Posteado por: redagua | 28 marzo 2014

Alcázar de San Juan se moja contra la privatización y los tribunales paralizan la adjudicación a Aqualcazar

El pasado 20 de marzo, el alcalde de Alcázar de San Juan, Diego Ortega, y el director regional de Aqualia, San­­tia­go Lafuente, se daban la mano. Ese día nacía Aqualcazar, la nueva empresa público-privada que se encargará de la gestión de las aguas del municipio, sustituyendo a la empresa pública Aguas de Alcázar. [El 26 de marzo, sin embargo, el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales ha resuelto la paralización cautelar del acuerdo que daba nacimiento a Aqualcazar, admitiendo a trámite uno de los recursos presentados por la oposición, el PSOE, que cuestionaba la capacidad de Aqualcazar al ser una empresa creada de la nada, sin recursos propios ni experiencia previa.] Se­gún la memoria del proyecto, la empresa aportará 1.141.922 euros de capital y otros 6,5 millones en forma de préstamo. “Éste es un día de celebración para Alcázar”, declaraba el alcalde mientras intentaba dejar claro que el servicio seguiría siendo público, pese a dejar en manos privadas el 52% de las acciones.

El mismo 20 de marzo, los ciudadanos, agrupados en la Plataforma contra la Privatización del Agua de Alcázar, ultimaban los detalles para iniciar una consulta ciudadana sobre la gestión del recurso hídrico que se extendería hasta el lunes 24 de marzo. Juan Garrido, portavoz de esta plataforma, que sacó 11 mesas a la calle, explica que la privatización se ha hecho “rápido, querían hacerlo antes del referéndum, pero creo que aún lo podemos parar”, explica. Final­men­te, las urnas recogieron 7.698 papeletas y el 99% de ellas daban un sí a la pregunta “¿Quiere usted que Aguas de Alcázar siga teniendo una gestión 100% pública?”.

Para Isidoro Salcedo, vecino del pueblo y miembro de la plataforma, más allá del sí o el no, lo importante es que “el pueblo de Alcázar ha podido expresar su opinión y les hemos demostrado que la gente quería opinar. Los partidos en el Gobierno obtuvieron 8.200 votos y nosotros hemos recogido casi 7.700”, explica. “Lo público es de todos y todos podemos intervenir en su gestión. Y más cuando la privatización no iba en el programa electoral”.

Este pueblo de Ciudad Real se ha convertido en símbolo de la lucha contra la privatización del agua. Si bien no es el primer municipio español en organizar una consulta de este tipo, ha conseguido una unidad sin comparación. “Somos 32.000 habitantes y reunimos 11.000 firmas a favor de realizar la consulta”, cuenta Garrido. “Es la primera vez que nos unimos contra una decisión del Ayuntamiento”, reconoce, mientras hace un recorrido por las mul­ti­tu­dinarias manifestaciones, con­cen­traciones y actos de protesta que ha vivido este rincón manchego en estos últimos meses. Fruto de la presión “ya han dimitido cuatro concejales del PP y uno de Ciudadanos por Alcázar”, asegura.

Salcedo habla de las emociones que se han expresado: “En Al­cázar el agua es muy entrañable. Cuan­do los pueblos de alrededor no tenían agua, aquí la gen­te se organizó para tenerla. Estos días hemos visto a personas mayores llorando porque recuerdan que sus padres picaron para obtenerla. Y lo consiguieron”.

“Desde siempre, el agua del pueblo fue la joya de la corona –relata Garrido–. Todos los ayuntamientos habían hablado de privatizar el recurso, incluso el último alcalde franquista lo propuso, pero los propios miembros del Ayunta­miento lo para­ron”. Final­men­te, y bajo el paraguas de la crisis y una situación de quiebra económica en las cuentas públi­cas, el Gobier­no actual, formado por una coalición entre el Partido Popu­lar y Ciudada­nos por Alcázar, consumó el anhelado plan, que se inició en un pleno municipal de julio de 2013.

Entre medias, los vecinos no se han quedado de brazos cruzados. “Empezamos demandando una consulta ciudadana. Entregamos las 11.000 firmas, pero el alcalde lo iba dejando. Al final nos encerramos en el Ayuntamiento para que nos hicieran caso. Finalmente conseguimos que se atendiera nuestra demanda en un pleno”. En esta sesión, celebrada el 21 de febrero, tras una votación empatada, el alcalde desequilibró la balanza con un voto en contra. “Una hora después habían organizado otro pleno para aprobar la adjudicación provisional a la empresa”, explica.

El montaje de la privatización

Pero, ¿cuáles son los motivos de la privatización? Según el Ayuntamien­to, la empresa pública Aguas de Alcá­zar tiene una deuda de unos ocho millones de euros con el erario público. “En realidad ese dinero es de obras que ha licitado el propio Ayunta­mien­­to. No tiene sentido afirmar que eso sea una deuda. ¿Te están haciendo una obra y encima les pides dinero?”, se pregunta Luis Babiano, ge­rente de la Asocia­ción Española de Operadores Públicos de Abasteci­miento y Saneamien­to, quien ve en el caso de Alcázar un ejemplo claro de política cortoplacista. “La empresa te da un dinero, pero tú luego se lo tienes que devolver. En el caso de Alcázar, en el propio pliego pone la palabra préstamo. Y un préstamo tiene intereses”, advierte.
“La privatización ha sido un montaje. Han quebrado la empresa pública ellos para justificar la venta. Aquí no hay un problema de aguas, tenemos una bolsa de agua extraordinaria. Porque el agua es un derecho, es algo de todo el pueblo y tenemos una empresa pública que ha llegado a dar unos beneficios de 800.000 euros anuales”, explica Garrido, el portavoz de la plataforma, que calcula que el cambio en la gestión supondrá una pérdida de 50 millones de euros en 25 años. Pero los vecinos todavía no han dicho la última palabra. “Vamos a seguir con la presión ciudadana. Hay varios contenciosos abiertos. Vamos a luchar por la remunicipalización”, sentencia Garrido.

Una marea de privatizaciones

Casos como los de Alcázar copan ya media España. Según los datos de la Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento, tan sólo un 50% de los municipios conservan una gestión 100% pública del recurso. El gerente de la asociación ve claro que la crisis está respaldando los modelos de gestión privada. “Se está usando el agua para sanear la deuda de los municipios”, explica.

Pedro Arrojo, miembro de la Fundación Nueva Cultura del Agua y profesor emérito del Departamento de Análisis Económico de la Universidad de Zaragoza, resume así el modelo de gestión mixta que se está imponiendo: “Las empresas privadas compran los derechos de gestión y las inversiones son públicas. Los Ayuntamientos se dotan de fondos de liquidez a corto plazo. Están vendiendo los muebles”, explica. “En el mundo electoral se mira a corto plazo y en condiciones de anorexia financiera ésa es la estrategia. Esta visión, a la larga, sale cara”, explica Arrojo mientras indica que los primeros afectados son los bolsillos de los ciudadanos.

“En Huelva se privatizó el servicio en 2010. En 2013 la tarifa del agua había subido un 63%”, explica Babiano, quien no duda en remarcar que “se privatiza el servicio, pero no es para hacerlo más eficiente. Lo público funciona muy bien y da dinero, por eso lo privatizan. De esta manera, introducen un derecho humano, como es el agua, en la lógica mercantil. Pasamos de ciudadanos a clientes”, sentencia.

La lucha contra la privatización en cifras

99% de los 7.698 votos emitidos durante el referéndum sobre la privatización de Aguas de Alcázar defienden que la empresa siga siendo 100% pública.

11.000 personas firmaron para que se pudiera realizar la consulta popular sobre la privatización del agua, más de un tercio de los 32.000 habitantes de Alcázar de San Juan.

5 concejales han dimitido fruto de la presión popular en contra de la privatización de la empresa pública de agua. Cuatro de ellos son del PP y uno de Ciudadanos por Alcázar, los dos partidos en el gobierno municipal.

 

 


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