene para el conjunto de la ciudanía, instituciones y organizaciones sociales, interés sobre la necesidad y la oportunidad de la norma que le ha sido manifestado de forma reiterada y por distintas vías, entre ellas en el seno de los últimos Consejos de Medio Ambiente y Agua celebrados

VER EL DOCUMENTO COMPLETO

FIRMAN EL DOCUMENTO

 

 

La RAP denuncia las maniobras antidemocráticas tendentes a paralizar la remunicipalización del agua, por parte de la empresa Aguas de Valladolid (Suez), la Confederación Vallisoletana de Empresarios, la Asociación de Empresas Gestoras del Agua y el Ministerio de Hacienda.

El ayuntamiento de Valladolid, en el Pleno del 30 de diciembre de 2016, y en ejercicio de su autonomía y de sus competencias, aprobó recuperar la gestión pública del ciclo integral del agua que fue privatizada sin debate y de forma unilateral por el anterior alcalde en 1997 por un periodo de veinte años; entonces, la gestión privada se adjudicó a la empresa Aguas de Valladolid, del grupo Agbar, controlado por la multinacional francesa Suez.

La decisión de remunicipalizar el servicio se apoya en la constitución de una entidad pública empresarial dependiente del ayuntamiento que, a partir del 1 de julio de 2017, será la encargada de la gestión del ciclo integral del agua en Valladolid. Esta decisión se tomó basándose en estudios detallados de las posibles alternativas que podían tenerse en cuenta para la gestión del agua una vez finalizado el contrato de concesión.

Dichos estudios, que estuvieron coordinados por una comisión técnica y política, contaron con la supervisión de la Intervención Municipal y de la Asesoría Jurídica del propio ayuntamiento, y la participación de la ciudadanía a través de diversos foros de debate. Se descubrió un déficit acumulado de inversión de Aguas de Valladolid de al menos 96,7 millones de euros y una subida acumulada de la tarifa del 34%, a la vez que se constató que la alternativa de gestión pública es la asegura que el servicio se prestará de acuerdo con los criterios del derecho humano al agua y el saneamiento, manteniendo la plantilla y mejorando el control sobre las necesidades de mantenimiento e inversión en infraestructuras, garantizando su viabilidad técnica, económica y financiera y con una menor repercusión en las tarifas.

Pero esta decisión del ayuntamiento legítima y argumentada está siendo obstaculizada interesadamente por diversos organismos y grupos de presión con claros intereses en la gestión privada del ciclo integral del agua. Empezando por Aguas de Valladolid (Suez) que han interpuesto sendos recursos tendentes a paralizar el proceso de remunicipalización al que democráticamente ha optado el ayuntamiento, anteponiendo de forma descarada sus propios intereses a los de la ciudadanía de Valladolid. A esta maniobra claramente obstruccionista se ha sumado la Confederación Vallisoletana de Empresarios, que también ha interpuesto un recurso.

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Por otra parte, llama especialmente la atención que la Asociación de Empresas Gestoras del Agua (AGA) se haya sumado a la oposición a la recuperación de la gestión del ciclo del agua urbana desde el ayuntamiento mediante otro recurso, especialmente porque es una entidad que integra a empresas públicas y privadas, y que, a pesar de ello, haya optado descaradamente por el apoyo a los intereses de las empresas privadas. En este sentido, es también significativo que el gerente de la empresa pública Aljarafesa y presidente de la asociación territorial de ASA, la Asociación de Abastecimientos de Agua y Saneamientos de Andalucía, declare que los servicios de agua son un negocio.

Tampoco es admisible que el propio Ministerio de Hacienda, se haya sumado a la persecución judicial que pretende paralizar la iniciativa del ayuntamiento interponiendo, a través de la Abogacía del Estado, otro recurso en este sentido.

Detectamos una maniobra de clara obstaculización del proceso de remunicipalizción en la que intervienen coordinadamente desde Aguas de Valladolid (Suez) -que se niega a abandonar un suculento negocio-, empresas privadas y asociaciones, y la propia administración central que, con esta postura, quiere amenazar a futuras remunicipalizaciones que están en marcha, especialmente en Terrassa, en la que también está involucrada la multinacional francesa Suez.

La Red Agua Pública denunciamos las maniobras de obstrucción tendentes a paralizar la legítima recuperación de la gestión del ciclo urbano del agua por parte del ayuntamiento de Valladolid como institución competente, lo que supone un claro ataque al principio de autonomía municipal.

Rechazamos las medidas adoptadas por Aguas de Valladolid (Suez) que buscan perpetuarse en el negocio del agua en Valladolid, contraviniendo una decisión democráticamente adoptada en el ejercicio de las competencias municipales, a la vez que deniegan la información relevante sobre los resultados de su gestión durante los últimos veinte años.

Denunciamos la participación de la Asociación de Empresas Gestoras del Agua (AGA) en estas maniobras, en clara contradicción con los intereses de las empresas públicas que están entre sus asociados.

Rechazamos categóricamente la intervención del Ministerio de Hacienda en este proceso, ya que solo se puede interpretar como una amenaza para los procesos de remunicipalización que están en marcha.

Por último, mostramos nuestra total solidaridad y apoyo al ayuntamiento de Valladolid para que continúe en la lucha por la recuperación de la gestión pública del agua.

Asimismo, rechaza el modelo de gestión del Plan Aragonés de Saneamiento y Depuración (PASD) instaurado por anteriores gobiernos territoriales por haber “empobrecido a los municipios aragoneses”

Ante la moción presentada por el Grupo municipal de Chunta Aragonesista, este viernes en el pleno del Ayuntamiento en relación al Impuesto sobre la Contaminación de las Aguas (ICA), la Plataforma de Red de Agua Pública de Aragón (RAPA) manifiesta que “el modelo de gestión del Plan Aragonés de Saneamiento y Depuración (PASD) instaurado por anteriores gobiernos autonómicos ha empobrecido a los municipios aragoneses en dos sentidos”.

Por un lado, “ha mermado las competencias municipales, favoreciendo la cesión a la comunidad autónoma del servicio de depuración”. Y por otro, “ha establecido un impuesto que obliga a todos los aragoneses a pagar unas cantidades desproporcionadas para intentar cubrir los costes de unas infraestructuras sobredimensionadas, inadecuadas e ineficientes, cuya única alternativa de financiación es el incremento progresivo de las tarifas”.

A su juicio, “el PASD, desarrollado por empresas privadas, hipoteca la futura capacidad impositiva de los ayuntamientos, augura aumento de tarifas según varíen las necesidades de financiación y carece de estímulos en la búsqueda de eficiencia en la gestión”.

Por ello, “los aragoneses pagamos ahora un 138% más por el impuesto sobre la contaminación de las aguas que en el momento de su creación, sin que esos incrementos hayan supuesto una mejora proporcional de la depuración de nuestras aguas residuales”.

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Foto RAPA

Asimismo, para RAPA, “no se han cumplido los objetivos del Plan Especial de Depuración, que pretendía depurar las aguas de todas las poblaciones de más de 1.000 habitantes equivalentes y no se han construido las depuradoras del Plan de Depuración del Pirineo, reconocidas de interés general y para las que el Ministerio de Medio Ambiente aportó 142 millones de euros”.

“Tampoco podemos olvidar –continúan explicando-, que aún no se han iniciado las obras del Plan Integral de Depuración de Aragón que ha de dar solución a los vertidos de todas los poblaciones con menos de 1.000 habitantes equivalentes que, de momento, parece retrasarse hasta el año 2019, y afecta a 567 municipios con una población censada de 120.134 habitantes”.

En este sentido, “los ayuntamientos se han dado cuenta de que la cesión de competencias al Instituto Aragonés del Agua pone en entredicho el principio de autonomía municipal”. Por estos motivos, “los vecinos se preguntan por qué pagar cada vez más por servicios que no reciben y por qué sus munícipes aceptan soluciones aparentemente más cómodas, pero que se convierten en una trampa de difícil salida”.

Ante esta situación, el pasado domingo día 26 de marzo, “24 alcaldes y alcaldesas aragoneses iniciaron un nuevo camino basado en la denuncia de un Plan Aragonés de Saneamiento y Depuración insostenible, tanto económica como medioambientalmente; en la recuperación de las competencias en depuración que permitan ejercer la autonomía municipal en la gestión de este servicio básico; y en un cambio del modelo de gestión de la depuración en Aragón, que pase por el establecimiento de convenios de colaboración entre ayuntamientos y Comunidad Autónoma para recuperar la gestión municipal y establecer el marco de financiación del saneamiento y depuración”.

Además de la “denuncia de los contratos de concesión de obra pública que cuenten con incumplimientos flagrantes. Así como el estudio económico del resto de concesiones para analizar la viabilidad o no de su rescate, y el cumplimiento de los objetivos de depuración en Aragón contando con el protagonismo de los municipios y el apoyo técnico y financiero de la Comunidad Autónoma”.

En este contexto, desde la Red de Agua Pública de Aragón creen que Zaragoza “puede ser la abanderada de estos planteamientos y que, frente a problemas comunes, las soluciones deben serlo también”. Por ello, entienden que el “Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza ha de exigir al Gobierno de Aragón” lo siguiente:

“Que inicie, a la mayor brevedad, los estudios económicos necesarios para analizar la viabilidad del rescate de las concesiones de obra pública vigentes. Que denuncie los contratos de concesión de obra pública en los que se constaten incumplimientos por parte de los concesionarios y poder así recuperar la gestión pública de esas zonas de depuración”, apuntan.

“Que proponga a las Cortes autonómicas la modificación de la Ley 10/2014, de Aguas y Ríos de Aragón para que establezca, con carácter general, un marco de relaciones entre los municipios y la Comunidad Autónoma basado en la firma de convenios de colaboración para el ejercicio de las competencias en materia de saneamiento y depuración”, subrayan.

Al mismo tiempo, “en dicho marco deberán establecerse los mecanismos de apoyo y supervisión del Instituto Aragonés del Agua a los servicios técnicos municipales y plantear un reparto de las cantidades recaudadas por encima de los costes de los servicios, de manera que incentive la reducción de costes y redunde en el correcto mantenimiento de los sistemas de depuración y la mejora de los servicios del ciclo integral del agua de cada municipio”.

Todo esto sumado a que “el Instituto Aragonés del Agua asuma todos los costes y sanciones derivados de la falta de depuración de las aguas en aquellas poblaciones en las que no se han cumplido los objetivos de depuración del PASD”. Y a “que se cambie de manera radical el modelo de financiación del Plan Aragonés de Saneamiento y que incluya la participación de los ayuntamientos en él de manera que la repercusión de los costes a los vecinos se haga a través de las tarifas del propio ayuntamiento, fomentando políticas de gestión de la demanda”.

Para concluir, exigen al Ayuntamiento de Zaragoza que “destine a inversiones en el ciclo integral del agua las cantidades que Ecociudad Zaragoza le abona en concepto de cesión de infraestructuras de saneamiento; que adopte el acuerdo de no destinar los ingresos por las tarifas del ciclo integral del agua a otros servicios; que mantenga un volumen de inversión anual constante para asegurar la sostenibilidad de los sistemas de abastecimiento y saneamiento; y, finalmente, que adopte las medidas oportunas para volver a unificar la gestión del abastecimiento y el saneamiento en el seno de la estructura municipal, eliminando costes innecesarios y simplificando la gestión”.

 

 

El Tribunal Supremo da la razón a los Ayuntamientos de La Ribera y declara parcialmente nulo el Plan Hidrológico del Júcar por vulnerar el principio “quien contamina paga”.

El recurso parte de los Ayuntamientos valencianos de Polinyà de Xúquer, Albalat de la Ribera, Benicull, Corbera, Cullera, Favara, Fortaleny, Riola y Sueca que se opusieron a que el Plan hidrológico del Júcar de 2014 les cargara a ellos los costes generados por la alta contaminación con nitratos que tienen las aguas con las que se abastecen.

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La setencia declara la nulidad del artículo 28.b.d del Plan Hidrológico del Júcar (Real Decreto 595/2014) por incumplimiento del Derecho comunitario (art. 9 Directiva 2000/60/CE) supone la obligación del Estado de reparar los daños ocasionados por dicho incumplimiento (STJUE 19/11/1991).

 

Para más información:

Posteado por: redagua | 31 marzo 2017

Agua bien común. Retos y futuro

Este artículo es una crónica parcial de la jornada sobre la gobernanza de los servicios del agua, organizada por el Ayuntamiento de Barcelona y la plataforma Agua es Vida, con el apoyo de AEOPAS y Red Agua Pública. Aquella actividad generó bastante expectación entre los sectores vinculados a la gestión de este bien escaso y fundamental para nuestra sociedad. Hay asistimos cientos de personas.

La jornada del día 21 resultó bastante extensa por su formato, lo que dificulta dar una visión de todo lo que allí se dijo. Por tanto excusamos de antemano si nos cuela algún error, imprecisión y, sobre todo, omisiones por no poder estar en todas partes al mismo tiempo.

Esta pequeña crónica pretende situar algunas cosas que se dijeron y, a nuestro entender, que resultaron significativas, dentro de la jornada celebrada en el complejo modernista del Hospital de Sant Pau.

Lynn Boylan

Boylan es Diputada en el Parlamento Europeo para Irlanda, del Sinn Feinn, y relatora de la proposición a la Comisión y al Parlamento de la primera Iniciativa Comunitaria Europeo (ICE), sobre el tema del abastecimiento al agua y su saneamiento como Derecho Humano. Esta ICE fue promovida por la Confederación Europea de Sindicatos (CES), de la que CCOO forma parte, y desarrollada con entidades ambientales y sociales de diferentes Estados miembros. Generó un informe conocido como Informe Boylan.

La ONU reconoce como Derecho Humano al acceso al agua potable y al saneamiento. Hay que desarrollar la legislación europea para hacer efectivo este derecho en los países de la UE. Esta es la demanda básica impulsada por la CES. Fue la primera ICE lograda, en 2015, al cumplir las condiciones de número y distribución de firmas recibidas como muestra de apoyo. Estas fueron recogidas por los sindicatos y por múltiples asociaciones que se implicaron activamente. Las propuestas eran:
– Establecimiento del acceso al agua potable y su saneamiento como derecho para toda la ciudadanía.
– Abastecimiento y gestión de los recursos hídricos no regidas por las normas de mercado interior y excluidas de los ámbitos de la liberalización.
– La UE debe realizar esfuerzos para lograr el acceso universal al agua y al saneamiento.
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Como resultado, la Comisión Europea, a raíz de esta petición y del informe Boylan, emitió una Comunicación que establece:
– El agua no es un bien comercial.
– La prestación de servicios del agua por lo general tiene que ser responsabilidad de las autoridades locales, siguiendo el principio de subsidiariedad.
– Los servicio del agua quedarán fuera de la Directiva Europea sobre Concesiones.

Los impulsores de la iniciativa también vemos omisiones y aspectos negativos:
– No se tramita o admite consagrar legislativamente el Derecho Humano al Agua.
– La Comisión no garantiza que los servicios de aguas queden excluidos del tratado comercial que entonces se estaba negociando (a escondidas) con los EEUU, conocido como Ttipia.
– Tampoco garantiza que no se pueda proceder con posterioridad a cambios en el sentido de liberalización de estos servicios.
– La Comisión afirma ser neutral respecto a las decisiones nacionales sobre la propiedad de la del agua, pero la Comisión forma parte de la Troika, que presiona por la privatización de los servicios en los programas de rescate de los países intervenidos. La Troika ha priorizado el enfoque basado en la competencia y el mercado por encima de lo que significaría priorizar el derecho de los ciudadanos a los servicios públicos.

En nuestra opinión coincidimos con el que defiende el Informe Boylan, si bien constatamos que queda por hacer una valoración actualizada de la efectividad real y de las consecuencias de la meta más concreta que se alcanzó, concretada en la exclusión de los servicios de el agua de la Directiva de servicios.

Salvador Milán

Milán es en la actualidad director de los servicios de presidencia del Área Metropolitana de Barcelona (AMB). Fue miembro del Parlamento de Cataluña (por ICV) y consejero de Medio Ambiente y Vivienda a la Generalidad. Hizo énfasis en la importancia de conservar a todos niveles que la gobernanza de la del agua esté en manos de las Administraciones Públicas Democráticas.
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Concretamente, Salvador Milán defensa tres niveles en la graduación de las competencias, que se ajustan bastante al modelo catalán vigente.
– La Planificación hidrológica, fundamental en la asignación de los recursos, definición de su orden de prelación y determinación de los caudales ecológicos y la protección de las masas de agua. Corresponde a los Organismos de Cuenca, de ámbito estatal para las cuencas intracomunitarias (como la del Ebro) y regional para las cuencas internas de cada Comunidad Autónoma.
– La captación y abastecimiento “en alta” sería una competencia supramunicipal, prioritariamente Regional- Nacional. También mencionó la necesidad de establecer a este nivel una base común para la armonización de los criterios tarifarios, que son de aplicación local y pueden presentar aspectos muy dispersos.
– Las competencias de abastecimiento y distribución en baja, alcantarillado, saneamiento y, en su caso, reutilización, serían de ámbito local (comarcal, metropolitano o municipal, según las características).

Joan Pinyol

El director de Medio Ambiente de la AMB, Joan Pinyol, va situó que el servicio de abastecimiento es constituye como un monopolio natural, y con clientela cautiva.

Habló de la necesidad de una Ley que regule las concesiones, o, mejor dicho, la necesidad de reformarla. En cambio opinó que no es necesario una mayor normativa para mejorar la regulación de la autoridad sobre las concesiones.

Entre en diversas consideraciones sobre los cánones concesionales, que son aquellas cantidades que la administración competente puede establecer en la licitación, no se mostró partidario de suprimirlos necesariamente.

Pinyol estableció varios tipos de Canon:
– Por criterios económicos.
* Canon de recuperación de activos.
* Canon y recuperación de los gastos financieros pendientes de saldar (estos dos se pueden considerar necesarios y justos).
* Canon de participación en los beneficios, sin ninguna vinculación con activos del concedente, es decir, destinado a incrementar las ingresos municipales (no tiene justificación en sí mismo, y habría que suprimirlo).
– Por criterios de modalidad financiera:
* Canon anticipado, caso de ATLL (se limitará y condicionar: si en algún momento se quiere hacer el rescate de la concesión debería devolver la parte no amortitzada’).
* Canon corriente anual, con fórmula de canon fijo anual, o variable en función de los caudales servidos o de los ingresos (en realidad, un posible canon debería estar vinculado a gastos fijos).

Sobre los contratos cree que se deben aprovisionar la transferencia de riesgos que deben trasladarse al operador. No es admisible, por ejemplo, que el municipio tenga que responder de la falta de expectativas de ganancias, si no vienen motivadas por decisiones o condiciones sobrevenidas y promovidas por el organismo concedente.

Jordi Salvador
Técnico de Sostenibilidad, CCOO de Cataluña

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