Red Agua Pública

MANIFIESTO DE LA RED AGUA PÚBLICA POR EL DÍA MUNDIAL DEL AGUA

“Se escribe AGUA, se lee DEMOCRACIA”

 6 de marzo de 2012

El 22 de marzo, en el marco del Día Mundial del Agua, la Red de Agua Pública, lanza un comunicado que pone de manifiesto la problemática del agua y exige responsabilidades.

El agua es esencial para la vida en el planeta. Los ecosistemas acuáticos (los ríos, lagos, manantiales, zonas húmedas, etc.), más allá de su utilidad en la agricultura, la industria y la producción de energía, desempeñan funciones clave para la biosfera y para la propia existencia de las sociedades humanas. El reconocimiento de los múltiples valores culturales, sociales, ambientales y económicos en juego conduce a su consideración como activo ecológico y social y es lo que explica que la Directiva Marco del Agua, en su considerando primero, establezca que el agua “es un patrimonio que hay que proteger, defender y tratar como tal”.

El carácter vital y esencial del agua es también lo que ha conducido a la Asamblea General de las Naciones Unidas a declarar, en julio de 2010, que el derecho al abastecimiento y saneamiento adecuado es “un derecho humano esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos humanos».

La consideración del agua como un bien común y como derecho humano básico exige un modelo de gestión que no se subordine a la obtención del beneficio privado y que garantice la eficacia, la solidaridad, la eficiencia, la equidad, el control democrático de los operadores de los servicios del agua y la conservación de los ecosistemas acuáticos. El debate científico y la experiencia ciudadana de las últimas décadas han demostrado que este modelo sólo puede ser garantizado plenamente a través de la gestión pública del ciclo integral del agua.

Los servicios de abastecimiento y saneamiento constituyen un mercado cautivo donde la competencia sólo existe cuando las empresas tratan de conseguir el control de la gestión del agua y de aquellas partes rentables del ciclo integral del agua. Cuando lo consiguen, se establece de facto un monopolio privado que elimina cualquier tipo de competencia. Incluso esta competencia inicial en España está muy mitigada al controlar dos empresas, AGBAR, perteneciente a la multinacional Suez, y Aqualia, perteneciente al grupo FCC, más del 80% del sector del agua privatizada, lo que favorece las prácticas de oligopolio. Estas compañías disponen de un poder inmenso sobre las autoridades locales y autonómicas con capacidad de influir en los pliegos de condiciones y en la toma de decisiones respecto a las concesiones.

Uno de los motores fundamentales de la privatización de este sector, que consideramos necesario denunciar, es la utilización de la venta de los servicios de agua para obtener una inyección ilegítima de recursos a través de los cánones concesionales, que generalmente no se dedican a mejorar dichos servicios, y cuya cuantía se paga en el recibo del agua.

Si analizamos las consecuencias de las privatizaciones realizadas en España a partir de los años ochenta, vemos que en muchas de ellas se han producido subidas desproporcionadas en el precio del agua, incumplimientos de las cláusulas de los contratos, falta de transparencia en su gestión, amparándose en el derecho a la privacidad de la información empresarial, disminución de sus obligaciones medioambientales y pérdida del control efectivo del servicio por parte de las autoridades municipales. La privatización implica también una disminución de la calidad de la democracia al impedir la participación y el control de la ciudadanía en la gestión de los servicios del agua.

Frente a estos datos, es un hecho que las empresas públicas bien gestionadas son más eficientes y cumplen al mismo tiempo con los objetivos de equidad social y conservación de los ecosistemas, como lo vienen demostrado desde hace mucho tiempo entidades como EMASESA, EMACSA, EMASA, ACOSOL, Canal de Isabel II, Consorcio de Aguas del Gran Bilbao, EMALCSA, Aigües del Ter-LLobregat y un largo etc., consideradas como las empresas de referencia del Estado español. También en estas empresas hay mucho que mejorar en lo que se refiere a transparencia, participación pública y responsabilidad ambiental. Las compañías públicas que operan en ciudades de tamaño mediano y grande, disponen de suficiente capacidad tecnológica y trabajan con economías de escala que permiten garantizar buenos servicios. Por su parte, en las zonas rurales, que no interesan al sector privado, esas capacidades pueden adquirirse a través de entes públicos comarcales y regionales, así como con la creación y difusión de conocimiento mediante proyectos de investigación con financiación pública (de los que actualmente se están beneficiando las empresas privadas).

Pero la defensa de la gestión pública no es suficiente si se mantiene el funcionamiento actual de los servicios públicos del agua. Defendemos un modelo que combine la calidad y la eficiencia en la prestación del servicio, con la transparencia y la participación ciudadana en su gestión. La democracia debe impregnar el funcionamiento y las actuaciones de las empresas públicas del agua, lo que actualmente no ocurre en la mayoría de ellas. Defendemos un modelo de gestión que entienda y asuma plenamente que una buena salud de los ecosistemas acuáticos es la garantía básica de satisfacción de las necesidades humanas a largo plazo. Un modelo de gestión consciente que la eficiencia y la equidad en la gestión del sistema solo se garantiza con profesionalidad, transparencia, acceso a la información, rendición de cuentas, participación activa de los trabajadores de las propias empresas y control público directo de la ciudadanía.

En la actualidad, la grave crisis económica y las políticas de durísimos ajustes en todas las administraciones públicas, están propiciando una aceleración del proceso de privatización de los servicios de agua potable y saneamiento (Canal de Isabel II, Lugo, Jerez de la Frontera, Puerto de Santa María, Aigües Ter-LLobregat, etc.), que está generando una fuerte oposición social en torno a plataformas contra la privatización que agrupan a asociaciones de vecinos, sindicatos, entidades ecologistas, etc. y, en algunos casos, partidos políticos.

En este contexto nace la Red estatal Agua Pública con el objetivo de coordinar a todos los movimientos existentes contra la privatización de la gestión del agua, intercambiar experiencias y colaborar en las estrategias de lucha. La defensa de la gestión pública del agua es un gran reto, una exigencia democrática y un deber para garantizar a la ciudadanía el derecho humano a unos servicios de abastecimiento de agua potable y saneamiento de calidad.

Nuestro propósito es:

1)          Defender el ciclo integral del agua como bien público, gestionado al 100% desde el sector público, evitando su mercantilización y su conversión en objeto de lucro y de especulación, así como denunciar cuantas actividades vayan encaminadas a la privatización total o parcial de la gestión del ciclo integral del agua y de los servicios de agua y saneamiento.

 2)          Apoyar las luchas que se están desarrollando en el Estado español contra la privatización de los servicios del agua y por la remunicipalización de los ya privatizados, analizando sus elementos comunes para establecer estrategias estatales contra dicha privatización.

 3)          Ayudar a implantar nuevos modelos de gestión pública del agua que combinen la calidad y eficiencia del servicio, con la transparencia y la participación ciudadana.

 4)          Coordinar los esfuerzos que se están realizando en nuestro país con el movimiento internacional contra la privatización de abastecimiento y saneamiento y por la consecución efectiva del derecho humano al agua.