Asimismo, rechaza el modelo de gestión del Plan Aragonés de Saneamiento y Depuración (PASD) instaurado por anteriores gobiernos territoriales por haber “empobrecido a los municipios aragoneses”

Ante la moción presentada por el Grupo municipal de Chunta Aragonesista, este viernes en el pleno del Ayuntamiento en relación al Impuesto sobre la Contaminación de las Aguas (ICA), la Plataforma de Red de Agua Pública de Aragón (RAPA) manifiesta que “el modelo de gestión del Plan Aragonés de Saneamiento y Depuración (PASD) instaurado por anteriores gobiernos autonómicos ha empobrecido a los municipios aragoneses en dos sentidos”.

Por un lado, “ha mermado las competencias municipales, favoreciendo la cesión a la comunidad autónoma del servicio de depuración”. Y por otro, “ha establecido un impuesto que obliga a todos los aragoneses a pagar unas cantidades desproporcionadas para intentar cubrir los costes de unas infraestructuras sobredimensionadas, inadecuadas e ineficientes, cuya única alternativa de financiación es el incremento progresivo de las tarifas”.

A su juicio, “el PASD, desarrollado por empresas privadas, hipoteca la futura capacidad impositiva de los ayuntamientos, augura aumento de tarifas según varíen las necesidades de financiación y carece de estímulos en la búsqueda de eficiencia en la gestión”.

Por ello, “los aragoneses pagamos ahora un 138% más por el impuesto sobre la contaminación de las aguas que en el momento de su creación, sin que esos incrementos hayan supuesto una mejora proporcional de la depuración de nuestras aguas residuales”.

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Foto RAPA

Asimismo, para RAPA, “no se han cumplido los objetivos del Plan Especial de Depuración, que pretendía depurar las aguas de todas las poblaciones de más de 1.000 habitantes equivalentes y no se han construido las depuradoras del Plan de Depuración del Pirineo, reconocidas de interés general y para las que el Ministerio de Medio Ambiente aportó 142 millones de euros”.

“Tampoco podemos olvidar –continúan explicando-, que aún no se han iniciado las obras del Plan Integral de Depuración de Aragón que ha de dar solución a los vertidos de todas los poblaciones con menos de 1.000 habitantes equivalentes que, de momento, parece retrasarse hasta el año 2019, y afecta a 567 municipios con una población censada de 120.134 habitantes”.

En este sentido, “los ayuntamientos se han dado cuenta de que la cesión de competencias al Instituto Aragonés del Agua pone en entredicho el principio de autonomía municipal”. Por estos motivos, “los vecinos se preguntan por qué pagar cada vez más por servicios que no reciben y por qué sus munícipes aceptan soluciones aparentemente más cómodas, pero que se convierten en una trampa de difícil salida”.

Ante esta situación, el pasado domingo día 26 de marzo, “24 alcaldes y alcaldesas aragoneses iniciaron un nuevo camino basado en la denuncia de un Plan Aragonés de Saneamiento y Depuración insostenible, tanto económica como medioambientalmente; en la recuperación de las competencias en depuración que permitan ejercer la autonomía municipal en la gestión de este servicio básico; y en un cambio del modelo de gestión de la depuración en Aragón, que pase por el establecimiento de convenios de colaboración entre ayuntamientos y Comunidad Autónoma para recuperar la gestión municipal y establecer el marco de financiación del saneamiento y depuración”.

Además de la “denuncia de los contratos de concesión de obra pública que cuenten con incumplimientos flagrantes. Así como el estudio económico del resto de concesiones para analizar la viabilidad o no de su rescate, y el cumplimiento de los objetivos de depuración en Aragón contando con el protagonismo de los municipios y el apoyo técnico y financiero de la Comunidad Autónoma”.

En este contexto, desde la Red de Agua Pública de Aragón creen que Zaragoza “puede ser la abanderada de estos planteamientos y que, frente a problemas comunes, las soluciones deben serlo también”. Por ello, entienden que el “Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza ha de exigir al Gobierno de Aragón” lo siguiente:

“Que inicie, a la mayor brevedad, los estudios económicos necesarios para analizar la viabilidad del rescate de las concesiones de obra pública vigentes. Que denuncie los contratos de concesión de obra pública en los que se constaten incumplimientos por parte de los concesionarios y poder así recuperar la gestión pública de esas zonas de depuración”, apuntan.

“Que proponga a las Cortes autonómicas la modificación de la Ley 10/2014, de Aguas y Ríos de Aragón para que establezca, con carácter general, un marco de relaciones entre los municipios y la Comunidad Autónoma basado en la firma de convenios de colaboración para el ejercicio de las competencias en materia de saneamiento y depuración”, subrayan.

Al mismo tiempo, “en dicho marco deberán establecerse los mecanismos de apoyo y supervisión del Instituto Aragonés del Agua a los servicios técnicos municipales y plantear un reparto de las cantidades recaudadas por encima de los costes de los servicios, de manera que incentive la reducción de costes y redunde en el correcto mantenimiento de los sistemas de depuración y la mejora de los servicios del ciclo integral del agua de cada municipio”.

Todo esto sumado a que “el Instituto Aragonés del Agua asuma todos los costes y sanciones derivados de la falta de depuración de las aguas en aquellas poblaciones en las que no se han cumplido los objetivos de depuración del PASD”. Y a “que se cambie de manera radical el modelo de financiación del Plan Aragonés de Saneamiento y que incluya la participación de los ayuntamientos en él de manera que la repercusión de los costes a los vecinos se haga a través de las tarifas del propio ayuntamiento, fomentando políticas de gestión de la demanda”.

Para concluir, exigen al Ayuntamiento de Zaragoza que “destine a inversiones en el ciclo integral del agua las cantidades que Ecociudad Zaragoza le abona en concepto de cesión de infraestructuras de saneamiento; que adopte el acuerdo de no destinar los ingresos por las tarifas del ciclo integral del agua a otros servicios; que mantenga un volumen de inversión anual constante para asegurar la sostenibilidad de los sistemas de abastecimiento y saneamiento; y, finalmente, que adopte las medidas oportunas para volver a unificar la gestión del abastecimiento y el saneamiento en el seno de la estructura municipal, eliminando costes innecesarios y simplificando la gestión”.

 

 

El Tribunal Supremo da la razón a los Ayuntamientos de La Ribera y declara parcialmente nulo el Plan Hidrológico del Júcar por vulnerar el principio “quien contamina paga”.

El recurso parte de los Ayuntamientos valencianos de Polinyà de Xúquer, Albalat de la Ribera, Benicull, Corbera, Cullera, Favara, Fortaleny, Riola y Sueca que se opusieron a que el Plan hidrológico del Júcar de 2014 les cargara a ellos los costes generados por la alta contaminación con nitratos que tienen las aguas con las que se abastecen.

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La setencia declara la nulidad del artículo 28.b.d del Plan Hidrológico del Júcar (Real Decreto 595/2014) por incumplimiento del Derecho comunitario (art. 9 Directiva 2000/60/CE) supone la obligación del Estado de reparar los daños ocasionados por dicho incumplimiento (STJUE 19/11/1991).

 

Para más información:

Posteado por: redagua | 31 marzo 2017

Agua bien común. Retos y futuro

Este artículo es una crónica parcial de la jornada sobre la gobernanza de los servicios del agua, organizada por el Ayuntamiento de Barcelona y la plataforma Agua es Vida, con el apoyo de AEOPAS y Red Agua Pública. Aquella actividad generó bastante expectación entre los sectores vinculados a la gestión de este bien escaso y fundamental para nuestra sociedad. Hay asistimos cientos de personas.

La jornada del día 21 resultó bastante extensa por su formato, lo que dificulta dar una visión de todo lo que allí se dijo. Por tanto excusamos de antemano si nos cuela algún error, imprecisión y, sobre todo, omisiones por no poder estar en todas partes al mismo tiempo.

Esta pequeña crónica pretende situar algunas cosas que se dijeron y, a nuestro entender, que resultaron significativas, dentro de la jornada celebrada en el complejo modernista del Hospital de Sant Pau.

Lynn Boylan

Boylan es Diputada en el Parlamento Europeo para Irlanda, del Sinn Feinn, y relatora de la proposición a la Comisión y al Parlamento de la primera Iniciativa Comunitaria Europeo (ICE), sobre el tema del abastecimiento al agua y su saneamiento como Derecho Humano. Esta ICE fue promovida por la Confederación Europea de Sindicatos (CES), de la que CCOO forma parte, y desarrollada con entidades ambientales y sociales de diferentes Estados miembros. Generó un informe conocido como Informe Boylan.

La ONU reconoce como Derecho Humano al acceso al agua potable y al saneamiento. Hay que desarrollar la legislación europea para hacer efectivo este derecho en los países de la UE. Esta es la demanda básica impulsada por la CES. Fue la primera ICE lograda, en 2015, al cumplir las condiciones de número y distribución de firmas recibidas como muestra de apoyo. Estas fueron recogidas por los sindicatos y por múltiples asociaciones que se implicaron activamente. Las propuestas eran:
– Establecimiento del acceso al agua potable y su saneamiento como derecho para toda la ciudadanía.
– Abastecimiento y gestión de los recursos hídricos no regidas por las normas de mercado interior y excluidas de los ámbitos de la liberalización.
– La UE debe realizar esfuerzos para lograr el acceso universal al agua y al saneamiento.
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Como resultado, la Comisión Europea, a raíz de esta petición y del informe Boylan, emitió una Comunicación que establece:
– El agua no es un bien comercial.
– La prestación de servicios del agua por lo general tiene que ser responsabilidad de las autoridades locales, siguiendo el principio de subsidiariedad.
– Los servicio del agua quedarán fuera de la Directiva Europea sobre Concesiones.

Los impulsores de la iniciativa también vemos omisiones y aspectos negativos:
– No se tramita o admite consagrar legislativamente el Derecho Humano al Agua.
– La Comisión no garantiza que los servicios de aguas queden excluidos del tratado comercial que entonces se estaba negociando (a escondidas) con los EEUU, conocido como Ttipia.
– Tampoco garantiza que no se pueda proceder con posterioridad a cambios en el sentido de liberalización de estos servicios.
– La Comisión afirma ser neutral respecto a las decisiones nacionales sobre la propiedad de la del agua, pero la Comisión forma parte de la Troika, que presiona por la privatización de los servicios en los programas de rescate de los países intervenidos. La Troika ha priorizado el enfoque basado en la competencia y el mercado por encima de lo que significaría priorizar el derecho de los ciudadanos a los servicios públicos.

En nuestra opinión coincidimos con el que defiende el Informe Boylan, si bien constatamos que queda por hacer una valoración actualizada de la efectividad real y de las consecuencias de la meta más concreta que se alcanzó, concretada en la exclusión de los servicios de el agua de la Directiva de servicios.

Salvador Milán

Milán es en la actualidad director de los servicios de presidencia del Área Metropolitana de Barcelona (AMB). Fue miembro del Parlamento de Cataluña (por ICV) y consejero de Medio Ambiente y Vivienda a la Generalidad. Hizo énfasis en la importancia de conservar a todos niveles que la gobernanza de la del agua esté en manos de las Administraciones Públicas Democráticas.
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Concretamente, Salvador Milán defensa tres niveles en la graduación de las competencias, que se ajustan bastante al modelo catalán vigente.
– La Planificación hidrológica, fundamental en la asignación de los recursos, definición de su orden de prelación y determinación de los caudales ecológicos y la protección de las masas de agua. Corresponde a los Organismos de Cuenca, de ámbito estatal para las cuencas intracomunitarias (como la del Ebro) y regional para las cuencas internas de cada Comunidad Autónoma.
– La captación y abastecimiento “en alta” sería una competencia supramunicipal, prioritariamente Regional- Nacional. También mencionó la necesidad de establecer a este nivel una base común para la armonización de los criterios tarifarios, que son de aplicación local y pueden presentar aspectos muy dispersos.
– Las competencias de abastecimiento y distribución en baja, alcantarillado, saneamiento y, en su caso, reutilización, serían de ámbito local (comarcal, metropolitano o municipal, según las características).

Joan Pinyol

El director de Medio Ambiente de la AMB, Joan Pinyol, va situó que el servicio de abastecimiento es constituye como un monopolio natural, y con clientela cautiva.

Habló de la necesidad de una Ley que regule las concesiones, o, mejor dicho, la necesidad de reformarla. En cambio opinó que no es necesario una mayor normativa para mejorar la regulación de la autoridad sobre las concesiones.

Entre en diversas consideraciones sobre los cánones concesionales, que son aquellas cantidades que la administración competente puede establecer en la licitación, no se mostró partidario de suprimirlos necesariamente.

Pinyol estableció varios tipos de Canon:
– Por criterios económicos.
* Canon de recuperación de activos.
* Canon y recuperación de los gastos financieros pendientes de saldar (estos dos se pueden considerar necesarios y justos).
* Canon de participación en los beneficios, sin ninguna vinculación con activos del concedente, es decir, destinado a incrementar las ingresos municipales (no tiene justificación en sí mismo, y habría que suprimirlo).
– Por criterios de modalidad financiera:
* Canon anticipado, caso de ATLL (se limitará y condicionar: si en algún momento se quiere hacer el rescate de la concesión debería devolver la parte no amortitzada’).
* Canon corriente anual, con fórmula de canon fijo anual, o variable en función de los caudales servidos o de los ingresos (en realidad, un posible canon debería estar vinculado a gastos fijos).

Sobre los contratos cree que se deben aprovisionar la transferencia de riesgos que deben trasladarse al operador. No es admisible, por ejemplo, que el municipio tenga que responder de la falta de expectativas de ganancias, si no vienen motivadas por decisiones o condiciones sobrevenidas y promovidas por el organismo concedente.

Jordi Salvador
Técnico de Sostenibilidad, CCOO de Cataluña

Posteado por: redagua | 30 marzo 2017

Red Agua Pública de Aragón. (RAPA)

ACTO DE LA RAPA

Cierre del acto que se celebro el Domingo 26 de Marzo de 2017 en la plaza del Pilar de Zaragoza.
Enrique Gracia, en representación de la Red Agua Pública Aragón, concluye el acto donde alcaldes de todo color político, manifiestan la situación de abandono por parte de la Diputación general de Aragón frente a un Plan de saneamientos que colapsa el sistema.

Video.  Campaña “Agua del grifo, fuente de vida” de la empresa pública de aguas de Córdoba EMACSA.

Enlace de la campaña

Posteado por: redagua | 23 marzo 2017

Plataforma Contra la Privatización del Canal de Isabel II

Red de Ciudades y Pueblos por el Agua Pública de la Comunidad de

Madrid (RAM),

 Nos encontramos en fase de presentación de la Red de Ciudades y Pueblos por el Agua Pública de la Comunidad de Madrid (RAM), para lo que se están realizando actos organizados por ayuntamientos, partidos políticos, movimientos sociales, en los que la Plataforma informará de los fines, objetivos y puesta en marcha de la red y de todos los asuntos que traten de su constitución.

Plataforma contra la privatización del Canal de Isabel II
Se pretende también en estos actos, establecer un debate que ponga de relieve los temas de mayor preocupación o interés en los pueblos, referidos al ciclo integral del agua.

El primer acto de presentación se realizó en Carabaña el 26 de febrero, con la asistencia de personas de Ambite, San Martín de la Vega, Villarejo de Salvanés, Coslada, Olmeda de las Fuentes, Orusco de Tajuña y Carabaña.

Os animamos a asistir a alguno de ellos y aprovechamos para pediros vuestra inscripción por medio de este enlace.

Por otra parte, os informamos de nuestra disposición a acudir a aquellos actos que queráis organizar con los objetivos expuestos, para lo que podéis escribir al correo encuentrociudadesapm@gmail.com
Proximos encuentros.
              25 de marzo Villalba                                                31 de marzo Rivas Vaciamadrid
Posteado por: redagua | 22 marzo 2017

Concurso

Sueños y pesadillas en la
gestión del agua: Buenas
y malas prácticas en la
aplicación de la Directiva
Marco del Agua y la Directiva
de Inundaciones en España.

Premio

fundacion_cultura_agua
Los cinco mejores informes se publicarán
dentro de la línea editorial Nueva Cultura
del Agua. El mejor de los cinco informes
recibirá además de una cesta de productos
ecológicos, un pack de libros de la Colección
Nueva Cultura del Agua y un descenso
interpretativo por los escarpes del río Ebro.

Folleto Concurso_DMA_DI-2017

La Red Agua Pública reafirma su compromiso con el derecho humano al agua y el saneamiento, su oposición a la privatización, apoyo a los procesos de remunicipalización y a un nuevo modelo de gestión público, democrático, transparente y sostenible del ciclo urbano del agua

El 22 de marzo de cada año, por iniciativa de las Naciones Unidas, se conmemora el día mundial del agua como referente para llamar la atención sobre la problemática general del agua. La Red Agua Pública (RAP) quiere aprovechar esta ocasión para reafirmar su compromiso con el derecho humano al agua y el saneamiento, entendido como un derecho a la provisión de estos servicios, que tiene que estar garantizado por la administración pública. Aunque este derecho es, según el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, legalmente vinculante, entendemos que tiene que estar recogido en nuestro ordenamiento legislativo al más alto nivel y nos comprometemos a impulsar esta iniciativa en todos los ámbitos territoriales.elaguanoesunanegocio

Denunciamos los intentos de impulsar la privatización de los servicios del ciclo urbano del agua, a pesar de que cada vez con más nitidez se está demostrando que no buscan mejorar los servicios, sino la financiación extraordinaria de los ayuntamientos a través de los cánones concesionales, sentando las bases para la aparición de casos de corrupción vinculados a la gestión del ciclo urbano del agua por parte de empresas privadas, y que ya afectan a Galicia, Asturias, Murcia, Valencia o Madrid. Las consecuencias de la privatización han sido peores servicios, subidas tarifarias desproporcionadas, precarización de las condiciones laborales de trabajadores y trabajadoras, incumplimientos contractuales, deterioro de los ecosistemas que proporcionan agua, despilfarro de este bien escaso y opacidad en la gestión, situando los servicios privatizados al margen de los mecanismos de control democráticos.

Frente a esta situación, son cada vez más numerosos los intentos de recuperar la gestión pública de los servicios privatizados, es decir de remunicipalizarlos, como son los casos exitosos de Aguas del Huesna, Torrelavega, Medina Sidonia, Lucena, Arteixo, Figaró-Montmany, Arenys de Munt, Montornès del Vallès, VilalbaSasserra o Alfés, entre otros, y los que están en marcha, como en Valladolid, Terrassa o el Área Metropolitana de Barcelona. La RAP apoya estos procesos y llama la atención de que la recuperación de la gestión pública solo es el primer paso, ya que es fundamental que ésta sea realizada sin ánimo de lucro, asumiendo los criterios definitorios del derecho humano, respetando las competencias municipales, manteniendo las condiciones laborales, sociales y económicas de los trabajadores y trabajadoras, y de forma participativa, democrática, con transparencia y rendición de cuentas.

Para impulsar estos procesos democráticos, la RAP apoya la consolidación y ampliación de la Red de Ciudades por el Agua Pública que más de una decena de alcaldesas y alcaldes de las principales ciudades del Estado presentaron en el Encuentro de ciudades que tuvo lugar en Madrid los días 3 y 4 de noviembre de 2016. Entendemos que esta Red será un instrumento fundamental en la lucha por la defensa de la gestión pública, democrática, sostenible y transparente del ciclo urbano del agua, por lo que llamamos a la ciudadanía y a los ayuntamientos a integrarse en ella y trabajar por el agua pública. La Jornada Agua, bien común. Retos y futuro que tendrá lugar en Barcelona el 21 de marzo se inscribe en el proceso de consolidación de la Red de Ciudades por el Agua Pública y servirá para concretar propuestas para extender la remunicipalización a más ciudades y municipios.

Posteado por: redagua | 7 marzo 2017

Conclusiones jornadas A Coruña

El día 24 de febrero tuvo lugar las Jornadas ‘Mesa Técnica Para La Gestión Del Ciclo Urbano Del Agua’, organizado por Empresa Municipal de Aguas de A Coruña (Emalcsa), la Universidade da Coruña (UDC) y la Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento (Aeopas) en colaboración con la Universidade da Coruña (UDC), durante el cual se analizaron algunos de los temas más relevantes relacionados con la creación de modelos públicos de gestión del abastecimiento de agua y saneamiento.

Las conclusiones generales a que se llegaron después de la reflexión y debate conjunto que tuvo lugar durante el Encuentro, son las que se refieren a continuación.

• La gestión del ciclo integral del agua se enfrenta a una serie de retos técnicos, sociales, medioambientales y económicos que es necesario encarar de manera coordinada y colaborativa entre las asociaciones y organizaciones ciudadanas, operadores, instituciones y gobiernos. Su objetivo debe ser desarrollar una política de agua sostenible desde el enfoque de lo común y del derecho humano el agua, entendido éste como un derecho a una provisión de servicios de abastecimiento y saneamiento que debe ser garantizada por la administración pública.

• Por tanto, los operadores públicos deben asumir consecuentemente los criterios generales, normativos y específicos del derecho humano al agua y al saneamiento en lo que atañe a la equidad y universalidad del servicio y a prohibir los cortes de agua a los hogares en situación de vulnerabilidad social, garantizando un mínimo vital para cubrir las necesidades personales y domésticas amparadas por este derecho.

• En Galicia el 61 % de los entes municipales de Galicia están gestionados por entes públicos. La privatización del agua se produce en torno a grandes núcleos de población, en los que los beneficios son mayores para estas entidades. El 63% de la población de la CC.AA. de Galicia esta suministrada por una gestión privada.

• Cabe destacar que las poblaciones medias a las que atiende la empresa privada están en torno a los 15.000 habitantes y que las públicas gestionan municipios en torno a los 5.000 habitantes, quedando patente la búsqueda del beneficio económico.

• En A Coruña -92 municipios de los cuales 59 están totalmente privatizados y 2 tienen una empresa mixta de gestión- solo existen dos empresa pública que gestione el servicio, el resto son realizadas directamente por el Ayuntamiento (31) . La provincia cuenta con un empresa pública que presta algunos servicios de manera supramunicipal (Emalcsa) y cuya eficacia está perfectamente demostrada.

• Un sistema eficaz en Galicia sólo es posible mediante la creación de entes públicos supramuniciples. En este sentido sería recomendable de crear marcos legislativos que favorezcan los partinariados público-público.

• Uno de los principales retos es implicar a la ciudadanía en la gestión y control del ciclo urbano del agua, lo que entre otras cosas requiere aumentar la atención pública sobre el agua urbana. Además de ser un derecho ciudadano, la participación contribuye a mejorar la gestión del agua, especialmente en el caso de la gestión pública del agua y a velar porque la misma sea más eficaz a la hora de alcanzar los objetivos propuestos.

• Junto a la entrada en los consejos de administración de las empresas públicas o mixtas de expertos y representantes de la sociedad civil, de forma creciente se está promoviendo la creación de órganos específicos de participación ciudadana como los observatorios del agua, de los que empiezan a existir ya algunas experiencias en España, como el Observatorio del Agua de Xàbia (Alicante).

• Por otra parte, la educación y formación sobre el ciclo urbano del agua constituyen requisitos imprescindibles para conseguir una participación ciudadana activa e informada. Se requieren iniciativas de formación y divulgación con el fin de incrementar el interés de los ciudadanos sobre el ciclo urbano del agua, que a su vez favorezca su corresponsabilidad en la gestión de la escasez, su implicación en los procesos y espacios de participación y su papel de control ciudadano del ciclo urbano del agua.

• Además, es necesaria una mayor transparencia en el acceso a la información por parte de los ciudadanos, superando las situaciones de opacidad que actualmente envuelve en muchos casos la gestión del agua urbana, especialmente en el caso de gestión mixta o privada.

• Los modelos de gestión deberán garantizar la conservación del buen estado ecológico de las masas de agua contando con tecnologías 
innovadoras y flexibles que contribuyan a asegurar la sostenibilidad a largo plazo.

• En este proceso de creación de un nuevo modelo público, también se ha puesto de manifiesto la necesidad de impulsar acciones e iniciativas legislativas, para lo cual es fundamental contar con el apoyo y la coordinación con las administraciones locales, titulares de los servicios de agua, en la defensa de la gestión pública del agua. Se configura así la necesidad de formalizar una red estable entre la ciudadanía –usuaria de los servicios de abastecimiento y saneamiento-, y las administraciones locales, que son los titulares de los mismos, por lo que se propone constituir una Red de Ciudades por el Agua Pública en Galicia que ponga en contacto a todos los sectores sociales interesados en la gestión pública y democrática del agua.

A Coruña, 24 de febrero de 2017Conclusiones mesa técnica.

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La remunicipalització de l’aigua és una tendència mundial que ha arribat de forma imparable a Catalunya. Destacats municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona com Badalona, Barcelona, Cerdanyola, Santa Coloma i Tiana han aprovat als seus plens municipals la seva voluntat d’estudiar la gestió pública del servei d’aigua. El govern de Ripollet ha manifestat amb claredat que remunicipalitzarà durant aquest any 2017. Altres municipis d’arreu de Catalunya com Girona, La Bisbal d’Empordà, Vidreres, Sant Hilari de Sacalm, etc. estudien la recuperació directa de la gestió d’aquest bé comú. Afegint-se a l’onada mundial de remunicipalitzacions de grans ciutats com París, Berlín, Buenos Aires, Budapest, Grenoble, Montpelier, Nàpols,Valladolid, etc.

Així mateix, Terrassa és la primera gran ciutat a Catalunya que recuperarà la gestió directa de l’aigua per a la ciutadania. No obstant, el procés de reversió del servei que per concessió de 75 anys van signar Mina de Terrassa i l’Ajuntament de Terrassa que va concloure el passat 9 de desembre de 2.016 ha estat ferotgement qüestionat per la companyia. Posant-li tota sèrie d’entrebancs que van més enllà del que ha de permetre una democràcia del Segle XXI.

Mina de Terrassa – Agbar, sistemàticament s’ha negat a facilitar informació essencial pel procés normativitzat de liquidació de la concessió del servei d’aigua. Impedint, la reversió dels que a hores d’ara ja són béns de l’Ajuntament de Terrassa. Tampoc ha facilitat informació tècnica i l’accés a inspeccionar instal·lacions del servei d’abastament d’aigua municipal. Aquest qüestionament a les lleis i acords del Ple Municipal que impedeixen el dret a la recuperació del servei d’aigües que per llei és titularitat de l’Ajuntament el considerem un greu atac a la democràcia.

Com si no n’hi hagués prou. Mitjançant una campanya de pressió i assetjament de gran part dels lobbys econòmics i industrials de Terrassa s’ha qüestionat el treball i la independència de l’Ajuntament i de l’alcalde de Terrassa. Se’ls ha acusat de maltractament a la companyia Mina-Agbar, amb crides a l’ordre al seu alcalde a ser “especialment sensible i curós” amb determinats interessos econòmics i empresarials.

Tanmateix, la Taula de l’Aigua de Terrassa i la ciutadania és mou i no pensa parar quieta i sotmesa. Davant el nou repte d’aconseguir una gestió municipal pública i democràtica del servei d’aigua exemplar a Terrassa, el passat dissabte 21 de febrer al Parlament Ciutadà de Terrassa, promogut pel Consell d’Entitats d’Acció Ciutadana de Terrassa, la ciutadania organitzada ha dit lliurement i amb rigor la seva. S’apoderava, debatia i acordava sobre com considerava que havia de ser el nou model de gestió pública d’aquest bé comú tan preuat i tan essencial per a la vida.

Fruit del ric debat va analitzar i prendre decisions sobre la preservació dels ecosistemes aquàtics que són font de l’abastament, la cura de les persones treballadors, la defensa dels llocs de treball actuals de la plantilla de l’actual companyia d’aigua a Terrassa i les seves condicions laborals, la qualitat del servei, la governança, el règim econòmic, la consideració de l’aigua bé comú i el respecte a l’aigua i al sanejament com a Dret Humans fonamentals.

L’anàlisi i acords de com ha de ser aquest nou model de gestió ha estat reforçat amb la petició de suport de la Taula de l’Aigua de Terrassa i Aigua és Vida a una crida a tota la ciutadania, als grups polítics, sindicats, entitats, associacions de veïns i col·lectius a la mobilització en defensa de la remunicipalització de l’aigua “Per una Gestió Pública i Democràtica de l’Aigua” i per la independència de les institucions democràtiques: “S’escriu aigua, es llegeix democràcia”.

La proposta de mobilització ha estat peral proper 19 de Març en un context de celebració del proper Dia Mundial de l’Aigua (22 de març).

Les organitzacions convocants i que hi donen suport criden a la mobilització a les organitzacions, forces polítiques i ciutadania que reivindiquin:

  • La defensa de la gestió pública i empoderada d’un Dret Humà com l’aigua
  • La condemna de la judicialització dels processos de reversió dels serveis essencials
  • La defensa del treball i dels serveis públics.
  • La protecció del cicle integral de l’aigua, dels nostres ecosistemes fluvials i de tots els béns natural.

Convoquen: Taula de l’Aigua de Terrassa i Aigua és Vida

Amb el suport de: ASiA- Associació Salut i Agroecologia, AVV CA N’Anglada, AVV La Maurina, AVV. Sant Pere Nord, Associació de Veïns del Barri Segle XX, Aliança Contra la Pobresa Energètica (APE Terrassa), Casal de la Dona, CCOO Vallès Occidental- Catalunya Central, Comunitat Educativa, Consell d’Entitats d’Acció Ciutadana de Terrassa, CUP de Terrassa, Ecologistes en Acció, Enginyeria sense Fronteres, ERC de Terrassa, Grup de Defensa del Ter, Grup per la Protecció dels Espais Naturals de Terrassa, iai@flautes-TRS, ICV-Terrassa, MES de Terrassa, PAH Terrassa, Parlament Ciutadà de Terrassa, PEJU Cat, PSC de Terrassa, PSUC-Viu de Terrassa, Terrassa en Comú i Xarxa per la Soberania Energètica i Xarxa per una Nova Cultura de l’Aigua,

Adheriu-vos clicant en aquest banner i omplint el formulari que hi apareix. Moltes gràcies.

 

 

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