Posteado por: redagua | 18 julio 2017

Otra agresión contra la autonomía local: La Ley de Contratos del sector público como instrumento contra los municipios

La trasposición en el ordenamiento español de las directivas europeas relativas a la adjudicación de contratos de concesión y a la contratación pública, a través de la modificación de la Ley de Contratos del sector público, representa una vuelta de tuerca más en la aplicación de las políticas ultra liberales del Partido Popular en relación con las administraciones locales, toda vez que limitan drásticamente su autonomía y supeditan el interés general al de las grandes empresas al imponer consideraciones de competencia mercantil frente a las del servicio público. elaguanoesunanegocio

El proyecto de ley de contratos del sector público que se está tramitando en el Congreso corre el peligro de radicalizarse, yendo más allá que la propia Directiva que se quiere trasponer, si se aprueba una serie de enmiendas exactamente iguales presentadas por Ciudadanos y el Partido Demócrata Europeo Catalán (PDeCat), demostrando que para la derecha no existen fronteras ni diferencias ideológicas cuando se trata de defender los intereses de tres o cuatro grandes corporaciones empresariales.

Estas enmiendas, de dudosa constitucionalidad si se tiene en cuenta lo dispuesto en los artículos 137 y 140 de la Constitución, suponen la modificación de varias normas y disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local al exigir que se realice un escrutinio previo a cualquier proceso de remunicipalización, por parte de los órganos competentes en materia de defensa de la competencia. En el caso de servicios en los que el mercado relevante afectado sea de ámbito nacional, el escrutinio debe realizarlo nada menos que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Pero, es más, en el caso de monopolio de servicios, el escrutinio será de obligado cumplimiento y deberá realizarse, incluso, en aquellos casos en los que actualmente los servicios son de gestión directa, exigiendo, por lo tanto, la retroactividad. De esta forma se ataca a la autonomía municipal al pretender dificultar, cuando no impedir, que los servicios públicos objeto de las competencias de las Administraciones Públicas se presten directamente por las mismas.

Las enmiendas contemplan también la derogación de artículos del Estatuto de los trabajadores y de los convenios colectivos de aplicación, infringiendo la Directiva 23/2001 / CE, sobre la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros relativas al mantenimiento de los derechos de los trabajadores en caso de traspasos de empresas por impedir la subrogación como consecuencia de limitaciones o restricciones de índole presupuestario. Esto atenta contra las competencias de los órganos de las administraciones públicas, que pueden decidir prestar el servicio de forma directa con el presupuesto que ya dedican al pago del contrato externalizado.

Pero, además, en caso de aprobarse, las enmiendas de Cs y PDeCat impedirán de hecho los procesos de remunicipalización al entender aplicables los límites sobre la masa salarial y de tasa de reposición de efectivos, sin tener en cuenta el ahorro que eso puede suponer en términos globales.

Y esta iniciativa de la derecha en contra de los procesos de remunicipalización se pone en marcha cuando en toda Europa hay una tendencia en alza por recuperar la gestión pública, en la que ciudades como Paris, Berlín o Montpelier han decidido soberanamente gestionar sus servicios de abastecimiento de agua con modelos transparentes, participativos y con rendición de cuentas.

Por tanto, entendemos que las enmiendas presentadas por Ciudadanos y el PDeCat deben retirarse, ya que:

  • Son de dudosa constitucionalidad porque atentan contra la autonomía local, quedando los municipios como delegaciones administrativas sin capacidad de decisión en manos del estado central o a lo sumo de la comunidad autónoma
  • Subordinan el interés público a los intereses particulares de las grandes empresas. La prestación de servicios públicos son derechos ciudadanos y derechos humanos, por lo que no tienen que garantizarse en régimen mercantil porque no tienen nada que ver con la competencia
  • Establecen obligaciones relativas a las relaciones laborales que exceden en mucho el objeto de la Ley de contratos
  • Subordinan los derechos de las trabajadoras y trabajadores, la aplicación de la legislación laboral y el respeto a los derechos de la ciudadanía a servicios públicos de calidad, al mantenimiento de negocios privados con cargo a los presupuestos públicos.

18 de julio de 2017

Más información:

Red Agua Pública (RAP), es un espacio de coordinación que aglutina a decenas de plataformas, organizaciones sociales, ambientales, sindicales y políticas del Estado español que promueven una visión del agua como bien común y servicio público, y luchan por la defensa de la gestión pública, sin ánimo de lucro, transparente y participativa de los servicios de abastecimiento y saneamiento.

https://redaguapublica.wordpress.com

 

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