Posteado por: actigüista | 20 diciembre 2012

La lucha jurídica en contra del Canal Gestión S.A.

La charla en contra de la privatización del Canal de Isabel II

La charla, vista y dibujada por Enrique Flores

El pasado 12 de Diciembre, la Plataforma en contra de la privatización del Canal de Isabel II dio una charla en el Ateneo de Madrid para explicar el estado actual de la lucha.

Entre otras intervenciones, Liliana Pineda, abogada de la Plataforma, explicó el contexto de la lucha y sus orígenes y explicó en detalle los peligros que entraña el paso a un nuevo modelo de gestión del agua, basado en la constitución de una Sociedad Anónima vehicular, contra la que se han interpuesto 11 recursos contencioso-administrativos.

El proceso de privatización del Canal de isabel II, supone la patrimonialización de un bien común como el agua que forma parte de nuestra propia naturaleza. Esto es, que un bien común y demanial, que debería estar absolutamente regulado por el derecho público, se transforma en un bien patrimonial, de carácter privado, regulado por el derecho privado.

Este proceso de patrimonialización tiene su origen en los años 80, cuando se permite que una empresa pública como el Canal, pueda crear sociedades anónimas, sociedades vehículos, que puedan dedicarse a otros objetivos distintos a la satisfacción de una necesidad básica: el agua.

Ese es el comienzo de una serie de variaciones en la legislación que ha permitido, no sólo la patrimonialización, sino incluso modificaciones sustanciales en la regulación jurídica de la propia empresa Canal de Isabel II, que se inician en 2008, cuando en la LEY 3/2008, de 29 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas ‘’se autoriza al Canal de Isabel II a constituir una sociedad anónima encargada de gestionar servicios hidráulicos, en cuyo capital se dará, previa autorización del Consejo de Gobierno, entrada a los ciudadanos e inversores interesados hasta un máximo del 49 por 100.’’

La constitución de la nueva Sociedad Anónima, que se produjo el pasado 6 de junio, se hizo violando una serie de requisitos y normas, que han sido identificadas y denunciadas por la Plataforma contra la privatización del Canal de Isabel II, quien está integrando en la lucha a otros colectivos y ciudadanos a través de la presentación de recursos jurídicos a lo largo de todo el proceso de privatización.

En un principio, se trataba de recursos potestativos de reposición en contra de la firma de convenios que permitían la creación de la Sociedad Anónima por parte de los Ayuntamientos de Madrid, después fueron recursos  de solicitud de revisión de oficio para anularlos y, por último, se han interpuesto 11 recursos por la vía Contencioso-Administrativo contra los convenios relativos a la incorporación de los Ayuntamientos de Madrid, Majadahonda, Getafe y Alcorcón a este nuevo modelo de gestión. Además del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por 50 diputados contra el capítulo 5 de la Ley 6/2011, de 28 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas

La base jurídica de los 11 recursos para la anulación de los convenios es que se ha producido una adhesión a los mismos sin determinar el patrimonio que se va a poner a la venta, ni cuáles serán los dividendos que recibirán los distintos consistorios participando en un modelo de gestión que además los propios ayuntamientos desconocen. Se ha negado cualquier toda información exhaustiva exigida en relación a cómo va a ser su participación en el modelo de gestión y cómo se va a satisfacer esta necesidad básica de los ciudadanos.

No se ha hecho público el contrato programa, en el que se establecen las condiciones en las que la sociedad anónima prestará el servicio, ni el inventario de bienes y derechos, ni los estudios que justifican la valoración económica del Canal, que ha variado desde 4.000 a 3.100 o 3.300 millones de euros en los últimos meses.

Pero además de la ocultación de información, estos recursos, recogen otras denuncias relativas a las implicaciones que este nuevo modelo de gestión entraña. En este sentido, el nuevo modelo de gestión se está saltando competencias propias de los ayuntamientos en la gestión de este servicio esencial, modificando sustancialmente la relación jurídica entre los ayuntamientos, la Comunidad de Madrid y el Canal de Isabel II. Así, las relaciones anteriores, basadas en la cooperación y en la encomienda en la gestión, pasan a ser relaciones de carácter estrictamente patrimonial, determinada por los porcentajes establecidos en los convenios. Según los cuales, el 80% de las acciones pertenece a la Comunidad de Madrid y el 20% restante a los Ayuntamientos que firmen los convenios de adhesión y que podrán vender hasta un 70% de las acciones en el futuro.

Esto implica, entre otras cosas, que la responsabilidad derivada de una posible mala gestión del agua, se diluye. Y supone, además, un atentado contra el cumplimiento de los fines de interés público a los que deben responder las Administraciones Públicas en conceptos de racionalidad y sostenibilidad de los servicios públicos, porque no se está argumentando por qué se ha cambiado el modelo de gestión. No se ha justificado qué beneficios aportará este nuevo modelo de gestión al interés público.

En cuestión de información, transparencia y rendición de cuentas, con esta forma jurídica, una Sociedad Anónima, se eluden controles de fiscalización interna y control político. Además, la participación de los trabajadores del Canal en la gestión se elimina de raíz, eliminando su representación anterior en el Comité de Empresa. En este sentido, el actual Canal de Isabel II es un ente con 20 trabajadores que trabajan fuera de las oficinas y 20 consejeros, dirigidos por un primo de Esperanza Aguirre, un marqués imputado en el caso de Bankia.  Por otro lado, el pasado día 10 se nombraron a los nuevos consejeros del Canal Gestión S.A, pertenecientes muchos de ellos al Partido Popular y al nuevo Vicepresidente, Jose Manuel Serra Peris, otro de los imputados en el caso de Bankia. Paralelamente, se ha despedido al gerente anterior del Canal, a la espera de que la nueva dirección nombre a otra persona, y han eliminado el convenio de los trabajadores del Canal, que a partir de ahora se regirán por el convenio general del sector.

Por otro lado, los procedimientos anteriores de licitación pública desaparecen con el nuevo modelo de gestión. De modo que la Sociedad Anónima puede contratar los servicios que necesite a quien quiera y como quiera, lo que puede poner en peligro el tejido empresarial actual del Canal de Isabel II, mediante la contratación de esos servicios con otras empresas que la dirección unilateralmente estime convenientes.

Todas estas denuncias se recogen en los recursos presentados hasta el momento y que son una parte esencial en la lucha en contra de la privatización del Canal de Isabel II, ya que independientemente de cómo se resuelvan, actualmente generan una inseguridad jurídica importante de cara a una futura venta de la empresa.

Pero, por ejemplo, si prosperara el recurso en contra de la adhesión del Ayuntamiento de Madrid al nuevo modelo de gestión, supondría un triunfo importante en la lucha contra esta privatización. Y, aunque  la resolución por vía contencioso-administrativa es lenta, teniendo en cuenta que los convenios se firman a 50 años, se ganaría mucho. En este sentido, sentencias como la del Tribunal Supremo del pasado 30 de Noviembre, impidiendo la privatización del agua de Santa Cruz de Tenerife, sientan precedente y animan a la esperanza de que este proceso se puede parar.

Esta fue sólo la primera parte de la charla. Después intervinieron Paulino González, por Ecologistas en Acción, Paco Caño por la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos y Enrique Ortega por la plataforma. Hablaron de la campaña en contra de la subida de tarifas del agua y de la futura campaña que se emprenderá próximamente para exigir toda la información que ha sido ocultada a lo largo de todo el proceso. Si quieres verlo, aquí lo tienes:

Video de la charla en contra de la privatización del Canal de Isabel II


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