Posteado por: redagua | 19 junio 2018

Señora Teresa Ribera, Ministra para la Transición Ecológica, Gobierno de España

Estimada ministra,

La Comisión Europea ha presentado recientemente su propuesta de revisión de la Directiva sobre agua potable que incorpora, aunque de forma limitada, algunas de las reivindicaciones que se plantearon en la primera Iniciativa Ciudadana Europea right2water, que fue tramitada con éxito después de recabar el apoyo de casi dos millones de personas, y recibir en 2013 una valoración positiva por parte de la Comisión.

Concretamente, en un nuevo artículo 13, la propuesta de revisión de la Directiva asume la obligación para los Estados miembros de mejorar el acceso al agua potable y promover su uso, incrementando las coberturas de los servicios de abastecimiento y fomentando el uso del agua del grifo en el ámbito público, entre otras medidas. También exige a los Estados miembros que garanticen el acceso al agua potable a los grupos sociales vulnerables y marginados, y aboga por políticas tarifarias asequibles.

Si bien la revisión de la Directiva no asume plenamente el derecho humano al agua, en los términos planteados en la Iniciativa Ciudadana Europea right2water, sí que contempla algunos de los criterios definitorios establecidos por Naciones Unidas, como son los de la no discriminación, universalidad, accesibilidad y asequibilidad. En este sentido, entendemos que el nuevo artículo 13 de la propuesta, es un primer paso que puede servir para avanzar hacia el pleno reconocimiento del derecho humano al agua durante las próximas fases de debate que se producirán en el inmediato futuro. A título informativo, se adjunta el posicionamiento de la Red Agua Pública sobre el derecho humano al agua.

Como quiera que la revisión de la Directiva sobre agua potable está en la agenda del próximo Consejo de Medio Ambiente que tendrá lugar el 25 de junio, le urgimos a que apoye la propuesta de revisión de la Directiva sobre agua potable, y específicamente su artículo 13. Además, le animamos a que la delegación española se posicione activamente a favor del derecho humano al agua y anime a los miembros del Consejo a avanzar en el reconocimiento legal de este derecho en todo el ámbito territorial de la Unión Europea. Este posicionamiento es, por otra parte, totalmente coherente con el liderazgo que España ha mantenido en el ámbito internacional apoyando el reconocimiento del derecho al agua e, incluso, financiando primero la actividad de la experta independiente y actualmente del Relator especial de Naciones Unidas sobre el derecho humano al agua y al saneamiento.

Cordialmente,

estatales.pngTerritoriales

Locales

EL DERECHO HUMANO AL AGUA Y AL SANEAMIENTO

CONTEXTO GENERAL

Históricamente, en el sistema de Naciones Unidas el derecho humano al agua se asumió implícitamente en numerosos Pactos y Convenios en los que se reconoce el derecho a un nivel de vida adecuado, que implica la disponibilidad de agua; esto se da en la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial (1965), el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales -PIDESC- (1966), la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (1979) y la Convención sobre los Derechos del Niño (1989).

Pero no fue hasta la primera década de este siglo cuando se produjo un notable desarrollo de la legislación internacional en materia de derechos humanos en el ámbito del agua y el saneamiento. Concretamente, en 2002 el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CDESC) aprobó la Observación General 15 (Naciones Unidas E/C.12/2002/11), que reconoce que el derecho al agua es un componente implícito, pero esencial, del derecho a disfrutar de un nivel de vida adecuado y del derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, consagrados en los artículos 11 y 12 del PIDESC. La Observación General define y delimita el alcance y contenido del derecho humano al agua, resaltando su importancia, toda vez que es indispensable para vivir dignamente y es condición previa para la realización de otros derechos humanos. Por su parte, el alcance del derecho al saneamiento fue caracterizado adecuadamente en un informe específico de 2009 de la entonces Experta Independiente Catarina de Alburquerque (A/HRC/12/24).

En julio de 2010, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó una resolución en la que se reconoce que el derecho al agua potable y el saneamiento es un derecho humano esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos humanos (A/RES/64/292). Dos meses después, en septiembre de 2010, el Consejo de Derechos Humanos, confirmó este derecho aclarando sus fundamentos, concretando que forma parte del derecho internacional y confirmando que es legalmente vinculante para los Estados firmantes del PIDESC (A/HRC/RES/15/9).

Posteriormente, en noviembre de 2010, el CDESC publicó una declaración en la que se hacía hincapié en el saneamiento como componente indispensable del derecho a un nivel de vida adecuado, pero que también está íntegramente relacionado con los derechos a la salud y la vivienda, contribuyendo así a un mayor reconocimiento del saneamiento como un derecho diferenciado (4 E/C.12/2010/1).

Recientemente, la Asamblea General de Naciones Unidas ha aprobado sucesivas resoluciones en las que reafirma su reconocimiento del derecho humano al agua y al saneamiento en diciembre de 2013 (A/RES/68/157) y diciembre de 2015 (A/RES/70/169) y el Consejo de Derechos Humanos hizo lo propio en octubre de 2016 (A/HRC/RES/33/10).

De esta forma, se han confirmado y reconocido los derechos al agua y al saneamiento como obligaciones jurídicamente vinculantes para todos los Estados partes en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y en otros tratados de derechos humanos. Además, se cuenta con documentos que los conceptualizan y caracterizan, especialmente los producidos por la anterior relatora y el actual relator especial sobre los derechos humanos al agua y al saneamiento[1].

EL DERECHO HUMANO AL AGUA Y AL SANEAMIENTO

Los derechos humanos al agua y al saneamiento están definidos en la Observación General 15 y en el Informe A/HRC/12/24 de acuerdo con los criterios siguientes:

  • Criterios fundamentales
  • Realización progresiva y acceso universal
  • No discriminación e igualdad sustantiva
  • Criterios normativos del derecho humano al agua y al saneamiento
  • Disponibilidad de una dotación y de un número de instalaciones de saneamiento suficientes. El acceso a las instalaciones debe ser posible hacerlo sin comprometer la seguridad física de las personas
  • Calidad adecuada del agua para el consumo; las instalaciones de saneamiento deben ser técnica e higiénicamente seguras
  • Aceptabilidad, especialmente desde el punto de vista cultural y en lo que respecta a las instalaciones de saneamiento
  • Accesibilidad; las instalaciones de abastecimiento y saneamiento deben ser accesibles de forma continua para todos los miembros del hogar
  • Asequibilidad; las instalaciones deben ser asequibles económicamente sin comprometer las condiciones de vida de los usuarios ni el disfrute de otras necesidades esenciales garantizadas por los derechos humanos, como la alimentación, la vivienda, y la salud
  • Criterios comunes con otros derechos humanos
  • Participación
  • Acceso a la información
  • Transparencia
  • Rendición de cuentas
  • Sostenibilidad

Es inmediato comprobar que los criterios normativos y los que son comunes con otros derechos humanos, que en realidad se pueden identificar con indicadores, configuran al abastecimiento y al saneamiento como servicios. De hecho, los criterios normativos se asimilan a indicadores que hay que tener en cuenta al definir los niveles de servicio, mientras que los comunes están relacionados con la gestión de los mismos.

Por lo que se refiere a los criterios fundamentales, el de la realización progresiva no solo exige un aumento continuo del número de personas atendidas con miras a lograr el acceso universal, sino también, y esto es muy relevante, la mejora continua de los niveles de los servicios con el objetivo de conseguir los de mayores prestaciones -acceso a los servicios en los hogares-, acordes con las aspiraciones de llegar a disfrutar un nivel de vida adecuado. Por último, el criterio de no discriminación entronca con el reto de conseguir el acceso universal, independientemente de circunstancias sociales, de género, políticas, económicas o culturales y está íntimamente relacionado con el principio de equidad.

En consecuencia, el derecho humano al agua y al saneamiento se configura como un derecho de prestación y obliga a los poderes públicos a proveer los servicios asociados de acuerdo con los criterios antedichos; de hecho, tal como se establece en la Observación General 15, los Estados están obligados a respetar el derecho al agua y al saneamiento -no se pueden eliminar servicios existentes ni obstaculizar el acceso a los mismos-, a protegerlo -evitar que agentes no estatales contaminen los recursos o que obstaculicen el acceso a los mismos-, y cumplirlo, siguiendo el principio de igualdad y no discriminación, adoptando las medidas oportunas para atender de manera prioritaria las necesidades de los grupos de población especialmente vulnerables.

Con la aproximación anterior, lo cierto es que los esfuerzos que se han llevado a cabo hasta ahora en la implementación del derecho humano al agua y al saneamiento en el contexto internacional se han centrado especialmente en el acceso (criterios normativos) en aras a paliar los descarnados déficit en las coberturas de abastecimiento y saneamiento que existen sobre todo en el sur global, mientras que en los países europeos, y concretamente en los más meridionales donde las políticas neoliberales han tenido mayores impactos sociales, se han focalizado especialmente en la lucha contra la pobreza hídrica (prohibición de cortes, mínimo vital; etc).

 

[1] Esta documentación está accesible en http://www.ohchr.org/EN/Issues/WaterAndSanitation/SRWater/Pages/SRWaterIndex.aspx.

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