• En plena crisis sanitaria, se pone de manifiesto la importancia del agua, en tanto que su disponibilidad es fundamental para la vida, la higiene personal y doméstica y, en consecuencia, para la salud
  • La Red Agua Pública (RAP) demanda el apoyo a ayuntamientos y operadores públicos en su compromiso con la defensa del derecho humano al agua y al saneamiento, y  denuncia la justificación de cortes de suministro y las modificaciones legislativas  que promueve el lobby privado de los operadores de los servicios de agua para mantener sus beneficios
  • La RAP pone de manifiesto la necesidad de promover y acometer la remunicipalización de los servicios privatizados para priorizar la función social y ambiental del agua

La RAP rechaza y califica de egoísta, insolidaria y mezquina la actitud del sector privado que ha solicitado al gobierno reanudar los cortes de agua y ampliar la duración de sus concesiones. El pasado 3 de abril, el presidente de la Asociación Española de Empresas Gestoras de los Servicios de Agua Urbana (AGA) envió una carta dirigida al gobierno donde se argumenta, sin aportar datos ni tener en cuenta que las medidas de los decretos ley emitidos en relación al suministro de agua son circunstanciales mientras dure la pandemia, que, en aras a mantener la sostenibilidad del servicio, es necesario poder realizar cortes en el suministro ya que, de lo contrario, (sic) se aumentará la morosidad a muy corto plazo ocasionando un déficit financiero estructural. También plantean la necesidad de modificar la duración de los contratos concesionales para poder asumir las pérdidas ocasionadas por la disminución del consumo que creen que se producirá por la crisis sanitaria; es decir, aprovechan la crisis sanitaria para pedir modificaciones legislativas, que afectan a la Ley de  Contratos del Sector Público, no avaladas por datos sino tan solo por expectativas, evadiendo la transferencia de riesgos que está implícita en los contratos de concesión.

AGA, que junto con la Asociación Española de Abastecimientos de Agua y Saneamiento (AEAS), conforman el lobby defensor de los intereses de las empresas privadas del agua en España,  no ha dudado en aplicar la doctrina del shock, aprovechando la situación actual de crisis sanitaria, para intentar sacar provecho para sus intereses empresariales.

El 17 y el 31 de marzo, el gobierno aprobó sendos decretos ley en los que se concretaban medidas extraordinarias en el ámbito económico y social para hacer frente a la crisis sanitaria motivada por coronavirus, y específicamente las destinadas a garantizar, en este contexto, el suministro de los servicios públicos de agua. En el primer decreto ley (8/2020), se establecía la obligación de garantizar el acceso al agua a los colectivos con la condición de vulnerables, vulnerables severos o en riesgo de exclusión social, mientras que en el segundo (11/2020), la obligación se ampliaba al conjunto de los hogares, mientras dure el estado de alarma, dado que la condición de vulnerabilidad es previsible que se amplíe sustancialmente.

Estas medidas son coherentes con el derecho humano al agua, que establece la obligación de disponer un suministro continuo y la prohibición de cortes por motivos de vulnerabilidad económica o social. Además, en plena crisis sanitaria, se pone de manifiesto la importancia del agua, en tanto que su disponibilidad es fundamental para la vida, la higiene personal y doméstica y, en consecuencia, para la salud.

Al contrario que el sector privado, los operadores públicos de agua han estado garantizando el suministro en las condiciones establecidas en ambos decretos ley adelantándose, incluso, a su aplicación en tanto que asumen las obligaciones del derecho humano al agua de respetarlo, protegerlo y cumplirlo.

En el contexto de crisis sanitaria, y ante la actitud de AGA, la RAP reivindica los puntos siguientes:

  • Suprimir las vigentes limitaciones y condicionalidades a la gestión y financiación pública de los servicios de agua previstos en la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, como paso previo a su derogación. Establecer nuevos enfoques y líneas de financiación que favorezcan la gestión pública de estos servicios públicos esenciales vinculados a derechos humanos
  • Dotar de financiación suficiente a todos los servicios públicos, en particular la sanidad y los servicios de agua, intrínsecamente relacionados al tener ambos la consideración de derechos humanos y, como se pone continuamente en evidencia durante la pandemia, ser garantes del mantenimiento de la salud humana
  • Facilitar procesos de remunicipalización que asuman la gestión no lucrativa, pública, transparente y con rendición de cuentas acorde con el paradigma definido por el marco conceptual del derecho humano al agua
  • Tras diez años del reconocimiento del derecho humano al agua por parte de la Asamblea General de Naciones Unidas, es necesario reconocerlo y regularlo formalmente, con objeto de que no se manipule su alcance y contenido en relación con sus criterios y principios definitorios, y específicamente los relativos a la no discriminación, universalidad, asequibilidad y disponibilidad, con la expresa prohibición de cortes de suministro.

22 de abril de 2020

Más información:

Red Agua Pública (RAP), es un espacio que aglutina a decenas de plataformas, organizaciones

sociales, ambientales, sindicales y políticas del Estado español que promueven una visión del

agua como bien común y servicio público, y luchan por la defensa de la gestión pública, sin

ánimo de lucro, transparente y participativa de los servicios de abastecimiento y saneamiento.

https://redaguapublica.wordpress.com

Posteado por: redaguapublica | 17 abril 2020

Marea Azul de Aragón: COVID 19 Y PRIVATIZACIÓN DEL AGUA

El desconcierto social producido por la crisis del COVID 19, puede ser una ocasión para que los operadores privados de abastecimiento y saneamiento de agua busquen su beneficio en detrimento del modelo público que defiende el derecho humano al agua.Operadores públicos y privados enfrentan la situación de manera distinta y el sector privado reacciona buscando la garantía de su negocio por encima de las necesidades de la población. El diario “Publico” se hace eco de esta situación.Un reciente artículo del periodista Ricardo Gamaza en el Correo de Andalucía ya informaba que,…… La patronal andaluza del agua, en la que están representadas las multinacionales privadas del agua, pide a la Junta deAndalucía que le permita facturar calculando “consumos estimados” a las empresas y comercios afectados por la suspensión de actividad por el COVID-19,que en muchos casos pueden tener un consumo “inexistente” de agua, reconoce.

Los presumibles impagos y las importantes disminuciones del consumo pueden poner en peligro la estabilidad del sector público y aunque, de momento, el sistema se sostiene, existe el peligro de que el lobby privatizador pretenda posicionarse con ventaja.En este estado de cosas, en que se generan tensiones entre unos y otros operadores, se puede dar pie a que algunos municipios vean en la privatización del servicio una solución al problema de liquidez generado por la pandemia, a no ser que el sector público pueda recibir el mismo tipo de préstamos y ventajas fiscales a los que puede optar el operador privado.En la realidad impuesta por la Emergencia Social actual, se puede dar el enfrentamiento entre el interés mercantil y la necesidad social, en el que las administraciones públicas deben entender la necesidad de cumplir las obligaciones del Derecho Humano al Agua y el Saneamiento y evitar los cortes, tanto para los más vulnerables, a los que se le debería aplicar un mínimo vital gratuito, como a los sectores sociales afectados por el estado de alarma (nuevos parados que podrían devenir en vulnerables, afectados por los ERTEs), autónomos, pequeñas y medianas empresas.

Es precisa una oposición radical a cualquier modificación regresiva de la legislación relativa a los contratos concesionales que impida el….. “a río revuelto”….. y que el ejemplo del comportamiento social con respecto a la Sanidad Pública se extienda también a la prestación de los servicios básicos que son la base de la salud personal y social.En el caso del artículo que hemos citado, la patronal andaluza del sector, solicita acciones contra Ricardo Gamaza por su denuncia de la pretensión de cobrar el agua a las empresas afectadas por coronavirus, sin usar los contadores. Sin duda es una manifestación de la prepotencia coherente con la línea que mantiene el tándem ASA-AEAS.
Injertamos en esta entrada el enlace al documental “LOS TRILEROS DEL AGUA” que dirigió en su día el periodista amenazado y que se presentó en Zaragoza.

INFORMACIÓN DISPONIBLE:https://www.publico.es/politica/coronavirus-patronal-agua-grifo-pide-gobierno-le-permita-cortar-suministro-familias.html

https://elcorreoweb.es/andalucia/la-patronal-andaluza-del-agua-quiere-cobrar-el-agua-a-pymes-cerradas-por-el-covid-19-sin-leer-contadores-FA6561700

  • La Red Agua Pública (RAP) denuncia las condiciones de hacinamiento e insalubridad imperantes en los asentamientos informales de varios territorios como Huelva, Sevilla, Madrid, Almería o Murcia donde no se garantiza la vida digna, la higiene y la salud, conculcándose los derechos humanos al agua y al saneamiento.
  • La RAP apoya la denuncia de la Mesa Social del Agua de Andalucía sobre las condiciones de vida en los asentamientos de trabajadores de los invernaderos de Huelva, donde malviven cerca de 5.000 personas, que pueden convertirse en sitios vulnerables para la propagación del coronavirus.
  • Ante la crisis sanitaria provocada por el coronavirus, ahora más que nunca, es urgente poner en marcha las medidas necesarias para garantizar el acceso al agua y al saneamiento en los asentamientos precarios, chabolistas e infraviviendas.

En las últimas semanas diversas redes y organizaciones ciudadanas, como la Mesa Social del Agua de Andalucía, han denunciado las condiciones de vida de las personas alojadas en asentamientos precarios de los invernaderos de Huelva, donde malviven cerca de 5.000 personas. Este escenario de marginación de grupos sociales y étnicos se da en otras zonas y territorios, como Almería, Sevilla, Murcia o Madrid, donde no se garantiza el acceso al agua potable ni a sistemas de saneamiento adecuados, dando lugar a condiciones de insalubridad, elevando el riesgo sanitario e incumpliendo flagrantemente los derechos humanos al agua y al saneamiento. Precisamente esta situación alarmó a Philip Alston, actual Relator especial sobre la extrema pobreza y los derechos humanos de la ONU, quién, durante su reciente visita a España en enero y febrero de 2020, denunció que las condiciones de vida de los trabajadores que habitan en los asentamientos de algunas zonas de Estado “rivalizan con las peores que he visto en cualquier parte del mundo”.

Con la actual crisis sanitaria del coronavirus, las condiciones sociales y materiales en estos asentamientos se han agravado de forma radical, ya que si bien en situaciones normales la ausencia de acceso directo al agua potable, a una red de saneamiento, a la recogida de basuras y a energía crean condiciones de elevados riesgos para la salud, éstos se multiplican cuando hay una emergencia sanitaria como la del coronavirus. En estos contextos no se pueden seguir las mínimas medidas de higiene recomendadas por la Organización Mundial de la Salud para evitar el contagio, como es lavarse las manos con frecuencia y desinfectarse con agua y jabón. Tampoco la distancia social es posible en unas infraviviendas minúsculas donde no es posible el aislamiento personal dadas las condiciones de hacinamiento insalubre que imperan; por otro lado, las personas que viven en estas condiciones tienen sistemas inmunitarios debilitados por la mala alimentación y las condiciones insalubres que los hace más vulnerables al contagio y la enfermedad.

Es urgente poner en marcha las medidas necesarias para garantizar el acceso al agua y al saneamiento en los asentamientos precarios, chabolistas e infraviviendas. Los ayuntamientos son los titulares de los servicios de abastecimiento y saneamiento y, por tanto, los que tienen que garantizar los derechos humanos asociados; es fundamental que asuman consecuentemente las obligaciones establecidas de respetarlos, cumplirlos y protegerlos.

En la actual situación de alarma sanitaria por coronavirus, los gobiernos municipales donde existan este tipo de asentamientos precarios deben coordinarse con el Ministerio de Sanidad para que, como autoridad competente tal como establece el Real Decreto 463/2020, tome con carácter de urgencia las medidas para resolver las carencias detectadas.

Tras la finalización del estado de alarma, será el momento en que las administraciones locales, en consecuencia con sus responsabilidades y competencias, aborden planes para la eliminación de las infraviviendas facilitando alojamiento con los servicios básicos esenciales para una vida digna.

Posteado por: redaguapublica | 30 marzo 2020

COMUNICADO DE PRENSA DE LA MESA SOCIAL DEL AGUA DE ANDALUCÍA:

UGT, CCOO, AEOPAS, Ecologistas en Acción, Greenpeace, WWF, SEO, FACUA, Fundación SAVIA, UPA, COAG, Fundación Nueva Cultura del Agua, Red Andaluza de la Nueva Cultura del Agua.

LOS ASENTAMIENTOS DE TRABAJADORES INMIGRANTES DE HUELVA SIGUEN SIN EL ACCESO AL AGUA POTABLE
Dos semanas después de la declaración del estado de alarma y tras innumerables denuncias, solicitudes formales e incluso actuaciones legales, los asentamientos de trabajadores inmigrantes de Huelva, en los que se alojan cerca de 5.000 personas, siguen en las mismas condiciones de insalubridad, elevadísimo riego sanitario y SIN ACCESO MÍNIMO AL AGUA POTABLE.
Todas las circunstancias y detalles de esta situación ya las hemos detallamos en el escrito que en nombre de la Mesa Social del Agua de Andalucía presentó Paco Casero, presidente de SAVIA, el pasado día 21 y que son bien conocidas por la opinión pública.
Las organizaciones sindicales, ecologistas, ciudadanas, empresariales, agrarias y científicas que suscribimos esta nota nos dirigimos a la Delegación del Gobierno en Andalucía, a la Junta de Andalucía y al Ayuntamiento como titular para que tome MEDIDAS CON CARÁCTER URGENTE PARA AUTORIZAR UNA TOMA DE EMERGENCIA DESDE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE LEPE, operada por la empresa AQUALIA, localizada en el denominado Polígono. Esto facilitaría el acceso al agua a un sector de estos asentamientos, correspondientes al municipio de Lepe. Apoyamos también cualquier otra solución de la misma o mejor funcionalidad que el Ayuntamiento de la localidad considerara más eficiente en orden a cubrir el Derecho Humano al Abastecimiento básico de las personas afectadas.
Así mismo, instamos al MINISTERIO DE SANIDAD como autoridad competente tal como establece el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo por el que se declara el estado de alarma, para que inste a este organismo local a que apruebe de forma inmediata dicha autorización.
Se trata de apoyar iniciativas que, ante la pasividad de las autoridades competentes hasta la actualidad, vayan aliviando al con menos pequeñas medidas la situación inhumana en la que están varios miles de personas que son y van ser más necesarias que nunca para la urgente realización de los trabajos agrícolas en los campos de Huelva.

Posteado por: redaguapublica | 25 marzo 2020

COVID-19. El agua de grifo es Sana y Segura

POSICIONAMIENTO DE LOS OPERADORES PÚBLICOS ANTE LA ORDEN POR LA QUE EL GOBIERNO GARANTIZA LOS SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO

Los servicios de suministro de agua y los de saneamiento de aguas residuales pasarán a ser considerados servicios esenciales para garantizar los «niveles de salubridad e higiene», según ha anunció este lunes en rueda de prensa el ministro de Sanidad, Salvador Illa.

En el marco de las nuevas órdenes aprobadas por el Gobierno debido al estado de alarma para frenar la expansión del coronavirus, el Ministro Illa ha dictado que dentro de las ac-ciones para garantizar la lucha contra la expansión del virus y en cooperación con el Minis-terio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico se ha acordado considerar servicios esenciales tanto el suministro de agua como el saneamiento de las aguas residuales.

Este reconocimiento «explícito» da respuesta a una petición expresada que desde AEO-PAS habíamos expresado por la semana pasada, una vez entró en vigor el estado de alarma en el conjunto de España. Esta normativa facilitara que los operadores de agua y saneamiento dispongamos de los productos, sustancias y materiales higiénicos necesarios para garantizar que podamos llevar a efecto nuestra labor con las máximas garantías de calidad de los servicios a los ciudadanos y de seguridad para los empleados.

Los operadores públicos queremos agradecer la gestión que están realizando en la crisis. También queremos agradecer las vías de comunicación y coordinación que su ministerio ha mantenido con el sector.

Proponemos que para un mejor desarrollo de las medidas contempladas en esta Orden el Ministerio para la Transición Ecológica liderara y convocara una gran conferencia sectorial virtual que permita una unidad de sin exclusiones en torno al objetivo común de garantizar los servicios durante episodios de grave dificultad como el que estamos sufriendo.

Por último, como Asociación de gran implantación nacional y con la demostrada capaci-dad de cooperación intra e intersectorial, queremos ofrecer al Ministerio su adhesión a la campaña #SanaySegura para difundir que el agua de grifo está sanitariamente garantiza-da y que evitemos, todo lo posible, salir de casa para comprar productos que innecesarios.

#YoMeQuedoEnCasa

La Red Agua Pública (RAP) reivindica la necesidad de asumir la emergencia climática y la determinación de avanzar en la lucha contra el cambio climático

La RAP se reafirma en la exigencia de implementar modelos de gestión públicos, democráticos, transparentes y sostenibles del ciclo integral urbano del agua

El 22 de marzo de cada año, por iniciativa de Naciones Unidas, se conmemora el día mundial del agua con el objetivo de llamar la atención sobre la problemática general del agua a través de temas relevantes; en 2020 se ha elegido incidir en las relaciones entre el cambio climático y el agua, atendiendo a que tanto los impactos como las políticas de adaptación al cambio climático inciden y se relacionan directamente con el agua.

Existe un amplio consenso social y científico en que los impactos del cambio climático sobre los recursos hídricos supondrán modificaciones sustanciales en la disponibilidad, calidad y cantidad de agua para los ecosistemas acuáticos y las necesidades humanas básicas, amenazando el disfrute efectivo de los derechos humanos al agua y al saneamiento. En este sentido, la soberanía alimentaria, la salud humana, los asentamientos urbanos y rurales, la producción de energía, el desarrollo industrial y económico, el empleo y los ecosistemas dependen del agua y, por lo tanto, son vulnerables a los impactos del cambio climático.

El escenario anterior se concreta con rotundidad en España, como se pone en evidencia en los estudios realizados por instituciones públicas especializadas, en las que se concluye que en los escenarios futuros se presentarán notables incrementos de la temperatura media, una tendencia recesiva de las precipitaciones -especialmente en el ámbito mediterráneo-, y una menor disponibilidad de caudales fluviales, cuyos valores medios disminuirán hasta un 20 % a final de siglo. También se constata una alteración importante de los patrones temporales y espaciales de lluvia, lo que supondrá la intensificación de procesos de erosión y sedimentación y un aumento sustancial de riesgos de sequía -que serán más frecuentes, largas e intensas-, y de inundaciones, producidas por crecidas más frecuentes y con mayores caudales máximos.

Los cambios hidrológicos inducidos por el cambio climático suponen desafíos a la gestión sostenible de los recursos hídricos, que ya están bajo una fuerte presión, en muchas regiones del mundo, estimándose que en 2050 en torno al 52% de la población mundial vivirá en regiones con escasez de agua y que, según OXFAM, hasta ahora cada año unos 20 millones de personas se han visto obligadas a abandonar sus hogares debido a los desastres provocados por el clima, poniendo en la palestra la importancia de las migraciones ambientales, que no harán más que ganar en intensidad con el avance del cambio climático.

Pero los impactos del cambio climático afectan de forma desigual al Planeta, incidiendo especialmente sobre las regiones y sectores sociales más vulnerables y empobrecidos, situando el problema en términos de lucha contra la pobreza, equidad y defensa de los derechos humanos, exigiendo un enfoque que supere las políticas de mitigación vigentes basadas en criterios mercantiles que, en ningún momento, cuestionan los modelos productivos, energéticos, de movilidad y consumo, que están en el meollo del origen del cambio climático.

Los escenarios futuros definidos en los estudios científicos YA SE ESTÁN PRODUCIENDO, por lo que es necesario ACTUAR YA, en el marco de la asunción de una situación de emergencia climática; en este sentido ya se pronunció la Red Agua Pública (RAP) con ocasión de la COP25 que tuvo lugar en Madrid en diciembre de 2019. Es necesario que la toma de decisiones a corto plazo tenga en cuenta:

  • Declarar la emergencia climática y, por tanto, actuar en consecuencia
  • Elaborar con participación ciudadana y tramitar inmediatamente la ley de cambio climático y transición energética
  • Revisar y actualizar de forma participativa la planificación relativa a la mitigación y adaptación al cambio climático estableciendo objetivos consecuentes con la actual situación de emergencia climática
  • Asumir en las políticas de cambio climático un enfoque de derechos, que afectarán especialmente a los servicios básicos que tienen la consideración de derechos humanos -como la salud, educación, alimentación, sanidad y agua y saneamiento­-, garantizando su acceso universal y la gestión no lucrativa, pública, transparente, con participación ciudadana y rendición de cuentas. La crisis sanitaria del coronavirus ha puesto de manifiesto tanto la importancia del agua de grifo y los derechos humanos al agua y al saneamiento, como los efectos negativos de las políticas privatizadoras y la necesidad de mantener instituciones públicas robustas
  • Impulsar decididamente las medidas de adaptación al cambio climático relacionadas con el agua, que deben acometerse asumiendo los derechos al agua y al saneamiento
  • Fomentar, generar y compartir el conocimiento relativo al cambio climático en los ámbitos institucionales, académicos y ciudadanos.
Posteado por: redaguapublica | 5 marzo 2020

La Plataforma Ur Publikoa de Bizkaia aprovechando la cercanía del día internacional del agua presenta la jornada LA FACTURA DEL AGUA. BUENAS PRÁCTICAS, USO EFICIENTE Y PARTICIPACIÓN PÚBLICA.El evento se celebrará el día 14 de marzo, sábado, de 10:00 a 13.30 en el Centro Municipal de Deusto de Bilbao, con las siguientes intervenciones:

  1. Buenas prácticas en torno a la factura del aguaLuis Babiano (Gerente de AEOPAS)
  2. Taller sobre la factura del aguaJoserra Diez (FNCA y UPV/EHU)
  3. L’Observatori de l’Aigua de Terrassa. Una experiencia de participación. Paco Rodriguez (Taula de l’Aigua de Terrasa)

Se agradece vuestra participación en la jornada como la difusión de la misma. En tal caso que tengáis dudas, escribir a urapublikoa@gmail.comY no olvidéis, traer vuestra factura del agua al taller!

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Posteado por: redaguapublica | 24 febrero 2020

Campaña “Agua del Grifo, por favor”

Como continuación de los actos que la Red Agua Pública de Madrid (RAPM)
está llevando a cabo para la presentación de la campaña “Agua del Grifo,
por favor”.

Adjuntamos manifiesto de la campaña y tríptico informativo de al misma.

Posteado por: redaguapublica | 12 febrero 2020

Campaña “Agua del grifo, por favor”

Las organizaciones del Foro Estatal del Agua, representantes de los intereses ambientales de todas las demarcaciones hidrográficas de España1 , celebran las conclusiones del informe de la Comisión Europea, reconociendo que los objetivos de esta Directiva “son tan relevantes ahora como lo fueron en el momento de la adopción” y que esta ha llevado a “un mayor nivel de protección para las masas de agua”.

Zaragoza, 17 de diciembre de 2019 – El informe de la Comisión Europea y sus conclusiones ponen fin a dos años de evaluación de la Directiva Marco del Agua (DMA) y descartan la posibilidad de revisión de la misma. Con esta declaración la Unión Europea se posiciona nuevamente en el camino adecuado para devolverle la vida a ríos, humedales y acuíferos a través del desarrollo y la estricta aplicación de esta norma única en el mundo. La Comisión Europea, que ha evaluado si la DMA es adecuada para su propósito en relación con su efectividad, eficiencia, coherencia, relevancia y valor añadido, da un mensaje muy claro: la DMA es un pilar fundamental de la legislación medioambiental de la UE y está aquí para quedarse en su forma actual. Este “chequeo” pone de manifiesto que el retraso en alcanzar los objetivos de la DMA se debe “en gran medida a inversiones insuficientes, a una implementación lenta, a una escasa integración de los objetivos medioambientales en las políticas sectoriales, y no a una deficiencia de la legislación”. Algunas conclusiones del informe de la Comisión Europea que las organizaciones ambientales quieren destacar son:  El buen estado de los ríos, humedales y acuíferos depende no solo de las medidas de mitigación para hacer frente a las presiones actuales, sino también de las medidas de restauración para hacer frente a las presiones del pasado.  La falta de financiación es un impedimento claro para lograr mejores resultados, y es común que las medidas que proponen los Estados miembros sean resultado de políticas ya vigentes, en lugar de un enfoque nuevo e integrado. Esto lleva a una ineficaz puesta en práctica, porque el enfoque adoptado no se basa en el análisis de presiones e impactos y el seguimiento de la eficacia de dichas medidas.  La implementación completa debe basarse en la coordinación con otras leyes de la UE: es indudable que se tiene que mejorar la integración de los objetivos de la DMA con los de políticas sectoriales como la agricultura, la energía, el transporte y la protección de la biodiversidad europea.

 Los estudios sobre el valor de los servicios ecosistémicos y la recuperación de los ríos, humedales y acuíferos, muestran que los beneficios de mejorar su estado son mayores que los costes. Los ciudadanos europeos están dispuestos a pagar más de lo que se gasta actualmente en estas acciones. Esta valoración respalda, de forma definitiva, los argumentos de uno de los movimientos sociales más importantes en defensa de una normativa comunitaria en la historia de la Unión Europea. En este sentido, las organizaciones firmantes agradecen a los 375.386 europeos que se sumaron a la campaña #ProtegeTuAgua, así como a las 136 entidades de la sociedad civil que mostraron su rotundo apoyo a la norma europea que protege las aguas para la naturaleza y la sociedad. En definitiva, las conclusiones reconocen la importancia de la política de aguas para la sociedad europea, destacando como excepcional la alta participación ciudadana en la consulta pública. Un apoyo al que debe sumarse el de los más de 5.500 científicos que la semana pasada se posicionaron a favor de la Directiva al considerar, entre otras cuestiones, que “la biodiversidad de Europa depende de unos ecosistemas acuáticos saludables”, e instaban a los Estados miembros y a la Comisión Europea a preservar la Directiva en su forma actual, para garantizar el futuro de los ecosistemas acuáticos. Ha llegado la hora de que los Estados miembros cumplan con las obligaciones de la DMA sin más demoras y excusas. Es necesario que se inviertan todos los recursos y se tomen las medidas necesarias para evitar más daños a los ecosistemas acuáticos y acuíferos, y para recuperar y mantener los servicios que nos prestan. Está en nuestras manos evitar que las generaciones futuras hereden las incertidumbres y los riesgos ligados al agua de la crisis climática que ya estamos padeciendo. Necesidad de avances en la planificación hidrológica española Finalmente, en clave de España, las organizaciones del Foro Estatal del Agua recuerdan que existe un gran margen de mejora en la planificación hidrológica. Es fundamental redactar y aplicar con urgencia unos planes hidrológicos de cuenca ambiciosos y acordes al cumplimiento de la DMA y las sentencias del Tribunal Supremo en lo relativo a caudales ambientales, y que los programas de medidas se dirijan a mantener y mejorar el buen estado de nuestros ríos, humedales, lagos y costas. Por todo ello, ante el tercer ciclo de planificación hidrológica, y la urgente necesidad de mitigar los efectos del cambio climático sobre los ríos, humedales y acuíferos, y los ecosistemas que dependen de ellos, las entidades solicitan al Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO) que no aplace más la publicación de los Esquemas de Temas Importantes de la planificación hidrológica si realmente quiere cumplir con los tiempos y las exigencias de la Directiva.

El Foro Estatal del Agua está formado por las organizaciones que representan los intereses ambientales en los Consejos del Agua de las demarcaciones hidrográfica de Miño-Sil, Cantábrico Occidental, Cantábrico Oriental, Ebro, Cuencas Internas Catalanas, Duero, Tajo, Júcar, Segura, Guadiana, Guadalquivir, Tinto-Odiel, Guadalete-Barbate y Mediterráneas Andaluzas, así como en el Consejo Nacional del Agua, y organizaciones estatales que trabajan en materia de aguas y las redes y plataformas que coordinan el trabajo en aguas en las diferentes cuencas: Organizaciones:  AEMS – Ríos con vida  ANSE – Asociación de Naturalistas del Sureste  Jarama Vivo  Coordinadora Ecoloxista d’Asturies  Ecologistas en Acción  FNCA – Fundación Nueva Cultura del Agua  Greenpeace  RAPA- Red Agua Pública Aragón  Jarama Vivo  PDE – Plataforma en defensa del’ Ebre  SEO/BirdLife  WWF España Redes y plataformas:  Navarra Urbizi – Plataforma Navarra en defensa de los ríos  Ojos del Guadiana Vivos  Red Ciudadana por una Nueva Cultura del Agua en el Tajo/Tejo y sus Ríos Teléfono de contacto: Laura Sánchez: 976.76.15.72 / 650.93.06.12

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