La Red Agua Pública (RAP) -organización que reúne a varias decenas de plataformas y organizaciones sociales del estado español en la defensa de la gestión pública, democrática y participativa de los servicios del ciclo urbano del agua-, propone a los partidos políticos que concurren a las elecciones generales del 23 de julio, un conjunto de consideraciones relacionadas con el sector, con el objetivo de contrastarlas con lo recogido en sus respectivos programas electorales y conocer su disposición a desarrollarlas en actuaciones posteriores de gobierno, si llegara el caso.
Las propuestas de la RAP, que las considera fundamentales para avanzar en la gestión pública, democrática y participativa de los servicios del ciclo urbano del agua, se concretan en las actuaciones y reformas legislativas siguientes.
DERECHO HUMANO AL AGUA Y AL SANEAMIENTO
Reconocimiento expreso e incorporación a la normativa en el más alto nivel posible del Derecho Humano al Agua y al Saneamiento, con el alcance y contenido definido por Naciones Unidas, que las
administraciones públicas tienen la obligación de respetar, proteger y cumplir. Mientras esto no se consiga, tramitar una ley de mínimo vital de agua que garantice que las personas en situación de vulnerabilidad puedan recibir de forma gratuita un suministro mínimo de agua que cubra sus necesidades básicas que les permita vivir dignamente, a la vez que se prohíba expresamente los cortes del suministro en tales circunstancias.
USOS DEL AGUA, USOS PRIORITARIOS, CAMBIO CLIMÁTICO Y SEQUÍA
Detener el crecimiento de las demandas hídricas, tanto en el regadío como en los usos urbanos e industriales, de forma que se adapten a la reducción de caudales disponibles que impone el cambio climático en curso, redimensionando la superficie regada y las demandas urbanas expansivas, priorizando la reducción de las grandes producciones de regadío y las promociones urbanísticas más despilfarradoras.
Este compromiso cobra especial relevancia en la situación de sequía actual que afecta a varios territorios y grandes ciudades que, en algunos casos, se prolonga desde hace cinco años, a pesar de lo cual no se han adoptado restricciones generalizadas debido principalmente a la disminución del consumo urbano. Sin embargo, numerosos municipios, generalmente menores de 20.000 habitantes, que gestionan el agua de forma aislada, ya padecen restricciones o problemas de calidad. De continuar esta situación en el próximo otoño-invierno se entraría en un escenario inédito de prolongación e intensidad de sequía, con impactos de gran gravedad, empezando por el regadío que ya está padeciendo reducciones de dotaciones muy severas.
En este contexto, es de especial importancia garantizar la prioridad de usos establecidos en la Ley de Aguas, poniendo en primer lugar, frente a los otros usos del agua, los del abastecimiento de poblaciones y caudales ecológicos.
NO A LA PRIVATIZACIÓN DE LA GESTIÓN DEL AGUA
Defensa del carácter público de la gestión de los servicios del ciclo urbano del agua y su blindaje a través de una Ley Orgánica. Hasta tanto esto no sea efectivo, se tendrá en cuenta que toda privatización de estos servicios deberá estar necesariamente precedido por un proceso de participación ciudadana informada que culmine en una Consulta Ciudadana vinculante.
CÁNON CONCESIONAL
Prohibición por ley de los denominados cánones concesionales, ya que son instrumentos que favorecen la privatización de los servicios del ciclo urbano del agua, introducen prácticas opacas y fomentan la corrupción que crece al transformar el agua y los servicios de abastecimiento y saneamiento en grandes negocios privados.
Promover cambios institucionales para una plena transparencia en la gestión del agua, incluyendo acceso a los datos reales y actualizados de consumos e inversiones, así como una participación ciudadana activa, libre y significativa en un marco de democracia deliberativa.
APOYO A LOS PROCESOS DE REMUNICIPALIZACIÓN
Apoyo a los procesos de remunicipalización de los servicios del ciclo urbano del agua, para lo cual es fundamental revertir la legislación aprobada en el pasado inmediato tendente a obstaculizar, cuando no a impedir, la remunicipalización de los servicios del ciclo urbano del agua.
Garantizar que, cuando se extinga la concesión por finalización del plazo o resolución del contrato, y con una antelación de al menos un año, se aborde un proceso de información y participación pública destinado a decidir el modo de gestión, cuyo resultado será vinculante.
MODELO DE GESTIÓN Y GOBERNANZA
Defensa de un nuevo modelo de gestión pública que se realice sin ánimo de lucro y de acuerdo con criterios de pluralidad, transparencia, rendición de cuentas, participación ciudadana, calidad y eficiencia social, económica y medioambiental. Exigencia de que todos los ingresos que se obtengan de la contraprestación económica procedente de los servicios de abastecimiento y saneamiento se destinen a sufragar los costes de dichos servicios.
Este modelo es consustancial con la garantía del derecho a la participación pública, activa, libre y significativa en todas las fases de la gestión del ciclo urbano del agua, de forma que sea posible incidir y decidir sobre la realización y seguimiento de la programación estratégica, de los proyectos y programas que se realicen y financien, así como en la gestión administrativa y presupuestaria, incluyendo el diseño de las estructuras y políticas tarifarias.
Con objeto de garantizar la transparencia y el acceso a la información de la calidad del agua de consumo, revisar en profundidad el Sistema de Información Nacional de Agua de Consumo (SINAC), de forma que sea posible la participación ciudadana en su gestión, se asegure el conocimiento ágil de la calidad del agua por parte de los usuarios facilitando, en consecuencia, la exigencia de rendición de cuentas.
DEROGACIÓN DE NORMAS Y LEYES QUE FACILITEN LA PRIVATIZACIÓN U OBSTACULICEN LA REMUNICIPALIZACIÓN
Derogar aquellas normas y leyes que facilitan la privatización u obstaculizan la remunicipalización de los servicios públicos municipales, entre ellos los de abastecimiento de agua y saneamiento. En particular, la Ley 27/2013 de racionalización y sostenibilidad de la administración Local, y los artículos y disposiciones adicionales específicas de la ley de presupuestos de 2017 y de la ley de contratos del sector público.
CUMPLIMIENTO DE LA DIRECTIVA MARCO DEL AGUA Y DE LA DIRECTIVA DE AGUAS DE CONSUMO HUMANO
Cumplimiento de la Directiva Marco del Agua y del resto de Directivas ambientales a través de una gestión orientada al uso sostenible del agua que garantice la conservación y la recuperación del buen estado de los ecosistemas acuáticos. Para ello, fijar y mantener caudales ambientales adecuados y garantizar la calidad del agua frente a la contaminación urbana y agraria.
En este sentido, desarrollo de Planes de Depuración que incluyan programas de financiación público-público, especialmente para el caso de pequeños municipios.
En cumplimiento de las orientaciones de la nueva Directiva de Aguas de consumo humano, incorporar el enfoque de gestión del riesgo en todas las fases del sistema de abastecimiento, empezando por el imprescindible control de las zonas de captación mediante la delimitación y aplicación de perímetros de protección suficientes y efectivos.
CONDICIONES LABORALES
Defensa de personal con derechos y condiciones de trabajo justas, en términos de calidad y estabilidad en el empleo. En consonancia con la importancia de los trabajadores, garantizar su participación en las instancias de toma de decisiones.
Aplicar de forma consecuente la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, con estrategias para eliminar los techos de cristal existentes.
Red Agua Pública 