Posteado por: redagua | 20 febrero 2017

INTERVENCIÓN DE LA PLATAFORMA CONTRA LA PRIVATIZACIÓN DEL CANAL DE ISABEL II EN LA ASAMBLEA DE MADRID.

INTERVENCIÓN DE LA PLATAFORMA CONTRA LA PRIVATIZACIÓN DEL CANAL DE ISABEL II EN LA COMISIÓN DE PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO DE LA ASAMBLEA DE MADRID, EL 14 DE FEBRERO DE 2017.

Buenas tardes, en nombre de la Plataforma contra la privatización del Canal de Isabel II les doy las gracias por poder exponerles nuestras propuestas para implantar un nuevo modelo de gestión del ciclo urbano del agua en la Comunidad de Madrid.

Esta Plataforma, a la que represento, aglutina a una veintena de organizaciones, entre las que se encuentran: organizaciones sociales, sindicatos, asociaciones de vecinos y de usuarios, además de ciudadanos a nivel particular, y su objetivo es paralizar definitivamente la privatización del Canal de Isabel II, hacer efectivo el derecho humano al agua e impulsar un nuevo modelo de gestión del ciclo urbano del agua transparente, democrático y participativo.

La puesta en marcha del proceso de privatización del Canal de Isabel II, en diciembre de 2008, supuso un acto irresponsable, que trataba de cambiar un modelo de gestión pública consolidado, sin problemas económicos, que funcionaba razonablemente bien,  por un modelo privatizado, rechazado en muchas partes del mundo por los problemas e ineficiencias que ha producido, como se ha visto en Paris, Berlín, Budapest, Nápoles, Montpellier y en otras ciudades. Se engañó a los madrileños al aducir como justificación la necesidad de financiación externa para la construcción de grandes infraestructuras hidráulicas, que pronto se demostraron como innecesarias y que encubrían la voluntad política de abrir a las grandes empresas de servicio  el “  negocio del agua” en la Comunidad de Madrid.

En el caso del Canal, la privatización, en sentido estricto, se paralizó en 2012 de forma provisional, hasta que mejoraran las condiciones que posibilitaran la entrada de capital privado, sin embargo se dio un paso más a la privatización creando la sociedad anónima Canal de Isabel II Gestión, cuyo accionariado actual corresponde en un 83% a la Comunidad Autónoma y en un 17% a los ayuntamientos firmantes de los convenios de integración en el nuevo modelo privatizado.

Tras 4 años de funcionamiento se han constatado múltiples problemas que aconsejan un cambio drástico del modelo de gestión actual.

  • La sociedad ha funcionado como una empresa privada con ánimo de lucro, opaca, sin rendición de cuentas y compitiendo en el mercado español y latinoamericano, con empresas privadas para la expansión de su negocio.
  • Su objetivo, en estos años, ha sido la consecución del máximo beneficio, para valorizar la empresa cara a futuros compradores, detrayendo de los activos de la entidad, en concepto de beneficios, 826 millones de euros, desde que se creó la sociedad en 2012 hasta 2015 (4 años), de los que 624 millones se destinaron a dividendos de los accionistas, a costa de no realizar las inversiones necesarias, reducir el capítulo de gastos de personal, degradando las condiciones de trabajo de su plantilla, y de mantener un nivel de deuda alta.
  • Los ayuntamientos han pasado de ser de una administración que cooperaba con la Comunidad Autónoma, a ser clientes de una sociedad anónima de carácter mercantil, habiendo perdido sus competencias en materia de agua y saneamiento y su autonomía en la capacidad de elección del tipo de gestión a adoptar en estos servicios.
  • La opacidad con que ha venido funcionando Canal de Isabel II Gestión, amparándose en su condición de sociedad anónima, ha impedido el control efectivo de sus actividades estratégicas por la Asamblea de Madrid. Se han blindado los acuerdos del Consejo de Administración, no dando publicidad a sus decisiones y eliminando en su seno la pluralidad política y la representación de los trabajadores.
  • Así mismo, el ente público Canal de Isabel II, se ha mostrado ineficaz en la realización de las funciones, que le atribuye la Ley 3/2008 y el Contrato Programa, de control de las actividades de la sociedad anónima y de llevar a cabo aquellas tareas que tienen que ver con las potestades administrativas (planificación estratégica, concesiones y autorizaciones sobre el dominio público hidráulico, régimen de embalses, relaciones con las administraciones, etc.), que han sido asumidas, de facto, por la propia sociedad anónima.
  • El modelo actual ha permitido la patrimonialización del Canal por el partido gobernante, que ha confundido los intereses generales con sus propios intereses y, presuntamente, a tenor de las investigaciones judiciales en marcha, utilizándolo como fuente de financiación de intereses personales. Nunca como ahora, el Canal había estado en el foco de los medios de comunicación señalado por irregularidades y corruptelas en la contratación y en la gestión.

 

Estamos seguros de que el modelo actual de gestión del ciclo urbano del agua en la Comunidad de Madrid es ineficiente, insostenible y perjudicial para los intereses de la sociedad madrileña y es por ello que esta plataforma ha elaborado una propuesta de Ley que recoge lo fundamental del Acuerdo por una gestión pública, transparente y participativa del ciclo integral del agua en la Comunidad de Madrid, suscrito por más de treinta organizaciones políticas, sociales y sindicales en enero de 2015, entre las que se encontraban el PSOE, Podemos, IU y UPyD, y entronca directamente con diversas resoluciones aprobadas en la Asamblea de Madrid y con las mociones que se han aprobado en decenas de ayuntamientos de la Comunidad, cuya población supera los 5 millones de habitantes.

 

Esta propuesta se basa en los siguientes ejes:

 

  1. Eliminar definitivamente la posibilidad de privatizar el Canal de Isabel II, derogando el artículo 16 de la Ley 3/2008 de Medidas Fiscales y Administrativas
  2. Establecimiento en la Ley de que a la entidad pública Canal de Isabel II le corresponde la gestión directa de las actividades relacionadas con el abastecimiento, saneamiento y reutilización en la Comunidad de Madrid. Esto significa proceder a la disolución de la sociedad anónima Canal de Isabel II Gestión integrando su personal y todos sus activos y pasivos en la entidad pública Canal de Isabel II.
  3. Establecer un nuevo modelo de gestión que tenga en cuenta que la provisión de los servicios de abastecimiento y saneamiento son derechos humanos reconocidos explícitamente por las NN.UU. y que, por lo tanto, deben asumirse los criterios definitorios de este derecho en el ámbito general (universalidad, equidad, no discriminación, participación, transparencia, rendición de cuentas y sostenibilidad) y en el ámbito técnicos (asequibilidad, accesibilidad, disponibilidad, aceptabilidad y calidad).
  4. El nuevo modelo tendrá en cuenta también los siguientes criterios:
  5. a) Gestión pública directa
  6. b) Gestión cooperativa entre las administraciones con competencia el agua
  7. c) Respeto a las competencias municipales y a su autonomía para decidir las formas de gestión del servicio de abastecimiento y saneamiento en su ámbito. Esto significa establecer una nueva relación del Canal con los ayuntamientos, donde estos le encomienden los servicios que necesiten, tal como se venía realizando antes de la creación de la sociedad anónima.
  8. d) Gestión orientada a la calidad y la prestación del servicio y al uso sostenible del agua
  9. e) Gestión transparente, con rendición de cuentas y fácil acceso a la información.
  10. f) Gestión democrática, con pluralidad en los órganos de dirección, elección de los consejeros en la Asamblea de Madrid, incremento del peso de los ayuntamientos en los órganos de dirección, y participación de los trabajadores y de la sociedad civil en el Consejo de Administración del Canal.
  11. g) Creación, dentro de la estructura del Canal, de un Observatorio del Agua, como órgano de participación social y ciudadana, basado en la experiencia existente en Eau de París.
  12. h) Gestión respetuosa con los derechos económicos y profesionales de los trabajadores de la entidad.

 

Estamos seguros de que hoy existe una mayoría social en la Comunidad de Madrid y una mayoría política en esta Asamblea, que desea acabar, de una vez por todas, con el proceso de privatización del Canal de Isabel II, estableciendo un nuevo modelo de gestión que subsane las deficiencias del actual. La proposición no de Ley aprobada en junio de 2015, con los votos a favor de los grupos Socialista, Podemos y Ciudadanos, marcaba el camino al gobierno regional que hizo caso omiso a ella.

Se necesita una Ley que regule nuevo modelo de gestión pública del ciclo urbano del agua, transparente, democrático y participativo. Les invitamos a que la acometan con nuestra colaboración y a tal fin nos comprometemos a remitirles a la mayor brevedad posible una propuesta de Ley como aportación a este empeño.

Muchas gracias por su atención.

Madrid, 14 de febrero de 2017

 

 

 

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