Interesante artículo de Gonzalo Marín, Miriam Planas y Leandro del Moral para la Fundación Espacio Público sobre los abusos de poder en la defensa de la gestión privada del agua.

Los abusos de poder en la defensa de la gestión privada del agua

5 de enero de 2022

En 2000 el gobierno municipal de Alcoi, entonces presidido por el Partido Socialista del País Valenciá, acometió, con la connivencia del Partido Popular, la privatización del servicio de abastecimiento de agua en la ciudad mediante un proceso oscuro y antidemocrático que impidió, de hecho, la participación efectiva de la ciudadanía en la toma de decisiones, a pesar de que se realizaron movilizaciones masivas y se consiguió el apoyo de más de 10.000 firmas demandando la suspensión de la privatización. El resultado fue la concesión del servicio de abastecimiento de agua a la empresa Aqualia por 20 años y, de paso, propició una crisis en el partido de gobierno favoreciendo que poco después el PP asumiera el poder en el ayuntamiento de Alcoi.

Veinte años después, cuando la concesión ha sido prorrogada y está a punto de finalizar, otro gobierno socialista presidido por Toni Francés Pérez, persiste en optar por la privatización del agua utilizando procedimientos similares a los de entonces: apoyarse en un proceso nada transparente ni participativo que aprovecha la época de fiestas navideñas para ponerlo en marcha, a la vez que presenta un informe encargado a la consultora privada AYMED, que resulta ser un documento claramente sesgado hacia la defensa de la gestión privada, a la vez que incorpora notables inconsistencias técnicas y metodológicas e, incluso, está plagado de matices y posicionamientos ideológicos a favor de la privatización.

Estas cuestiones han sido puestas de manifiesto tanto por Lluís Torró Gil, exregidor y exdiputado de EUPV, la organización ecologista La Carrasca y, específicamente, por el informe que la Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento (AEOPAS) preparó a petición de la plataforma Iniciativa Ciutadana per una Gestió Pública de l’Aigua d´Alcoi. Los criterios y fundamentos que ha aportado la ciudadanía deberían ser tenidos en cuenta en el proceso de toma de decisiones sobre un tema crucial como es el modelo de gestión.

A pesar de ello, el alcalde ha optado por la privatización de los servicios de abastecimiento al margen de la ciudadanía, en clara vulneración del derecho humano al agua que tiene como principios fundamentales la transparencia, la rendición de cuentas y la participación activa, libre y significativa, en cuyo contexto se asume que cualquier decisión que afecte al modelo de gestión de los servicios de agua y saneamiento deben ser previamente contrastados con la ciudadanía. Esta circunstancia es especialmente cuestionable para el actual alcalde socialista, en la medida en la que el presidente de gobierno de España se comprometió en su discurso de investidura del 4 de enero de 2020, a consagrar el acceso al agua como un derecho humano y no como un bien mercantil.

En este contexto, la Red Agua Pública (RAP) llama al actual alcalde a proceder de forma consecuente con las determinaciones de su partido y que ponga en marcha un proceso participativo y democrático sobre la forma de gestión del servicio de agua en Alcoi reconduciendo su propuesta al respecto del pleno del próximo 7 de enero.

Frente a este intento de privatización, la RAP apoya los posicionamientos de la Xarxa Valenciana per l´Aigua Pública y de los movimientos ciudadanos de Alcoi a favor de la remunicipalización y la gestión pública y democrática del agua.

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Madrid, 3 de enero de 2022

Señor eurodiputado,

Señora eurodiputada,

La Red Agua Pública (RAP), en tanto que integrante del Movimiento Europeo del Agua, denunciamos que la iniciativa del MEP Water Group no reconoce como prioritario que el agua es un derecho humano, tal y como reconoció la Asamblea General de las Naciones Unidas, en la Resolución 64/292 del 28 de julio de 2010.

Instamos a los miembros del MEP Water Group y a los miembros del Parlamento Europeo en su conjunto, a que consideren, reconozcan e impulsen la implementación del derecho humano al agua, en los términos en los que solicitaron casi dos millones de personas en 2013 a través de la Iniciativa Ciudadana Europea conocida como right2water, que contemplaba tres ejes reivindicativos principales: 

• Garantía del agua y saneamiento para todos en Europa como Derecho Humano y bien común
• La no liberalización de los servicios de agua, lo que implica también la exclusión del agua de los acuerdos comerciales y de inversión 
• Acceso universal a los servicios de agua y saneamiento

En este contexto, nos reafirmamos en la necesidad de considerar al agua como un bien público, un derecho humano y un bien común, aspectos que no se abordan en la declaración de la misión del MEP Water Group. Sería necesario trabajar por una declaración contra la cotización del agua en bolsa, ante la cual el actual Relator Especial de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos al Agua y al Saneamiento ha manifestado una gran preocupación en su último informe presentado ante la Asamblea General de Naciones Unidas en 2021, compartida, por otra parte, por la sociedad civil europea, hecho que contrasta con el inaceptable silencio de las instituciones de la UE. 

Estamos a su disposición para profundizar sobre estos temas.

Cordialmente,

Comisión de Coordinación de la Red Agua Pública

(Integrada por AEOPAS, Aigua és Vida, Asamblea Agua Pública 100% Región Murciana, Attac, Comisiones Obreras, Ecologistas en Acción, Enginyeria Sense Fronteres, Fundación Nueva Cultura del Agua, Marea Azul del Sur, Plataforma ciudadana por la defensa del agua pública en Asturies, Plataforma de Bizkaia Ur Publikoa, Red Agua Pública de Aragón, Plataforma contra la privatización del Canal de Isabel II y Xarxa Valenciana per l´aigua pública)

Nota de prensa

La Xarxa Valenciana per l‘Aigua Pública* dona suport a les reivindicacions de la Iniciativa Ciutadana per la Gestió Pública de l’Aigua d’Alcoi, i reclama a l’Ajuntament un procés de participació publica per decidir el model de gestió.

Davant l’anunci del debat, al ple de la corporació municipal alcoiana, previst per al proper dia 7 de gener, amb la proposta d’alcaldia de mantenir la privatització de la gestió de l’aigua, la Xarxa Valenciana per l’Aigua Pública, manifesta el seu suport a la Iniciativa Ciutadana per la Gestió Pública d’Alcoi, tot aportant els següents arguments per al debat:

1. L’accés a l’aigua potable i el sanejament son drets humans de caràcter fonamental reconeguts per l’Assemblea General de Nacions Unides (NNUU), que afecten a altres drets, com ara la salut

• Com ha explicat el relator especial de NNUU Leo Heller al seu informe de 2020, el model de gestió de l‘abastiment no és neutral. Es més, la gestió privada i especialment el model mixt públic-privat, com el que es vol mantenir a Alcoi, comporten riscos per al ciutadà degut principalment a tres factors: l’objectiu del soci privat d’obtindre el màxim de beneficis; el monopoli natural dels serveis, que impedeix a l‘abonat qualsevol canvi de companyia subministradora; i els desequilibris de poder entre el soci privat i el públic, a favor del primer. Els ciutadans i ciutadanes queden indefensos en mans de l’empresa concessionària.

• A més, la privatització del servei municipal d’aigua potable en un context de globalització financera obri l’entrada als fons d’inversió internacionals i a l’especulació amb un bé bàsic insubstituïble, com es descriu a l’informe de 2021 del relator especial de NNUU, Pedro Arrojo.

• L’ajuntament ha presentat un informe tendenciós. A més de no considerar les alternatives possibles, adopta un enfocament reduccionista que deixa fora de consideració aspectes fonamentals per a prendre una decisió informada, com ha mostrat l’informe de l’Associació Espanyola d’Operadors Públics d’Aigua i Sanejament (AEOPAS).

Per les raons esmentades la XVAP manifesta que qualsevol decisió sobre el model de gestió ha de ser precedida per un procés de participació pública transparent, neutral i gestionat professionalment.

Una reivindicació justa i coherent amb les declaracions institucionals de l’Alcalde d’Alcoi, Antonio Francés: “La transparència i la participació són elements que impregnen l’acció política d’aquest Govern municipal”. És, per tant, el moment de passar de  les paraules a la pràctica.

* La Xarxa Valenciana per l’Aigua Púbica, està formada per Acció Ecologista-Agró, Confederació d’Associacions de Veïns CAVE-COVA, CCOO, Ecologistes en Acció, Enginyeria Sense Fronteres, Fundació Nova Cultura de l’Aigua, H2O Paterna, Heterodòxia Castelló, No als Tractats Desiguals, Iniciativa Ciutadana per la Gestió Pública de l’Aigua d’Alcoi, Intersindical Valenciana, La Ribera en Bici, Unió de Llauradors i Ramaders i Xúquer Viu.

• En el encuentro se trasladó a la Secretaría de Estado para la Agenda 2030 la urgencia de regular por ley el derecho humano al agua en términos de garantía del mínimo vital y de la prohibición de cortes de suministro
• También se urgió al Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 a intervenir activamente en la transposición de la Directiva europea sobre el agua de consumo humano incorporando en su contenido los criterios y principios del derecho humano al agua potable

21 de diciembre de 2021

El martes 14 de diciembre, una delegación de la Red Agua Pública (RAP) mantuvo una reunión con Cristina Linaje, Directora del Gabinete de la Secretaría de Estado para la Agenda 2030, y Gabriel Castañares, Director General de Políticas Palanca para el cumplimiento de la Agenda 2030, durante la que se les transmitió su posicionamiento respecto a algunos de los temas más relevantes que afectan a los servicios del ciclo urbano del agua en la actual situación. En concreto, se plantearon las cuestiones siguientes:

Durante la reunión, que se desarrolló en un tono cordial y receptivo, las personas de la Secretaría de Estado para la Agenda 2030 mostraron su compromiso y determinación de tener en cuenta las propuestas de la RAP, a la vez que se mantendrá una comunicación estable con la RAP para analizar posibles iniciativas conjuntas. Al finalizar la reunión, la delegación de la RAP fue recibida por Enrique Santiago, Secretario de Estado para la Agenda 2030, con quien se revisaron los aspectos fundamentales debatidos.

La RAP muestra su satisfacción por la reunión y valora positivamente la posibilidad de establecer una línea de comunicación estable con el Ministerio.

1. Urgencia de regular por ley el derecho humano al agua. Se recalcó que, si bien el escudo social actualmente vigente hasta febrero de 2022 ha sido fundamental para encarar la crisis sanitaria, se trata, sin embargo de una medida coyuntural que no afronta consecuentemente la necesidad de garantizar los derechos asociados a la provisión de servicios básicos y a un nivel de vida digno. Es necesario pasar de promover medidas coyunturales a otras estructurales que reconozcan los derechos y concretamente el mínimo vital y la prohibición de cortes de suministro para las personas en situación de vulnerabilidad económica y social.
2. La RAP entregó a las personas de la Secretaría de Estado para la Agenda 2030 una propuesta de proyecto de ley del mínimo vital y un estudio técnico-legal que evidencia la posibilidad de legislarlo mediante una ley estatal, y le comunicó la decisión de la RAP de abordar inmediatamente una campaña de incidencia política en el Congreso para impulsar la ley del mínimo vital de agua
3. Es necesario aprovechar el actual proceso de transposición de la Directiva europea relativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano, para introducir el reconocimiento explícito del derecho humano al agua en toda su dimensión, recogiendo sus criterios de accesibilidad, disponibilidad, asequibilidad, calidad y aceptabilidad, así como los principios de acceso a la información, participación ciudadana, transparencia y rendición de cuentas. En este sentido, los representantes de la RAP entregaron a los miembros de la Secretaría de Estado un documento preparado por la Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento en el que se identifican posibles mejoras al último texto de la transposición.
4. En este contexto, la RAP considera que la participación del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 en el proceso de transposición es fundamental para conseguir los aspectos anteriores

En el marco de la celebración del día de los derechos humanos, la Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento (AEOPAS), en colaboración con la Red Agua Pública (RAP), presentará el informe sobre la necesidad de una ley estatal que garantice el derecho humano al agua potable y al saneamiento.

El acto tendrá lugar el jueves 9 de diciembre a las 18 h en el salón de actos del Consejo General de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local (COSITAL), en la calle Carretas 14, 3°A, de Madrid (Metro Sol). 

En el acto intervendrán Pedro Arrojo, actual Relator especial de Naciones Unidas sobre los derechos humanos al agua potable y al saneamiento, Eulalio Ávila, autor del informe, Erika González Briz, de la RAP y Jaime Morell, secretario general de AEOPAS. Moderará Luis Babiano, gerente de AEOPAS.

La asistencia será de acceso libre hasta completar aforo.

Introducción

Francesc La-Roca, Julia Martínez y Leandro del Moral

Red Agua Pública y Fundación Nueva Cultura del Agua

El anuncio, a finales del pasado año de la dotación de un fondo europeo para la recuperación económica post-pandemia fue generalmente recibido con esperanza y grandes expectativas, dado el aparentemente elevado presupuesto que supone. Sin embargo, también ha suscitado recelos. Sobre todo, en cuanto a la posible relajación del control de ejecución presupuestaria y de las evaluaciones del impacto ambiental de las medidas y proyectos, así como de los condicionantes que acompañan el acceso a los fondos. Por otra parte, el propio volumen de los fondos anunciados, que más adelante se analizan, y su distribución entre todos los sectores y territorios implicados, ha suscitado ya comentarios que relativizan su capacidad de producir las transformaciones estructurales que se les atribuyen.

Descarga el documento completo en el siguiente enlace

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Madrid, 19 de noviembre de 2021

Sr. D. Pedro Sánchez Pérez-Castejón

Presidente del Gobierno de España

La Moncloa

Estimado Presidente Pedro Sánchez Pérez-Castejón:

Cuando en su discurso de investidura del 4 de enero de 2020 usted afirmó, en el marco de la transición ecológica y el medio ambiente, su determinación de consagrar el acceso al agua como un derecho humano y no como un bien mercantil, las organizaciones ciudadanas que reivindicamos estos planteamientos, constatamos un posicionamiento diáfano por su parte, en tanto que supuso una declaración pública de voluntad política para avanzar en el reconocimiento e implementación del derecho humano al agua y al saneamiento en esta legislatura. Esta percepción se vio refrendada posteriormente en el marco de la crisis sanitaria del COVID 19, cuando mediante sucesivos decretos ley se ha configurado un escudo social a la ciudadanía en situación de vulnerabilidad, que incorpora la garantía de suministro de los servicios básicos de agua, luz y gas, así como la prohibición de realizar cortes.

Hemos percibido una sensibilidad positiva de su gobierno con estos temas. Por esto nos ha sorprendido muy negativamente que, por intermedio de la Oficina Nacional de Prospectiva y Estrategia dependiente directamente de Presidencia de Gobierno, se haya organizado en Alicante los días 22 y 23 de noviembre, unos diálogos sobre el futuro del agua en España sin que se haya contado con la participación activa de la ciudadanía, ni en su organización ni en la composición de los talleres previstos en esta iniciativa. Comprobamos que todo el debate estará hegemonizado por representantes de los intereses privados del agua, por lo que un acto de diálogo como el que se ha programado estará desgraciadamente sesgado hacia los planteamientos que defienden la privatización del agua y reivindican abiertamente su carácter mercantil. Se perderá así una oportunidad única para analizar, en el contexto del futuro del agua, la consideración del derecho humano al agua y al saneamiento como uno de los retos más relevantes que se deben encarar. Por la composición mayoritaria de los talleres, se omitirán debates relevantes como son los de la privatización y financiarización del agua y los riesgos que suponen para el disfrute de los derechos humanos al agua y al saneamiento, tal como han puesto en evidencia Leo Heller y Pedro Arrojo, relatores especiales de Naciones Unidas sobre estos derechos en sendos informes temáticos presentados ante la Asamblea General de Naciones Unidas.

Por último, queríamos incidir en la necesaria participación ciudadana en este tipo de iniciativas; pero debe realizarse en un marco de una participación activa en los temas clave, y no limitarla, como se ha previsto en el acto, a una mera consulta sobre aspectos relativamente secundarios.

Sirva, pues, esta comunicación para transmitirle nuestro profundo malestar con la forma en la que se ha organizado los diálogos sobre el futuro del agua en España, en los que, como ya mencionamos, la Oficina de Prospectiva ha jugado un papel preponderante. Entendemos que, como está prevista, omitirá cuestiones estratégicas muy relevantes y reforzará la visión mercantil del agua.

Cordialmente,

Comisión de Coordinación de la Red Agua Pública

(Integrada por AEOPAS, Aigua és Vida, Asamblea Agua Pública 100% Región Murciana, Attac, Comisiones Obreras, Ecologistas en Acción, Enginyeria Sense Fronteres, Fundación Nueva Cultura del Agua, Marea Azul del Sur, Plataforma ciudadana por la defensa del agua pública en Asturies, Plataforma de Bizkaia Ur Publikoa, Red Agua Pública de Aragón, Plataforma contra la privatización del Canal de Isabel II y Xarxa Valenciana per l´aigua pública)

La Red Agua Pública (RAP) ha suscrito el Manifiesto El futuro es público: Manifiesto global por los servicios públicos, que es el resultado del trabajo coordinado de más de 25 organizaciones y movimientos ciudadanos en el que se propone un enfoque renovado de los servicios públicos -como la educación, la energía, la alimentación, los servicios sanitarios y asistenciales, la vivienda, la seguridad social, las telecomunicaciones, el transporte, la recogida y eliminación de residuos, y el agua y el saneamiento-, para hacer frente a los grandes retos a los que se enfrenta el planeta: la crisis sanitaria, las elevadas y crecientes desigualdades y la crisis climática y ecológica, que amenaza con empujar a 120 millones de personas a la pobreza en 2030.

La pandemia de COVID-19 ha puesto en evidencia las consecuencias de décadas de privatización y comercialización de servicios esenciales para la dignidad humana. El Manifiesto responde a este contexto, exigiendo servicios públicos tal y como los entiende la RAP: como derechos humanos, democráticos, participativos, transparentes y con rendición de cuentas. En este sentido, se configuran como una alternativa concreta a la narrativa neoliberal dominante que no ha logrado cumplir con los derechos humanos y garantizar una vida digna para todas las personas.

El Manifiesto está accesible en el enlace https://futureispublic.org/global-manifesto/#manifesto