Posteado por: redagua | 31 marzo 2017

Agua bien común. Retos y futuro

Este artículo es una crónica parcial de la jornada sobre la gobernanza de los servicios del agua, organizada por el Ayuntamiento de Barcelona y la plataforma Agua es Vida, con el apoyo de AEOPAS y Red Agua Pública. Aquella actividad generó bastante expectación entre los sectores vinculados a la gestión de este bien escaso y fundamental para nuestra sociedad. Hay asistimos cientos de personas.

La jornada del día 21 resultó bastante extensa por su formato, lo que dificulta dar una visión de todo lo que allí se dijo. Por tanto excusamos de antemano si nos cuela algún error, imprecisión y, sobre todo, omisiones por no poder estar en todas partes al mismo tiempo.

Esta pequeña crónica pretende situar algunas cosas que se dijeron y, a nuestro entender, que resultaron significativas, dentro de la jornada celebrada en el complejo modernista del Hospital de Sant Pau.

Lynn Boylan

Boylan es Diputada en el Parlamento Europeo para Irlanda, del Sinn Feinn, y relatora de la proposición a la Comisión y al Parlamento de la primera Iniciativa Comunitaria Europeo (ICE), sobre el tema del abastecimiento al agua y su saneamiento como Derecho Humano. Esta ICE fue promovida por la Confederación Europea de Sindicatos (CES), de la que CCOO forma parte, y desarrollada con entidades ambientales y sociales de diferentes Estados miembros. Generó un informe conocido como Informe Boylan.

La ONU reconoce como Derecho Humano al acceso al agua potable y al saneamiento. Hay que desarrollar la legislación europea para hacer efectivo este derecho en los países de la UE. Esta es la demanda básica impulsada por la CES. Fue la primera ICE lograda, en 2015, al cumplir las condiciones de número y distribución de firmas recibidas como muestra de apoyo. Estas fueron recogidas por los sindicatos y por múltiples asociaciones que se implicaron activamente. Las propuestas eran:
– Establecimiento del acceso al agua potable y su saneamiento como derecho para toda la ciudadanía.
– Abastecimiento y gestión de los recursos hídricos no regidas por las normas de mercado interior y excluidas de los ámbitos de la liberalización.
– La UE debe realizar esfuerzos para lograr el acceso universal al agua y al saneamiento.
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Como resultado, la Comisión Europea, a raíz de esta petición y del informe Boylan, emitió una Comunicación que establece:
– El agua no es un bien comercial.
– La prestación de servicios del agua por lo general tiene que ser responsabilidad de las autoridades locales, siguiendo el principio de subsidiariedad.
– Los servicio del agua quedarán fuera de la Directiva Europea sobre Concesiones.

Los impulsores de la iniciativa también vemos omisiones y aspectos negativos:
– No se tramita o admite consagrar legislativamente el Derecho Humano al Agua.
– La Comisión no garantiza que los servicios de aguas queden excluidos del tratado comercial que entonces se estaba negociando (a escondidas) con los EEUU, conocido como Ttipia.
– Tampoco garantiza que no se pueda proceder con posterioridad a cambios en el sentido de liberalización de estos servicios.
– La Comisión afirma ser neutral respecto a las decisiones nacionales sobre la propiedad de la del agua, pero la Comisión forma parte de la Troika, que presiona por la privatización de los servicios en los programas de rescate de los países intervenidos. La Troika ha priorizado el enfoque basado en la competencia y el mercado por encima de lo que significaría priorizar el derecho de los ciudadanos a los servicios públicos.

En nuestra opinión coincidimos con el que defiende el Informe Boylan, si bien constatamos que queda por hacer una valoración actualizada de la efectividad real y de las consecuencias de la meta más concreta que se alcanzó, concretada en la exclusión de los servicios de el agua de la Directiva de servicios.

Salvador Milán

Milán es en la actualidad director de los servicios de presidencia del Área Metropolitana de Barcelona (AMB). Fue miembro del Parlamento de Cataluña (por ICV) y consejero de Medio Ambiente y Vivienda a la Generalidad. Hizo énfasis en la importancia de conservar a todos niveles que la gobernanza de la del agua esté en manos de las Administraciones Públicas Democráticas.
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Concretamente, Salvador Milán defensa tres niveles en la graduación de las competencias, que se ajustan bastante al modelo catalán vigente.
– La Planificación hidrológica, fundamental en la asignación de los recursos, definición de su orden de prelación y determinación de los caudales ecológicos y la protección de las masas de agua. Corresponde a los Organismos de Cuenca, de ámbito estatal para las cuencas intracomunitarias (como la del Ebro) y regional para las cuencas internas de cada Comunidad Autónoma.
– La captación y abastecimiento “en alta” sería una competencia supramunicipal, prioritariamente Regional- Nacional. También mencionó la necesidad de establecer a este nivel una base común para la armonización de los criterios tarifarios, que son de aplicación local y pueden presentar aspectos muy dispersos.
– Las competencias de abastecimiento y distribución en baja, alcantarillado, saneamiento y, en su caso, reutilización, serían de ámbito local (comarcal, metropolitano o municipal, según las características).

Joan Pinyol

El director de Medio Ambiente de la AMB, Joan Pinyol, va situó que el servicio de abastecimiento es constituye como un monopolio natural, y con clientela cautiva.

Habló de la necesidad de una Ley que regule las concesiones, o, mejor dicho, la necesidad de reformarla. En cambio opinó que no es necesario una mayor normativa para mejorar la regulación de la autoridad sobre las concesiones.

Entre en diversas consideraciones sobre los cánones concesionales, que son aquellas cantidades que la administración competente puede establecer en la licitación, no se mostró partidario de suprimirlos necesariamente.

Pinyol estableció varios tipos de Canon:
– Por criterios económicos.
* Canon de recuperación de activos.
* Canon y recuperación de los gastos financieros pendientes de saldar (estos dos se pueden considerar necesarios y justos).
* Canon de participación en los beneficios, sin ninguna vinculación con activos del concedente, es decir, destinado a incrementar las ingresos municipales (no tiene justificación en sí mismo, y habría que suprimirlo).
– Por criterios de modalidad financiera:
* Canon anticipado, caso de ATLL (se limitará y condicionar: si en algún momento se quiere hacer el rescate de la concesión debería devolver la parte no amortitzada’).
* Canon corriente anual, con fórmula de canon fijo anual, o variable en función de los caudales servidos o de los ingresos (en realidad, un posible canon debería estar vinculado a gastos fijos).

Sobre los contratos cree que se deben aprovisionar la transferencia de riesgos que deben trasladarse al operador. No es admisible, por ejemplo, que el municipio tenga que responder de la falta de expectativas de ganancias, si no vienen motivadas por decisiones o condiciones sobrevenidas y promovidas por el organismo concedente.

Jordi Salvador
Técnico de Sostenibilidad, CCOO de Cataluña

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Responses

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