– La Plataforma contra la Privatización del Canal de Isabel II llama a concentrarse con la primera junta tras la operación Lezo

– En ella tendrán un protagonismo especial los ayuntamientos, que pedirán explicaciones sobre la corrupción en la empresa

– La plataforma vuelve a reclamar la disolución de la sociedad anónima y la adopción de un modelo de gestión “público, transparente, democrático y participativo”

Manifestación ante la junta de accionistas del Canal para pedir un modelo de gestión pública que sirva de freno a la corrupción

Miércoles 5 de julio, 16:30. C/ Santa Engracia, 125. Madrid

Madrid, 3 de julio de 2017. El próximo 5 de julio va a celebrase la primera Junta General Ordinaria de  Accionistas de la sociedad anónima Canal de Isabel II (CYII-SA) tras la operación Lezo, que ha supuesto la imputación y detención de altos cargos del Gobierno de la Comunidad de Madrid y de la propia entidad, incluidos sus últimos presidentes (Ignacio González y Salvador Victoria) y directores gerentes (Ildefonso de Miguel y Adrián Martín). Algunos ayuntamientos presentes en la junta van a plantar cara a la crisis que hoy atraviesa la empresa, exigiendo que el tema de la corrupción se incluya en el orden del día con objeto de que el presidente del Canal explique las medidas adoptadas y sus resultados. Fuera, a sus puertas y desde las 16:30, la sociedad civil, a propuesta de la Plataforma contra la Privatización del Canal de Isabel II (PCPCYII), se manifestará para exigir responsabilidades y reclamar, una vez más, la disolución de la sociedad anónima y la vuelta a un modelo de gestión pública.

Esta junta puede constituir un hito en el protagonismo de los ayuntamientos, en la defensa de los derechos de la ciudadanía ante el saqueo al que ha sido sometido el CYII, en la lucha contra la impunidad, en la erradicación de las tramas corruptas y en la consecución de un nuevo modelo de gestión transparente, democrático y participativo, que devuelva a los ayuntamientos sus competencias sobre el agua y constituya un freno a las irregularidades y a la corrupción. La plataforma, de la que forma parte la FRAVM, ha remitido una carta a los consistorios accionistas en la que, además de pedirles que aborden en la junta las distintas tramas de corrupción en las que está inmerso el Canal, presenten las siguientes propuestas:

– Llevar a cabo una auditoría del Grupo Canal

– Adoptar, de inmediato, medidas que avancen en la transparencia, la rendición de cuentas y en la participación ciudadana en la gestión del Canal.

– Paralizar definitivamente la privatización del Canal, disolver la sociedad anónima y establecer un nuevo modelo de gestión.

– Iniciar un proceso planificado y transparente de las sociedades participadas por el Canal fuera de la Comunidad de Madrid, respetando los derechos de los ciudadanos servidos en dichos territorios.

La junta de accionistas se realiza en un contexto político atravesado por la batalla que actualmente se da en la Asamblea de Madrid por la paralización definitiva de la privatización del Canal y por el establecimiento de un nuevo modelo de gestión que regenere la actividad del CYII y sirva de freno a la corrupción. Podemos y PSOE han presentado un proyecto de ley de medidas para el establecimiento de un modelo de gestión pública, transparente, democrático y participativo en el CYII que, alentado por la PCPCYII, prevé la derogación del artículo 16 de la Ley 3/2008 que posibilita la privatización del Canal, la disolución de la sociedad anónima, la creación del Observatorio del Agua como instrumento de participación y control de la sociedad civil y la revisión de los convenios suscritos al amparo de la Ley 3/2008, para adecuarlos al nuevo modelo de gestión.

Ciudadanos, con el apoyo del PP, ha presentado otro proyecto de ley que, manteniendo la propiedad pública del CYII, conserva la sociedad anónima y el modelo de gestión, opaco y antidemocrático, actual.

 

Por todo ello, el próximo miércoles 5 de julio, la sociedad civil estará en la puerta del Canal desde las 16:30 a las 18:30 reivindicando el castigo de los corruptos, la disolución de la sociedad anónima y el establecimiento de un nuevo modelo de gestión.

Más información:

– Enrique Ortega de Miguel: 679983828

– Javier Espinosa: 619744531

aguapublicamadrid@gmail.com

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5 DE JULIO: TRANSFORMEMOS LA PRIMERA JUNTA DE ACCIONISTAS DEL CANAL TRAS LA OPERACIÓN LEZO, EN UN CLAMOR CONTRA LA CORRUPCIÓN 

El 5 de julio va a celebrase la primera Junta de accionistas de la sociedad anónima Canal de Isabel II (CYII-SA) tras la operación Lezo, que ha supuesto la imputación y detención de altos cargos del Gobierno de la Comunidad de Madrid y de la propia entidad, incluido los últimos presidentes –Ignacio González y Salvador Victoria- y los últimos directores gerentes – Ildefonso de Miguel y Adrián Martín-.  Los representantes de los ayuntamientos en la Junta deben plantar cara a la crisis existente, exigiendo que el tema de la corrupción se incluya en el orden del día y que el presidente del Canal explique las medidas adoptadas y sus resultados.

Esta Junta debe constituir un hito en el protagonismo de los ayuntamientos en la defensa de los derechos de los ciudadanos ante el saqueo al que ha sido sometido el CYII, en la lucha contra la impunidad y por la erradicación de las tramas corruptas y en la consecución de un nuevo modelo de gestión transparente, democrático y participativo, que devuelva a los ayuntamientos sus competencias sobre el agua y constituya un freno a las irregularidades y a la corrupción. Para contribuir a este fin, la Plataforma contra la privatización del Canal de Isabel II (PCPCYII) ha elaborado una carta abierta a los accionistas, que te remitimos en archivo adjunto.

Esta Junta de accionistas se realiza en un contexto político en el que en la Asamblea de Madrid, se está dando una batalla por la paralización definitiva de la privatización del Canal y por el establecimiento de un nuevo modelo de gestión que regenere la actividad del CYII y sirva de freno a la corrupción.

Podemos y PSOE han presentado un proyecto de ley de medidas para el establecimiento de un modelo de gestión pública, transparente, democrático y participativo en el CYII, impulsado por la PCPCYII, que recoge, a) la paralización definitiva de la privatización del Canal, derogando el artículo 16 de la Ley 3/2008 que posibilita la privatización; b) disolución de la sociedad anónima, que hace posible, a través de su condición mercantil, la opacidad y la huida de los controles públicos, subrogando su personal, activos y pasivos a la entidad pública CYII; c) establecimiento de un nuevo modelo de gestión público, sin ánimo de lucro, transparente, democrático, participativo, sostenible, respetuoso con las competencias de los ayuntamientos y coherente con los criterios que definen el derecho humano al agua; d) creación del Observatorio del Agua, como instrumento de participación y control de la sociedad civil y e) revisión del los convenios suscritos al amparo de la Ley 3/2008, para adecuarlos al nuevo modelo de gestión.

Por otra parte, Ciudadanos, con el apoyo del PP, ha presentado otro proyecto de Ley que mantiene la propiedad pública del CYII, sin derogar la Ley 3/2008 y conserva la sociedad anónima y el modelo opaco y antidemocrático actual de gestión. La  complicidad del PP y Ciudadanos en este tema ha sido absoluta, impidiendo con sus votos en la Mesa de la Asamblea del 5 de junio, la tramitación del primer proyecto de Ley (4 votos contra 3),y aprobando con sus votos en el Pleno de la Asamblea del 23 de junio la tramitación del proyecto de ley de Ciudadanos (65 votos contra 64), ayudados en esta ocasión por la esperpéntica aparición de la diputada  “ausente” Elena González-Moñux, de baja por depresión, que sólo aparece en los temas importantes en que su voto es decisivo.

Ciudadanos se ha convertido, en esta ocasión, en una muletilla del PP, traicionando a muchos de sus concejales y votantes que apostaban por un cambio radical en el modelo de gestión del Canal. En esta batalla, que se prevé larga, algún actor se ha quitado ya la careta.

El 5 de julio, la sociedad civil estará en la puerta del Canal reivindicando el castigo de los corruptos, la disolución de la sociedad anónima y el establecimiento de un nuevo modelo de gestión. A tal fin, la Plataforma ha convocado una concentración en la Calle Santa Engracia, 125, de 16.30 a 18.30 horas en la que esperamos contar con vuestra presencia.

Madrid, 23 de junio de 2017

Plataforma contra la privatización del Canal de Isabel II

 

5 de julio a las 16.30 horas

CONCENTRACIÓN

Puerta del CYII (C/ Santa Engracia, 125) 

  • Por la erradicación de la corrupción en el CYII, castigo a los culpables
  • Por la realización de una auditoría del Grupo Canal
  • Por la paralización definitiva de la privatización del CYII y la disolución de la sociedad anónima
  • Por el establecimiento de un nuevo modelo de gestión público, sin ánimo de lucro, transparente, democrático y participativo
  • Por la adopción de medidas inmediatas que avancen en la transparencia, rendición de cuentas y la participación

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

Posteado por: redagua | 28 junio 2017

Plataforma contra la privatización del Canal de Isabel II

CARTA ABIERTA A LOS AYUNTAMIENTOS CON REPRESENTACIÓN EN LA JUNTA DE ACCIONISTAS DEL CANAL DE ISABEL II

Estimadas/os amigas/os

El próximo 5 de julio se celebrará la primera Junta General Ordinaria de Accionistas de la sociedad anónima Canal de Isabel II (CYII-SA), tras la operación Lezo, que ha supuesto la imputación y detención de altos cargos del Gobierno de la Comunidad de Madrid y de la propia empresa, incluidos los últimos presidentes -Ignacio González y Salvador Victoria- y los últimos directores gerentes –Ildefonso de Miguel y Adrián Martín-. Las investigaciones judiciales, que abarcan a otras tramas como la Púnica y la Tosca, están aflorando una red de corrupción organizada alrededor del Canal, que ha afectado, sin duda, a la gestión de la entidad desde los tiempos de Alberto Ruíz Gallardón, pero muy especialmente desde que se creó la sociedad anónima Canal de Isabel II Gestión.     47a7e8293bde69f1f9baf1487cc87bb4_400x400

 

En esta si tuación de crisis, los representantes de los ayuntamientos en la citada Junta, deben plantar cara a la situación y exigir al Consejo de Administración del Canal y al Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, la adopción de medidas urgentes para depurar responsabilidades, establecer una gestión adecuada y sostenible y restituir la confianza de la ciudadanía en esta institución.

En este sentido, es imprescindible exigir que, en el orden del día de la Junta de Accionistas, se incorpore un nuevo punto en el que se traten las distintas tramas de corrupción en la que está inmerso el Canal, especialmente la operación Lezo y las medidas adoptadas por el Consejo de Administración, para la erradicación de las tramas corruptas.

En relación con lo anterior, la Plataforma contra la privatización del Canal de Isabel II (PCPCYII) propone a los ayuntamientos con capacidad de voto en dicha Junta, que sus compromisarios presenten y apoyen las siguientes medidas:

  1. Realizar una auditoría del Grupo Canal que analice las finanzas y las inversiones realizadas desde 2001, y detecte las irregularidades y prácticas corruptas, el fraude financiero y el perjuicio patrimonial que se pudiera derivar tanto para el CYII como para los ayuntamientos.

 

  1. Adoptar, de inmediato, medidas que avancen en la transparencia y la participación, permitiendo realizar a los ayuntamientos y a la ciudadanía un seguimiento y control de las actividades del CYII y de las medidas correctoras que se lleven a cabo. Entre ellas: a) hacer públicas las actas, los acuerdos y los documentos que se aprueben en el Consejo de Administración; b) permitir la presencia y participación de los ciudadanos en las Juntas de Accionistas, retransmitiendo en directo el desarrollo de las mismas; c) incorporar al Grupo Canal en el Portal de Transparencia de la Comunidad de Madrid; d) aumentar la representatividad y la pluralidad del consejo de administración del CYII-SA, incrementando el número de consejeros procedentes de los ayuntamientos e incluyendo en el mismo a representantes de los trabajadores de la entidad y de la sociedad civil; e) creación de un Observatorio del Agua, como órgano de participación y control de la sociedad civil en la gestión del CYII

 

  1. Para poner freno a la corrupción y garantizar un servicio sostenible y de calidad, es necesario paralizar definitivamente el proceso de privatización del Canal y cambiar su modelo de gestión actual, basado en una sociedad anónima, que por su carácter mercantil, ha permitido un funcionamiento opaco y sin control, en el que las tramas corruptas han podido desarrollarse sin ningún tipo de trabas. Es preciso, por lo tanto, eliminar la sociedad anónima, pasando su personal, activos y pasivos a la entidad de derecho público CYII y establecer un nuevo modelo de gestión público sin ánimo de lucro, transparente, democrático, participativo, con rendición de cuentas, que haga efectivo el derecho humano al agua y sea respetuoso con las competencias municipales, en línea con el contenido de las mociones aprobadas en un número importante de municipios de la Comunidad de Madrid, que representan a unos 5,2 millones de ciudadanos.

 

  1. Ante la incongruencia de que una entidad pública, como es el CYII, actúe como un empresa privada fuera de la Comunidad de Madrid y siendo conscientes de que el entramado societario en Latinoamérica constituye uno de los focos más importantes de las tramas corruptas emergentes, es preciso iniciar un proceso planificado y transparente de desmantelamiento de las sociedades participadas por el Canal fuera del territorio de la Comunidad de Madrid, que tenga en cuenta los derechos de los ciudadanos servidos en dichos territorios y las obligaciones mantenidas con ellos.

La Junta de accionistas del 5 de julio debe constituir un hito importante en el protagonismo de los ayuntamientos en la defensa de los derechos de los ciudadanos ante el saqueo a que ha sido sometido el CYII, en la lucha contra la impunidad y por la asunción de responsabilidades de las tramas corruptas que han sumido a la institución en una crisis sin precedentes y en la consecución de un nuevo modelo de gestión transparente y democrático, que devuelva a los ayuntamientos sus competencias en el agua y su autonomía para decidir el tipo de gestión que consideren más conveniente.

Es por ello que apoyamos la decisión de algunos ayuntamientos de personarse como acusación en las diligencias de la operación Lezo, al entender que las presuntas actividades corruptas que han aflorado en el Canal, han podido suponer un importante perjuicio patrimonial para los consistorios.

 

Madrid, junio de 2017

Plataforma contra la privatización del CYII

 

 

 

Debido a la tasa de reposición, únicamente 11 personas trabajan en la línea de explotación de la estación de tratamiento de agua potable de “La Pedrera” (Alicante), cuando el propio Gobierno establece un mínimo de 12 trabajadores para que pueda funcionar. En vez de contratar a una persona para llegar al mínimo, el ministerio ha decidido trasladar a los 11 empleados y externalizar la explotación.

Presa de embalse

Las políticas de personal del Gobierno del Partido Popular, como viene denunciado CCOO, están colocando al borde del colapso a los servicios públicos que presta la Administración General del Estado. El último ejemplo de la precariedad en que se desarrollan estos servicios públicos —que este caso afecta a un elemento esencial de nuestra vida diaria como es la calidad del agua que consumimos— lo encontramos en la Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) de “La Pedrera” en Alicante.

“La Pedrera” abastece a un número de personas que oscila entre 300.000 y 700.000 en período estival. Para atender la explotación de esta estación de tratamiento, según la estimación del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, se requiere un mínimo de 12 personas en diferentes turnos. Una política de personal del Gobierno que ha restringido —o incluso anulado totalmente— la reposición de las bajas de personal público que se producen por jubilación u otras causas, ha llevado a este organismo a que en estos momentos únicamente cuente con 11 empleadas y empleados públicos, uno menos que el mínimo estimado para atender este servicio público.

Para CCOO esa política de personal es inaceptable. Pero lo son aún más las “soluciones” que se le ocurren al Gobierno para resolver los problemas generados. En este caso el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, en lugar de utilizar los mecanismos que le proporciona la normativa laboral —contratación temporal, movilidad voluntaria, etc.— para incorporar a ese único empleado público necesario para alcanzar el mínimo estimado o, lo que hubiese sido más sencillo, aceptar el compromiso escrito de los 11 trabajadores públicos de la explotación de cubrir voluntariamente la sobrecarga de trabajo que pudiera existir, en tanto se resuelve el déficit de personal, ha recurrido a un mecanismo, cuando menos, incompresible.

La decisión del ministerio ha sido trasladar a los 11 empleados públicos de la Estación de “La Pedrera” a otras estaciones que la Mancomunidad de los Canales del Taibilla tiene distribuidas por las provincias de Albacete, Alicante, Murcia y Almería y externalizar, a partir del próximo 3 de julio, el trabajo que realizaba este personal público, mediante una encomienda de gestión a una empresa externa que, a fecha de hoy y según ha informado el Ministerio a la representación de los trabajadores, aun no está definida.

Las dudas sobre esta forma de proceder del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente son muchas. CCOO, junto a la defensa de los derechos de las trabajadoras y trabajadores afectados por este proceso de movilidad forzosa que no tiene justificación, se plantea los efectos que tiene esta decisión sobre los derechos de la ciudadanía.

Las empleadas y empleados públicos que, hasta ahora, atendían esta planta tienen años de experiencia y una formación previa antes de asumir la responsabilidad de este trabajo que puede tener consecuencias sobre la calidad del agua que se consume y, por tanto, afectar la salud de la ciudadanía. Sin embargo, en estos momentos, no se conoce la cualificación de los trabajadores que se harán cargo de la explotación de esta planta a través de una empresa externa. ¿Estará garantizada la calidad del agua en la Mancomunidad de los Canales del Taibilla, en la que se integra la ETAP de “La Pedrera”?

Otra de las preguntas que surge de inmediato es sobre el coste para las arcas públicas de esta operación y, aunque por ahora no se conoce cuál será el montante por el que la empresa externa se hará cargo de este servicio, no cabe duda que será muy superior al coste de incorporar al único empleado público necesario para alcanzar el mínimo que se estima necesario.

Ante lo insólito de esta decisión, más cara, menos eficaz y que no garantiza la calidad del agua en esta zona del Levante, vienen a la memoria otros intentos de privatización en los Canales del Taibilla así como escándalos relacionados con el agua como el de ACUAMED en el propio Ministerio o el del Canal de Isabel II en la Comunidad de Madrid.

Finalmente, las organizaciones sindicales y el alcalde acordaron suscribir un comunicado, en defensa del personal laboral del INTA, que sería presentado al Pleno del Ayuntamiento para su aprobación.

CCOO, UGT y CSIF han señalado que es imprescindible una solución favorable a esta situación. En otro caso, las repercusiones serían de todo punto inadmisibles, tanto desde el punto de vista de los derechos de las y los trabajadores —algunos vería su salario recortado en un 25%— como de la prestación de servicios por parte de este organismo de investigación, cuyas operaciones comerciales estarían en peligro al no poder abonar los incentivos a la producción, jornadas especiales y actividades extraordinarias necesarios para cumplir los plazos establecidos en los contratos.

Una Comisión Vecinal aúna fuerzas, para que Estella, siga los pasos de Torrecera, gestionando su agua potable

El Alcalde, así como todos los concejales de Estella, suman sus fuerzas al proyecto de Municipalización del Agua, alrededor de una Comisión Ciudadana, creada el pasado año, a instancia de la Coordinadora del Agua de Jerez. Se ha generado tal entusiasmo, que sus miembros quieren compartir su ilusión con todos sus conciudadanos, con un folletín informativo y una posterior asamblea vecinal.  

Esta comisión especial, creada con el único objetivo de defender el Agua de Estella, mediante su gestión netamente pública; ha mantenido una tercera reunión corporativa, en la que se ha acordado comenzar a elaborar un Borrador de Proyecto, que culmine con el logro de sus homólogos de Torrecera.

Para ello, comienzan una Campaña de Información y Concienciación en esta pedanía, en la que los vecinos serán enterados de las mejoras que podrían gozar, si el agua no estuviera en manos privadas.

“Por sentido común y por un justo trabajo que dé beneficio a sus vecinos, lo mismo el alcalde, como todos los concejales de la Junta Vecinal de nuestra Ela, se han comprometido a trabajar juntos con todos los que formamos  el colectivo en defensa del Agua Pública, codo con codo, en la consecución del rescate de nuestro agua. No en vano, los daños –no solo económicos- que deparan estos más de cuatro años de privatización, son muy considerables; hablamos de más de ochocientos euros, el sobrecoste que cada familia hemos tenido que pagar más a la empresa ahora privada, por no estar siendo gestionada desde nuestro propio ayuntamiento”.

“Lo más visible para el ciudadano de a pie, es el aumento del coste de las facturaciones, pero a eso hay que agregar otros conceptos, que aparte de quebrar los bolsillos de los contribuyentes, deteriora el servicio que le llega a los vecinos. Y, nos referimos principalmente a la recuperación del carácter social, humano y de espíritu público; que contiene un fundamental valor añadido, garantizando el servicio a todas las familias sin discriminación por situación económica, ya que ciframos los beneficios que se lleva Aqualia en unos 95.000 euros anuales y siendo pública, la recaudación solo va para equilibrar los costes, para mejorar la infraestructura del servicio y para dar sentido justo al Derecho Humano al Agua, como resuelve la Organización de las Naciones Unidas”.

Esta comisión, como la propia Coordinadora del Agua, celebra y se congratula de la aptitud que está demostrando los representantes de los vecinos, en su Junta Vecinal, confía y espera la respuesta positiva de su vecindad y apostará con todos los recursos a su alcance, porque este proyecto en un corto plazo sea una realidad.

Es una nota de prensa enviada a este medio, por Francisco Javier Rivera, como Portavoz Temporal de la Comisión Vecinal en Defensa del Agua de Estella.

Para más información, contactar por medio de: 625 05 94 32 – jereznovendeagua@gmail.com

La Mancomunidad de Canales del Taibilla pretende “externalizar” el servicio esencial de la potabilizadora de La Pedrera en Alicante, que desde hace cuarenta años se presta por empleados públicos.

Hoy se reúne de urgencia la subcomisión de la CIVEA en el MAPAMA para tratar este grave asunto.

Una vez más hay “movidas” en la Mancomunidad de los Canales del Taibilla. No hace tanto tiempo ya se padeció un intento de dar a ACUAMED la joya de la corona, pero la presión social, sindical y de las y los trabajadores, junto al escándalo del denominado “caso ACUAMED”, paralizó aquella posibilidad.

E.T.A.P. La Pedrera

Más recientemente, se intentó algo similar a lo que ahora se proponen ahora. Entonces fue la estación de tratamiento de agua potable, ETAP de Sierra de la Espada y de nuevo, las y los trabajadores, a través de sus representantes, alcanzaron un acuerdo que posibilitó la continuidad del trabajo en la planta pese a la nefasta – empíricamente demostrada – incapacidad de gestión por parte de los “gestores” de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla, con la entusiástica aquiescencia de sus “mayores” del Ministerio.

Ahora le toca a la ETAP de La Pedrera, situada en Jacarilla (Alicante): Se pretende “externalizar” el tratamiento del agua potable, lo que a nuestro juicio es un nuevo intento de abrir la brecha y terminar privatizando la gestión del agua, no sabemos si con las mismas y aviesas intenciones que en el Canal de Isabel II de Madrid.

Esta vez se ha iniciado con una actuación más propia de la “mafia calabresa” que de unos gestores de la Administración Pública. Estos señores citan a un grupo de trabajadores para trasladarles la voluntad de estos “genios de la gestión” de adscribirles temporalmente a otros centros de trabajo para poder “externalizar” la actividad potabilizadora de la planta. Y lo hacen con llamadas personales a los trabajadores de la planta, sometiéndoles, de manera sibilina, a un chantaje que no se debe diferenciar mucho con las prácticas mafiosas tradicionales.

Lo lógico, si pretenden hacer alguna modificación de las condiciones laborales o cualquier otra cuestión organizativa, es que hubieran convocado a los representantes legales de la plantilla, y lo trataran vía negociación colectiva, y no mediante la coacción y la intimidación individual a cada trabajador.

Por otra parte, los argumentos esgrimidos para la “externalización” de la ETAP de La Pedrera si de algo carecen es de un mínimo rigor y sólo puede ser planteados por el Taibilla desde el desconocimiento, la mala fe o ambas cosas.

Ni las razones técnicas alegadas, ni si quiera la de la escasez de recursos humanos, se sostienen. Tras cuarenta años de funcionamiento de la ETAP de La Pedrera, con el trabajo y el esfuerzo de empleados públicos que siempre han procurado prestar un servicio de calidad, garantizando las condiciones de salubridad del agua potable, ahora se pretende desde la Dirección General del Agua “externalizar” este servicio esencial y poner en riesgo el suministro de agua potable de la comarca.

El sobrecoste que va a suponer la “externalización”, y que muy probablemente triplique el actual, ¿lo pagarán los ciudadanos usuarios?¿Después de la Pedrera, qué vendrá?, ¿Es que alguien está viendo una posibilidad de “negocio” tipo Canal de Isabel II en la Mancomunidad de los Canales del Tabilla?, ¿Se pretende crear el marco necesario que justifique que alguna empresa se haga con la gestión del Taibilla? De ser así, ¿podríamos ver a algún responsable del MAPAMA en el consejo de administración de alguna empresa pública o ente que gestione el agua de boca en el sureste español?, ¿Esta desastrosa gestión no está promovida por estamentos superiores para justificar la pérdida del carácter público del servicio que se está prestando desde hace más de un siglo?

Si la Administración persiste en su empeño, deberá responder a estas y otras muchas preguntas. Los sindicatos, incluido CCOO, y los propios trabajadores lucharemos en contra de la “externalización” de La Pedrera con todos los medios a nuestro alcance, sin descartar ninguno.

Este fin de semana se ha celebrado en Castril la XI Fiesta del Agua de Andalucía, organizada por la Red Andaluza del Agua, la Plataforma por la Defensa del rio Castril y la Universidad de Sevilla. Las jornadas realizadas han contado con un gran éxito de participación, sobrepasando las cien inscripciones procedentes de toda  Andalucía y del territorio Español.

Las jornadas fueron inauguradas el viernes pasado, por el Alcalde Castril Miguel Pérez, el presidente de la Plataforma Miguel Ortiz y el presidente de la Red Andaluza Nueva Cultura del Agua Antonio Figueroa, interviniendo en la misma la Eurodiputada Ángela Vallina, que defendió en su día la Queja presentada por la Plataforma por la Defensa del Rio Castril y el vecino de Castril Juan Manuel Iruela ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo.Marea azul del sur

En su intervención Ángela Vallina habló sobre el estado actual de la Queja presentada, haciendo hincapié en que la Comisión no ha podido pronunciarse todavía, porque desde la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir no le han hecho llegar la documentación requerida referente a la posible vulneración de la Directiva Marco del Agua. También recordó que desde la Comisión Europea ya se habían pronunciado el año pasado sobre los Planes Hidrológicos Nacionales con un informe muy crítico y contundente contra el Gobierno de España por incumplimiento de las diferentes Directivas Europeas que afectan al agua.

En las sesiones del sábado, el debate fue más general sobre la problemática del agua en Andalucía. Intervinieron los colectivos participantes procedentes de otros lugares de Andalucía (Jódar, Arroyo Bejarano, Acuíferos de Almería, Río Grande de Málaga, Pegalajar, Riopudio, etc.) que expusieron sus conflictos y las soluciones a los mismos. La mañana terminó con una mesa redonda moderada por el periodista independiente Ricardo Gamaza, en la que participaron entre otros el Presidente de la Fundación Nueva  Cultura del agua Abel de la Calle, el Jefe de Planificación Hidrológica del Guadalquivir Víctor Cifuentes y la Directora General de infraestructuras Hidráulicas de la Junta de Andalucía Inmaculada Cuenca. En esta mesa volvió a salir el tema del conflicto del río Castril al preguntar el moderador al representante de la CHG las razones por las que no se le había enviado  a la Comisión Europea la documentación requerida sobre el trasvase del río Castril, negando este que la Confederación haya recibido ningún requerimiento al respecto.

Por la tarde, un equipo de investigación de la Universidad de Sevilla, dirigido por la profesora Belén Pedregal, presentó la propuesta de un Mapa Colaborativo de los conflictos y debates por el agua en Andalucía. Este mapa, que se trata de una experiencia pionera en la región, pretende recoger el estado de conservación de los recursos hídricos, los ecosistemas acuáticos, los paisajes del agua y los problemas en la gestión de los servicios urbanos del agua en la comunidad a partir de la colaboración ciudadana. A continuación, coordinado por Luis Babiano, gerente de AEOPAS, se desarrolló un Encuentro de los movimientos andaluces por el Derecho Humano al Agua que permitió la reorganización de la Marea Azul del Sur.

Finalmente, en la fiesta popular con la que se terminó la jornada se hizo entrega de los reconocimientos de la Red Andaluza NCA 2017, al Catedrático de la Universidad de Granada MIGUEL LOSADA RODRÍGUEZ por su investigaciones relativas al estuario del Guadalquivir y al grupo ciudadano PRIEGO AGUA Y DESARROLLO por su lucha por la remunicipalización del servicio público del agua en su ciudad.

Por último el domingo por la mañana, con la participación del Catedrático de la Universidad Politécnica de Madrid, Diego García de Jalón, se realizó una concentración a pie de la presa del Portillo de todos los participantes a las Jornadas, denunciando los caudales ecológicos que la Confederación del nuevo Plan Hidrológico pretende dejar y reivindicando el funcionamiento de la presa con los caudales naturales del río Castril. Tras este acto se hizo una visita a los tramos más significativos del río y las zonas afectadas por las obras de trasvase.

Posteado por: redagua | 3 junio 2017

CCOO apuesta por el agua pública

El sindicato Comisiones Obreras fue una de las fuerzas sociales que apoyó la manifestación por el agua pública convocada, ayer domingo, por la Federación de Asociaciones de Vecinos “Antonio Machado” de Valladolid. La marcha estaba convocada para celebrar la municipalización del servicio del agua que el Ayuntamiento vallisoletano asumirá desde el 1 de julio, pero, sobre todo, en protesta por el intento del Gobierno por paralizar las municipalizaciones que se avecinan.

El borrador de los Presupuestos Generales del Estado lleva una disposición adicional, la número 27, que pretende impedir la recuperación de los servicios públicos por parte de los Ayuntamientos. En concreto dice que los trabajadores de las empresas concesionarias no pueden pasar a ser empleados municipales lo que impide, en la práctica, rescatar los servicios públicos privatizados. En Valladolid la municipalización del servicio del agua será previa a la aprobación de los Presupuestos, ya que el contrato con Aguas de Barcelona concluye el 30 de junio, por lo que no le afectará, previsiblemente, la norma, pero los convocantes de la marcha, entre ellos CCOO, querían denunciar el intento del Gobierno de impedir la autonomía municipal ante el creciente movimiento de devolver a lo público los servicios privatizados.

Manifestación por el agua pública en Valladolid

Por eso, la pancarta de la manifestación llevaba el lema “agua pública, gestión pública” y contaba con el delegado de CCOO en Valladolid, Gonzalo Franco, entre sus portadores. Además había representantes de la Federación de Asociaciones de Vecinos y representantes de los 3 grupos políticos en el Ayuntamiento que apoyan la municipalización, Victoria Soto, del PSOE; María Sánchez, de Valladolid toma la Palabra y Charo Chávez, de Si se puede. El servicio de agua de Valladolid fue privatizado en el primer mandato del anterior alcalde del Partido Popular, Francisco Javier León de la Riva, y desde entonces está en manos de la empresa Agbar.

La batucada de CCOO acompañó la manifestación desde la Plaza de Fuente Dorada a la Subdelegación del Gobierno en Valladolid donde se leyó el Manifiesto a favor del agua pública. Margarita García, la presidenta de la Federación de Asociaciones de Vecinos “Antonio Machado”, recordó que el agua es un bien básico y que su gestión debe ser pública para que tenga la calidad necesaria y toda la ciudadanía tenga acceso. Así ocurre en muchas ciudades del mundo, entre ellas citó París y Berlín, y así lo quieren muchas ciudades españolas que están rescatando los servicios públicos tras décadas de privatizaciones. Margarita García negó que el servicio privado fuera más eficaz y denunció el intento del Estado central de impedir la remunicipalización de los servicios colando normas dentro de los Presupuestos Generales del Estado.

El lunes 5 de junio, se debatirá en la Mesa la Asamblea de Madrid su tramitación, con un informe en contra del Consejo de Gobierno

El citado proyecto de Ley de medidas ha sido elaborado por la Plataforma contra la privatización del CYII, con la colaboración de expertos en la materia, y recoge el contenido de las mociones aprobadas en los plenos municipales de más de 35 ayuntamientos de la Comunidad de Madrid, que representan a una población de más de 5 millones de personas.

El proyecto de Ley fue registrado en la Asamblea de Madrid, por los grupos parlamentarios de PODEMOS y PSOE el pasado mes de abril, y su contenido, en síntesis, es el siguiente:

  • Paralización definitiva del proceso de privatización del CYII, eliminando el artículo 16 de la Ley 3/2008, que abrió las puertas al proceso privatizador.
  • Disolución de la sociedad anónima Canal Gestión, integrando a su personal, activos y pasivos en la entidad pública Canal de Isabel II.
  • Establecimiento de las bases de un nuevo modelo de gestión público, transparente, democrático, con rendición de cuentas, sostenible, sin ánimo de lucro, participativo, respetuoso con las competencias municipales y con los criterios que definen el abastecimiento y saneamiento como derecho humano.
  • Creación del Observatorio del Agua, como instrumento de participación y control ciudadano.
  • Revisión de los convenios suscritos al amparo de la Ley 3/2008 para adecuarlos al nuevo modelo de gestión.

El objetivo de esta Ley es establecer un nuevo modelo de gestión en el Canal, que evite las disfunciones, arbitrariedades y malas prácticas constatadas en los 5 años de funcionamiento de Canal Gestión S.A. (opacidad, ánimo de lucro, impunidad, utilización de sus activos para fines privados, corrupción, nepotismo, precarización de las plantillas, disminución en inversiones de mantenimiento de infraestructuras, encarecimiento de las facturas, aumento de los cortes de agua, etc). Es decir, cambiar el modelo actual implantado por el gobierno del PP, que ha facilitado las actuaciones irregulares y las tramas de corrupción que hoy están aflorando a través de las actuaciones judiciales.

El próximo lunes 5 de junio, la Mesa de la Asamblea de Madrid decidirá sobre la tramitación del citado proyecto de Ley, que cuenta con un informe desfavorable del Consejo de Gobierno en el que se pide su no tramitación, por considerar que podría suponer un gasto de 1.133 millones de euros, cifra que se evalúa de forma poco rigurosa y no se acredita técnicamente.

El informe del Consejo de Gobierno carece de rigor, introduciendo términos no incluidos en el proyecto de ley, como la creación de un nuevo ente público, cuando ya existe en la actualidad, o la necesidad de reembolso anticipado de los bonos emitidos por la sociedad mercantil (500 millones de euros), cuando esta deuda no la tiene la sociedad anónima, sino el ente público Canal de Isabel II, como quedó claro en el último informe de la Cámara de Cuentas. Su objetivo es justificar el rechazo del proyecto de ley aduciendo que su implantación supondría un alto coste no asumible y así evitar su discusión en la Asamblea de Madrid, cuando, en realidad, si los estudios, informes y trabajos necesarios para desarrollar la ley los realizan técnicos de la propia administración autonómica y no se contratan bufetes y sociedades anónimas con minutas millonarias (como se hizo al crear Canal de Isabel II Gestión S.A.), el coste económico de su aplicación sería irrelevante.

Dada la composición de la Mesa (3 PP, 2 PSOE, 1 Podemos y 1 Ciudadanos), el voto de Ciudadanos será decisivo y tenemos serias dudas de que, finalmente, apoye la tramitación de esta propuesta de Ley. La Plataforma ha mantenido reuniones con representantes de este partido desde hace varios meses, quienes, tras pedirnos unos días para estudiarla, nos han contestado presentando un proyecto de ley alternativo en el que, aunque prohíbe la entrada de capital privado en su accionariado, sigue manteniendo la sociedad anónima y el nefasto modelo de gestión actual, lo cual es a todas luces insuficiente para poner freno a las arbitrariedades y a la corrupción, así como para asegurar  un servicio público, transparente, sostenible y de calidad. A Ciudadanos le hemos manifestado en varias ocasiones la necesidad de implantar el nuevo modelo de gestión que se incluye en la ley que proponemos, que, por otra parte, es coherente con los criterios generales del derecho humano al agua, en tanto que asume como ejes fundamentales la participación efectiva, la transparencia y la rendición de cuentas. A pesar de haberse mostrado a favor de estos criterios, mucho nos tememos que para Ciudadanos valgan más los intereses que se desprenden de su acuerdo de gobierno con el PP, que la defensa del interés general, y paralice la tramitación de nuestra propuesta de ley, hurtando, así, este debate fundamental en la Asamblea de Madrid.

Posteado por: redagua | 29 mayo 2017

NOTA DE PRENSA Madrid, 29 de mayo de 2017

La Red Agua Pública denuncia el apoyo del PNV y Nueva Canarias a la disposición adicional 25 de la ley de presupuestos: los saldos pactados con el PP limitarán la autonomía municipal e impedirán antidemocráticamente la remunicipalización de los servicios

La Red Agua Pública (RAP), en la rueda de prensa que tuvo lugar esta mañana en 8k-c2a1el-agua-no-es-un-negocio-fuente-anticapitalistas-orgMadrid, analizó el estado del debate de la Ley de Presupuestos Generales para 2017, resaltando que, una vez que el 4 de mayo se rechazaron las enmiendas a la totalidad gracias al pacto conservador del Partido Popular, Ciudadanos, Partido Nacionalista Vasco, Coalición Canaria, Unión del Pueblo Navarro y Foro Asturias, se pasó a debatir en la comisión de presupuestos las miles de enmiendas parciales que se presentaron y que sufrieron el rodillo de este pacto, al que se sumó el representante de Nueva Canarias para garantizar la mayoría que se necesita para rechazar la gran mayoría de las que presentaron los otros grupos políticos presentes en el Congreso. Ante esta situación, son muchas las enmiendas parciales que se votarán en el Pleno que tendrá lugar a partir de hoy lunes 29 de mayo para decidir definitivamente su tramitación parlamentaria.

Una de estas enmiendas parciales que se votarán, es la relativa a la Disposición Adicional vigésima séptima, para la cual la Red Agua Pública (RAP) presentó en su momento a los diferentes grupos del Congreso una enmienda de supresión por entender que atenta contra la autonomía municipal al impedir la incorporación como empleados públicos a los trabajadores de las empresas privatizadas, impidiendo, en la práctica, que se materialicen procesos de remunicipalización de cierta envergadura, con un volumen de trabajadores considerable. La RAP incidió, además, que esta Disposición atenta contra los derechos laborales de los trabajadores y restringe drásticamente la democracia en tanto que los ciudadanos o sus representantes electos no podrán optar por modelos de gestión públicos una vez hayan sido privatizados, quedando condenados a sufrir el oligopolio de las tres multinacionales que hacen negocio con el Derecho Humano al agua y el saneamiento.

La RAP puso en evidencia los aspectos técnicos de la Disposición Adicional vigésima séptima que justifican su radical posicionamiento en contra, a la vez que denunció sus potenciales efectos en las dinámicas de remunicipalización en marcha o en ciernes en numerosas ciudades del estado español, máxime cuando muchas de ellas se plantean para superar situaciones de inequidad, falta de eficiencia en los servicios privatizados o para superar procesos de corrupción. Especial mención se hizo a los casos de remunicipalización de Valladolid -donde el gobierno del Partido Popular llegó a recurrir el proceso-, Terrassa y Barcelona que, de producirse, cambiarían la tendencia privatizadora que se ha experimentado en España a partir de la crisis.

Se resaltó que la oposición a la Disposición Adicional se ha manifestado ampliamente en el ámbito municipal, donde se han presentado mociones en numerosos ayuntamientos pidiendo su retirada, como en el caso de Madrid, Sevilla, Cartagena, Murcia, A Coruña, Pamplona, Bilbao, Mérida, Algeciras, Lleida, entre otros.

También se evidenciaron las inconsecuencias de los representantes de Nueva Canarias y del PNV al apoyar esta Disposición Adicional toda vez que están directamente relacionados con la administración local; el de la primera es concejal del ayuntamiento de Las Palmas, mientras que en el caso de la segunda formación, gobiernan en numerosos municipios entre los cuales, como en el caso de Vitoria Gasteiz, están planteados potenciales procesos de privatización.

Más información:

Red Agua Pública (RAP), es un espacio que aglutina a decenas de plataformas, organizaciones sociales, ambientales, sindicales y políticas del Estado español que promueven una visión del agua como bien común y servicio público, y luchan por la defensa de la gestión pública, sin ánimo de lucro, transparente y participativa de los servicios de abastecimiento y saneamiento.

https://redaguapublica.wordpress.com

Pedro Pablo Serrano: 649824397

Luis Babiano: 690853074

Gonzalo Marín: 646559647

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