Posteado por: redagua | 18 marzo 2014

Encierro indefinido contra la venta de la empresa de aguas de El Puerto http://bit.ly/1gGMzdm .

No hay límite de fecha. La plataforma Apemsa no se Vende, formada por colectivos sociales y políticos de El Puerto de Santa María (Cádiz) en contra de la venta de acciones de la empresa municipal de aguas de la ciudad ha dado carácter indefinido al encierro iniciado el pasado viernes en las dependencias del Ayuntamiento para reclamar al gobierno (PP y PA) que pare de inmediato esta operación. La tercera jornada de la protesta se cerró sin avances después de que el alcalde, Alfonso Candón, decidiera no reunirse con el colectivo.

El Ayuntamiento de El Puerto confirmó el pasado año su intención de incorporar un socio privado a la empresa municipal Apemsa, entidad que ya cuenta con una empresa particular, Aqualia, como concesionaria del alcantarillado y la depuración. El anuncio generó un alud de protestas por varias vías. La judicial ha tenido un último paso en la solicitud de un contencioso por Ecologistas en Acción, ya admitido a trámite, aunque de momento el juez no ha tomado la medida cautelar de paralizar el proceso. Los ecologistas han llevado el proceso también a la Fiscalía Anticorrupción porque lo ven “viciado” en su origen y creen que trata de beneficiar a la única empresa que se ha presentado: FCC.

La vía política, emprendida por todos los partidos de la oposición, tampoco ha surtido efecto. El gobierno ha tumbado todas las mociones en contra y en el último pleno, celebrado la pasada semana, ningún cargo del PP o del PA se molestó en argumentar el rechazo, lo que indignó todavía más a los que están en contra de esta venta.

De momento, la vía de la movilización ha tomado protagonismo. La plataforma Apemsa no se Vende inició un encierro a última hora del viernes, antes de que el Ayuntamiento cerrara sus puertas. Desde entonces, una veintena de representantes se han ido turnando en una sala municipal, donde han pasado el fin de semana; además de celebrar asambleas ciudadanas a las puertas del Consistorio, con actuaciones musicales incluidas.

La cuarta jornada de protesta no ha sido tan festiva. El primer día laborable en el Ayuntamiento desde que comenzó el encierro no ha servido para acercar posturas con el gobierno portuense. Al pasar junto a los manifestantes, el alcalde comentó a algunos de los presentes que les recibiría por la tarde. Pero después desistió de la idea. Argumentó que su agenda estaba completa.

“Censuramos la falta de respuesta del alcalde en este conflicto. Él es también concejal de Participación Ciudadana. Y lo que reclamamos es negociar para poder avanzar en la paralización de la venta”, explicó María Ángeles Fernández, portavoz del colectivo. “Lamentamos que la respuesta del alcalde a nuestra oferta de diálogo haya sido pasar de largo huyendo sin querer dar respuesta a los encerrados”, añadió.

La plataforma reclama que el Ayuntamiento convoque una consulta popular sobre la venta del 49% de las acciones de Apemsa. Recuerda que ni el PP ni el PA llevaban en su programa electoral esta medida, de ahí que crean necesario que los vecinos de El Puerto puedan opinar. Mientras que el Ayuntamiento defiende la venta como una solución para aligerar la deuda municipal. Según los cálculos del Consistorio, recibirá 21 millones de euros gracias a esta operación y seguirá teniendo el control de la empresa. A su vez FCC ha calculado que podrá ingresar unos 62 millones de euros de las facturas de los clientes. La plataforma portuense pone el ejemplo de los vecinos de Jerez, donde el recibo del agua ha aumentado desde que se privatizó su gestión.

El PP amenaza con llevar al TSJA el canon de depuración

La vicesecretaria de Política Municipal del PP, Ana Mestre, ha afirmado este lunes que su partido estudia recurrir ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) el denominado canon de depuración, una parte del recibo que pagan todos los usuarios para financiar las obras necesarias para cumplir con la directiva europea, que prohíbe los vertidos de agua sin depurar a partir de 2015. Los operadores públicos ya advirtieron en septiembre de 2011 de su disposición a ejecutar las obras necesarias.

Según el PP, la Junta está “robando y engañando a los andaluces” y “reivindica que se cumplan las 300 medidas” que el Gobierno andaluz debería tener finalizadas el próximo año. Según la responsable popular, solo están en marcha “apenas un 25% de las previstas”.

“Estamos ante uno de los mayores engaños del Gobierno andaluz porque, supuestamente, con este canon finalista que se está cobrando a los andaluces desde junio de 2011, se iba a lograr una tasa de vertidos del cero por ciento y se iban a realizar infraestructuras hidráulicas de depuración que no se están construyendo”, afirmó Mestre.

La consejera de Medio Ambiente, María Jesús Serrano, ha reconocido que el Gobierno andaluz ha recaudado con este canon “más de 200 millones de euros”.

Mestre ha anunciado que su partido también presentará una moción en todas las diputaciones y en los municipios “instando a la Junta de Andalucía a que tenga celeridad y al establecimiento de unos plazos de ejecución que garantice las obras contempladas como de interés general de la comunidad autónoma”.

Según los operadores públicos, las obras generarían 3.149 puestos de trabajo

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